STC1889-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1889-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00534-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 14 de diciembre de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en la tutela que Eli\u00e9cer Romero Cort\u00e9s promovi\u00f3 contra el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculas las partes e intervinientes dentro del proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos, con radicado 2019-0393. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado en el tr\u00e1mite del proceso relacionado, promovido por Jonathan Yoverly Romero Boshell y, solicit\u00f3 que, para su restablecimiento, se ordenara al Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 que, \u00abme haga entrega de forma inmediata de los dineros pendientes de pago, desde el mes de noviembre del a\u00f1o 2020 hasta la fecha y en la forma solicitada por el suscrito\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento de lo pretendido, sostuvo en compendio, que en el a\u00f1o 2019 present\u00f3 demanda de exoneraci\u00f3n de alimentos a la que adjunt\u00f3 prueba documental en la que demostraba fehaciente que su hijo, Jonathan Yoverly Romero Boshell, adem\u00e1s de ser mayor de edad, no se encontraba estudiando desde el a\u00f1o 2017. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que pasados 2 a\u00f1os de presentarla, \u00abse logr\u00f3 notificar del auto admisorio de la misma a la parte demandada, ya que con frecuencia cambiaba de lugar de residencia\u00bb, y, una vez realizado lo anterior, pese a que el alimentario se allan\u00f3 a las pretensiones y acept\u00f3 los hechos, el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 continu\u00f3 entreg\u00e1ndole los dineros, cuando \u00ablo correcto era congelar dichos dep\u00f3sitos\u00bb. <\/p>\n
Expuso que como medida provisional, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la entrega de los dineros hasta que se dictara sentencia, petici\u00f3n que no fue resuelta, pues el 1\u00b0 de septiembre de 2021 se profiri\u00f3 el fallo acogiendo las pretensiones y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, sin que se hiciera referencia a los dineros que se encontraban pendientes por cobrar. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, sin mediar solicitud alguna de parte, el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 posteriormente mediante auto de 29 de septiembre, orden\u00f3 que, conforme a la sentencia, se realizara la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales que se encontraban a disposici\u00f3n del despacho hasta el 31 de agosto de 2021 al joven Jonathan Yoverly \u00abdesconociendo que si en el proceso se demostr\u00f3 que no ten\u00eda derecho a esos alimentos despu\u00e9s de 2017, no han debido entreg\u00e1rsele\u00bb. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que no recurri\u00f3 la providencia anterior, porque \u00abcomo fue emitido por el mismo despacho sin solicitud parte ni como aclaraci\u00f3n de la sentencia y sin motivo alguno pues no lo recurr\u00ed simplemente porque no me enter\u00e9\u00bb, sin embargo, elev\u00f3 petici\u00f3n oponi\u00e9ndose a la entrega de dineros ya que en la sentencia nada se hab\u00eda manifestado al respecto, y en providencia de 24 de noviembre de 2021 el Juzgado de conocimiento reiter\u00f3 el auto del 29 de septiembre anterior, negando su solicitud, sin tener en cuenta, insiste, en que en la demanda se demostr\u00f3 que el alimentario es mayor de edad y no se encuentra estudiando desde el a\u00f1o 2017. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez de Familia de Fusagasug\u00e1, se limit\u00f3 a remitir el expediente digital del proceso de exoneraci\u00f3n de alimentos, radicado bajo el n\u00famero 393-2019, sin emitir pronunciamiento frente a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil Familia, neg\u00f3 el amparo constitucional al considerar que, \u00ab(\u2026) independientemente de las cr\u00edticas que la actuaci\u00f3n de la sede accionada le merezcan al accionante, no considera el Tribunal que las decisiones adoptadas por el juzgado en relaci\u00f3n con la entrega de esos dineros retenidos al accionante por raz\u00f3n de alimentos, entra\u00f1e un desvar\u00edo de tal magnitud que amerite la intervenci\u00f3n de esta especial justicia constitucional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 a lo anterior, <\/p>\n
