STC1908-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1908-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c1ngel Dar\u00edo Aycardi Galeano en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u2013 Sala Civil Familia Laboral, tr\u00e1mite al que fueron vinculados tanto las partes como los terceros intervinientes en el proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 23162-31-03-002-2017-00206-01, originario del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9 (C\u00f3rdoba). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante implor\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, as\u00ed como acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados dentro del tr\u00e1mite mencionado en l\u00edneas precedentes y, como consecuencia, solicit\u00f3, dejar \u00absin efectos la sentencia proferida el (\u2026) 26 de noviembre de 2021 (\u2026) y (\u2026) confirmar la [decisi\u00f3n] de primera instancia [con] el reconocimiento de (\u2026) agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como fundamentos f\u00e1cticos de lo pretendido se\u00f1al\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
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1. Dentro de la causa No. 11001-60-000-2013-00511-00, correspondiente al incidente de reparaci\u00f3n integral que se adelant\u00f3 con posterioridad al proceso penal en el que fue condenado por diversos delitos, se profiri\u00f3 sentencia el 24 de octubre de 2013, en la que se dispuso, entre otras cosas, condenarlo por concepto de indemnizaci\u00f3n, al pago de $64.925\u00b4241.054,00. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Presentando como t\u00edtulo ejecutivo la antedicha providencia judicial, la Fiduciaria la Previsora S.A. y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio radicaron demanda de cobro ejecutivo el 11 de septiembre de 2017, la cual fue asignada por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9 (C\u00f3rdoba). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Notificado del mandamiento de pago el ejecutado plante\u00f3 como excepci\u00f3n de m\u00e9rito la \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva\u201d con sustento en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil; medio defensivo que fue declarado pr\u00f3spero en la sentencia anticipada de 19 de julio de 2019 [y adicionada el d\u00eda 29 de agosto subsiguiente].<\/p>\n
4. Inconformes, las ejecutantes interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n que se resolvi\u00f3 en la sentencia de 26 de noviembre de 2021, por parte del Tribunal accionado; determinaci\u00f3n en la que se revoc\u00f3 el fallo cuestionado y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n interpuesta en contra del se\u00f1or Aycardi Galeano. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El promotor del amparo destac\u00f3 como defectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la precitada providencia: <\/p>\n
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i. El no haberse percatado la mala fe asumida por las instituciones estatales que adelantaron en su contra dos procesos aut\u00f3nomos para obtener la satisfacci\u00f3n de la misma obligaci\u00f3n, el primero, un juicio por extinci\u00f3n de dominio identificado con el radicado No. 0500031200022019 0003600 y, el segundo, el compulsivo objeto de la queja constitucional; <\/p>\n
ii. No verificarse que el recurso de alzada en realidad no fue sustentado, pues de ello dio fe la secretar\u00eda de esa Corporaci\u00f3n y, <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Omitirse la aplicaci\u00f3n, en debida forma, de la disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, lo que comporta una \u00abv\u00eda de hecho y error procesal absoluto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La acci\u00f3n de tutela fue admitida el 17 de enero de 2022, y de ella se orden\u00f3 correr traslado a la autoridad convocada para que ejerciera su derecho de defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n al juzgado de primera instancia, a las partes e intervinientes dentro el asunto precitado. