STC1702-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1702-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01796-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de septiembre de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mariela Acero Baracaldo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL2370-2020, rad. 81151). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda contra Forteco S.A., en procura del reconocimiento de un contrato laboral a t\u00e9rmino indefinido, que inici\u00f3 el 20 de febrero de 1984 y finaliz\u00f3 el 25 de noviembre de 2014 sin justa causa, junto con las correspondientes prestaciones legales, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien absolvi\u00f3 a la requerida, decisi\u00f3n ratificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria formulando dos cargos, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desfavorable del ad quem, dadas las deficiencias t\u00e9cnicas del recurso; aspecto que, en su criterio, configura las causales de procedencia de exceso ritual manifiesto, defectos f\u00e1ctico y sustantivo y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en compendio, que \u00abse declare sin valor ni efecto la sentencia SL2370-2020 con radicaci\u00f3n 81151 acta 024 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Sala De Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral emitida, M.P. Dr. Omar de Jes\u00fas Restrepo Ochoa y en su lugar, se ordene emitir una nueva decisi\u00f3n, en la cual se resuelvan los cargos que fueron propuestos dentro del recurso de casaci\u00f3n, en el expediente laboral antes mencionado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El estrado laboral de primer grado manifest\u00f3 que \u00ab[se atiene] a las actuaciones procesales que reposan dentro del proceso ordinario radicado bajo el No. 20150012200 que en este juzgado adelant\u00f3 Mariela Acero Baracaldo contra Forteco S.A., donde se emiti\u00f3 sentencia absolutoria el 17 de agosto de 2016. Recurrida por la parte actora fue remitida a la Sala Laboral del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, quien mediante sentencia de 2 de agosto de 2017 confirm\u00f3 el fallo apelado. Con posterioridad, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013 descongesti\u00f3n desat\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el que se decidi\u00f3 no casar la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo y de la Seguridad Social reliev\u00f3 que \u00abel reclamo de la recurrente no tiene vocaci\u00f3n de prosperar por las siguientes razones: si bien la acci\u00f3n de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales, quien proponga una demanda de tutela contra providencias judiciales, debe especificar las razones por las cuales el asunto planteado involucra directamente derechos fundamentales y, la \u00fanica forma de hacerlo, en esas condiciones, es con la demostraci\u00f3n de los defectos que, fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia caracteriza la funci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, concluy\u00f3 que \u00ablas manifestaciones e inconformidades que ahora plantea el recurrente no pueden ser de recibo, ya que pretende anular, v\u00eda constitucional, la esencia de la providencia dictada en sede extraordinaria, invocando para ello la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. El tribunal ad quem en la causa confutada adujo que se remite a las consideraciones expuestas en la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, por conducto del magistrado ponente de la resoluci\u00f3n cuestionada, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben cuanto a la actuaci\u00f3n de esta colegiatura, la demanda de casaci\u00f3n la formul\u00f3 la parte aqu\u00ed tutelante a trav\u00e9s de dos cargos, por la causal primera de casaci\u00f3n, que dieron lugar a la decisi\u00f3n ya rese\u00f1ada y, en consecuencia, a esta acci\u00f3n de tutela. En el primero de ellos, formulado por \u00abla v\u00eda indirecta, a causa de la infracci\u00f3n directa [\u2026]\u00bb,la parte recurrente, mezcl\u00f3 razonamientos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, que tornaron inviable el estudio de la acusaci\u00f3n; no obstante, por v\u00eda de la flexibilizaci\u00f3n, se continu\u00f3 con el an\u00e1lisis de aquellos argumentos que correspond\u00edan a la v\u00eda seleccionada, encontrando la Sala que de los dos listados de pruebas que realiz\u00f3 la recurrente, esto es, las