STC1654-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1654-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02061-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia dictada el 21 de octubre de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por H\u00e9ctor Mario D\u00edaz Herrera, Jos\u00e9 Alfredo Noche y Carmen Cecilia Parra, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad y la Fiscal\u00eda 23 de la Direcci\u00f3n Nacional Especializada contra la Corrupci\u00f3n, as\u00ed como las partes y los intervinientes del decurso judicial a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad judicial convocada, con el auto pronunciado en sede de apelaci\u00f3n el 26 de julio de 2021, mediante el cual se mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 la nulidad por ellos invocada, en el marco del proceso penal seguido en su contra por los delitos de falso testimonio y fraude procesal, radicado bajo el consecutivo 2008-00016. <\/p>\n
2. Como sustento del anterior pedimento, y luego de hacer un recuento pormenorizado de las actuaciones judiciales surtidas en el marco del asunto objeto de an\u00e1lisis, indic\u00f3 el mandatario de los gestores de la salvaguarda, en suma, que en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n que tuvo lugar el 3 de febrero del a\u00f1o pasado, \u00absolicit\u00f3 -entre otras- la declaratoria de nulidad parcial por violaci\u00f3n del debido proceso en atenci\u00f3n a la transgresi\u00f3n de los principios del Legalidad y de Juez natural\u00bb, con fundamento en que \u00ablos accionantes, est\u00e1n siendo juzgados bajo un r\u00e9gimen procesal (Ley 906 de 2004) diferente al vigente (Ley 600 de 2000) para el momento de la comisi\u00f3n del delito del que se les acusa (\u2026) [pues] por disposici\u00f3n del inciso tercero del art\u00edculo 530 de la Ley 906 de 2004, este cuerpo normativo entr\u00f3 a regir en el Distrito judicial de Santa Marta el 1\u00b0 de enero de 2008\u00bb, determinaci\u00f3n mantenida en sede vertical por la Sala Penal del Tribunal Superior de la mentada urbe mediante prove\u00eddo adiado 26 de julio postrero, sin realizar un estudio exhaustivo de cada uno de los fundamentos de la apelaci\u00f3n, ni fundar, razonadamente, los motivos que la llevaban a la desestimaci\u00f3n de los argumentos del recurso, situaci\u00f3n que habilita a sus prohijados para acudir a la presente senda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda instada, luego de hacer un resumen acerca de lo ocurrido en tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n referenciado, de poner de presente que las apreciaciones de los accionantes son subjetivas, y que el hecho que la decisi\u00f3n adoptada no les hubiere sido favorable no significa, per se , que carezca de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
b. Por su parte, la Secretaria del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la nombrada ciudad, se limit\u00f3 a realizar un recuento del tr\u00e1mite acaecido con ocasi\u00f3n del juicio penal objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
c. De otro lado, tanto la Fiscal 24 Especializada Adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n, como el abogado de las v\u00edctimas, coincidieron en manifestar que el amparo solicitado resulta improcedente, pues no existen razones justas que habiliten la utilizaci\u00f3n del presente medio residual, m\u00e1xime cuando el mismo no es una tercera instancia, y porque la decision controvertida reposa sobre criterios jurisprudenciales y legales aplicables a la puntual tem\u00e1tica. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el resguardo implorado, porque \u00ab[e]n el presente asunto, el hecho de que el proceso penal que se adelanta contra H\u00c9CTOR MARIO D\u00cdAZ HERRERA, JOS\u00c9 ALFREDO NOCHE RAM\u00cdREZ y CARMEN CECILIA PARRA MEZA est\u00e9 actualmente en curso, en concreto, en la etapa del juicio oral, torna improcedente la acci\u00f3n de amparo, pues, adem\u00e1s de la nulidad planteada en la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, cuenta con la posibilidad de plantear al interior del mismo la discusi\u00f3n jur\u00eddica propuesta, esto es, la necesidad de escindir la actuaci\u00f3n penal, de manera que, lo que tiene que ver con el delito de falso testimonio, se adelante bajo el procedimiento de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Es entonces, en el proceso penal donde los interesados pueden ejercer sus derechos; hasta el punto que si los resultados no son de su agrado, tienen la oportunidad de discutir el asunto, adem\u00e1s de la v\u00eda a la que ya acudi\u00f3, a trav\u00e9s del recurso ordinario de apelaci\u00f3n contra una eventual sentencia condenatoria o, tambi\u00e9n, la formulaci\u00f3n de una demanda de casaci\u00f3n con la inclusi\u00f3n de los argumentos que alega. Es decir, los actores a\u00fan cuenta con mecanismos de defensa judicial al interior del proceso penal, por encontrarse en curso, lo que permite predicar que, no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad para acudir a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los gestores de la salvaguarda, con fundamentos similares a los esbozados en la demanda inicial; adem\u00e1s de indicar, en estricto sentido, que es claro que la decisi\u00f3n de la que se duelen es aqu\u00e9lla que en sede de apelaci\u00f3n confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la nulidad invocada, determinaci\u00f3n contra la cual no procede recurso alguno, cumpli\u00e9ndose de esa manera con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido en la Carta Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, los pronunciamientos jurisdiccionales son, por regla general, ajenos al examen propio de esta especie de acci\u00f3n, a menos que resulten ostensiblemente arbitrarios, esto es, producto del capricho, a tal punto que configuren una \u00abcausal espec\u00edfica de procedencia del amparo\u00bb, y bajo los presupuestos que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a \u00e9sta y no se tengan ni hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por los se\u00f1ores H\u00e9ctor Mario, Jos\u00e9 Alfredo y Carmen Cecilia, resulta improcedente, pues tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el a quo constitucional, los errores de linaje legal y procesal presuntamente cometidos por los jueces (singular o colegiado), al interior de la actuaci\u00f3n penal por los punibles de falso testimonio y fraude procesal que se les sigue, pueden ser debatidos en el juicio oral que a la fecha se est\u00e1 adelantando, desatendi\u00e9ndose entonces el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que la mentada causa objeto de reproche, se repite, se halla en curso, estando en la etapa de juicio oral, sin que a\u00fan se haya dictado la sentencia que debe decidirla. <\/p>\n
3. Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por los promotores de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales; de ah\u00ed que, entonces, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
4. En un caso de similares matices, la Corte puntualiz\u00f3 que \u00abla solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u00bb (STC3478-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONFIRMA la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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