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, por su parte, se opuso a la prosperidad del ruego y argument\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n puesto en su conocimiento se tramit\u00f3 de conformidad con lo reglado en el Decreto 806 de 2020, por lo que este s\u00ed fue sustentado oportunamente; no declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que el interesado nunca la propuso, lo que indica que las razones que sustentaron su decisi\u00f3n se profirieron conforme a derecho, de manera que no ha vulnerado los \u00abderechos constitucionales\u00bb del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A su turno, Fiduciaria La Previsora S.A. y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio indicaron que, adem\u00e1s de las consideraciones esbozadas por el Tribunal en su fallo, \u00abdecisi\u00f3n [que] es completamente legal y acomodada a los preceptos constitucionales\u00bb debe tenerse en cuenta que en la citada ejecuci\u00f3n se debatieron intereses superiores del Estado, representados en la condena impuesta al se\u00f1or Aycardi Galeano, quien est\u00e1 llamado a reparar a las v\u00edctimas, en este caso, instituciones del orden p\u00fablico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela interpuesta en contra de providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario accionado hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Su prosperidad est\u00e1 supeditada a la satisfacci\u00f3n de una serie de condiciones. En primer lugar, debe cumplir con ciertos requisitos generales1, entre otros, que la problem\u00e1tica expuesta tenga \u00abrelevancia constitucional\u00bb, ya que, solo despu\u00e9s de superada esta y otras exigencias2, la autoridad que la conoce puede entrar a verificar, en segundo lugar, si se configura o no alguno de los elementos que definen el eventual \u00e9xito del amparo, o causales especiales de procedibilidad3. En los casos de ausencia de tan s\u00f3lo uno de los primeros, el ruego deviene improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La citada relevancia constitucional involucra la finalidad que tiene la acci\u00f3n de tutela para conjurar aquellas situaciones en las que una decisi\u00f3n de la autoridad judicial incurre en graves falencias y es incompatible con la Constituci\u00f3n4. Por tal raz\u00f3n, la jurisprudencia ha reiterado que se trata de uno de sus requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad, en tanto que aquella debe orientarse a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales5 e involucrar \u00abgarant\u00edas superiores [que no sean] de competencia exclusiva del juez ordinario\u00bb6. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Dado que \u00abla garant\u00eda de que cada \u00f3rgano goce de autonom\u00eda, en el sentido que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por s\u00ed mismo, y autogobernarse, son actividades que resultan b\u00e1sicas para definir el equilibrio en el ejercicio del poder p\u00fablico\u00bb7, el examen de la relevancia constitucional debe ser estricto, habida cuenta que su acreditaci\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 de la mera adecuaci\u00f3n del caso a un lenguaje que exponga una relaci\u00f3n con derechos fundamentales; de hecho, supone justificar razonablemente la existencia de una restricci\u00f3n prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relaci\u00f3n con aquel. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que la relevancia constitucional tiene tres (3) finalidades, a saber: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, por tanto, evitar que la acci\u00f3n de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales10 y, finalmente, (iii) impedir que la acci\u00f3n de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces11. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Al respecto, la Corporaci\u00f3n en cita ha tenido la oportunidad de puntualizar, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrimero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y\/o econ\u00f3mico12. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de \u00edndole econ\u00f3mica13, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su tr\u00e1mite14, dado que \u201cle est\u00e1 prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de car\u00e1cter netamente legal o reglamentario\u201d15, so pena de \u201cinvolucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones\u201d16. En tales t\u00e9rminos, un asunto carece de relevancia constitucional, seg\u00fan lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho17, como la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma \u201cde rango reglamentario o legal\u201d18, salvo que de esta \u201cse desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales\u201d19 o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico20, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d 21. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
50. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad22. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, \u201cla tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios\u201d23, pues la competencia del juez de tutela se restringe \u201ca los asuntos de relevancia constitucional y a la protecci\u00f3n efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de car\u00e1cter legal\u201d24. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en una actuaci\u00f3n arbitraria e ileg\u00edtima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales25. Solo as\u00ed se garantizar\u00eda \u201cla \u00f3rbita de acci\u00f3n tanto de los jueces constitucionales, como de los de las dem\u00e1s jurisdicciones\u201d26, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.\u00bb (resaltado intencional). <\/p>\n
<\/p>\n
7. El debido proceso constitucional tan solo aboga por la protecci\u00f3n de los siguientes elementos esenciales en cualquier proceso: \u00abEl derecho al juez natural; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa \u2013que incluye el derecho a la defensa t\u00e9cnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de predeterminaci\u00f3n de las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibici\u00f3n de juicios secretos.\u00bb. Solo cuando no se cumplan con estas garant\u00edas, la decisi\u00f3n judicial ser\u00e1 objeto de revisi\u00f3n27. <\/p>\n
<\/p>\n
8. Como se observ\u00f3 en los antecedentes, el actor cuestion\u00f3 los razonamientos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos plasmados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u2013 Sala Civil Familia Laboral en su sentencia de 26 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 el fallo de primera instancia de 19 de julio de 2019, dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9 (C\u00f3rdoba) orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n incoada en contra del se\u00f1or \u00c1ngel Dar\u00edo Aycardi Galeano [accionante] y lo conden\u00f3 en costas procesales de ambas instancias.28 <\/p>\n
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10. Al revisar la actuaci\u00f3n de las dos instancias acaecidas en el interior del proceso ejecutivo radicado bajo el No. 23162-31-03-002-2017-00206-00\/01, seguido por la Fiduciaria la Previsora S.A. y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en contra de \u00c1ngel Dar\u00edo Aycardi Galeano [el accionante] no se advierte la transgresi\u00f3n de derechos fundamentales denunciada, dado que, contrario a lo afirmado por este \u00faltimo, all\u00ed se le respetaron todas las garant\u00edas que tiene a su favor. <\/p>\n
N\u00f3tese que cuando el ejecutado [ahora accionante] decidi\u00f3 acudir a la defensa de sus intereses dentro del proceso referido, pudo exponer sus defensas sin impedimento alguno, al punto que varios de sus argumentos fueron derrotados en la sentencia cuestionada, sin que se encuentre que se le hubiese coartado su derecho a la defensa y la contradicci\u00f3n. <\/p>\n
El hecho de estarse adelantando en su contra un proceso de extensi\u00f3n de dominio no refleja una afectaci\u00f3n de sus derechos, dado que, este no es excluyente frente a la acci\u00f3n ejecutiva adelantada frente al mismo, dado que, a pesar de la estrecha relaci\u00f3n que guardan ambas actuaciones, una es la consecuencia patrimonial de las actividades il\u00edcitas por las que fue hallado responsable el condenado en el proceso penal [accionante] y recae, en principio, sobre los bienes con los cuales se causaron los delitos o fueron habidos con sus frutos [extinci\u00f3n] y, otra, la acci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual la acreedora del cr\u00e9dito incorporado en el t\u00edtulo ejecutivo tra\u00eddo a la jurisdicci\u00f3n [sentencia] persigue su pago. <\/p>\n
Del examen realizado al expediente ejecutivo se advirti\u00f3 que en este reposa el escrito a trav\u00e9s del cual la parte ejecutante sustent\u00f3 su recurso de apelaci\u00f3n, as\u00ed como el correspondiente traslado realizado por la secretaria de la Corporaci\u00f3n que la desat\u00f3, por lo que no resultaba entonces viable declarar desierta la alzada y, por tanto, el argumento que gira en torno a una supuesta transgresi\u00f3n sobre el particular tampoco se verifica. <\/p>\n
En cuanto a la \u201cinaplicaci\u00f3n\u201d de lo normado en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, m\u00edrese bien que el Tribunal convocado argument\u00f3 suficientemente las razones por las cuales -en ese especial caso- en el que se encuentra inmerso el recaudo de una cuantiosa suma dineraria a favor del Estado, que proviene de una sentencia penal que se origin\u00f3 en un enorme detrimento patrimonial -por valor de $64.925\u00b4241.054,00- en la cual fue condenado el ejecutado, la acci\u00f3n instaurada no pod\u00eda decaer bajo los lineamientos de dicho precepto normativo. <\/p>\n