enunciadas como err\u00f3neamente valoradas y las anunciadas como dejadas de apreciar, entre las que cit\u00f3 el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Forteco S.A. y la contestaci\u00f3n de la demanda, incurriendo en un contrasentido l\u00f3gico, pues si se dejaron de valorar no pod\u00edan, a su vez, ser estimados con error\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, explic\u00f3 que \u00abse evidenci\u00f3 que el resto de los documentos citados por la censura ten\u00eda car\u00e1cter declarativo emanados de terceros, por lo que no constituyen prueba calificada en casaci\u00f3n, siendo legalmente imposible asumir su estudio, salvo que, con alguna prueba h\u00e1bil se demostrara un error. As\u00ed, al no cumplir con tal carga la parte interesada, los elementos probatorios en comento tampoco pod\u00edan estudiarse, pues no es potestad de la Sala de casaci\u00f3n escudri\u00f1ar de manera oficiosa en aquellas pruebas sobre las que el recurrente no hizo ejercicio argumentativo alguno. Al continuar con el an\u00e1lisis del cargo y descender a los dem\u00e1s medios probatorios atacados, se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que, tal como lo advirti\u00f3 el opositor, el cargo conten\u00eda deficiencias de tal magnitud, que hac\u00edan imposible su estudio y que, en todo caso, deb\u00eda desestimarse\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al segundo reproche formulado en casaci\u00f3n, refiri\u00f3 que \u00abel mismo se encamin\u00f3 por \u00abla v\u00eda indirecta, a causa de la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb, advirtiendo de entrada que las pruebas enlistadas no pod\u00edan analizarse pues, la censura las acus\u00f3 tanto de ser apreciadas err\u00f3neamente, como no valoradas, lo que a todas luces supone un contrasentido, explic\u00e1ndose que no es permitido enrostrarle al juzgador haber valorado inadecuadamente una prueba y frente a la misma indicar que no la contempl\u00f3. Por otro lado, tuvo en cuenta la decisi\u00f3n que, aunque se le endilgaba al Tribunal una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de unas normas sustanciales, no se explic\u00f3 claramente la norma mal interpretada, ni en qu\u00e9 consisti\u00f3 la equivocaci\u00f3n hermen\u00e9utica, de modo que el ataque resultaba insuficiente, se\u00f1al\u00e1ndose que en el planteamiento del cargo y en la demostraci\u00f3n de sus inconformidades, deb\u00edan identificarse los pilares sobre los que se encontraba construido el pronunciamiento que se propon\u00eda combatir\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que \u00aben el contexto explicado, los cargos fueron decididos por esta colegiatura con base en la jurisprudencia vigente de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Seg\u00fan lo dicho, el fallo de casaci\u00f3n acat\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 235 de la CP, desarrollado en el 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7.\u00ba de la Ley 1285 de 2009, en la medida que se cumplieron los fines de \u00abunificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u00bb\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, porque \u00abla accionada expuso con precisi\u00f3n los motivos por los cuales la demanda no satisfac\u00eda los requerimientos de sustentaci\u00f3n m\u00ednima requeridos para su estudio de fondo, intent\u00f3 superar las deficiencias de las censuras cuando se alegaban errores de apreciaci\u00f3n probatoria, pero advirti\u00f3 que las falencias t\u00e9cnicas eran relevantes e imped\u00edan abordar el estudio de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial planteada por el demandante. De all\u00ed que resulte viable concluir que lo que pretende ahora la accionante, es utilizar la tutela como instancia adicional para reintentar un recurso que fracas\u00f3 por deficiencias no atribuibles a los funcionarios judiciales\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, resalt\u00f3 que \u00abconten\u00eda la demanda tantas deficiencias de t\u00e9cnica que, aunque la Sala especializada intent\u00f3 flexibilizar los requisitos del recurso y acomodar los argumentos del recurrente con el fin de realizar un estudio a fondo del asunto, este ejercicio le result\u00f3 imposible al no existir un ejercicio argumentativo m\u00ednimo por parte de la casacionista que permitiera tener claridad en relaci\u00f3n con los errores atribuibles al Tribunal ad-quem, luego no puede atribuirle los da\u00f1os