STC1792-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1792-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2021-01095-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala extraordinaria de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de agosto de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Flor Margoth Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez contra la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, \u00abacceso al ejercicio de cargos p\u00fablicos\u00bb, trabajo y dignidad humana, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que concurs\u00f3 en la convocatoria n.\u00b0 22 de 15 de junio de 2013, \u00ab[p]or medio de la cual se adelanta el proceso de selecci\u00f3n y se convoca al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial\u00bb y opt\u00f3 por el cargo de Magistrada de Tribunal Superior \u2013 Sala Civil, aprobando el examen de conocimientos; por lo que integr\u00f3 el Registro de Elegibles para el enunciado puesto. As\u00ed mismo, dijo que en la actualidad ocupa el primer lugar en la prenotada lista, la cual vence el 19 de marzo de 2022. <\/p>\n
En ese sentido, relat\u00f3 que en marzo de 2021 se gener\u00f3 una vacante en el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, ofertada en abril de ese mismo a\u00f1o por la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial y a la cual aspir\u00f3 con otro concursante, quien en ese momento estaba en una posici\u00f3n superior a la suya. Seguidamente, en mayo de esa anualidad, se dio otra posibilidad en el citado \u00f3rgano colegiado, a la cual se present\u00f3 nuevamente, con el mismo contendiente. <\/p>\n
Por lo anterior, mediante acuerdo PCSJA21-11802 de 18 de junio de 2021, se formul\u00f3 ante la Corte Suprema de Justicia la lista de candidatos para proveer la mencionada vacante en el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y se nombr\u00f3 en propiedad al otro aspirante. Por ende, la gestora entr\u00f3 a liderar el registro. <\/p>\n
Sin embargo, tambi\u00e9n se envi\u00f3 un concepto favorable de traslado por razones de salud de la doctora A\u00edda Victoria Lozano Rico, quien para la \u00e9poca era funcionaria de la hom\u00f3loga Civil Familia del Tribunal Superior de Pasto, por lo que, en sesi\u00f3n de 15 de julio de 2021, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n \u00abno realiz[\u00f3] mi nombramiento en propiedad como Magistrada Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, no obstante encabezar la lista para ocupar esa vacante y por m\u00e9rito merecerlo\u00bb, sino que acept\u00f3 el cambio pedido por la referida magistrada, pese a que \u00abdesde el inicio del ejercicio de su cargo (\u2026) no han transcurrido m\u00e1s de 2 a\u00f1os y desde el mismo momento de su posesi\u00f3n ha recurrido a la figura del traslado por cuestiones de salud como forma de salir del Distrito Judicial de Pasto (\u2026); [aunado] a que NO CONCURS\u00d3 PARA [ESE] CARGO\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, que se (i) \u00abdeje sin efecto el Acuerdo de sesi\u00f3n del 15 de julio de 2021, por medio del cual se acepta el traslado por razones de salud de la Dra. AIDA VICTORIA LOZANO RICO, en el cargo de Magistrado Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en reemplazo de la Dra. NUBIA ESPERANZA SABOGAL VARON\u00bb; (ii) \u00abdeje sin efecto los dem\u00e1s actos administrativos (si es del caso; confirmaci\u00f3n, posesi\u00f3n y dem\u00e1s) que al momento del fallo de tutela se hayan proferido con ocasi\u00f3n del Acuerdo de sesi\u00f3n del 15 de julio de 2021 (o el que corresponda)\u00bb; y (iii) \u00abque proceda a proferir el Acuerdo por medio del cual se procede a NOMBRAR en PROPIEDAD de la lista de candidatos contenida en el Acuerdo PCSJA21-11802 de 18 de junio de 2021 a la doctora FLOR MARGOTH GONZ\u00c1LEZ FLOREZ\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
De acuerdo con el recuento realizado por el a quo constitucional, se tienen las siguientes: <\/p>\n
\u00ab1. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Luis Antonio Hern\u00e1ndez Barbosa, arguy\u00f3 que la demanda constitucional no satisface el principio de la subsidiariedad, comoquiera que la accionante cuenta con los mecanismos de defensa judicial contemplados en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para exponer sus argumentos de orden constitucional y legal que refiere en su demanda, en cuyo marco, puede solicitar la adopci\u00f3n de medidas cautelares en contra del acto administrativo (CSJ. Rad. 2013-00180-01, reiterado en STC. 1 17 Jul. 2013-00118-01). <\/p>\n
