STC1683-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1683-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02534-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Silverio Albercio Parra Rojas frente a la sentencia de 14 de diciembre de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, extensiva a los intervinientes en el juicio 2010-00307. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se ordene al juez plural encartado \u00abdeje sin efecto la decisi\u00f3n de 19 de noviembre de 2021, \u00fanicamente en relaci\u00f3n con la negativa a esperar que el fallo quede ejecutoriado para hacer efectiva la captura para cumplir la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la intramural\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inicial se infiere que, por hechos acaecidos el 23 de abril y 11 de mayo de 2003, cuando ostentaba el cargo de Fiscal Especializado de Santander de Quilichao, le fue endilgado el delito de prevaricato por acci\u00f3n, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo; por dicho punible fue condenado a 60 meses de prisi\u00f3n y le concedieron el subrogado de prisi\u00f3n domiciliaria, decisi\u00f3n que apel\u00f3 (19 nov. 2021). En la misma vista p\u00fablica inst\u00f3 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena supeditada a la firmeza de la sanci\u00f3n, pero no fue exitosa y el Tribunal orden\u00f3 su captura inmediata. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que, con la negativa en la concesi\u00f3n del beneficio, el accionado desconoci\u00f3 la jurisprudencia de Corte Constitucional y de esta Corte \u00abporque afecta a una persona que se presume inocente y no tiene en cuenta que le concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb, adem\u00e1s, que en un caso de similares connotaciones s\u00ed le fue concedido el aplazamiento hasta la ejecutoria. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que es cabeza de familia, desempe\u00f1a el cargo de Juez Promiscuo Municipal de Salinas \u2013 Casanare en provisionalidad, de donde proviene el sostenimiento de su progenie. <\/p>\n
2. El Colegiado acusado se opuso a la prosperidad del ruego. <\/p>\n
3. La primera instancia neg\u00f3 el amparo al considerar la inexistencia de vulneraci\u00f3n, porque la captura del actor se dio como consecuencia de la sentencia condenatoria soportada en la \u00abimposibilidad de aplicar por favorabilidad el art\u00edculo 188 de la ley 600 de 2000\u00bb. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3, sin aducir argumento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se observa la necesidad de ratificar el veredicto confutado, porque la decisi\u00f3n objeto de reparo no luce arbitraria ni antojadiza. <\/p>\n
En efecto, en el aparte del veredicto objeto de estudio (19 nov. 2021), el Tribunal luego de analizar el marco normativo, las circunstancias f\u00e1cticas y el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, se\u00f1alo que: <\/p>\n
En el tr\u00e1mite dispuesto en el art\u00edculo 447 de la Ley 906 de 2004, la defensa t\u00e9cnica y el acusado tambi\u00e9n solicitaron la suspensi\u00f3n de la orden de captura que sobreviene por la emisi\u00f3n de la sentencia condenatoria. El apoderado judicial cit\u00f3 dos providencias de la Corte Suprema de Justicia y dos de este tribunal, en las cuales se ordenaba que el procesado permanezca en libertad hasta tanto la sentencia quedara ejecutoriada. Por su parte, el se\u00f1or Silverio Albercio pidi\u00f3 que se tuviera en cuenta las decisiones C-581 de 2001, C-342 de 2017 y un auto de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de fecha 4 de mayo de 2005. <\/p>\n
Para fundamentar su petici\u00f3n, se hizo alusi\u00f3n al art\u00edculo 188 de la Ley 600 del 2000, pidiendo su aplicaci\u00f3n en virtud del principio de favorabilidad. <\/p>\n
Pues bien, en primer lugar, debe indicarse que las providencias de la corte indicadas por el apoderado judicial no pueden ser utilizadas como precedente para decidir la solicitud elevada. En la decisi\u00f3n con radicaci\u00f3n 35.691 del 1 de octubre de 2021, en efecto se dispuso que el procesado contin\u00fae en libertad hasta que cobrara ejecutoria ese fallo, sin embargo, aquel proceso se adelant\u00f3 en vigencia de la Ley 600 del 2000, normatividad que expresamente consagra esa posibilidad, siempre que se cumplan una serie de requisitos. <\/p>\n
No obstante, el presente caso se sigui\u00f3 bajo la sistem\u00e1tica implementada por la Ley 906 de 2004, que, como se ver\u00e1, establece par\u00e1metros diferentes, que deben ser aplicados por el juzgador cuando emite una sentencia condenatoria. <\/p>\n
