STC1878-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC1878-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00512-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Milagro del Amparo Fontalvo Corrales contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la defensa y a la debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad judicial de segundo grado convocada, con la mora en la resoluci\u00f3n de los memoriales que present\u00f3 en tr\u00e1mite de los recursos de alzada propuestos frente a la sentencia de conocimiento, en el marco del proceso reivindicatorio que en su contra adelantaron Juan del Rio Contreras y otros, identificado con el consecutivo 2015-00104. <\/p>\n
En vista de tal panorama, exige para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, en \u00faltimas, que en el t\u00e9rmino de 48 horas, resuelva sobre los siguientes pedimentos: i) control de legalidad de lo actuado en segunda instancia, con base en lo normado en la causal 4\u00aa del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por su indebida representaci\u00f3n; ii) negar la personer\u00eda para actuar en su nombre al abogado Jos\u00e9 Gabriel Pereira Llamas, \u00abpor carecer absolutamente de las facultades para ello\u00bb; y, iii) fijar en lista nuevamente el asunto base de la controversia, con el fin de sustentar la alzada a trav\u00e9s de su mandatario, Julio Carlos Iriarte Llamas. <\/p>\n
2. Como soporte de sus pedimentos manifest\u00f3 el abogado de la tutelante, en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto, que en desarrollo del proceso verbal en comento, en el que su representada obra como demandada y, al mismo tiempo, como demandante en reconvenci\u00f3n en pertenencia, mediante sentencia de 23 de octubre de 2019, se resolvi\u00f3 de fondo el asunto estimando las pretensiones principales y orden\u00e1ndose a la poseedora la restituci\u00f3n del predio, data para la cual obraba como representante de la se\u00f1ora Fontalvo Corrales el profesional del derecho Jos\u00e9 Gabriel Pereira Llamas, quien present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra dicha determinaci\u00f3n, mecanismo de defensa del que tambi\u00e9n se vali\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
Comenta que el 22 de noviembre postrero, recibi\u00f3 poder de la se\u00f1ora Milagro del Amparo para continuar con su representaci\u00f3n en el citado pleito, por lo que procedi\u00f3 a presentarlo \u00abpersonalmente en la secretar\u00eda del juzgado. Con el nuevo poder, queda[ba] revocado el anteriormente conferido al Dr. PEREIRA LLAMAS, (\u2026) seg\u00fan lo consagrado en el art\u00edculo 76 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Indica que el 12 de diciembre siguiente, pag\u00f3 las costas procesales para la remisi\u00f3n del expediente al ad quem, y solicit\u00f3 que se le reconociera personer\u00eda para actuar, remiti\u00e9ndose las diligencias a la Colegiatura convocada, sin resolverse lo pertinente; que en auto del 24 de febrero de 2020, se admiten los recursos de alzada propuestos por ambos extremos procesales, sin resolver, como era precedente, sobre el reconocimiento de su personer\u00eda, petici\u00f3n que reiter\u00f3 en memorial de 27 de febrero siguientes, y que solo fue atendida en prove\u00eddo adiado 17 de julio de esa anualidad, data para cual, ya hab\u00eda solicitado control de legalidad. <\/p>\n
Alega que pese a lo anterior, el abogado revocado el 24 de julio siguiente procedi\u00f3 a presentar escrito de sustentaci\u00f3n de la alzada, el cual fue tenido en cuenta por el Tribunal de Cartagena, aun cuando ya no se encontraba legitimado para tal fin, dictando sentencia el 10 de junio de 2021, sin haberse resuelto sobre ninguna de sus peticiones, y dando alcance a los escritos del abogado que ya no obraba como representante de la parte demandante, al punto que su petici\u00f3n de complementaci\u00f3n de dicho fallo tampoco fue resuelta, pero s\u00ed la del aludido Pereira Llamas en providencia de 17 de enero de los corrientes, vicisitudes \u00e9stas que la habilitan para acudir a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 16 de febrero pasado se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Magistrado Sustanciador de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, luego de remitir el link de acceso a las diligencias de segundo grado objeto de an\u00e1lisis, se opuso a las solicitudes de la accionante, luego de anotar lo siguiente: \u00ab[e]l d\u00eda 19 de febrero de 2020, fue repartido al Despacho el proceso que hoy es objeto de censura en sede de tutela Mediante auto de 17 de julio de 2020, se adecu\u00f3 el tr\u00e1mite de conformidad con lo establecido en el Decreto 806 de 4 de junio de 2020 y se corri\u00f3 traslado para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Surtido los traslados respectivos, se procedi\u00f3 a dictar sentencia mediante providencia de 10 de junio de 2021, en la cual se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juez de primera instancia por haberse acreditado la cadena de t\u00edtulos de los demandantes, y no lograrse acreditar la prescripci\u00f3n extintiva del derecho de los propietarios, y adquisitiva para el poseedor. Igualmente se modificar\u00e1 el numeral 5\u00ba de la sentencia, en el sentido de tasar los frutos civiles a favor del demandante, en la suma de $29.33.500, cifra que se acredit\u00f3 a trav\u00e9s del juramento estimatorio y no fue objetado. <\/p>\n