Adicionalmente, no se encuentra acreditado los requisitos de un perjuicio irremediable, en la medida que i) el registro de elegibles para el cargo de magistrado de Tribunal Superior de la especialidad civil contin\u00faa vigente, por lo que, mientras la interesada haga parte del mismo, puede postularse a otra vacante que en el futuro se presente en alguno de los tribunales superiores de distrito judicial; ii) no demostr\u00f3 ser sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, ni que se encuentre en estado de debilidad manifiesta, porque detenta un cargo de carrera judicial como el de juez civil del circuito en la ciudad de Bogot\u00e1; adem\u00e1s, que iii) en este asunto no concurre un estado de urgencia que imponga la intervenci\u00f3n del juez de tutela para resolver un debate que debe surtirse ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Desde otra \u00f3ptica, aleg\u00f3 que en caso de que se considere acreditada la subsidiariedad, la decisi\u00f3n de la Sala Plena no quebrant\u00f3 las garant\u00edas de la actora en la sesi\u00f3n de 15 de julio \u00faltimo, por cuanto, en s\u00edntesis, el ordenamiento jur\u00eddico dispone que la decisi\u00f3n final sobre el traslado se radica en el ente nominador, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, como resultado del ejercicio leg\u00edtimo de sus potestades electorales. <\/p>\n
2. El Doctor Gustavo Serrano Rubio, quien fue designado en reemplazo de la doctora A\u00edda Victoria Lozano Rico en la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pasto, manifest\u00f3 que se adhiere a lo sostenido por el Presidente de esta Corte. <\/p>\n
3. La Directora de la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, aleg\u00f3 que dicha autoridad no ha vulnerado las garant\u00edas reclamadas y carece de legitimidad en la causa por pasiva, por cuanto seg\u00fan el marco normativo relacionado con la provisi\u00f3n de cargos en la rama judicial4, ello no corresponde a las facultades o competencias asignadas a esa autoridad, \u00e9stas se circunscriben al proceso de selecci\u00f3n que termina con el env\u00edo de la lista, sin intervenir en el nombramiento y posesi\u00f3n de los cargos, tanto en carrera administrativa como en provisionalidad, por ser este un acto propio de cada autoridad nominadora, la cual, para el presente asunto, lo es la Corte Suprema de Justicia (Art. 131-5 de la Ley 270 de 1996). Situaci\u00f3n que tambi\u00e9n ocurre con respecto al traslado (Art. 134 \u00eddem y Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017), en cuyo tr\u00e1mite solo interviene emitiendo concepto previo de acuerdo con los requisitos para ello, siendo la autoridad nominadora la que determina su reconocimiento. <\/p>\n
Aunado a que la demandante cuenta con la posibilidad de adelantar la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto administrativo ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, en cuyo marco, adem\u00e1s, puede pedir la suspensi\u00f3n de este como medida cautelar. Finalmente, argument\u00f3 que no se encuentra acreditada la configuraci\u00f3n del perjuicio irremediable (CC T-090 de 2013) y que no allega los antecedentes administrativos relacionados con el sub examine, en tanto estos fueron allegados con la demanda. <\/p>\n
4. La Secretar\u00eda General de la Corte Suprema de Justicia, remiti\u00f3 a este tr\u00e1mite los soportes documentales de los antecedentes de la solicitud del traslado de la doctora Aida Victoria Lozano Rico de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Pasto, a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que consisten en: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El oficio PCSJO21-375 de 18 de junio de 2021, y sus anexos, estos son, el Acuerdo PCSJA21-118025, las hojas de vida de los integrantes del referido Acuerdo y el Concepto favorable de traslado CJO21-2442 proferido por razones de salud a favor de la doctora A\u00edda Victoria Lozano Rico; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. el estudio comparativo entre los dos primeros candidatos de la lista de elegibles y la servidora de carrera que obtuvo concepto favorable de traslado, realizado por la Secretar\u00eda General de la Corporaci\u00f3n, para proveer un cargo de Magistrado para la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, vacante dejada por la doctora Nubia Esperanza Sabogal Var\u00f3n; <\/p>\n
