STC1698-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC1698-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00426-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 16 de diciembre de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ligia Amparo Arias Mart\u00ednez -en representaci\u00f3n del interdicto Wilson Dioselino Arias Mart\u00ednez-, contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de licencia para vender n\u00b0 2018-00248 y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su calidad de guardadora del declarado judicialmente incapaz, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al no prorrogar el t\u00e9rmino de vigencia de licencia para enajenar un inmueble. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que como representante legal de su hermano Wilson Dioselino Arias Mart\u00ednez, a quien el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso declar\u00f3 en estado de \u00abinterdicci\u00f3n por incapacidad mental absoluta\u00bb mediante fallo del 19 de marzo de 2014, promovi\u00f3 \u00ablicencia judicial para enajenar\u00bb inmueble ubicado en Sogamoso y cuya propiedad recae en el interdicto, habida cuenta \u00abcontrato [de promesa] de compraventa suscrito el 29 de febrero de 2020 entre la guardadora principal (\u2026) y la se\u00f1ora Parmenia G\u00f3mez Chaparro, que estipula (\u2026) como fecha para materializar el negocio el 30 de octubre de 2020, en la notar\u00eda Segunda de Sogamoso a las 15:00 horas\u00bb. <\/p>\n
Que, en raz\u00f3n al actual domicilio del incapaz, el conocimiento del proceso lo avoc\u00f3 el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, en el cual se profiri\u00f3 sentencia estimatoria el 20 de febrero de 2019, advirtiendo que \u00abel t\u00e9rmino de seis (6) meses dentro del cual debe utilizarse la licencia\u00bb, empezar\u00eda a correr \u00abejecutoriado el auto que aprueba el aval\u00fao\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, al concurrir a la notar\u00eda en la fecha y hora indicadas para celebrar el acto, recibieron informaci\u00f3n en el sentido que no era posible autorizarlo \u00abpor haber vencido el t\u00e9rmino estipulado de seis (6) meses\u00bb, y le indicaron que deb\u00eda instaurar \u00abun nuevo proceso judicial [lo que conlleva] desconocimiento de las actividades previas adelantadas para materializar la venta [lo cual] en nada beneficia los derechos del discapacitado\u00bb, aunado a que las medidas excepcionales adoptadas con ocasi\u00f3n de la pandemia del Covid-19, \u00abhan tornado mucho m\u00e1s lento los procedimientos administrativos y jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 3 de noviembre de 2020 \u00absolicit\u00e9 intervenci\u00f3n del despacho para prorrogar lo estipulado en el numeral tercero de la sentencia fechada 20 de febrero de 2019 y auto de fecha 10 de febrero de 2020, que declara en firme el dictamen pericial\u00bb, y por no haber respuesta a su petici\u00f3n, la reiter\u00f3 el 11 de febrero y 3 de junio de 2021, en esta \u00faltima \u00aba trav\u00e9s del profesional del derecho que conoci\u00f3 y coadyuv\u00f3 en su momento\u00bb, y el 16 de agosto solicit\u00f3 vigilancia judicial administrativa. <\/p>\n
Que con auto del 8 de septiembre de 2021, el convocado se pronunci\u00f3 para \u00abdeclarar extinguida la licencia concedida a trav\u00e9s de la sentencia proferida el 20 de febrero de 2019\u00bb, ante lo cual, \u00abmediante memorial enviado el 14-09-21 se interpone (\u2026) recurso de reposici\u00f3n (\u2026), por considerar que vulnera derechos fundamentales del se\u00f1or Wilson Dioselino Arias Mart\u00ednez y hace mucho m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n por ser persona con especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al despacho accionado \u00abla pr\u00f3rroga de lo estipulado en el numeral tercero de la sentencia fechada veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y auto de fecha diez (10) de febrero de dos mil veinte (2020), \u201ccomoquiera que la protocolizaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico se encuentra interrumpida por las consideraciones de la Notar\u00eda Segunda de Sogamoso (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, inform\u00f3 que la decisi\u00f3n del 8 de septiembre de 2021 que es objeto de censura, se produjo con soporte en el fallo del 20 de febrero de 2019, donde se estableci\u00f3 que \u00abel t\u00e9rmino de seis meses para hacer uso de la licencia\u00bb, reg\u00eda desde \u00abla ejecutoria del auto que aprobase el aval\u00fao [por lo que] una vez agotado dicho t\u00e9rmino se entender\u00eda extinguida la licencia\u00bb, pues, \u00abpor auto de 10 de febrero de 2020 se declar\u00f3 en firme el dictamen pericial\u00bb. Precis\u00f3 que, contra dicho auto, \u00abla se\u00f1ora Ligia Amparo Arias Mart\u00ednez, en nombre propio, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n\u00bb, mismo que -durante el curso del amparo-, el accionado se abstuvo de desatar \u00abpor cuanto [la peticionaria] no se encuentra autorizada para litigar en causa propia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso, luego de relacionar la actuaci\u00f3n procesal de la que se destaca que el 19 de marzo de 2014 se dict\u00f3 fallo declarando \u00abla interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta del se\u00f1or Wilson Dioselino, designar como guardadora definitiva principal a la se\u00f1ora Ligia Amparo Arias Mart\u00ednez\u00bb, el cual fue debidamente publicado e inscrito, la representante legal del interdicto asumi\u00f3 el cargo y ha presentado informes peri\u00f3dicos sobre la administraci\u00f3n del inmueble a su cargo. