STC1859-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1859-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00452-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mario Espinosa Duque contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, el Departamento del Valle del Cauca, la Secretar\u00eda Departamental de Educaci\u00f3n del Valle del Cauca, y, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito inicial, y por solicitud expresa del gestor, al Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vida digna, a \u00ablos fines especiales estado\u00bb, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso, a la seguridad social, al m\u00ednimo vital, a la \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb, al \u00abprincipio pro homine\u00bb y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, en el marco de la acci\u00f3n de tutela que Richard Mondrag\u00f3n Monta\u00f1o adelant\u00f3 contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, identificada con el radicado No. 2021-00165. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene, al juzgado y la Colegiatura accionadas, a) \u00abdeclarar la nulidad de todas y cada una de las acciones adelantadas dentro del [precitado tr\u00e1mite]\u00bb, y adem\u00e1s, b) \u00abdeclarar la nulidad del decreto No. 1-17-1352 del 6 de diciembre de 2021\u00bb con que se realizaron unos nombramientos en cargos p\u00fablicos; c) \u00abdeclarar la nulidad de la Resoluci\u00f3n No. 1-54-0028 del 1 de febrero del 2022 \u201cPor el cual se rechaza un recurso de reposici\u00f3n contra [el precitado Decreto]; y en consecuencia se ordene al Departamento del Valle del Cauca \u2013 Secretaria de Educaci\u00f3n y a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil suspender la aplicaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 3323\u00bb, por medio de la cual se ofertan unos cargos de empleo para \u00abcelador, c\u00f3digo 477, grado 2\u00bb, y en consecuencia, d) mantenerlo a \u00e9l en ese cargo \u00abteniendo en cuenta [su] tripartita estabilidad reforzada por ser un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, por [su] condici\u00f3n de salud con pron\u00f3stico de no recuperaci\u00f3n, al ser adulto mayor y por [su] calidad de prepensionable, hasta que re\u00fana los requisitos establecidos en la ley para causar [su] derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que tiene 65 a\u00f1os de edad, un diagn\u00f3stico de \u00abcardiomiopat\u00eda isqu\u00e9mica\u00bb, 1250 semanas cotizadas al sistema de seguridad social en pensiones, y, se desempe\u00f1a en el cargo de celador al servicio del Departamento del Valle del Cauca, Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n, desde el 1\u00ba de enero de 1998; que como resultado del concurso de m\u00e9ritos No. 437 de 2017, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil conform\u00f3 una lista de elegibles para ocupar cargos como el que \u00e9l desempe\u00f1a en provisionalidad, certamen dentro del cual est\u00e1 el se\u00f1or Harrison Mondrag\u00f3n Monta\u00f1o, quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de la referencia para que se asignara la lista con los cargos que se encuentran en provisionalidad, encargo, vacantes o declarados desiertos. <\/p>\n
Narra que el 21 de julio de 2021, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n reclamada por Harrison Mondrag\u00f3n Monta\u00f1o, decisi\u00f3n que fue confirmada el 1\u00ba de septiembre siguiente por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, por lo que en consecuencia, el 4 de octubre de ese mismo a\u00f1o la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil ofert\u00f3 los aludidos cargos mediante la Resoluci\u00f3n No. 3323, y el 4 de noviembre postrero el Departamento del Valle del Cauca public\u00f3 la convocatoria a audiencia p\u00fablica para la provisi\u00f3n de 25 cargos, luego de lo cual, el 6 de diciembre anterior se dict\u00f3 el Decreto No. 1-17-1352 con que se efectuaron unos nombramientos, dentro de los cuales se asign\u00f3 el cargo que \u00e9l ocupa en provisionalidad, por lo cual fue declarado insubsistente. <\/p>\n
Finalmente sostiene que atac\u00f3 el precitado decreto mediante el recurso de reposici\u00f3n, pero el 1\u00b0 de febrero del a\u00f1o en curso la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca resolvi\u00f3 rechazar el mecanismo, por lo cual qued\u00f3 sin la fuente de recursos que requiere para continuar cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social en Pensiones, circunstancia que aunada a su edad, sus condiciones especiales de salud y la calidad de pre-pensionado, justifican la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 14 de febrero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). El Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que la funci\u00f3n de proveer los cargos y administrar la planta de personal recae en la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca. <\/p>\n
b). La Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Departamento del Valle del Cauca manifest\u00f3, que el amparo es improcedente por no haberse probado siquiera sumariamente la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
c). La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali por intermedio de la Magistrada que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela cuestionada, inform\u00f3 que como resultado de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Carlos Adolfo V\u00e1squez, quien ocupaba en provisionalidad otro cargo igual al del aqu\u00ed interesado, el 2 de febrero de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia dej\u00f3 sin efecto el referido tr\u00e1mite constitucional y le orden\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cal rehacer la actuaci\u00f3n, raz\u00f3n por lo cual, \u00ablas decisiones contra las cuales se formula la tutela en estudio fueron dejadas sin efectos, encontr\u00e1ndose el expediente en que se profirieron actualmente en tr\u00e1mite ante el juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali, para que vuelva a decidir sobre la tutela en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
