STC1640-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1640-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00422-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Eneil Richard Cadena Lizcano contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Primero Civil del Circuito de la misma especialidad de Valledupar y los intervinientes en el juicio de restituci\u00f3n n\u00ba 2018-00165. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al \u00abdebido proceso, buena fe, celeridad, trabajo (\u2026) posesi\u00f3n, justicia, verdad, igualdad y dignidad humana\u00bb, los cuales estima trasgredidos con la sentencia de 24 de febrero de 2021, mediante la cual el tribunal encartado acogi\u00f3 la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras incoada en su contra, sin reconocerle la condici\u00f3n de tercero de buena fe exenta de culpa, pese a que los elementos de juicio recaudados desment\u00edan el contexto de violencia bajo el cual la all\u00ed convocante sostuvo que hab\u00eda enajenado el predio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el fustigado prove\u00eddo; se suspenda la diligencia de entrega programada para el 4 de febrero del a\u00f1o en curso; se ordene recaudar probanzas adicionales a las ya recopiladas para desvirtuar lo afirmado por la demandante; y se ordene resolver nuevamente el asunto conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa al no haber participado en el proferimiento del fallo objeto de censura. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar manifest\u00f3 que su \u00fanica relaci\u00f3n con este tr\u00e1mite constitucional est\u00e1 dada por una demanda de tutela que formul\u00f3 la progenitora del aqu\u00ed accionante, la cual fue denegada por falta de legitimaci\u00f3n de su promotora y en la que se respetaron todas las garant\u00edas de los all\u00ed involucrados. <\/p>\n
3. La magistratura encartada hizo un breve recuento de la actuaci\u00f3n que ata\u00f1e a este tr\u00e1mite constitucional; defendi\u00f3 la legalidad de su proceder en ese juicio y recalc\u00f3 que en la sentencia objeto de censura se adoptaron varias determinaciones para garantizar que el desalojo del aqu\u00ed convocante ocurra de manera pac\u00edfica y con respeto de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. La Procuradora 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar abog\u00f3 en contra de la prosperidad del resguardo, por considerar que la sentencia cuya legalidad cuestiona el accionante est\u00e1 basada en argumentos serios y razonables que respaldan las decisiones all\u00ed adoptadas. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar recalc\u00f3 que la sentencia materia de controversia no fue proferida en ese Despacho, a lo que agreg\u00f3 que su participaci\u00f3n en el proceso que ac\u00e1 interesa, se circunscribe a dar cumplimiento a las \u00f3rdenes impartidas por su superior funcional. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Aunque en su escrito incoativo el actor censur\u00f3, tangencialmente, al auto con el cual se program\u00f3 diligencia de entrega en el proceso de restituci\u00f3n de tierras que incumbe a esta tramitaci\u00f3n, advierte la Sala que, en realidad, el reproche constitucional que all\u00ed se formula no est\u00e1 dirigido contra esa providencia (de cuya legalidad nada se dijo), sino contra la sentencia de 24 de febrero de 2021, mediante la cual la magistratura encartada acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras que se formul\u00f3 contra el querellante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo \u2013en esos t\u00e9rminos formulado- se reclam\u00f3 en forma oportuna y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al acoger la demanda de restituci\u00f3n de tierras formulada en contra de quienes aqu\u00ed accionan. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la sentencia objeto de censura se dict\u00f3 el 24 de febrero de 2021, mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 8 de febrero de 2022, es decir, casi un a\u00f1o despu\u00e9s. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el eventual afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep.; reiterado en STC10258-2015, 6 ago). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede explicaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, entre otras, en providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque el convocante no ejerci\u00f3 oportunamente este mecanismo para cuestionar el pronunciamiento que no comparten y tampoco demostr\u00f3 alguna circunstancia que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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