STC1897-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1897-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00655-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (3) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Robert Alexander Contreras Torres contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la citada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes en el juicio coercitivo a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abrecuperaci\u00f3n efectiva y conservaci\u00f3n de la empresa como fuente generadora de empleo\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la supuesta tardanza en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo mixto que Factor Group Colombia S.A. promovi\u00f3 en su contra, con rad. 2009-00175. <\/p>\n
Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, \u00abel ENV\u00cdO del proceso para que sea incorporado al proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tal reparo aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que aunque el 21 de febrero de 2020 la Intendencia Regional de Bucaramanga de la Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial de la citada empresa, y que el 2 marzo siguiente solicit\u00f3 la remisi\u00f3n del juicio ejecutivo en atenci\u00f3n de las disposiciones de la Ley 1116 de 2006, petici\u00f3n que reiter\u00f3 el 23 de junio, 8 de julio y 4 de agosto de 2021, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, el 18 de agosto \u00faltimo y v\u00eda telef\u00f3nica comunic\u00f3 que los legados fueron remitidos al Juez Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, raz\u00f3n por la cual, el 17 de septiembre postrero insisti\u00f3 frente a la mentada petici\u00f3n, sin que haya habido pronunciamiento alguno, circunstancia que, asegura, lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Oficial Mayor del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn precis\u00f3, que en virtud del Acuerdo No. CSJANTA21-25 del 3 de marzo de 2021, le fueron remitidos un total de \u00ab759 procesos\u00bb de los cuales \u00abel 90% de estos ten\u00edan tr\u00e1mite pendiente por resolver, inclusive desde el a\u00f1o 2020, con m\u00faltiples peticiones\u00bb; a m\u00e1s que desde aquella data \u00abse emitieron 900 providencias, esto es, con tr\u00e1mite pendiente y 181 de autos de c\u00famplase avocando conocimiento, ello sin contar las providencias constitucionales y los tr\u00e1mites administrativos para el funcionamiento del juzgado\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en relaci\u00f3n al asunto criticado, advirti\u00f3 que el 12 de mayo \u00faltimo recibi\u00f3 los legajos con \u00abm\u00e1s de 1.000 folios que se deben estudiar para realizarle el control de legalidad que corresponde\u00bb, y hasta el 12 de noviembre pasado la empresa encargada de digitalizaci\u00f3n de los procesos entreg\u00f3 \u00abun visor [de \u00e9stos] (\u2026) pero antes de la aprobaci\u00f3n final de estos el despacho debe revisar cada proceso determinando si cumplen o no con los protocolos estipulados, encontrando un sinn\u00fameros de inconsistencias y errores, que no permiten a\u00fan la entrega de los expedientes\u00bb. <\/p>\n
b. El Intendente Regional Bucaramanga de la Superintendencia de Sociedades, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 del proceso concursal, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[m]ediante Oficio No. 640-001074 del 26 de julio de 2021, (\u2026) notific\u00f3 al JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE MEDELLIN\u00bb del requerimiento para que se remita el aludido juicio coercitivo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn deneg\u00f3 el amparo deprecado, tras considerar que la vulneraci\u00f3n alegada es inexistente, pues la autoridad judicial criticada \u00abno ha incurrido en un comportamiento negligente que permita inferir con certeza que la tardanza en su resoluci\u00f3n obedece a su propio criterio y que, en consecuencia, amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que durante el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n se inform\u00f3 que el expediente judicial fue escaneado, aspecto que permite concluir que la solicitud de remisi\u00f3n podr\u00e1 resolverse atendiendo al respectivo orden de llegada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 el accionante, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente caso observa la Corte, que lo pretendido por el se\u00f1or Robert Alexander a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional, concretamente, es que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, remitir con destino a la Intendencia Regional de Bucaramanga de la Superintendencia de Sociedades, la ejecuci\u00f3n que Factor Group Colombia SA adelant\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su dicho, se ha incurrido en una mora judicial injustificada. <\/p>\n
3. Sin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia del resguardo reclamado, al no advertirse que la autoridad convocada hubiese incurrido en la tardanza endilgada, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. T\u00e9ngase en cuenta que las situaciones de mora judicial que abren paso a esta excepcional v\u00eda, son aquellas que carecen de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico o negligente del funcionario, y no cuando obedecen a la ritualidad propia que debe agotarse. <\/p>\n
3.2. No obstante, en este caso no se observa que la titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn haya incurrido en la falta reprochada por el se\u00f1or Contreras Torres, comoquiera que si bien el tr\u00e1mite del proceso coercitivo revisado se ha extendido en el tiempo, lo cierto es que, ello ha obedecido a razones objetivas que de manera alguna quebrantan el debido proceso del accionante, en tanto que no puede desconocerse que el expediente f\u00edsico contentivo del aludido juicio se recibi\u00f3 en el aludido Despacho el 12 de mayo de 2021, en virtud de las medidas previstas por el Consejo Superior de la Judicatura, y con posterioridad se orden\u00f3 su digitalizaci\u00f3n en cumplimiento de las directrices de la misma autoridad, actividad que seg\u00fan se inform\u00f3, sufri\u00f3 retrasos por parte de la sociedad contratada para tal efecto, al punto que fue solo hasta el mes de noviembre pasado que se brind\u00f3 un acceso digital temporal al expediente, situaci\u00f3n que no puede imputarse a la Directora del decurso, y no puede considerarse como quebrantadora de las garant\u00edas esenciales del gestor del amparo, m\u00e1xime cuando fueron varios asuntos los que fueron asignados a ese Despacho. <\/p>\n
3.3. Esta Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que las situaciones en las que es procedente el resguardo constitucional por mora judicial, son \u00ablas que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019\u00bb (CSJ STC12605-2021); y, en ese mismo sentido ha indicado, que \u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (Cit.). <\/p>\n
4. Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que el promotor del resguardo no acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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