En cuanto a la segunda providencia citada, decisi\u00f3n STC4969-2020, no se advierte que su parte resolutiva tenga el sentido que la defensa indica. Lo que se observa es que, en ese caso, en Sala de Tutelas, la corte anul\u00f3 una providencia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, porque no se hab\u00eda pronunciado de fondo sobre una solicitud de aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad entre los art\u00edculos 188 de la Ley 600 del 2000 y 450 de la Ley 906 de 2004. Ello es muy diferente a decir que mediante aquella decisi\u00f3n la corte haya concedido el amparo para ordenar que el proceso mantenga su libertad hasta la ejecutoria de la sentencia. Por esa raz\u00f3n, ambas providencias no tienen aplicaci\u00f3n vinculante en el caso concreto. <\/p>\n
Ahora, el tribunal encuentra que existe un caso similar resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en el cual se dijo que no era procedente la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad entre el canon 188 de la Ley 600 del 2000 y el precepto 450 de la Ley 906 de 2004, porque ello desconoce la noci\u00f3n de debido proceso, y es por lo tanto asistem\u00e1tica, inadmisible e improcedente. <\/p>\n
Se trata de la providencia AP3329-2020, radicaci\u00f3n 56.180 del 2 de diciembre. En ella se se\u00f1al\u00f3 que, a pesar de que sola comparaci\u00f3n entre las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, permite encontrar favorabilidades que sugieren la posibilidad de aplicar una norma en lugar de la otra, no siempre es posible aplicar disposiciones de una de dichas leyes en apariencia favorable. <\/p>\n
En este espec\u00edfico caso, aplicar el art\u00edculo 188 de la Ley 600, seg\u00fan la corte, implica desconocer la estructura conceptual del proceso y la sentencia. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n indicada expres\u00f3 el alto tribunal: <\/p>\n
Adicionalmente, la solicitud elevada por la defensa y el acusado tampoco puede ser acogida por esta corporaci\u00f3n. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en providencia 54.848 del 17 de julio de 2019, sostuvo que, en los casos de condena, el juez tiene el deber de adoptar los medios necesarios para que se ejecute la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
En esta decisi\u00f3n, se retom\u00f3 lo indicado por la misma corporaci\u00f3n en el auto 28.918 del 30 de enero de 2008, en el cual se dijo que, cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposici\u00f3n de una pena privativa de la libertad, cuya ejecuci\u00f3n no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanci\u00f3n impuesta. <\/p>\n
Las anteriores dos decisiones fueron reiteradas en la providencia AP142-2021, Radicaci\u00f3n 56.542. La corte indic\u00f3 que la captura debe ordenarse inmediatamente en los supuestos en que se haya impuesto una pena restrictiva de la libertad cuya ejecuci\u00f3n no tiene que ser suspendida. En ese asunto, se analiz\u00f3 un caso en el cual era procedente la prisi\u00f3n domiciliaria, pero no la suspensi\u00f3n de la pena, por lo cual la corte concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00aben el caso que se analiza era procedente ordenar la captura de la acusada, pues el mecanismo sustitutivo de la prisi\u00f3n domiciliaria concedida, implica una restricci\u00f3n efectiva de la libertad personal, no su suspensi\u00f3n, solo que su cumplimiento se realiza en su domicilio y no en un centro penitenciario, raz\u00f3n por la cual era procedente emitir la orden de captura a efectos de iniciar el cumplimiento de la pena.\u00bb <\/p>\n
En ese contexto, es claro que la captura de quien ha sido declarado responsable a efectos de que cumpla la sanci\u00f3n impuesta, a voces del art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, debe ordenarse inmediatamente cuando se han negado \u00ablos subrogados o penas sustitutivas\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, la orden de captura se librar\u00e1 para que, una vez el sentenciado suscriba la diligencia de compromiso bajo cauci\u00f3n, sea trasladado por parte del INPEC a la calle 155 # 9 \u2013 45, torre B, apartamento 901, Conjunto Residencial \u00cdtaca Club, de la ciudad de Bogot\u00e1, D.C., lugar donde ejecutar\u00e1 la pena impuesta (\u2026). <\/p>\n
Con ese panorama, no es posible afirmar que el tribunal haya adoptado esa decisi\u00f3n de forma caprichosa, comoquiera que los apartes transcritos dan cuenta de que la determinaci\u00f3n reprochada fue debidamente fundada y de su lectura es posible concluir que cualquier autoridad puede llegar a la misma conclusi\u00f3n. As\u00ed las cosas, como quiera que la providencia no luce antojadiza, resulta palpable que el anhelo del actor es imponer su opini\u00f3n y para esto no fue creada la acci\u00f3n de tutela, pues esta herramienta: <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021, memorado en STC044-2022). <\/p>\n
Conforme a lo manifestado, se impone la convalidaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n objetada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00c1LVARO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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