Atendiendo las solicitudes de adici\u00f3n, aclaraci\u00f3n y sentencia complementaria hechas por las partes, mediante auto de 17 de enero de 2022 se surti\u00f3 el respectivo tr\u00e1mite. Asimismo, mediante auto de 17 de febrero de 2022, se concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada. Visto lo anterior, es factible sostener que en lo que fue de resorte de este Despacho se tramitaron todas las solicitudes de las partes dentro del proceso, se respetaron todas las prerrogativas procesales y se obedecieron los lineamientos legales para el caso. <\/p>\n
Atendiendo a dichas consideraciones no se observa que la acci\u00f3n dirigida en contra de esta magistratura cumpla con los requerimientos de procedencia para su prosperidad excepcional, pues las decisiones que se adoptaron en el marco del proceso se encuentran ajustadas a derecho, por lo que, de manera respetuosa, se solicita declarar la improcedencia del ruego enfilado contra esta corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c. El Juzgado Octavo del Circuito de Cartagena, se limit\u00f3 a remitir el link de acceso al expediente solicitado, sin referirse puntualmente a las peticiones de la accionante. <\/p>\n
d. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Con respecto a problem\u00e1ticas donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00abaquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ ST, 29 abr. 2011, Rad. 00094-01, citada en STC8513-2015 y en STC16715-2021). <\/p>\n
En tal sentido, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que <\/p>\n
\u00abuno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. S\u00ed, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u00bb (ibidem). <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa que el descontento de la se\u00f1ora Milagro del Amparo radica, en \u00faltimas, en la presunta mora de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena en resolver sobre las solicitudes presentadas por su actual abogado respecto de la nulidad del proceso (antes de la emisi\u00f3n del fallo), y la complementaci\u00f3n de \u00e9ste, dentro del proceso reivindicatorio que en su contra propuso Juan del R\u00edo Contreras y otros. <\/p>\n
4. Para brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n
4.1. En el marco del litigio referido en l\u00edneas anteriores, mediante auto de 17 de julio de 2020, se dispuso, adem\u00e1s de la adecuaci\u00f3n del tr\u00e1mite de alzada al rito establecido en el Decreto 806 de 2020, y la concesi\u00f3n a las partes del t\u00e9rmino de 5 d\u00edas a las partes para que sustentaran dicho mecanismo vertical, reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica al profesional del derecho Julio Carlos Iriarte Llamas, para actuar como representante de la demandada Milagro del Amparo Fontalvo Corrales, aqu\u00ed tutelante. <\/p>\n
4.2. En memorial de 18 de agosto de 2020, dicho abogado solicit\u00f3 que se efect\u00fae un control de legalidad, se\u00f1alando los yerros supuestamente cometidos frente a la integraci\u00f3n del contradictorio desde el tramite surtido en primera instancia, as\u00ed como en tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. El 10 de junio de 2021, se dicta sentencia de segundo grado, en la que se dispone \u00abCONFIRMAR la sentencia proferida en audiencia el 23 de octubre de 2019, por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena dentro del proceso de la referencia, con excepci\u00f3n del numeral quinto de la sentencia, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: \u201cCONDENAR a la demandada al pago de frutos civiles en cuant\u00eda de $29.333.500.\u201d, de acuerdo a lo se\u00f1alado en la parte motiva de esta providencia\u00bb y, condenar en costas de la segunda instancia a la parte demandada, por no haberle prosperado el recurso. <\/p>\n
4.4. Contra esa determinaci\u00f3n, se propusieron las siguientes solicitudes: <\/p>\n
<\/p>\n
* Parte demandante: adici\u00f3n, en lo que refiere al t\u00e9rmino desde el cual deben reconocerse los frutos civiles ordenados a su favor.<\/p>\n
* Parte demandada, aqu\u00ed interesada, a trav\u00e9s del abogado Jos\u00e9 Gabriel Pereira Llamas, a quien le fue revocado el poder por la se\u00f1ora Fontalvo Corrales, ya para la etapa de la apelaci\u00f3n: aclaraci\u00f3n, en lo que refiere a la condena en costas, por la existencia de un amparo de pobreza a favor de la demandada.<\/p>\n