<\/p>\n
iii. El oficio suscrito por la doctora Flor Margoth Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez de 25 de junio de 2021, el cual conoci\u00f3 la Sala de Gobierno en reuni\u00f3n del 29 del referido mes y a\u00f1o, acta No. 22 y la Sala Plena en sesi\u00f3n del 15 de julio \u00faltimo, acta No. 15; <\/p>\n
<\/p>\n
iv. las partes pertinentes de las actas de Sala de Gobierno No. 22, celebrada el 29 de junio de 2021 y del acta de Sala Plena No. 15, celebrada el 15 de julio de 2021; <\/p>\n
<\/p>\n
v. el Acuerdo No. 1624 del 15 de julio de 2021, \u201cpor el cual se traslada un magistrado de tribunal superior del distrito judicial\u201d; <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Los oficios OSG Nos. 2513 y 2514 del 15 de julio de 2021, comunicando a la doctora A\u00edda Victoria Lozano Rico el traslado a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; <\/p>\n
<\/p>\n
vii. El oficio PCSJ No. 0750, remitido a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se inform\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala Plena de trasladar en propiedad a la doctora A\u00edda Victoria Lozano Rico, como Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; <\/p>\n
<\/p>\n
viii. La comunicaci\u00f3n suscrita por la doctora A\u00edda Victoria Lozano Rico, allegada a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico de la Secretar\u00eda General, aceptando el traslado en propiedad; <\/p>\n
<\/p>\n
ix. el escrito de la doctora A\u00edda Victoria Lozano Rico solicitando autorizaci\u00f3n para hacer la dejaci\u00f3n el cargo como Magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, y pr\u00f3rroga para tomar posesi\u00f3n como Magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; <\/p>\n
<\/p>\n
x. Y, el Acuerdo No. 927 del 10 de agosto del a\u00f1o en curso, \u201cpor el cual se concede una pr\u00f3rroga para tomar posesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
5. Algunos de los integrantes del registro de elegibles para la provisi\u00f3n del cargo de Magistrado de Sala Civil de Tribunal Superior de Distrito Judicial, doctores Edilma Cardona Pino, Iv\u00e1n Javier Serrano Merch\u00e1n y Jos\u00e9 Yesid Benjumea Betancur, en escritos independientes manifestaron que coadyuvan la solicitud de amparo reclamada por la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
De \u00e9stos, la doctora Edilma Cardona Pino, argument\u00f3 que la actora tiene derecho a ocupar el cargo que solicit\u00f3 por ser la de mayor idoneidad para ello, y aleg\u00f3 que los concursantes se encuentran en desventaja frente a las solicitudes de traslado de quienes se encuentran en carrera, por las escasas vacantes que existen, aunado a que las circunstancias para el traslado no le daban el derecho a la doctora Lozano Rico. Aunado a que solo se han ofertado 5 vacantes, y, por ello, a pesar de que solo 15 personas superaron las pruebas e integraron la lista, solo ese mismo n\u00famero ha logrado su nombramiento y no todas las vacantes presentadas por licencias o enfermedad en esta, se han llenado con integrantes de la lista de elegibles vigente, como lo dispone la corte Constitucional. <\/p>\n
6. La Doctora Sirley Juliana Agudelo Ib\u00e1\u00f1ez, docente de derecho constitucional de la Universidad Libre, y el ciudadano Helmuth Nicol\u00e1s Hurtado Mendoza, acuden a la presente tutela por la relevancia constitucional y acad\u00e9mica del asunto y argumentan, la primera, que en este asunto deben valorarse, en atenci\u00f3n a la garant\u00eda del principio del m\u00e9rito, del debido proceso administrativo, as\u00ed como las condiciones de salud de la accionante y su especial protecci\u00f3n, los siguientes aspectos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. la doctora Aida Victoria Lozano Rico, concurs\u00f3 para el cargo de Magistrada Sala Civil- Familia de Tribunal Superior (del cual ostenta la propiedad en carrera administrativa) y no para Magistrada de la Sala Civil; <\/p>\n
<\/p>\n
ii. por concurso de m\u00e9ritos la Dra. Flor Margot Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez ocup\u00f3 el primer puesto en la lista de elegibles en el cargo de Magistrada de la Sala Civil; <\/p>\n
