STC1637-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1637-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00421-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Beatriz Elena \u00c1lvarez Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, la que se hace extensiva a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del asunto coercitivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda superior al debido proceso, que consider\u00f3 quebrantada por las autoridades convocadas, en desarrollo del juicio ejecutivo que en su contra y de otros, promovi\u00f3 Marta Elena Mu\u00f1oz de P\u00e9rez, con radicado No. 2018-00299. <\/p>\n
Solicita entonces para salvaguardar sus prerrogativas, de manera concreta, que se revoque la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado el 19 de enero de 2020, a trav\u00e9s de la cual, se orden\u00f3 seguir con el cobro compulsivo en su contra en la forma ordenada en el mandamiento de pago. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo relat\u00f3, en s\u00edntesis, que la se\u00f1ora Marta Elena Mu\u00f1oz de P\u00e9rez, a quien dijo no reconocer, promovi\u00f3 en contra suyo y otros, ejecuci\u00f3n de mayor cuant\u00eda por las obligaciones incorporadas en los pagar\u00e9s arrimados como base del recaudo, los cuales, dice, no fueron suscritos por ella, t\u00edtulos que fueron respaldados fraudulentamente con hipoteca constituida por \u00abEscritura P\u00fablica No. 1242 del 25 de abril de 2017, de la Notar\u00eda Octava del C\u00edrculo de Medell\u00edn, la cual se encuentra inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 001-1238206 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn \u2013 Zona Sur\u00bb, esto es, un predio de su propiedad. <\/p>\n
Explic\u00f3, que de la verificaci\u00f3n del certificado de tradici\u00f3n del aludido predio se desprend\u00eda con facilidad, que sobre ese lote de terreno el codemandado Giovanni Alberto Vel\u00e1squez Soto (quien previamente hab\u00eda adquirido el lote de manos de ella), \u00abconstruy\u00f3 un edificio\u00bb, para posteriormente, \u00abhacerle escritura N\u00famero 5304 otorgada en la Notar\u00eda Diecis\u00e9is de la ciudad de Medell\u00edn el d\u00eda 28 de septiembre del a\u00f1o 2017\u00bb (sic), lo que en su criterio, \u00abresulta dudoso en el historial de las ventas realizadas, primero por mi poderdante al se\u00f1or GIOVANNY ALBERTO VELASQUEZ (sic) SOTO y luego de \u00e9l a mi poderdante, es el hecho de que antes de otorgarle la escritura el se\u00f1or antes mencionado a la se\u00f1ora Beatriz Elena \u00c1lvarez Restrepo, aparece una hipoteca otorgada con fecha de abril 25 del a\u00f1o 2017, hecho que pas\u00f3 desapercibido tanto a quienes fungieron como sus apoderados, como al Se\u00f1or Juez que conoci\u00f3 de dicho entuerto il\u00edcito del que fue v\u00edctima mi representada\u00bb. <\/p>\n
Refiere que de modo alguno pod\u00eda aceptarse que \u00abuna escritura que se otorg\u00f3 con fecha de septiembre 28 del a\u00f1o 2017\u00bb tuviera la virtualidad de respaldar \u00abuna obligaci\u00f3n con fecha del 25 de abril del a\u00f1o 2017, es decir, con retroactividad a su otorgamiento\u00bb; y pese a ello, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n, sin reparar, adem\u00e1s, en que se incurri\u00f3 en una indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, en la medida en que no era del caso reclamar en un solo tr\u00e1mite los dineros incorporados en distintos pagar\u00e9s provenientes de diferentes deudores. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3, que en su oportunidad no cuestion\u00f3, v\u00eda excepci\u00f3n, la antedicha situaci\u00f3n, por no contar con una verdadera estrategia de defensa que le permitiera demostrar dichas irregularidades; que su predio fue objeto de adjudicaci\u00f3n, la cual calific\u00f3 como \u00abun claro atropello a la administraci\u00f3n de justicia, porque no es posible, que una sola persona responda con su \u00fanico bien, por obligaciones que nunca fueron adquiridas por ella\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas que, asegura, hacen viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela en su favor, en aras de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Mediante prove\u00eddo ATC105-2022 del pasado 3 de febrero, esta Sala declar\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n, la nulidad de todo lo actuado al interior de la salvaguarda de la referencia, tras advertir que la queja constitucional se hac\u00eda extensiva al Juez constitucional de primera instancia. Entonces, una vez reasumido el tr\u00e1mite, el 9 de febrero de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. Marta Elena Mu\u00f1oz de P\u00e9rez inform\u00f3, que a trav\u00e9s de la ejecuci\u00f3n de marras pretende el pago de $140.000.000,oo contenidos en diferentes t\u00edtulos valores signados por Giovanni Alberto Vel\u00e1squez Soto, y respaldados en diferentes hipotecas (una de ellas, respecto de un bien ahora perteneciente a la accionante), por lo tanto, es su derecho perseguir los bienes objeto de garant\u00eda \u00absin importar qui\u00e9n es el titular del derecho real de dominio\u00bb. Adicionalmente, cuestion\u00f3 que la quejosa no haya ejercido su defensa dentro del juicio y si hubiera acudido en tutela, olvidando el car\u00e1cter subsidiario que gobierna esta acci\u00f3n. <\/p>\n
b. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de accionado, simplemente remiti\u00f3 copia del expediente digital cuestionado. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por consagraci\u00f3n constitucional y legal, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo preferente y sumario al alcance de las personas para la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando \u00e9stos son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades, y en ciertos casos, de los particulares. <\/p>\n
Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; adem\u00e1s, tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por la se\u00f1ora Beatriz Elena resulta improcedente, conforme se explica seguidamente de acuerdo con los siguientes hechos probados a saber: <\/p>\n
2.1. Por auto del 17 de enero de 2019, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado libr\u00f3 orden de pago en favor de Marta Elena Mu\u00f1oz de P\u00e9rez y en contra de Giovanni Alberto Vel\u00e1squez Soto, Juan Jos\u00e9 Rom\u00e1n Montoya, Cecilia del Carmen Montoya Montoya y Beatriz Elena \u00c1lvarez Restrepo, esta \u00faltima aqu\u00ed tutelante, en la forma solicitada en el libelo. <\/p>\n
2.2. La aqu\u00ed accionante se notific\u00f3 de forma personal el 20 de marzo de 2019, y posteriormente confiri\u00f3 poder a una profesional del derecho, quien pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n del decurso, so pretexto que su poderdante hab\u00eda denunciado a la contraparte y a Giovanni Alberto Vel\u00e1squez Soto (coejecutado), por el presunto punible de concierto para delinquir. <\/p>\n
2.3. No obstante, por auto del 24 de abril siguiente, la autoridad querellada, adem\u00e1s de reconocer personer\u00eda a la abogada de la aqu\u00ed quejosa, neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del litigio por improcedente, \u00abtoda vez que no cumple con los presupuestos de los art\u00edculos 161 numeral 1\u00ba y 162 inciso 2\u00ba del C. G. del Proceso\u00bb, decisi\u00f3n que recurrida, fue mantenida en prove\u00eddo del 29 de mayo de 2019, neg\u00e1ndose la concesi\u00f3n del mecanismo subsidiario. <\/p>\n
2.4. Integrado en debida forma el contradictorio, \u00fanicamente Juan Jos\u00e9 Rom\u00e1n Montoya formul\u00f3 medios exceptivos denominados: simulaci\u00f3n del cr\u00e9dito, inexistencia de la obligaci\u00f3n y causa il\u00edcita, por lo que mediante sentencia anticipada del 23 de octubre de 2019, se declararon no probadas las citadas defensas, y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, al mismo tiempo que se decret\u00f3 el remate de los bienes \u00abembargados o que se llegaren a embargar\u00bb. <\/p>\n