Finalmente, lo que refiere el actor en cuanto a que se super\u00f3 el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, n\u00f3tese, de un lado, que el juzgador de segunda instancia hizo uso de la pr\u00f3rroga contemplada en esa misma codificaci\u00f3n, sin que el interesado [ejecutado] hubiese propuesto la respectiva nulidad o alg\u00fan medio de impugnaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos a los que se refiere la Sentencia C-443 de 2020; tem\u00e1tica que, al no haber sido expuesta ante los funcionarios competentes para pronunciarse, de manera alguna puede ser analizada por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
11. En consecuencia, las divergencias exteriorizadas por el peticionario a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente al evidente resultado adverso que sobre sus intereses econ\u00f3micos recibi\u00f3 con el fallo objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, para reabrir un debate ya definido por el juzgador competente; en otras palabras, su situaci\u00f3n particular no reviste relevancia constitucional y, por lo tanto, su pedimento deviene improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
12. Emerge evidente, entonces, el amparo solicitado en esta ocasi\u00f3n no resulta viable, toda vez que no puede tener por objeto convertirse en un nuevo escenario, ni tampoco que entre a resolver discusiones propias del proceso -como la interpretaci\u00f3n simple de la ley o la valoraci\u00f3n de las pruebas- que no representen un problema ius fundamental29. <\/p>\n
Y es que la misma \u201cno [\u2026] tiene el alcance de sustituir al juez natural que ha decidido el asunto bajo el amparo del principio de autonom\u00eda e independencia que inspira la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, en consecuencia, la simple diferencia de opini\u00f3n del destinatario de la decisi\u00f3n judicial adversa a sus intereses, es insuficiente para desquiciar la providencia censurada\u201d30. <\/p>\n
La diferencia de criterios en un proceso o actuaci\u00f3n judicial, no habilita per se la intervenci\u00f3n del juez constitucional, y en tal mismo sentido la Corte Constitucional ha sido clara en indicar que \u201cNo es posible cuestionar, por v\u00eda de tutela, una sentencia, \u00fanicamente porque el actor o el juez constitucional consideran que la valoraci\u00f3n probatoria o la interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales\u201d son discutibles.31 [Subraya intencional] <\/p>\n
<\/p>\n
13. Visto de esta manera, independientemente de compartirse o no las decisiones cuestionadas, esta Sala estima que es necesario que las interpretaciones de las autoridades denunciadas sean burdas y\/o arbitrarias para que exista esa relevancia constitucional que se exige como requisito general de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Cualquier tesis distinta implicar\u00eda no s\u00f3lo desconocer la autonom\u00eda funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y valorar las pruebas [C.P. Art. 230] sino que, adem\u00e1s, desconocer\u00eda la respectiva separaci\u00f3n funcional. \u201cAs\u00ed, desde el punto de vista interpretativo, es obviamente \u2018contrario al principio de autonom\u00eda judicial, – uno de los pilares y presupuestos del Estado de Derecho – que el juez de tutela tenga la facultad de dejar sin efecto las decisiones v\u00e1lidamente producidas por otros jueces, con el argumento de una disparidad de criterios\u201d.32 <\/p>\n
<\/p>\n
14. Se insiste, las supuestas irregularidades advertidas por el actor no cumplen con la exigencia jurisprudencial echada de menos, debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotaci\u00f3n patrimonial privada, (ii) que no tiene relaci\u00f3n directa con la presunta afectaci\u00f3n de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario. <\/p>\n
<\/p>\n
15. Con fundamento en todo lo expuesto es que el amparo ser\u00e1 denegado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia invocados por \u00c1ngel Dar\u00edo Aycardi Galeano. <\/p>\n
SEGUNDO: INFORMAR a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
[Ausencia justificada] <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Entre otras, a la Corte Constitucional, Sentencia SU-261 de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Estas son: (i) subsidiariedad, en el sentido de que se hubiesen agotado los recursos ordinarios y extraordinarios al alcance del accionante dentro del proceso en que se profiri\u00f3 la providencia, excepto que, atendiendo a las circunstancias en que se encuentre, no sean eficaces, o que la tutela pretenda evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; (ii) inmediatez, es decir que, atendiendo a las circunstancias del accionante, se interponga en un t\u00e9rmino razonable a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iii) cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia en la decisi\u00f3n que se considera lesiva de los derechos fundamentales; (iv) que el accionante identifique de forma razonable los yerros que generan la vulneraci\u00f3n, y que estos hayan sido cuestionados dentro del proceso judicial, en cuanto ello hubiere sido posible y, (v) que no se dirija contra una sentencia de tutela, salvo si existi\u00f3 fraude en su adopci\u00f3n. Cfr. Corte Constitucional Sentencia T-334 de 2021. <\/p>\n