\u00abObviamente, si para mantener la entrega de los t\u00edtulos judiciales que est\u00e1n a \u00f3rdenes del juzgado, \u00e9ste se atuvo no tanto a la ejecutoria del auto de 29 de septiembre del corriente a\u00f1o, donde as\u00ed lo dispuso sin protesta del accionante, sino al hecho de que \u201cla obligaci\u00f3n alimentaria se extendi\u00f3 hasta el momento en que mediante sentencia judicial, se le exoner\u00f3 del deber alimentario, es decir, hasta el 01 de septiembre de 2021\u201d, argumentaci\u00f3n que de lejos se antoja razonable, pues la l\u00f3gica indica que la obligaci\u00f3n alimentaria subsiste mientras no medie decisi\u00f3n judicial que disponga su extinci\u00f3n, es clar\u00edsimo entonces que la tutela no puede ser de recibo\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 de otra parte, <\/p>\n
\u00abCierto, el actor, en el decurso del proceso, hizo una petici\u00f3n reclamando la suspensi\u00f3n de la entrega de esos t\u00edtulos a favor del demandado, por considerar que estando acreditado que ya la obligaci\u00f3n alimentaria no deb\u00eda subsistir, eso pod\u00eda disponerse; sin embargo, las cosas se decantaron en los t\u00e9rminos que se han referido, es decir, el demandado se allan\u00f3 y el juzgado, en respuesta a esto, dict\u00f3 sentencia \u2018anticipada\u2019, donde ciertamente nada dijo sobre aquella solicitud no contestada; m\u00e1s, tambi\u00e9n se tiene que el actor enmudeci\u00f3 ante ese silencio del juzgado; y tambi\u00e9n call\u00f3 cuando el auto de 21 de septiembre dispuso la entrega de los t\u00edtulos hasta el 31 de agosto; solo se acord\u00f3 de su pretensi\u00f3n cuando ya este \u00faltimo auto hab\u00eda alcanzado ejecutoria y pidi\u00f3 otra vez que no se le diera cumplimiento. Empero, ya con esa respuesta final que dio el juzgado en auto de 24 de noviembre, las cosas quedaron definidas, y no solo por razones formales, sino porque, como se anot\u00f3, nada de antojadizo se advierte de ese prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con tal determinaci\u00f3n el accionante solicit\u00f3 su revocatoria, aduciendo que no promovi\u00f3 los mecanismos de defensa ante el desconocimiento del auto del 29 de septiembre de 2021, como quiera que tal prove\u00eddo \u00abapareci\u00f3 de la nada\u00bb; agregando que, \u00abde haber solicitado la entrega la parte demandada del dinero, tendr\u00eda que haber dado cumplimiento a lo ordenado en el Art. 3 del Decreto 806 de 2020 y as\u00ed yo estar atento a las resueltas (sic), pero tal auto cobr\u00f3 firmeza sin que me pudiera enterar, ya que el proceso se encontraba en firme, se hab\u00eda oficiado para levantar las medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, de entrada advierte la Sala la improsperidad del amparo y la consecuente convalidaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada, por las razones que pasar\u00e1n a exponerse. <\/p>\n
En primer lugar, cotejados los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y las evidencias que arroja el expediente, bien puede apreciarse que, ante el allanamiento del demandado a las pretensiones de la demanda \u00abpor cuanto que actualmente no se encuentra estudiando\u00bb, procedi\u00f3 el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1, procedi\u00f3 el 1\u00ba de septiembre de 2021 a proferir sentencia anticipada en la que exoner\u00f3 al se\u00f1or Eliecer Romero Cort\u00e9s, de seguir suministrando cuota de alimentos a favor del hijo Jonathan Yoverly Romero Boshell y orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar [folios 58 a 61, expediente alimentos exoneraci\u00f3n]. <\/p>\n
