STC1678-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1678-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00380-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Miguel Antonio Diaz Palacio le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0150013103003-2011-00279-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pidi\u00f3 (i) revocar los prove\u00eddos de 20 de mayo y 11 de noviembre de 2021 y, en su lugar, declarar la invalidez de lo actuado; subsidiariamente, (ii) se le permita el acceso digital del expediente cuestionado. En sustento, adujo que solicit\u00f3 al estrado de conocimiento el levantamiento del embargo de su pensi\u00f3n; en respuesta, le comunicaron que deb\u00eda estarse a lo resuelto en autos anteriores \u00aby a los fallos de tutela [por \u00e9l] interpuestos\u00bb. Frente a esa decisi\u00f3n propuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El juzgador convocado resolvi\u00f3 el primer remedio ratificando la tesis inicial y desestim\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada por improcedente. Contra esa \u00faltima actuaci\u00f3n, formul\u00f3 queja, mecanismo denegado por \u00abextempor\u00e1neo\u00bb. Posteriormente formul\u00f3 una nulidad insistiendo (i) en que el recurso de queja fue propuesto en t\u00e9rmino \u00abel 5 de noviembre de 2020 y no el 6 de enero de 2020, (sic) puesto que (\u2026) como se indic\u00f3 (\u2026) fue un error de manejo del correo electr\u00f3nico\u00bb y, (ii) \u00abque no ha tenido acceso al expediente judicial y tampoco existe auto que interrumpi\u00f3 los t\u00e9rminos procesales\u00bb; empero, fue rechazada de plano (20 may. 2021). Impugnada esa determinaci\u00f3n el Tribunal la confirm\u00f3 (11 nov. 2021). A juicio del actor, en los prove\u00eddos que desataron la invalidez \u00abnunca se valoraron las pruebas allegadas\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja remiti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 concedido porque las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente de esta Corporaci\u00f3n en torno a la interrupci\u00f3n procesal y la consecuente nulidad provocada por deficiencias tecnol\u00f3gicas, carencia de destrezas en el manejo de herramientas digitales y\/o falta de acceso a los expedientes electr\u00f3nicos que actualmente revisten una importancia medular en el almacenamiento de las actuaciones judiciales. <\/p>\n
F\u00edjese que el tutelante, como demandado en el ejecutivo que se revisa, aleg\u00f3 la nulidad con fundamento en que \u00abno ha tenido acceso al expediente y por lo que hasta que no se digitalice, deben suspenderse los t\u00e9rminos\u00bb. El Tribunal accionado ratific\u00f3 el rechazo de plano de la invalidez tras cavilar que la situaci\u00f3n no se amoldaba al art\u00edculo 159 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. En efecto, indic\u00f3 que esos preceptos: <\/p>\n
(\u2026) dan cuenta de los eventos claros y precisos dispuestos por el legislador a efectos de que se produzca la interrupci\u00f3n, inclusive de actuaci\u00f3n posterior a la sentencia, como ocurrir\u00eda en este asunto y para lo cual, el funcionario judicial, debe agotar un procedimiento especial previo a su declaraci\u00f3n, y por lo que las diligencias posteriores a ello, son de las que puede predicarse la presunta nulidad. <\/p>\n
Luego descendi\u00f3 al caso concreto y concluy\u00f3: <\/p>\n
Que el se\u00f1or Miguel Antonio D\u00edaz Palacio, pretende la declaratoria de la nulidad tra\u00edda en el numeral 3 del art\u00edculo 133 del C.G.P, con fundamento en que, para efectos de digitalizaci\u00f3n del proceso, deb\u00eda surtirse la interrupci\u00f3n del tr\u00e1mite. No obstante, es claro, que el art\u00edculo 4 del Decreto Legislativo 806 al hacer alusi\u00f3n a los expedientes, propende es por la colaboraci\u00f3n de las partes y el despacho para la conformaci\u00f3n del expediente digitalizado y que permita continuar con las actuaciones subsiguientes, pero de modo alguno, contempla all\u00ed, alguna causal de interrupci\u00f3n, como tampoco, de las acabadas de transcribir, se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica narrada y por lo que claramente, no surg\u00eda en cabeza del juez, la obligaci\u00f3n de adelantar las diligencias para declarar mediante auto, tal figura