iii. de los anexos que fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia por la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial, se hace una comparaci\u00f3n cuantitativa del puntaje en concursos, donde la Dra. Flor Margot Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez siempre ha superado a la Dra. Aida Victoria Lozano Rico; <\/p>\n
<\/p>\n
iv. que mientras los antecedentes de la Dra. Aida Victoria Lozano rico obedecen a sospecha de afectaciones que no la imposibilitan ejercer sus labores en Pasto, con respecto a las de la accionante, deben verificarse sus verdaderas condiciones de salud de las partes interesadas, dado que de acuerdo con la historia cl\u00ednica aportada se evidencia que la Dra. Margot Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez desde el a\u00f1o 2004 sufre de una enfermedad renal cr\u00f3nica; situaci\u00f3n que la hace merecedora de una protecci\u00f3n reforzada por encontrarse en situaci\u00f3n de debilidad manifiesta debido a su salud. <\/p>\n
<\/p>\n
v. las circunstancias para considerar que la actora perder\u00e1 la oportunidad de ocupar el cargo al que aspira en carrera. Por su parte, el segundo solicita se siente precedente jurisprudencial respecto de la aceptaci\u00f3n de los traslados de funcionarios y empleados judiciales por motivos de salud y con prelaci\u00f3n de quienes ostentan una leg\u00edtima expectativa para acceder a derechos de carrera; por cuanto, en el sub examine, la Dra. Lozano Rico no logr\u00f3 acreditar imposibilidad absoluta para desempe\u00f1arse en el Tribunal de Pasto, cuyas patolog\u00edas, que no obedecen a diagn\u00f3sticos definitivos sino a sospechas, pueden ser atendidas en dicha ciudad as\u00ed como en Ibagu\u00e9 y Pereira, urbes a las que tambi\u00e9n requiri\u00f3 su cambio de ubicaci\u00f3n. Adicional a que la referida magistrada ya ostenta derechos de carrera, y a su cargo no puede aspirar la libelista por ser de distinta naturaleza al cargo al que concurs\u00f3. <\/p>\n
Por \u00faltimo, solicit\u00f3 se oficie a todos los Tribunales Superiores del pa\u00eds o al Consejo Superior de la Judicatura, para que se informe \u00abcu\u00e1ntos magistrados se encuentran cercanos a la fecha de retiro pensional y\/o forzoso para antes del vencimiento de la lista el pr\u00f3ximo marzo de 2022. La anterior solicitud probatoria con el \u00e1nimo de acreditar que, en efecto, permitir la posesi\u00f3n de la Dra. Aida Victoria Lozano Rico, como magistrada de la \u00fanica vacante restante en Sala Civil, impedir\u00eda que prontamente la aspirante Flor Margoth Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez haga efectivo su derecho a ostentar un cargo de iguales condiciones al que ya ostenta la se\u00f1ora Lozano Rico en la ciudad de San Juan de Pasto.\u00bb <\/p>\n
7. La Dra. Aida Victoria Lozano Rico, se opuso a la prosperidad de la demanda de amparo, y argument\u00f3 que la decisi\u00f3n cuestionada y proferida por la Sala Plena de la Honorable Corte Suprema de Justicia, no puede calificarse de irrazonable o absurda, como tampoco el concepto favorable de traslado emitido por la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura, ya que se ajustan a lo dispuesto en el art\u00edculo 134 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, emitido por la \u00faltima Corporaci\u00f3n; determinaci\u00f3n cuestionada que estuvo debidamente sustentada tanto en su historia cl\u00ednica como en sus condiciones personales y de salud. Al margen de lo anterior, aleg\u00f3 igualmente que la tutela no es procedente porque incumple el requisito de subsidiariedad, pues la quejosa cuenta con mecanismos ordinarios de defensa, en especial, el de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que puede solicitar el decreto de medidas cautelares. <\/p>\n
8. Las dem\u00e1s partes guardaron silencio durante este tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la improcedencia del amparo, porque \u00abpac\u00edficamente, esta Corte ha considerado que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para debatir las decisiones de la administraci\u00f3n p\u00fablica referentes al traslado, pues al tratarse \u00e9ste de un acto de car\u00e1cter administrativo, la v\u00eda judicial id\u00f3nea prevista en el ordenamiento jur\u00eddico es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para solicitar all\u00ed la suspensi\u00f3n provisional de la decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n que