causados por su propio proceder a la administraci\u00f3n de justicia, so pretexto de la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel estricto ritualismo aplicado por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte, al momento de resolver mi recurso, gener\u00f3 que la decisi\u00f3n fuese emitida en dicho sentido, adem\u00e1s de que no estoy conforme con las conclusiones a las que lleg\u00f3 para no resolver de fondo el recurso, pues las particularidades de mi caso, en especial las confesiones que se vieron en el interrogatorio de la parte demandada, permit\u00edan concluir que en unos casos no fue debidamente valorada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL2370-2020, rad. 81151), por mantener en firme la sentencia desfavorable del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n absolutoria del tribunal ad quem, dadas las deficiencias t\u00e9cnicas del recurso, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo formulado por la pretensora, encaminado por la senda indirecta, por la infracci\u00f3n de \u00ablos art\u00edculos 23 numeral primero literal c, 42, 47, 55, numerales 1, 4 y 5 del art\u00edculo 57, numeral 9 del art\u00edculo 59, literal h del art\u00edculo 61, numerales 2, 3, 6, 7 y 8 del literal B) del art\u00edculo 62 modificado por el art\u00edculo 7 del decreto 2351 de 1965, 64, 66, 127, 128, numerales 1, 2 y 3 del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, art\u00edculos 439 a 438 del c\u00f3digo de Comercio, art\u00edculos 13, 25, 26, 48, 49, 53, 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; Convenio 095 de la Organizaci\u00f3n Internacional ratificada mediante Ley 52 de 1962\u00bb, como consecuencia de \u00aberrores de hecho manifiestos y evidentes por falta de apreciaci\u00f3n de la confesi\u00f3n judicial rendida en el interrogatorio de parte y en la contestaci\u00f3n de la demanda, los documentos aut\u00e9nticos allegados al expediente y la declaraci\u00f3n de testigos\u00bb, la Sala enjuiciada arguy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLos defectos t\u00e9cnicos que exhibe la demanda de casaci\u00f3n comprometen su viabilidad, lo que impone a la corte recordar el car\u00e1cter extraordinario y, por ende, t\u00e9cnico, del recurso de casaci\u00f3n, as\u00ed como reiterar que este medio de impugnaci\u00f3n no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cu\u00e1l de los litigantes le asiste la raz\u00f3n, tarea que la ley le depara a las dos instancias regulares del proceso y, excepcionalmente, a la corte, cuando funge como una de aquellas, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusaci\u00f3n, se orienta a enjuiciar la sentencia para as\u00ed establecer si el tribunal observ\u00f3 las preceptivas jur\u00eddicas que, como parte del sistema normativo propio, estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jur\u00eddico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casaci\u00f3n se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias (CSJ SL2520-2019). <\/p>\n
Conforme a lo planteado, lo primero que observa la sala es que le asiste raz\u00f3n a la parte opositora en su reparo a la formulaci\u00f3n del cargo, en tanto que fue expuesto por la v\u00eda indirecta, pero mezcl\u00f3 razonamientos f\u00e1cticos con otros jur\u00eddicos, lo que se ha dicho que torna inviable el estudio de la acusaci\u00f3n; sin embargo, por v\u00eda de flexibilizaci\u00f3n, se examinar\u00e1n aquellos argumentos que correspondan a la v\u00eda seleccionada, pues la estructura formal del cargo se asemeja m\u00e1s a la que se esperar\u00eda de este tipo de embate, ya que se\u00f1ala, as\u00ed sea de manera desprolija, los supuestos errores protuberantes cometidos por el juzgador y las pruebas a trav\u00e9s de las cuales pudo haberse incurrido en aquellos. <\/p>\n
Sin embargo, antes de seguir adelante con ese an\u00e1lisis, debe recordarse que las pruebas que la casacionista consider\u00f3 err\u00f3neamente valoradas son: el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada, la contestaci\u00f3n de la demanda, la certificaci\u00f3n laboral de 3 de diciembre de 2014, los memorandos de fecha 30 de octubre de 2014 dirigidos a la demandante y a Eliana Caldas Parra, Gonzalo E. Parra, Gloria E. L\u00f3pez, Claudia Rodr\u00edguez, la descripci\u00f3n de los cargos M-GG-CAF-007 V.2 del coordinador administrativo y financiero y RH-O-04 V.3 del coordinador de facturaci\u00f3n, el organigrama y los testimonios de los se\u00f1ores Ariel