jur\u00eddica, lo que en efecto no sucedi\u00f3, y por lo que no pueda ahora predicarse ello, conforme a la causal 3 precitada, m\u00e1xime a\u00fan que el momento para que \u00e9sta sea causada, devienen con posterioridad a dicha declaratoria y no de cara al reparo tra\u00eddo, pues de ser as\u00ed, en primer lugar, debi\u00f3 acudirse ante el juzgado a peticionar tal situaci\u00f3n, bajo las causales enumeradas en el ac\u00e1pite legal que se estudi\u00f3. Sin embargo, memora el despacho que si el expediente no est\u00e1 digitalizado a las partes y sus apoderados les asiste el derecho de acudir a consultar el expediente f\u00edsico y si es del caso solicitar copias, con arreglo a la normatividad y al reglaje que rige tales prerrogativas. <\/p>\n
Al confrontar ese razonamiento con lo discurrido en el coactivo estudiado, pronto sobresale que el despacho del Circuito se equivoc\u00f3 al desechar de manera directa la solicitud anulatoria igual a como lo hizo su superior a ratificarlo mediante prove\u00eddo de 11 de noviembre de 2021. El error trascendental de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Tunja consisti\u00f3 en dar un alcance bastante restrictivo a las causales de interrupci\u00f3n enlistadas en el canon 159 de la Ley 1564 de 2012, con cuya hermen\u00e9utica dej\u00f3 de lado, sin exponer argumentos en aras de cumplir la carga de transparencia, la doctrina de la Corte que incluso hab\u00eda sido invocada por el recurrente. <\/p>\n
Con estribo en el marco de implicaciones que genera la implementaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en el desarrollo de los procesos judiciales, esta Sala ha reconocido el internet como derecho esencial y, a partir de ese postulado, ha dotado la referida disposici\u00f3n adjetiva de fuerza vinculante en escenarios que visibilizan insuficiencias en el manejo de la virtualidad. <\/p>\n
Fue as\u00ed como en STC11279-2020 record\u00f3 que \u00ab(\u2026) hoy el acceso a internet es un derecho humano y, por lo tanto, es fundamental, digno de protecci\u00f3n para el acceso masivo; tambi\u00e9n, como herramienta esencial es un servicio p\u00fablico, que debe servir para cerrar brechas, para avanzar en todo el desarrollo humano, especialmente en educaci\u00f3n, en acceso a la justicia y en progreso tecnol\u00f3gico\u00bb. En sentido compatible con esa corriente, en STC7284-2020 se precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) en estos momentos en los que a ra\u00edz de la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19 las audiencias deben celebrarse, por regla general, de manera \u00abvirtual\u00bb, la \u00abfalta de acceso y conocimiento tecnol\u00f3gicos\u00bb puede constituir \u00abcausal de interrupci\u00f3n del proceso\u00bb, lo que depender\u00e1 de las condiciones de tiempo, modo y lugar de cada caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
En fecha m\u00e1s reciente y particularmente sobre el acceso efectivo al expediente electr\u00f3nico, f\u00edsico, digital o hibrido, en STC8109-2021 se acot\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) sobre la construcci\u00f3n y acceso del expediente digital, debe resaltarse, de un lado, que tanto las normas como las disposiciones administrativas que aluden a \u00e9l, establecen como premisa el respeto a los derechos constitucionales referidos, y de otro, que el expediente, en cualquiera de sus formas \u2013f\u00edsico, digital, digitalizado, electr\u00f3nico, virtual o h\u00edbrido- es considerado como un todo, un \u00ab[c]onjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo tr\u00e1mite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre s\u00ed y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resoluci\u00f3n definitiva\u00bb,1 que debe ser puesto a disposici\u00f3n de las partes e interesados en condiciones de integridad, seguridad y disponibilidad. Entonces, como el servicio de justicia es esencial, aunque el mismo se preste de forma remota, presencial, semipresencial o virtual y a pesar de que algunas pr\u00e1cticas judiciales, con ocasi\u00f3n de la medidas derivadas por la COVID-19, hayan cambiado, lo cierto es que las razones descritas l\u00edneas atr\u00e1s para consultar el expediente por parte de los usuarios de la justicia se mantienen, de ah\u00ed que la Judicatura tenga la