considera por dem\u00e1s, arbitraria\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, recalc\u00f3 que \u00abfrente a los argumentos de la promotora constitucional concernientes a la falta de aptitud de la referida acci\u00f3n judicial, la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho se ofrece id\u00f3nea para la defensa de las garant\u00edas de la libelista, comoquiera que, el art\u00edculo 233 ejusdem, establece que la medida cautelar puede ser solicitada desde la presentaci\u00f3n de la demanda, cuyo traslado se correr\u00e1 por el juez o magistrado que conozca de la misma, en auto separado, para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, plazo que correr\u00e1 en forma independiente al de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, concluy\u00f3 que \u00abla Sala encuentra que no es de su competencia considerar las inconformidades planteadas en el amparo constitucional, pues ello ser\u00eda tanto como conocer el fondo del asunto y asumir funciones que no le est\u00e1 permitido resolver frente a la legalidad del cuestionado acto administrativo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
La convocante recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00absi la congesti\u00f3n como hecho notorio no fuera suficiente prueba de lo apenas dicho, v\u00e9ase que en la actualidad cursa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado por un traslado similar al hoy censurado, al que le correspondi\u00f3 el radicado No. 11001032500020190035600 y del cual puede extraerse que: i) se present\u00f3 el 09 de mayo de 2019, ii) se inadmiti\u00f3 hasta el 27 de noviembre de 2020, iii) se notific\u00f3 dicha inadmisi\u00f3n en enero de 2021 y iv) nada se dispuso respecto a la suspensi\u00f3n del acto como medida cautelar. Es decir que tan solo ese hecho puntual desvirt\u00faa la tesis del ponente de lo expedito que supuestamente resulta el mecanismo sugerido a la tutelante, pues no puede pretenderse que la suscrita inicie demanda y deba esperar casi dos a\u00f1os para su calificaci\u00f3n, pues para ese momento ya habr\u00e1 vencido la lista de la Convocatoria No. 22 a la cual se aspira\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n adujo que \u00abel perjuicio irremediable no es de \u00edndole econ\u00f3mico como equivocadamente concluye la Sala Penal. \u00c9ste consiste en la imposibilidad de acceder al cargo p\u00fablico por el cual concurs\u00e9 y llevo en proceso administrativo y acad\u00e9mico (pues he continuado estudiando y prepar\u00e1ndome) desde que se convoc\u00f3 el mismo en el a\u00f1o 2014. \u00bfC\u00f3mo no considerar un perjuicio irremediable el hecho de que llevo en concurso desde hace siete a\u00f1os y, estando ad portas de adquirir el derecho por el que leg\u00edtimamente concurs\u00e9 y aprob\u00e9, se me diga que debo seguir esperando porque igual en la actualidad tengo un cargo bastante menor en propiedad? \u00bfY c\u00f3mo la anterior conclusi\u00f3n me equipara con la trasladada Aida Victoria Lozano Rico, quien ya ostentaba derechos de carrera en Pasto, Nari\u00f1o, como Magistrada de la Sala Civil – Familia?\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, los intervinientes Iv\u00e1n Javier Serrano Merch\u00e1n y Edilma Cardona Pino presentaron sendos escritos, en los que coadyuvaron el petitum principal. El primero, porque \u00abesta acci\u00f3n de tutela debe prosperar ya que fue interpuesta como mecanismo transitorio, dada la potencialidad de producirse un perjuicio irremediable, consistente en la designaci\u00f3n de la persona que sigue en turno en el registro de elegibles de la lista vigente para el cargo de Magistrado de Sala Civil Familia, en desmedro de quienes formamos parte de la lista para el cargo de Magistrado de Sala Civil, que fue la vacante ofrecida\u00bb. <\/p>\n
