STC1703-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1703-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01591-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 31 de agosto de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nidia Esperanza Garz\u00f3n Morales contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal n\u00ba 2019-00128. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa \u00abt\u00e9cnica y material\u00bb, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, la Fiscal\u00eda 72 Seccional de la Unidad Especializada para la Corrupci\u00f3n, le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por los delitos de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb a los cuales se allan\u00f3 de manera voluntaria. El 6 de marzo de 2019 el ente persecutor radic\u00f3 el escrito de acusaci\u00f3n con aceptaci\u00f3n de cargos. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, antes de realizarse la audiencia subsiguiente ante el juez de conocimiento, tuvo acercamientos con la fiscal\u00eda a fin de \u00ababrir la posibilidad de una negociaci\u00f3n en perspectiva de ofrecer informaci\u00f3n relevante a otras investigaciones en curso\u00bb con el concreto prop\u00f3sito de acceder a la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad frente al delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb; y, en cuanto al il\u00edcito de \u00abcelebraci\u00f3n de contrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb llegar a un preacuerdo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 11 de junio de 2020 fecha prevista para la realizaci\u00f3n de la audiencia de verificaci\u00f3n de allanamiento, le solicit\u00f3 al Juez S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Bogot\u00e1 la suspensi\u00f3n de la actuaci\u00f3n teniendo en cuenta el contacto logrado entre las partes con miras a alcanzar un principio de oportunidad y un preacuerdo respecto de los punibles endilgados. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en vista p\u00fablica del \u00ab24 de septiembre de 2020 (sic)\u00bb esta vez en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta capital, se present\u00f3 el preacuerdo parcial respecto de la conducta de \u00abcelebraci\u00f3n de contrato sin requisitos legales\u00bb y, posteriormente, se inform\u00f3 al juez que frente al \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n a favor de terceros\u00bb se convino con la fiscal\u00eda postularlo para principio de oportunidad bajo la modalidad de \u00absuspensi\u00f3n e inmunidad parcial\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, indic\u00f3 que el 27 de noviembre de 2020 el mencionado despacho judicial improb\u00f3 el preacuerdo, decisi\u00f3n apelada por fiscal\u00eda y defensa, en coadyuvancia con el representante de la v\u00edctima. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, el 27 de junio de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al desatar la alzada, declar\u00f3 la nulidad de lo actuado \u00aba partir de la audiencia [\u2026] en la que se accedi\u00f3 a cambiar el objeto de la audiencia para que fuera de verificaci\u00f3n de preacuerdo parcial\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 principalmente la determinaci\u00f3n del tribunal accionado y la acus\u00f3 de constituir v\u00eda de hecho al incurrir en defecto sustantivo, al efectuar una \u00ab(\u2026) interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 457 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal que no solo desconoce el principio de trascendencia, sino que palmariamente contrar\u00eda los postulados m\u00ednimos de razonabilidad jur\u00eddica, particularmente en lo que concierne al principio de justicia material\u00bb, y agreg\u00f3 que, dicha decisi\u00f3n \u00abinjustificadamente [\u2026] le da prevalencia a meras y fr\u00edas formalidades y no a un principio de legalidad material que entiende el proceso penal [\u2026] m\u00e1s all\u00e1 de una secuencia caprichosa de simples actos instrumentales\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00abse deje sin efecto el pronunciamiento del 27 de junio de 2021 [\u2026] del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y en su lugar, ordenar [\u2026] que resuelva el objeto de apelaci\u00f3n, esto es, el desencuentro de apreciaciones entre la retractaci\u00f3n y no retractaci\u00f3n de lo pactado en el preacuerdo que fue sometido a control de legalidad, en tanto que, para el juzgado de conocimiento me retract\u00e9 y para todos los dem\u00e1s [\u2026] no me retract\u00e9 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 por intermedio de la magistrada ponente de la providencia recriminada, defendi\u00f3 la postura all\u00ed adoptada en tanto que, se advirtieron irregularidades sustanciales \u00abque desprestigiaban la administraci\u00f3n de justicia y vulneraban el debido