obligaci\u00f3n de garantizarles el acceso f\u00edsico o electr\u00f3nico al expediente, entendido en su conjunto y no a partir de algunas piezas procesales, pues como se vio, es apartir del estudio del mismo que pueden formularse las intervenciones en el proceso y definir las estrategias de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Todo esto para significar que el art\u00edculo 103 del C\u00f3digo General del Proceso, las dem\u00e1s normas concordantes con el axioma de virtualidad que all\u00ed se condensa y las pautas jurisprudenciales rese\u00f1adas, apuntan a que en el contexto digital el funcionario debe garantizar el ejercicio de los derechos de las partes de cara al acceso efectivo del plenario. Al punto que reproches asociados con deficiencias en ese contorno pueden configura, de acuerdo con las particularidades del caso, la interrupci\u00f3n del proceso y su eventual nulidad con cimiento en la causal tercera del art\u00edculo 133 ib\u00eddem. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, los juzgadores de instancia lesionaron el debido proceso del tutelante al pasar inadvertidas las referidas premisas. Haberlas observado los hubiera conllevado a tramitar la nulidad conforme a los derroteros del inciso 4\u00b0 del precepto 134 ejusdem, seg\u00fan el cual, el \u00abjuez resolver\u00e1 la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que fueran necesarias\u00bb. Contrario a ese rito, la rechazaron de plano al no percatarse que el vicio implorado por D\u00edaz Palacio s\u00ed se enmarcaba, seg\u00fan la jurisprudencia, en una circunstancia excepcional que ameritaba estudio de fondo para establecer o descartar la anulaci\u00f3n pretendida. Pues, el solo hecho de haber aludido a que \u00abno tuvo acceso al expediente\u00bb y ello incidi\u00f3 en la extemporaneidad de su recurso de queja, ya era una situaci\u00f3n que impon\u00eda an\u00e1lisis reflexivo con asidero en la prueba aportada. <\/p>\n
En suma, la Magistratura encartada actu\u00f3 con precipitaci\u00f3n al prohijar el rechazo de plano de una nulidad que s\u00ed ven\u00eda con el sustento necesario para ventilarse y decidirse de fondo. No estaban, por ende, dadas las condiciones para impedir de entrada su an\u00e1lisis, que debi\u00f3 reservarse para un momento posterior, esto es, despu\u00e9s del recaudo probatorio que all\u00ed se acompa\u00f1\u00f3. <\/p>\n
Esto no quiere decir que la invalidez por s\u00ed misma deb\u00eda o debe prosperar, sino que fue desacertado desestimarla de plano cuando ha tenido que tramitarse y, agotado esos pasos, ahora s\u00ed dirimirla con la mirada puesta en la evidencia que respalde o descarte las cr\u00edticas espec\u00edficas del impulsor. La equivocaci\u00f3n tuvo efecto nocivo en las prerrogativas del censor en tanto desemboc\u00f3 en \u201cdesconocimiento del precedente judicial\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional y, como la vulneraci\u00f3n cobija a ambos estrados acusados, la orden de restablecimiento se dirigir\u00e1 a dejar sin valor los dos interlocutorios reprendidos. En su reemplazo, el Juzgado implicado proceder\u00e1 a dar cumplimiento al inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 134 citado arriba. Eso s\u00ed, esto no demarca de modo alguno el sentido en que habr\u00e1 proveerse al final sobre la nulidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve CONCEDER el amparo invocado por Miguel Antonio D\u00edaz Palacio. En consecuencia, DEJAR SIN VALOR NI EFECTO los autos fechados 11 de mayo y 20 de noviembre de 2021 en el asunto bajo estudio. <\/p>\n
ORDENAR al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a que reciba comunicaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a tramitar la solicitud de nulidad presentada por el demandado-tutelante conforme a los par\u00e1metros del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan lo indicado en las motivaciones. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00c1LVARO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo General de la Naci\u00f3n. Acuerdo 002 DE 2014. \u00abPor medio del cual se establecen los criterios b\u00e1sicos para creaci\u00f3n, conformaci\u00f3n, organizaci\u00f3n, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones\u00bb <\/p>\n
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