STC1893-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1893-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02496-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n al fallo proferido el 18 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Alexander Diaz Garc\u00eda le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal No. 2014-01075. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y pidi\u00f3 que se dejaran sin efecto las sentencias emitidas en ambas instancias en el proceso penal relacionado. <\/p>\n
En sustento afirm\u00f3 que fue condenado a 64 meses de prisi\u00f3n por el delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico y se encuentra cumpliendo pena de detenci\u00f3n domiciliaria desde el 18 de octubre de 2017, por lo que al haber cumplido m\u00e1s de las 3\/5 partes de la pena privativa de la libertad y reunir la totalidad de requisitos, radic\u00f3 ante el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, solicitud de libertad condicional conforme a lo establecido en el art\u00edculo 471 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
Sostuvo que su petici\u00f3n fue negada el 22 de junio de 2021 con el argumento que \u00abel mecanismo sustitutivo de la libertad condicional; al primar el presupuesto de valoraci\u00f3n de gravedad del delito imputado y fallado en su contra, consagrado por el art\u00edculo 30 de la ley 1709 de 2014; modificatorio del art\u00edculo 64 de la ley 599 del 2000, sobre requisitos objetivos y subjetivos, exigidos por la misma normatividad de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia\u00bb. <\/p>\n
Frente a la decisi\u00f3n proferida, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n citando pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, los cuales, afirma, no fueron tenidos en cuenta, porque la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 mediante auto de 29 de octubre de 2021 neg\u00f3 la solicitud de libertad condicional, sin siquiera solicitar certificaci\u00f3n para verificar que su conducta hab\u00eda sido calificada como ejemplar. <\/p>\n
Advirti\u00f3 igualmente que \u00abpresent\u00e9 mi proyecto de trabajo para redenci\u00f3n, como Abogado Especialista en Nuevas Tecnolog\u00edas, Ciberseguridad, Ciberdefensa, Protecci\u00f3n de Datos y Delitos Inform\u00e1ticos, pero el INPEC nunca me respondi\u00f3 para reconocerme la respectiva redenci\u00f3n de pena, no obstante antes de la pandemia, presentaba mensualmente en forma puntual, todas mis actuaciones profesionales realizadas, de hecho present\u00e9 un compendio en soporte papel, debidamente encuadernado, en donde registro todas y cada de mis actividades profesionales, mis intervenciones acad\u00e9micas, nacionales e internacionales\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal luego de analizar los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela frente a pronunciamientos judiciales, neg\u00f3 el amparo por considerar que en las decisiones adoptadas no se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho y, por el contrario, son el fruto de la autonom\u00eda e independencia de las autoridades judiciales. <\/p>\n
\u00abA diferencia de lo establecido por el accionante, esta Corporaci\u00f3n evidencia que la raz\u00f3n principal por la cual fue denegada su solicitud de libertad condicional consisti\u00f3 en el an\u00e1lisis de requisitos establecido en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, junto con su ponderaci\u00f3n frente a la valoraci\u00f3n de la conducta punible realizada por el sentenciado, observaciones tales, que impidieron la concesi\u00f3n de beneficio de libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn el presente caso, por parte de los jueces ordinarios, se tuvieron como fundamento, hechos que fueron objeto de estudio en la sentencia, por lo cual, la Sala denota que la valoraci\u00f3n de la conducta no se apart\u00f3 de la misma decisi\u00f3n. <\/p>\n
Es importante aclarar que, el hecho de reportar una buena conducta y cumplir con el m\u00ednimo establecido de pena ejecutada, no es suficientes para que se otorgue la libertad condicional como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, pues es insoslayable cumplir a cabalidad con los requisitos establecidos en la precitada norma. <\/p>\n
Como se ha sido indicado en otras oportunidades, es funci\u00f3n del Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, analizar los requisitos para la procedencia de la libertad condicional, previa valoraci\u00f3n de la conducta punible. Esa facultad no excluye la evaluaci\u00f3n de la gravedad de las acciones u omisiones materializadas por el condenado, tal y como qued\u00f3 registrado en el fallo condenatorio\u00bb (\u2026) <\/p>\n
Esto tampoco le impide a la referida autoridad, tener en cuenta para esta valoraci\u00f3n todas las circunstancias, tanto favorables como desfavorables para el condenado, las cuales fueron tra\u00eddas a colaci\u00f3n en el fallo condenatorio. <\/p>\n