proceso, por lo que, para enmendarlo, era necesario declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 7 de septiembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 36 Especializada contra la Corrupci\u00f3n, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la actora, por cuanto consider\u00f3 que la nulidad decretada por el tribunal \u00ab(\u2026) no era procedente [\u2026] por desatenderse los principios de trascendencia y residualidad de las nulidades, pues el eventual defecto o irregularidad en el tr\u00e1mite que se advierte no fue de tal entidad como para afectar de manera sustancial el debido proceso y porque en dado caso hab\u00edan otros mecanismos o remedios procesales para solucionar tal situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En el mismo sentido, es decir, apoyando las reclamaciones de la accionante, se pronunci\u00f3 el representante de la v\u00edctima (E.S.E. Sim\u00f3n Bol\u00edvar) en el juicio penal e indic\u00f3 que \u00abno solo es claro que la tutelante carece de un medio judicial ordinario para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas y derechos fundamentales, conculcados con la decisi\u00f3n del honorable tribunal superior de Bogot\u00e1, sino que en perspectiva de lo all\u00ed planteado pareciera darse por convenido que, a costa de tales derechos, debe privilegiarse lo meramente formal sobre lo sustancial, a contrapelo, por dem\u00e1s, de la regla superior que alienta a lo contrario\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda por no cumplir el principio de subsidiariedad que orienta esta excepcional v\u00eda tutelar, por cuanto el proceso penal objeto de reproche se encuentra en tr\u00e1mite y, por lo tanto, \u00abcualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario, porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomen en el transcurso de la actuaci\u00f3n penal, estar\u00edan siempre sometidas a la eventual revisi\u00f3n de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante replicando las alegaciones del escrito inicial. Refut\u00f3 el fallo de la Sala a quo pues considera que omiti\u00f3 analizar el fondo del asunto, esto es, \u00absi puede llevarse a cabo un proceso de negociaci\u00f3n con la fiscal\u00eda para alcanzar un preacuerdo o un principio de oportunidad despu\u00e9s de haberse allanado a cargos\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que el criterio de la subsidiariedad con el que se desestim\u00f3 el auxilio no resulta id\u00f3neo ya que, \u00abcontra la decisi\u00f3n del tribunal no procede recurso alguno [\u2026] no hay opci\u00f3n alguna para ejercer el derecho fundamental de contradicci\u00f3n, pese a que esta decisi\u00f3n incurri\u00f3 en una grave violaci\u00f3n a mis derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. Finalmente, insisti\u00f3 en que \u00abno existe ninguna norma que indique que, cuando la persona se ha allanado a los cargos no le es posible adelantar negociaciones con la fiscal\u00eda (\u2026)\u00bb aspecto que debi\u00f3 abordarse en la sentencia de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de variar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Por su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado por la quejosa, la Sala ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde la promotora del amparo debe hacer valer sus prerrogativas, m\u00e1xime si, tal como se puede constatar en el historial del mismo, se reanudar\u00e1 con la audiencia contemplada en el art\u00edculo 447 del estatuto adjetivo penal, atendiendo las previsiones normativas y jurisprudenciales memoradas por el tribunal accionado al declarar la nulidad; en todo caso, esa diligencia se erige como el escenario propicio para formular argumentaciones dirigidas a obtener del fallador una tasaci\u00f3n de la sanci\u00f3n punitiva acorde con sus pretensiones e incluso semejante a la concertada con el ente persecutor. <\/p>\n
De manera que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del juicio penal, lo que para el caso no se ha cumplido, pues, como habr\u00e1 de reiniciarse desde la diligencia en la que se present\u00f3 el preacuerdo, subsiste la posibilidad jur\u00eddica de recurrir la sentencia y, por consiguiente, la pena que le sea impuesta en virtud del allanamiento a cargos. <\/p>\n
De procederse de forma contraria, y asumirse esta acci\u00f3n como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se corre el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
Y es que ha sido criterio definido y reiterado de la Sala, que no es viable acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos penales en tr\u00e1mite, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la protecci\u00f3n de derechos superiores. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 3 de febrero de 2022. <\/p>\n
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