2.5. Dentro de la oportunidad procesal, el apoderado judicial de la aqu\u00ed gestora interpuso recurso de apelaci\u00f3n, al seguir insistiendo en la necesidad imperiosa de suspender la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. En audiencia del 19 de febrero de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
3. Ante este panorama, encuentra la Sala que el asunto sometido a su escrutinio no puede salir airoso en esta oportunidad por carecer del requisito de la prontitud que gobierna a las acciones de este linaje. Al respecto, se observa que la determinaci\u00f3n que expresamente cuestiona la quejosa es la proferida en audiencia del 19 de febrero de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, pues fue con esta con la que se defini\u00f3 la instancia al confirmar la sentencia de primer grado a trav\u00e9s de la cual se orden\u00f3, de forma anticipada, seguir con la ejecuci\u00f3n adelantada en contra de la aqu\u00ed quejosa y otros, en tanto que la presente demanda constitucional solo se radic\u00f3 hasta el 1\u00ba de diciembre de 2021. <\/p>\n
Lo anterior deja en evidencia, que la tutelante para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir m\u00e1s de veinti\u00fan (21) meses de emitida tal decisi\u00f3n, t\u00e9rmino que supera ostensiblemente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
En lo que toca con este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que, \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb. <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC7554-2021). <\/p>\n
4. Por otra parte, frente a la presunta falta de defensa t\u00e9cnica alegada por la gestora del amparo, observa la Corte que \u00e9sta estuvo representada en todo momento dentro del decurso ejecutivo revisado por apoderado judicial, y si bien \u00e9ste no formul\u00f3 medios exceptivos, lo cierto es que, su defensa estuvo encaminada a demostrar la viabilidad de suspender el proceso hasta tanto exista un pronunciamiento de la autoridad penal; de este modo, \u00abpara la Sala afirmar que existe vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa que se ejerce mediante abogado, no puede simplemente se\u00f1alarse la ausencia de actos tales como la interposici\u00f3n de recursos, la presentaci\u00f3n de alegatos, la solicitud de pruebas, etc., con un absoluto abandono del cargo, pues si bien \u00e9stas suelen coincidir con aquellas manifestaciones de la actividad defensiva, no constituyen en estricto sentido, en la mayor\u00eda de los casos, m\u00e1s que aparentes expresiones del ejercicio de la defensa que no siempre es posible confundir con el derecho mismo, ya que \u00e9ste puede presentarse de diversas formas como estrategia defensiva, sin que ello de modo alguno pueda compararse con la evidente desatenci\u00f3n irresponsable de los compromisos inherentes al defensor (STC10165-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cabe precisar que el concepto de derecho de defensa no se puede construir en la abstracta anticipaci\u00f3n del resultado favorable del juicio, sino que se soporta en las posibilidades reales de contradicci\u00f3n, lo que adem\u00e1s, depende en buena medida de la informaci\u00f3n que sobre el asunto le suministre el poderdante, por lo que, entonces, la garant\u00eda de una defensa id\u00f3nea no siempre se materializa bajo la apariencia de inactividad. <\/p>\n
Entonces, no cabe duda que la gestora del amparo adem\u00e1s de denunciar las omisiones del defensor, debe demostrar la trascendencia que la conducta de \u00e9ste tuvo en la decisi\u00f3n final, o c\u00f3mo una distinta implicar\u00eda una suerte tambi\u00e9n diferente para ella, an\u00e1lisis que la se\u00f1ora Beatriz Helena no efectu\u00f3, \u00abpor lo que al quedar hu\u00e9rfana de sustentaci\u00f3n la censura elevada por \u00e9sta frente al abogado, vedado queda el juez constitucional para intervenir, dado que no puede asumir como propio la misi\u00f3n encomendada al togado en cuanto a decidir de manera aut\u00f3noma qu\u00e9 acciones debe desplegar en cada asunto en aras de garantizar la defensa y el derecho de las garant\u00edas superiores de su representado\u00bb (ib). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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