Antonio Moreno Campo, Luis Daniel Prieto P\u00e1ez, Ariel Alonso Moreno Roa, Gloria Esperanza L\u00f3pez y Claudia Soledad Rodr\u00edguez Ni\u00f1o, lo que lleva a la corte a precisar que, conforme al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 87 del CPTSS, modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969, el error de hecho solo motiva la casaci\u00f3n del fallo, cuando proviene de la falta de apreciaci\u00f3n o de la err\u00f3nea valoraci\u00f3n de un documento aut\u00e9ntico, de una confesi\u00f3n judicial o de una inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Igualmente consider\u00f3 como pruebas no apreciadas el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Forteco S.A., la contestaci\u00f3n de la demanda y el acta n.\u00ba 33 de la junta directiva de Forteco S.A. De entrada, debe precisar la sala que de los dos listados que realiza la recurrente, cit\u00f3 en las mismas el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de Forteco S.A. y la contestaci\u00f3n de la demanda, cayendo en un contrasentido, pues si se dejaron de valorar no pod\u00edan a su vez ser estimados con error\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la colegiatura denunciada precis\u00f3 que los restantes documentos enunciados por la libelista son de car\u00e1cter declarativo emanados de terceros, los cuales \u00abno constituyen prueba calificada en casaci\u00f3n\u00bb, de modo que \u00abno se podr\u00e1 asumir su estudio, sino en la medida en que se demuestre error en una prueba que s\u00ed lo sea\u00bb. Por ende, memor\u00f3 que un elemento de convicci\u00f3n no calificado, para efectos del remedio extraordinario, solo puede ser examinado cuando \u00abpor medio de una prueba calificada, se demuestra el error de hecho de la sentencia\u00bb, con lo que coligi\u00f3 que \u00abel documento declarativo proveniente de tercero que se\u00f1al\u00f3 la actora como la descripci\u00f3n de los cargos M-GG-CAF-007 V.2 del coordinador administrativo y financiero y RH-O-04 V.3 del coordinador de facturaci\u00f3n, el organigrama, no son procedentes estudiarlos, conforme del tema se ha pronunciado la sala (CSJ SL radicaci\u00f3n 38.841, 1\u00ba de marzo de 2011)\u00bb. <\/p>\n
Con todo, frente a ese t\u00f3pico, recalc\u00f3 que, \u00abal no cumplirse con tal carga por la parte interesada, el elemento probatorio en comento tampoco puede ser estudiado por esta sala, pues no es potestad del tribunal de casaci\u00f3n escudri\u00f1ar de manera oficiosa en aquellas pruebas sobre las que el recurrente no hizo ejercicio argumentativo alguno, en acatamiento de lo dispuesto en el ya se\u00f1alado numeral 3\u00ba del canon 87 de la codificaci\u00f3n procesal laboral y de la seguridad social, cuyo aparte final establece el car\u00e1cter rogado del recurso\u00bb <\/p>\n
A m\u00e1s de ello, sostuvo que \u00abtampoco es dable que la corte aborde los testimonios a los que alude la recurrente, que por lo dem\u00e1s no fueron individualizados ni desarrollados, y si fuera del caso estimarlos, esa operaci\u00f3n solo ser\u00eda posible en el evento de encontrarse demostrado al menos uno de los errores indicados en el cargo, pero cuando este se devele por la omisiva o incorrecta vulneraci\u00f3n de pruebas h\u00e1biles como las ya mencionadas, situaci\u00f3n que, como se ha venido poniendo de presente, no se present\u00f3 en el fallo confutado\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al interrogatorio de parte \u2013\u00abque, en principio, tampoco hace parte del taxativo listado de pruebas id\u00f3neas en casaci\u00f3n, pero que, seg\u00fan puede interpretarse del texto de la demanda de casaci\u00f3n, contendr\u00eda algunas declaraciones constitutivas de confesi\u00f3n judicial, medio probatorio que s\u00ed es propio de este entorno jurisdiccional\u00bb\u2013, dijo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cargo resalta que, en el curso de su declaraci\u00f3n, el apoderado de Forteco S.A. afirm\u00f3: (i) que el cargo desempe\u00f1ado por la actora era de coordinadora administrativa y financiera. De esa manifestaci\u00f3n se pretende demostrar que dan lugar a concluir, de manera contraria a como lo hizo el tribunal, que la accionante ostentaba ese cargo m\u00e1s no el de secretaria general, sin embargo, dicho nombre fue por razones de calidad, porque las funciones que desarroll\u00f3 la demandante eran de secretaria general, conforme lo expuso el tribunal. <\/p>\n