Es competencia del Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad realizar la valoraci\u00f3n previa de la conducta, al momento de pronunciarse sobre la solicitud de libertad condicional, lo cual es una manifestaci\u00f3n de la actividad judicial, que est\u00e1 amparada por los principios de autonom\u00eda e independencia, por lo que, por regla general, el Juez Constitucional no puede inmiscuirse en esta valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme el accionante, manifest\u00f3, \u00abEn lo que se refiere al hist\u00f3rico de mi actuar cumplido para alcanzar el proceso de resocializaci\u00f3n, ruego respetuosamente que se solicite al INPEC COIBA ora al Juzgado Tercero de Penas de Ibagu\u00e9, en donde consta que todas mis actividades profesionales de consultor\u00eda y asesoramiento fuera y dentro del pa\u00eds, est\u00e1n respaldados con el respectivo soporte de autorizaci\u00f3n e informe sobre mi actuaci\u00f3n profesional., Y agreg\u00f3 a lo anterior, <\/p>\n
\u00abEn trat\u00e1ndose de la constancia o sentencia condenatoria en contra del familiar del Magistrado demandado, la que profer\u00ed actuando en mi condici\u00f3n de JUEZ PROMISCUOMUNICIPAL de Alpujarra Tolima, para probar el grado consangu\u00edneo (son primos primero) del Magistrado en referencia con el condenado por extorsi\u00f3n, al que aludo en mi demanda, me es imposible su acceso, porque no tengo copia disponible en mi poder, nunca pens\u00e9 que fuera a necesitarla, pese que por el tr\u00e1mite de ese proceso la Rama Judicial me asign\u00f3 escolta a trav\u00e9s de la Polic\u00eda Nacional en ese entonces, por la amenazas recibidas en contra de mi vida. Ruego de igual manera que esa Honorable Sala de Tutela, se la requiera a dicho Juzgado para lo pertinente, puesto que su orden se cumplir\u00e1 en forma perentoria e inmediata\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo <\/p>\n
As\u00ed lo ha establecido de tiempo atr\u00e1s la Sala, al advertir que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y, menos a\u00fan, \u00abacometer, bajo ese pretexto, (\u2026) una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (STC 7 mar. 2008. rad. 2007-00514-01), toda vez que se debe tenerse en cuenta que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01, reiterada en STC128-2021). <\/p>\n
En el contexto expuesto, corresponde a la Sala establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante con ocasi\u00f3n de la providencia de 29 de octubre de 2021 que confirm\u00f3 auto el auto 0849 del 22 de junio de ese mismo a\u00f1o, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, le neg\u00f3 la libertad condicional implorada por Alexander Abril Garc\u00eda. <\/p>\n
Estudiado el expediente digital arrimado a este amparo, observa la Sala que el Tribunal accionado, tras relatar los antecedentes del caso, realiz\u00f3 el estudio de la normativa vigente para el beneficio pretendido, los presupuestos establecidos para el mismo y con apoyo en sentencias tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, consider\u00f3 que en raz\u00f3n a que no se encontraba cumplido el requisito subjetivo indicado en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, no era procedente conceder el subrogado solicitado. <\/p>\n
Para adoptar la determinaci\u00f3n, tuvo entre sus consideraciones las siguientes: <\/p>\n
\u00abEn este caso, el doctor Alexander D\u00edaz Garc\u00eda cumple con la exigencia objetiva indicada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2020, modificado por el canon 30 de la Ley 1709 de 2014, ya que con el tiempo que lleva en prisi\u00f3n domiciliaria supera las 3\/5 partes de la pena impuesta. (\u2026) <\/p>\n
La situaci\u00f3n cambia respecto de la valoraci\u00f3n de la conducta objeto de condena, ya que el doctor Alexander D\u00edaz Garc\u00eda, en calidad de Juez Segundo Promiscuo Municipal de Rovira, suscribi\u00f3 un oficio dirigido a la Directora de la oficina del Banco Agrario de ese municipio, en el que le comunic\u00f3 que con auto del 12 de marzo de 2014, se hab\u00eda ordenado cancelar el CDT 6600 CDT 1005159 que aparec\u00eda a nombre del se\u00f1or Lu\u00eds Erley Olave Arag\u00f3n, el cual se hab\u00eda extraviado y que se reemplazar\u00e1 por otro t\u00edtulo valor igual, a pesar de que el citado Despacho Judicial no se tramitaba ning\u00fan proceso al respecto. <\/p>\n
Si bien, el delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, y dem\u00e1s conductas que atentan contra la fe p\u00fablica, no han sido consideradas por el legislador extremadamente graves, al punto que no fueron incluidas en el art\u00edculo 68 A del C\u00f3digo Penal, considera la Sala que, el comportamiento en el que incurri\u00f3 el sentenciado es sumamente reprochable, porque se trataba de funcionario judicial, por lo que con su actuar le gener\u00f3 desprestigi\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia, y zozobra en el conglomerado social, adem\u00e1s, de acuerdo al aspecto f\u00e1ctico de la sentencia la finalidad de la conducta delictiva no era inofensiva como lo pretende hacer creer el apelante\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente se ocup\u00f3 de analizar la motivaci\u00f3n de las sentencias de instancias en las que se conden\u00f3 al aqu\u00ed accionante por el delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, y de all\u00ed determin\u00f3, <\/p>\n