Pese a que en esta acci\u00f3n constitucional el interesado alega que la petici\u00f3n de hab\u00eda elevado referente a la suspensi\u00f3n de la entrega de los dineros que se encontraban pendientes por cobrar no se resolvi\u00f3 en el fallo mencionado, lo que debi\u00f3 fue solicitar el correspondiente pronunciamiento en punto de esa precisa tem\u00e1tica, mediante el empleo de la herramienta id\u00f3nea, esto es, la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, reclamando la correspondiente adici\u00f3n de la sentencia, herramienta legal que tuvo a la mano para remediar el supuesto yerro anotado y guard\u00f3 silencio, olvidando que esta acci\u00f3n constitucional atiende al postulado de la subsidiariedad. <\/p>\n
Igualmente en la acci\u00f3n de tutela, se queja del auto proferido el 29 de septiembre de 2021, por el cual se dispuso la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial que se encontraban a disposici\u00f3n del Juzgado accionado, sin embargo, en su escrito afirma que no recurri\u00f3 tal providencia, por desconocimiento de la misma ante la omisi\u00f3n del Juzgado accionado de dar aplicaci\u00f3n a lo contenido en el art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 806 de 2020; es preciso indicar sobre este particular, que este auto fue notificado mediante estado electr\u00f3nico n\u00b0 40 del 30 de septiembre de 2021, tal como da cuenta el micrositio de la p\u00e1gina web asignado al despacho accionado, es decir, fue de p\u00fablico conocimiento de las partes, sin que el actor lo haya recurrido, quedando tal decisi\u00f3n ejecutoriada ante el silencio del peticionario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los reproches precedentemente explicados no pueden salir avante ante el descuido del tutelante en el empleo de los medios ordinarios de defensa, puesto que, esta acci\u00f3n extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa al alcance de los interesados, pues, como lo se\u00f1al\u00f3 esta Sala: <\/p>\n
\u00ab[S]i incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01 y STC13276-2021, entre muchos). <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a la queja que presenta el accionante en relaci\u00f3n con la providencia de 24 de noviembre de 2021, observa la Sala, que los argumentos expuestos por el Juzgado de Familia de Fusagasug\u00e1 – para reiterar su decisi\u00f3n referente a la orden de entrega de los dineros consignados a favor del proceso de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria al joven Jonathan Yoverly Romero Boshell hasta el 31 de agosto de 2021, y la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales por concepto de alimentos a favor del actor pero s\u00f3lo los consignados a partir de la sentencia que lo exoner\u00f3 de tal pago -, tampoco se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que all\u00ed se adopt\u00f3 no luce antojadiza, ni caprichosa; por el contrario, obedece al an\u00e1lisis coherente y arm\u00f3nico entre los hechos planteados, el caudal probatorio obrante en el expediente y la normativa aplicable al caso concreto. <\/p>\n
En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n la autoridad accionada se\u00f1al\u00f3, \u00ab(\u2026) En atenci\u00f3n al memorial que antecede, y teniendo en cuenta que mediante auto fechado el 29 de septiembre de 2021, se dispuso la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial que se encontraban a disposici\u00f3n de este despacho y para el proceso de la referencia, se entregaran hasta el mes de agosto al joven JONATHAN YOVERLY ROMERO BOSHELL, mismo que se encuentra en firme y contra el cual no se interpuso recurso alguno\u00bb <\/p>\n
M\u00e1s adelante indic\u00f3 \u00abSumado a lo anterior, la obligaci\u00f3n alimentaria se extendi\u00f3 hasta el momento en que, mediante sentencia judicial, se le exoner\u00f3 del deber alimentario, es decir, hasta el 1\u00b0 de septiembre de 2021. Es por todo lo expuesto que no se accede a lo solicitado por el memorialista (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De lo expuesto, surge evidente que la pretensi\u00f3n del accionante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte acoja o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n
3. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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