3\u0002 (i) Defecto org\u00e1nico; (ii) Defecto procedimental; (iii) Defecto f\u00e1ctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Falta de motivaci\u00f3n; (vii) Desconocimiento del precedente y (viii) Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, cuyas descripciones aparecen entre muchas otras, en la Sentencia T-334 de 2021. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia T-817 de 2012. <\/p>\n
5\u0002 Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia SU-573 de 2017, reiterando lo dicho en la Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
7\u0002 Sentencia SU-050 de 2018. <\/p>\n
8\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014. <\/p>\n
10\u0002 Sentencia C-590 de 2005. <\/p>\n
11\u0002 Sentencia T-102 de 2006. <\/p>\n
12\u0002 Sentencia SU-439 de 2017. <\/p>\n
13\u0002 No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso se est\u00e1 ante un asunto relevante constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacci\u00f3n de una pretensi\u00f3n de contenido econ\u00f3mico, la discusi\u00f3n carecer\u00e1 de tal relevancia. <\/p>\n
14\u0002 Sentencia T-606 de 2000. <\/p>\n
15\u0002 Ibid. <\/p>\n
16\u0002 Sentencia T-173 de 1993. <\/p>\n
17\u0002 En la Sentencia SU-439 de 2017, al resolver un asunto en el que \u201cla empresa accionante solicit[\u00f3] que se ordene a la Supersalud, por una parte, revocar las Resoluciones N\u00ba 1485 del 13 de agosto de 2013 y 1744 del 19 de septiembre del mismo a\u00f1o\u201d, la Corte advirti\u00f3 su evidente falta de relevancia constitucional, por cuanto se limitaba a \u201cun debate estrictamente relacionado con la legalidad de tales actos administrativos, y por otra, proferir una nueva resoluci\u00f3n mediante la cual habilite a Salud Andina EPS S.A. para operar en el R\u00e9gimen Subsidiado en Salud, es decir, una pretensi\u00f3n cuyos efectos claramente se circunscriben s\u00f3lo a beneficios meramente econ\u00f3micos que se obtendr\u00edan con la operatividad de esa EPS\u201d. <\/p>\n
18\u0002 Sentencia T-114 de 2002 y T-379 de 2007. <\/p>\n
19\u0002 Sentencias T-114 de 2002 y T-540 de 2013. <\/p>\n
20\u0002 En la Sentencia SU-498 de 2016, la Corte se\u00f1al\u00f3 que una controversia circunscrita a actos por medio de los cuales se hab\u00eda impuesto una sanci\u00f3n pecuniaria no ten\u00eda relevancia constitucional, en la medida en que era un asunto de car\u00e1cter legal y econ\u00f3mico. <\/p>\n
21\u0002 Sentencia T-610 de 2015. <\/p>\n
22\u0002 Sentencias T-173 de 1993 y T-061 de 2007. <\/p>\n
23\u0002 Sentencia T-102 de 2006. <\/p>\n
24\u0002 Sentencias T-264 de 2009 y T-386 de 2010. <\/p>\n
25\u0002 Lo anterior supone identificar que la pretensi\u00f3n de amparo se vincule con la satisfacci\u00f3n de un derecho constitucional. Tal examen permite, incluso, la intervenci\u00f3n del juez de tutela en presencia de un debate aparentemente legal o econ\u00f3mico, siempre y cuando sea evidente la necesidad de salvaguardar un derecho fundamental. Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, C-590 de 2005 y T-1061 de 2012. <\/p>\n
27\u0002 Cfr. Sentencia T-244 del 2007 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
28\u0002 Cfr. Num. 2.5 supra. <\/p>\n
29\u0002 Ejusdem.Al respecto consultar tambi\u00e9n la Sentencia SU-128 de 2021 Corte Constitucional. <\/p>\n
30\u0002 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil. Exp. N\u00ba 11001-02-04-000-2011-00359-01. M. P. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
31\u0002 Sentencia No. T-1009 de 2000. M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz, Consideraci\u00f3n 2.2. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias SU-429\/98, T-100\/98 y T-350\/98. <\/p>\n
32\u0002 IB, y la Sentencia T-588 de 2005. <\/p>\n
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STC1908-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC1908-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por \u00c1ngel Dar\u00edo Aycardi Galeano en contra del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61359","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61359"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61359\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}