d). El Procurador 8 Judicial II para Asunto Civiles pidi\u00f3 que se acceda al amparo frente al Departamento del Valle del Cauca, \u00aba menos que esa entidad accionada pueda acreditar que el accionante no re\u00fane las condiciones de prepensionado\u00bb. <\/p>\n
e). Jos\u00e9 Jacob Charria Mercado, quien dijo estar \u00aben los mismos supuestos f\u00e1cticos del accionante\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que si bien \u00abtodas las actuaciones desplegadas dentro del proceso de tutela de radicado 2021-00165, adelantadas por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali, fueron declaradas nulas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, no ha habido pronunciamiento frente a los actos administrativos dictados para cumplir la orden que se dict\u00f3 en dicha actuaci\u00f3n, motivos por los cuales pidi\u00f3 que de accederse a la salvaguarda invocada, tambi\u00e9n se amparen sus derechos fundamentales. <\/p>\n
f). Al momento del registro del proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Espinosa Duque recae, puntualmente, en la sentencia emitida el 1\u00ba de septiembre de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, que mantuvo \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 21 de julio anterior del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, que protegi\u00f3 los bienes jur\u00eddicos de Richard Mondrag\u00f3n Monta\u00f1o, dentro de la acci\u00f3n de tutela que \u00e9ste adelant\u00f3 frente a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, pues en sentir del aqu\u00ed accionante, con lo decidido se quebrantaron sus garant\u00edas superiores, al ordenarse a la entidad accionada y a la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca, proveer el cargo p\u00fablico que \u00e9l ven\u00eda desempe\u00f1ando en provisionalidad, sin tener en cuenta su condici\u00f3n de persona de la tercera edad, con enfermedades preexistente, y, pre-pensionado. <\/p>\n
3. No obstante, de las intervenciones realizadas durante el presente tr\u00e1mite se constat\u00f3, que en otra acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Adolfo V\u00e1squez, con similar fundamento f\u00e1ctico a la presente y contra las mismas autoridades aqu\u00ed convocadas, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte resolvi\u00f3 en sentencia de segunda instancia del 2 de febrero de 2022 (STL1010-2022), tutelar los derechos fundamentales invocados y decidir en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite tutelar aqu\u00ed cuestionado, \u00abdejar sin efectos las actuaciones surtidas con posterioridad a la emisi\u00f3n del auto de 8 de julio de 2021, incluyendo las actuaciones que se hayan proferido al interior del proceso de selecci\u00f3n en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela y, en su lugar, ORDENAR al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali, rehacer el tr\u00e1mite que corresponda, seg\u00fan sus competencias\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, al haberse cumplido lo puntualmente solicitado por el actor a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, desde antes de presentarse la tutela el 11 de febrero pasado, mediante la emisi\u00f3n por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte del citado pronunciamiento, la Sala colige que no existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte de las autoridades accionadas que ameriten la intervenci\u00f3n excepcional e impostergable del juez de tutela, pues, se puntualiza, ya fueron dejados sin efecto tanto el tr\u00e1mite constitucional aqu\u00ed cuestionado, como las diferentes decisiones emitidas como consecuencia del mismo. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
5. Ahora, como a la fecha la acci\u00f3n de tutela antes individualizada se encuentra pendiente de definici\u00f3n por parte del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali, y all\u00ed el actor y todo aquel en similares condiciones a las que \u00e9l expone en este escenario, pueden hacer valer sus derechos fundamentales, valga se\u00f1alar, que sus condiciones particulares de avanzada edad, salud y cantidad de semanas cotizadas al sistema pensional los hacen acreedores a una protecci\u00f3n especial, no puede el Juez constitucional actuar como si lo fuera de instancia, ni tampoco operar paralelamente con esa actuaci\u00f3n, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n; as\u00ed las cosas, estando pendiente el aludido tr\u00e1mite, no puede admitirse que la queja constitucional desconozca dicha actuaci\u00f3n y sustraiga la competencia que el ordenamiento jur\u00eddico otorg\u00f3 a los jueces competentes, para dirimir tal debate, m\u00e1xime cuando ello implicar\u00eda interferir en una actuaci\u00f3n del mismo linaje constitucional, lo cual configurar\u00eda causal expresa para improcedencia de la protecci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n prematura de algunas acciones de tutela, se ha dicho que \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1775-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo estando en tr\u00e1mite el mentado decurso, el actor deber\u00e1 aguardar a que las autoridades judiciales lo definan en el \u00e1mbito de sus competencias. <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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