\u00ablos elementos all\u00ed se\u00f1alados, demuestran la gravedad de la conducta por las que fue condenado el doctor Alexander D\u00edaz Garc\u00eda, quien se vali\u00f3 de su conocimiento como abogado y principalmente de su cargo como Juez Segundo Promiscuo Municipal de Rovira, para tratar de enga\u00f1ar a la Directora del Banco Agrario de Colombia del citado municipio y hacerle creer que el Juzgado en menci\u00f3n, tramitaba un proceso civil de reposici\u00f3n del CDT que aparec\u00eda a nombre del se\u00f1or Olave Arag\u00f3n, lo que no era cierto, esto es, que a trav\u00e9s de la falsedad ideol\u00f3gica trat\u00f3 de pretermitir que se adelantara el tr\u00e1mite establecido en la ley. <\/p>\n
N\u00f3tese, que en la sentencia condenatoria se consign\u00f3 igualmente que solo fue hasta el 17 de julio de 2014, que el se\u00f1or Olave Arag\u00f3n adelant\u00f3 el proceso de reposici\u00f3n del CDT, el que por reparto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira, Despacho que el 17 de septiembre del mismo a\u00f1o, decret\u00f3 la cancelaci\u00f3n y reposici\u00f3n del CDT 66600CDT1005159, por extravi\u00f3 del mismo. <\/p>\n
De modo tal, que la conducta por la que el precitado fue acusado y sentenciado, afect\u00f3 de forma grave no solo el bien jur\u00eddico de la fe p\u00fablica, sino que gener\u00f3 total desconfianza y falta de credibilidad del conglomerado social en la administraci\u00f3n de justicia, ya que todos esperan y exigen que un juez se dedique a impartir justicia y a cumplir con las dem\u00e1s funciones encomendadas por la Constituci\u00f3n y la ley, y no que utilice el cargo para favorecer de manera irregular a amigos, familiares o conocidos, por lo que se hace necesario que continu\u00e9 el tratamiento penitenciario\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 afirmando, <\/p>\n
\u00abAdem\u00e1s, aunque el tratamiento penitenciario busca la resocializaci\u00f3n de la persona que infringe la ley penal mediante el examen de su personalidad y a trav\u00e9s de la disciplina, trabajo y estudio, entre otras actividades, tal como lo establece el art\u00edculo 10 de la Ley 65 de 1993, para efectos de la libertad condicional, no basta con que la persona haya tenido buen desempe\u00f1o o comportamiento durante el periodo de reclusi\u00f3n, sino que, se insiste, es necesario hacer tambi\u00e9n un examen de la valoraci\u00f3n de la conducta punible, para determinar si a pesar de la gravedad de la misma es procedente que las anteriores circunstancias imperen, lo que se reitera, no ocurre en este caso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En este caso, a pesar de que el sentenciado ha tenido buen comportamiento durante el tiempo que ha estado en prisi\u00f3n domiciliaria, tiene arraigo familiar y social, y mediante Resoluci\u00f3n 1269 del 5 de mayo de 2021 el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9, emiti\u00f3 concepto favorable para acceder al citado sustituto, esos aspectos positivos, no permiten concluir que se encuentra en capacidad de seguir cumpliendo la condena en libertad, en raz\u00f3n a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que incurri\u00f3 en la conducta punible y las consecuencias de la misma, como se analiz\u00f3 en precedencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Encuentra la Sala que la decisi\u00f3n referente a la solicitud de libertad condicional que aqu\u00ed nos ocupa, la realiz\u00f3 el Tribunal accionado teniendo en cuenta el an\u00e1lisis de requisitos establecido en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, y previa valoraci\u00f3n de la conducta punible realizada por el sentenciado, observaciones que le llevaron a confirmar lo decidido el 22 de junio de 2021 por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, y puestas as\u00ed las cosas, se excluye la posibilidad de predicar las anomal\u00edas alegadas en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener, no se advierte un proceder arbitrario, por parte del Tribunal accionado, luego no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
Debe tenerse presente, que la Sala ha predicado, que la sola divergencia conceptual del solicitante no es motivo suficiente para rogar el amparo, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Esta Sala ha afirmado: <\/p>\n
2. De otra parte, en lo que respecta a la queja del impugnante relacionada con el actuar del Magistrado Ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, se pone de presente que la acci\u00f3n de tutela fue instituida con el prop\u00f3sito de proteger los \u00abderechos fundamentales\u00bb de los ciudadanos, no para asignar o restar competencia a las autoridades judiciales a quienes precisamente la ley se la atribuye; adem\u00e1s, no se observa en la actuaci\u00f3n que el interesado haya la presentado la recusaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
3. En consecuencia, se convalidar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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