* Parte demandada a trav\u00e9s del abogado Julio Carlos Iriarte Llamas, a quien le fue reconocida personer\u00eda para actuar en representaci\u00f3n de ese extremo por parte del Tribunal, en auto de 17 de julio de 2020: complementaci\u00f3n, precisamente por no haberse resuelto todas las solicitudes que desde la admisi\u00f3n de la alzada, propuso. <\/p>\n
4.5. Mediante auto de 17 de enero 2022, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena, atendi\u00f3 los dos primeros requerimientos, al disponer: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: ADICIONAR la sentencia del 10 de junio del 2021, en el sentido de se\u00f1alar que el pago de los frutos civiles se debe hacer desde el mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia que conden\u00f3 a la demandada al pag\u00f3 de los frutos civiles. <\/p>\n
SEGUNDO: La presente adici\u00f3n hace parte integrante de la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de 10 de junio de 2021 <\/p>\n
TERCERO: REVOCAR el numeral 9\u00b0 de la sentencia de primera instancia del 23 de octubre de 2019 y el numeral 2\u00b0 de la sentencia de segunda instancia del 10 de junio de 2021. Sin lugar a condena en costas por existencia de amparo de pobreza para la parte demandada. <\/p>\n
CUARTO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de 10 de junio de 2021\u00bb. <\/p>\n
Empero, en momento alguno tuvo en cuenta la petici\u00f3n del profesional Julio Carlos Iriarte Llamas, quien funge como mandatario de la demandada, y as\u00ed fue reconocido en el citado prove\u00eddo de 17 de julio de 2020, en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Visto lo anterior, no cabe duda para la Sala que contrario a lo advertido por el ad quem en el escrito de contestaci\u00f3n, el amparo s\u00ed est\u00e1 llamado a concederse, pues ciertamente, tal y como qued\u00f3 visto de la revisi\u00f3n del expediente digital del proceso declarativo referenciado, remitido por esa misma autoridad, se observa que aqu\u00e9lla no resolvi\u00f3 la petici\u00f3n de complementaci\u00f3n de la sentencia promovida por el actual apoderado de la parte demandada, misma que gravita, precisamente, en la falta de resoluci\u00f3n de las otras tantas peticiones presentadas con anterioridad al proferimiento de dicha decisi\u00f3n que zanj\u00f3 la segunda instancia, y en vez de ello, le fue dado tr\u00e1mite a la aclaraci\u00f3n instada por Jos\u00e9 Gabriel Pereira Llamas, quien aun cuando dijo fungir en representaci\u00f3n de ese mismo extremo procesal, ya no ostenta tal calidad, por lo menos, con posterioridad al reconocimiento de personer\u00eda que el mismo Tribunal de Cartagena-Sala Civil familia, efectu\u00f3 a favor de Julio Carlos Iriarte Llamas, se repite, en auto de 17 de julio de 2020. <\/p>\n
6. N\u00f3tese que si bien, jurisprudencialmente se ha dicho que no se incurre en mora judicial cuando medien razones objetivas para sustentar la tardanza procesal, lo cierto es que, en el presente asunto, no se halla justificaci\u00f3n alguna para la omisi\u00f3n endilgada frente a la solicitud de complementaci\u00f3n de la parte demandada, no solo, por el silencio del Tribunal convocado, quien aun cuando fue notificado de la acci\u00f3n constitucional guard\u00f3 mutismo respecto de las quejas que le son enrostradas en tal sentido, asegurando que ha dado tr\u00e1mite a todos y cada uno de los memoriales allegados por los extremos contendientes, sino por sus actuaciones en el juicio reivindicatorio, comoquiera que dio tr\u00e1mite a otras tantas actuaciones promovidas por un profesional del derecho que ya carec\u00eda de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, ante la labor defectuosa de la autoridad judicial convocada, se conceder\u00e1 el amparo instado, para que la Colegiatura aludida, proceda a pronunciarse sobre la solicitud de complementaci\u00f3n de la sentencia de segundo grado, presentada el 16 de junio de 2021 por parte del abogado Julio Carlos Iriarte Llamas, apoderado judicial de la demandada Milagro del Amparo Fontalvo Corrales, en lo que en derecho corresponda, y, de ser del caso, invalide las actuaciones que dependan de tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONCEDE la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia a la se\u00f1ora Milagro del Amparo Fontalvo Corrales. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, emita el pronunciamiento correspondiente respecto del memorial de complementaci\u00f3n de la sentencia de segundo grado, presentado el 16 de junio de 2021 por parte del abogado Julio Carlos Iriarte Llamas, actual apoderado judicial de la demandada Milagro del Amparo Fontalvo Corrales, invalidando, se ser el caso, todas aquellas providencias que dependan de tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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