La segunda, en tanto \u00ablas medidas de protecci\u00f3n deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o antijur\u00eddico irreparable; todas estas a mi juicio, se encuentran verificadas en el presente caso: claramente con el traslado se desplaza y se priva a una persona integrante y ubicada en el primer lugar de la lista de elegibles para el cargo para el cual espec\u00edficamente concurso y fue evaluada, de acceder por m\u00e9ritos a su nombramiento, afectado un bien de alto significado como es el m\u00e9rito en el acceso a cargos de carrera, y frente a la inminencia del perjuicio se requiere una medida urgente, como la pretendida en este asunto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a esta Corporaci\u00f3n establecer si la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la sesi\u00f3n del 15 de julio de 2021, por discutir y aprobar el traslado solicitado por una magistrada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; pese a que, en criterio de la memorialista, ella tendr\u00eda mejor derecho a ser nombrada, en tanto aprob\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos respectivo, raz\u00f3n por la cual integra el registro de elegibles, ocupando en la actualidad el primer lugar. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que dicho instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, con observancia de los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, esta Sala precisa que ratificar\u00e1 la providencia desestimatoria del a quo constitucional, comoquiera que el reproche formulado por la interesada, a trav\u00e9s de esta senda excepcional, no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que el resguardo en estudio se dirige, puntualmente, a refutar la legalidad de la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la sesi\u00f3n de 15 de julio de 2021, en la cual se discuti\u00f3 y aprob\u00f3 el traslado por motivos de salud de la funcionaria A\u00edda Victoria Lozano Rico a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; porque, en criterio de la censora, al haber superado el concurso de m\u00e9ritos e integrar el registro de elegibles ocupando el primer lugar, debi\u00f3 ser ella la persona nombrada en esa vacante. <\/p>\n
No obstante, en esas circunstancias, para esta Colegiatura deviene di\u00e1fano que el reproche se circunscribe al contenido del prenotado acto administrativo, cuyo control corresponde, al menos prima facie, a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. En ese sentido, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(…) Recu\u00e9rdese que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 10 de mayo de 2000, Rad. 1030, 6 nov. 2009, Rad. 00335-01, reiterada en STC3135, 8 mar. 2017). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la gestora cuenta con otros medios de defensa ante la enunciada jurisdicci\u00f3n para debatir lo atinente a la juridicidad de la resoluci\u00f3n confutada, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la v\u00eda pertinente (v. gr., t\u00e9rmino de caducidad); aspecto que adem\u00e1s resulta eficaz, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con la previsi\u00f3n del precepto 229 Ley 1437 de 2011 (C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr., rad. 2016-00013-01). <\/p>\n
Conforme con ello, la existencia de otros mecanismos para plantear las supuestas irregularidades expuestas en esta sede, impide a esta excepcional jurisdicci\u00f3n adentrarse en el estudio de las cuestiones aducidas en el libelo inicial; situaci\u00f3n que implica la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de la interesada agotar los remedios dispuestos en el ordenamiento jur\u00eddico antes de ejercerla. <\/p>\n
3.2. Por \u00faltimo, sobre la posibilidad de conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esta Sala no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), lo que no se acredita en el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en tanto la tutela desatiende el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que la quejosa cuenta con otros medios de defensa para plantear los argumentos enunciados en esta sede excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por lo rese\u00f1ado en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
DORA CONSUELO BENITEZ TOB\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE ERNESTO OVIEDO ALB\u00c1N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS DAR\u00cdO VALLEJO OCHOA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este Despacho el pasado 10 de noviembre de 2021, conforme se desprende el acta de la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1792-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1792-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2021-01095-01 (Aprobado en Sala extraordinaria de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61337"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61337\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}