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el amparo aduciendo que no cumple el requisito de la subsidiariedad, porque \u00abel medio de defensa que ten\u00eda a su alcance la se\u00f1ora Ligia Amparo Arias Mart\u00ednez, no fue ejercido de manera id\u00f3nea, dado que el recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto de 8 de septiembre de 2021, por el cual se neg\u00f3 la solicitud de ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino de la licencia y se declar\u00f3 extinguida la licencia por encontrarse cumplido el t\u00e9rmino de 6 meses conferido para hacer uso de [ella], no fue formulado a trav\u00e9s de apoderado, por lo que se omiti\u00f3 el derecho de postulaci\u00f3n previsto por el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026), lo que conllev\u00f3 a que en auto del 14 de diciembre de 2021 [el juzgado] no diera tr\u00e1mite al referido recurso\u00bb. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada se ci\u00f1e al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 581 del estatuto adjetivo, y concuerda con la improrrogabilidad de los t\u00e9rminos legales (art\u00edculo 117 ibidem). <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la pretensora del auxilio para cuestionar que se aduzca desatenci\u00f3n al requisito de la subsidiariedad, cuando luego de que el juzgado \u00abniega el recurso de reposici\u00f3n al auto que declara extinguida la licencia judicial (\u2026), todos los mecanismos judiciales ordinarios que otorga el sistema jur\u00eddico para la defensa de la persona con discapacidad fueron desplegados\u00bb, y echa de menos pronunciamiento \u00abfrente a la demora injustificada del [accionado] para resolver [su] petici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas superiores invocadas por la accionante, porque al interior del proceso de licencia radicado bajo el n\u00b0 2018-00248, no prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino de vigencia de la autorizaci\u00f3n para enajenar inmueble que hab\u00eda otorgado. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, en principio, el amparo no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez del excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez extraordinario con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
Para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se agoten todos los mecanismos defensivos. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica prevista en el canon 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Realizado el an\u00e1lisis pertinente a los argumentos de la demanda y a la informaci\u00f3n proporcionada por el accionado y a la que se extrae de las piezas procesales allegadas, la Corte ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, comoquiera que no se cumple el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, el impedimento de procedibilidad emerge en la modalidad de incuria, pues al dirigirse la censura contra el auto del 8 de septiembre de 2021, mediante el cual se deneg\u00f3 la pr\u00f3rroga del plazo para enajenar el inmueble del interdicto que se hab\u00eda concedido en fallo del 20 de febrero de 2019, tal decisi\u00f3n no se refut\u00f3 con observancia en las exigencias que conllevaran su idoneidad y eficacia jur\u00eddica. <\/p>\n
En efecto, en lugar de interponer el recurso de reposici\u00f3n a trav\u00e9s de su representante judicial, la inconforme lo plante\u00f3 en su propio nombre, dando lugar a que el querellado se abstuviera de impartirle el tr\u00e1mite de rigor, pues advirti\u00f3 que por la naturaleza del proceso y categor\u00eda del juez ante quien se litiga, era menester que la reclamante acreditara el derecho de postulaci\u00f3n conforme al art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso, lo cual omiti\u00f3. <\/p>\n
N\u00f3tese que seg\u00fan las regulaciones especiales de familia y la general contenida en el estatuto adjetivo, el asunto en el que se suscit\u00f3 la controversia sigue el tr\u00e1mite de un proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria que conoce en primera instancia el juez de familia (circuito), situaci\u00f3n que, de cara a la intervenci\u00f3n en el juicio, impone a los interesados la constituci\u00f3n de \u00ababogado inscrito\u00bb, por no corresponder a uno de aquellos que exime del requisito el estatuto de la abogac\u00eda (Decreto 196 de 1971). <\/p>\n
En circunstancias como la descrita, esto es, cuando sin mediar justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, la actora invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que el instrumento no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Esto, porque en raz\u00f3n a su naturaleza subsidiaria y residual, al amparo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s mecanismos que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
3.2. En segundo lugar, la inobservancia de la subsidiariedad tambi\u00e9n se manifiesta por la existencia de otro medio de defensa judicial, porque, independientemente de lo resuelto por el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 en el proceso de \u00ablicencia para enajenar\u00bb, por mandato del art\u00edculo 56 de Ley 1996 de 2019, \u00abpor medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad\u00bb, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Sogamoso (quien adelant\u00f3 el proceso de interdicci\u00f3n), est\u00e1 llamado a revisar si en dicho asunto se requiere o no la \u00abadjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, y como consecuencia, en oportunidad y si a ello hubiere lugar, determinar sobre la disposici\u00f3n de los bienes de su titular. <\/p>\n
Entonces, mientras la interesada no haya agotado ese instrumento ordinario cuya idoneidad y eficacia no admite reproche, no es posible acudir a la tutela, ya que su car\u00e1cter subsidiario y residual no la erige como herramienta opcional para definir el litigio y menos puede ser vista como una instancia adicional o paralela de la actividad a cargo del juez llamado a resolver el proceso. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC11725-2021, 9 sep. 2021, rad. 00193-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio ordinario de defensa que no emple\u00f3 y del que a\u00fan est\u00e1 disponible, la solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, se impone ratificar la declaraci\u00f3n de improcedencia de la tutela, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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