Por lo extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, se orienta a enjuiciar la sentencia para as\u00ed establecer si al dictarla el tribunal observ\u00f3 las preceptivas jur\u00eddicas que, como parte del sistema normativo propio, estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jur\u00eddico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casaci\u00f3n se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no los argumentos de quienes actuaron en las instancias. <\/p>\n
A fin de lograr que se cumpla la pluralidad de objetos del recurso extraordinario, la demanda de casaci\u00f3n no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible arg\u00fcirlas libremente, y es por eso que ella debe reunir no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisi\u00f3n, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo l\u00f3gicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada. <\/p>\n
Visto lo anterior, encuentra la sala, como lo advirti\u00f3 el opositor, que el cargo contiene deficiencias de tal magnitud, que hacen imposible su estudio. <\/p>\n
De entenderse que corresponde a la aplicaci\u00f3n indebida, modalidad propia de aquella, se tiene que, tampoco cumpli\u00f3 la censora con los deberes que le competen al plantear los cuestionamientos por la senda de los hechos, en la medida en que se limitaron a manifestar que err\u00f3 el tribunal, sin se\u00f1alar en qu\u00e9 consisti\u00f3 su err\u00f3nea estimaci\u00f3n, ni explicaron c\u00f3mo la falta o la defectuosa valoraci\u00f3n probatoria lo condujo a los desatinos que tienen esa calidad, y determinar en forma clara lo que la prueba en verdad acredita. <\/p>\n
Ello, porque para que el error de hecho se configure, es necesario que se demuestre el equivocado razonamiento apreciativo de los aspectos f\u00e1cticos que dan por establecido un hecho que no sucedi\u00f3, o por el contrario, dar por no demostrado un supuesto probado plenamente; adem\u00e1s, es requisito indispensable para la estimaci\u00f3n del cargo, establecer mediante un proceso de razonamiento, la ostensible contradicci\u00f3n entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, al no existir soporte que sustente la acusaci\u00f3n, es in\u00fatil su estudio. <\/p>\n
Es decir, debe quedar claro qu\u00e9 es lo que la prueba demuestra, cu\u00e1l es el m\u00e9rito que le reconoce la ley y cu\u00e1l hubiese sido la decisi\u00f3n del juzgador si la hubiera apreciado; aspectos que no tuvo en cuenta el censor, y que comprometen la t\u00e9cnica propia del recurso extraordinario (CSJ SL 15148, 23 mar. 2001). Estos defectos resultan no s\u00f3lo de la circunstancia de que as\u00ed lo consagran los art\u00edculos 87 y 90 del CPTSS, sino porque l\u00f3gicamente no habr\u00eda forma de confrontar la conclusi\u00f3n que sobre los aspectos f\u00e1cticos del proceso se form\u00f3 el juzgador de segundo grado, y de los cuales discrepa la recurrente\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En lo que respecta al segundo embate, dirigido por la misma v\u00eda y con fundamento en similares consideraciones, el \u00f3rgano de cierre laboral adujo que \u00abno se analizar\u00e1n las pruebas enlistadas, pues la censura las acus\u00f3 de ser tanto apreciadas err\u00f3neamente, como no valoradas, lo que a todas luces supone un contrasentido\u00bb, por lo que, \u00abaunque se le endilga al tribunal una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de unas normas sustanciales, no se explic\u00f3 claramente la norma mal interpretada, ni en qu\u00e9 consisti\u00f3 la equivocaci\u00f3n hermen\u00e9utica y extenderse a todos los razonamientos del ad quem, de modo que el ataque resulta insuficiente\u00bb, razones suficientes para desestimar el planteamiento. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 7 de febrero de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC1702-2022 Magistrado ponente STC1702-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01796-01 (Aprobado en Sala de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 21 de septiembre de 20211, proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61334","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61334","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61334"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61334\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61334"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61334"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61334"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}