STC1913-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1913-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00002-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Isner Londo\u00f1o Ospina contra el Consejo Nacional Electoral, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Mauricio Alejandro Morales Quiroz, Nicol\u00e1s Hern\u00e1ndez Cabrera, Lina Johana Cruz Yate, Alex Ortega Alvarado, Carlos Enrique Medina Cabrera, y, el partido Pol\u00edtico Opci\u00f3n Ciudadana Circunscripci\u00f3n Tolima. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante demanda la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abjusto juicio\u00bb, al m\u00ednimo vital, al buen nombre, al trabajo, al m\u00ednimo vital, entre otros, que considera conculcados por la autoridad accionada, al sancionarlo por la presunta transgresi\u00f3n del art\u00edculo 25 de la Ley 1475 de 2011 y, consecuencialmente, imponerle multa ascendiente a $13.942.914,oo. <\/p>\n
Entonces, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, pide en lo fundamental, que se ordene al Consejo Nacional Electoral, \u00abla suspensi\u00f3n temporal de los efectos jur\u00eddicos del art\u00edculo sexto de la resoluci\u00f3n No. 2171 del 2 de julio de 2020 (\u2026) mediante la cual profiri\u00f3 sanci\u00f3n en mi contra, [h]asta tanto la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y los se\u00f1ores Jueces Competentes definan de fondo la denuncia penal interpuesta por falsedad en documento p\u00fablico y suplantaci\u00f3n de firmas\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido aduce, en esencia, que se desempe\u00f1\u00f3 como gerente de campa\u00f1a de la candidata Lina Johana Cruz Yate, aspirante a la C\u00e1mara de representantes del departamento del Tolima por el partido Pol\u00edtico Opci\u00f3n Ciudadana, para las elecciones realizadas el 11 de marzo de 2018; que en desarrollo de dicha actividad pidi\u00f3 la apertura de la \u00abcuenta corriente n.\u00ba153.903416-68\u00bb en Bancolombia, la cual, dice, no tuvo movimiento alguno, pues en el interregno comprendido entre el 11 de diciembre de 2017 y el 11 de diciembre de 2018, tiempo en el que se adelant\u00f3 la campa\u00f1a, no se \u00abrecibi\u00f3 ning\u00fan tipo de apoyo financiero, por parte del Estado, entidades p\u00fablicas, privadas, del partido, ni de ninguna persona part\u00edcula (sic)\u00bb. <\/p>\n
Refriere que en contraposici\u00f3n, el movimiento pol\u00edtico en mientes al amparo del inciso 3\u00b0, del art\u00edculo 25, de la Ley 1475 de 2011, que a la saz\u00f3n dispone: \u00abEl partido o movimiento pol\u00edtico con personer\u00eda jur\u00eddica podr\u00e1 adoptar reglas especiales para la financiaci\u00f3n y administraci\u00f3n de las campa\u00f1as, la designaci\u00f3n de los gerentes de campa\u00f1a, y dem\u00e1s aspectos que consideren necesarios para garantizar la transparencia, la moralidad y la igualdad. Dicha reglamentaci\u00f3n deber\u00e1 ser registrada ante el Consejo Nacional Electoral para efectos de la vigilancia y control que le corresponde\u00bb, confi\u00f3 la responsabilidad de la presentaci\u00f3n del informe de ingresos y gastos de la campa\u00f1a al auditor all\u00ed designado. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que 1\u00ba de febrero de 2019, fue enterado del inicio de la indagaci\u00f3n preliminar seguida en su contra, bajo el consecutivo 13331 de 2018, por la presunta vulneraci\u00f3n de la Ley 1475 de 2011, particularmente, por \u00abno haber manejado los recursos de la campa\u00f1a\u00bb, la cual tuvo como sustento \u00abel informe rendido por el Doctor JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (sic)\u00bb, asesor del Fondo Nacional de Financiaci\u00f3n Pol\u00edtica, acusaci\u00f3n que, asegura, constituye un contrasentido, en la medida en que a la cuenta no ingres\u00f3 dinero alguno. <\/p>\n
Refiere que revis\u00f3 la documentaci\u00f3n anexa al informe, y se percat\u00f3 que el contador y auditor del partido Opci\u00f3n Ciudadana, Gustavo Ordo\u00f1ez Boh\u00f3rquez, report\u00f3 $1.000.000,oo para la campa\u00f1a por \u00e9l gerenciada por ese entonces, situaci\u00f3n que adem\u00e1s de falsa, dice, contiene una firma que no corresponde a la suya, raz\u00f3n por la cual, present\u00f3 denuncia penal, con radicado \u00abTOLIM-MCGIT 2020-01400118762\u00bb; no obstante, con sustento en el plurimencionado informe de ingresos y gastos, el Consejo Nacional Electoral, so pretexto del incumplimiento del deber legal contenido en canon 25 de la Ley 1475 de 2011, le impuso una multa mediante Resoluci\u00f3n n.\u00ba 2127 de 2 de julio de 2020 y, consecuentemente, orden\u00f3 como medida cautelar el embargo de su salario, sin reparar en que \u00ab[l]os responsables de la rendici\u00f3n de cuentas ante el Partido y el CNE son el candidato y el contador\u00bb, acto administrativo que, recalca, lesiona de forma directa sus garant\u00edas esenciales, pues no solo pas\u00f3 por alto que \u00e9l no manej\u00f3 los ingresos y gastos de la campa\u00f1a de marras, sino adem\u00e1s, la suplantaci\u00f3n de la que fue v\u00edctima, incurriendo as\u00ed en una causal de nulidad por falta de motivaci\u00f3n del acto, dej\u00e1ndolo expuesto \u00abal reporte negativo ante las entidades calificadoras de riesgo financiero\u00bb, aunado a que no cuenta con la capacidad econ\u00f3mica de pagar ese dinero, situaci\u00f3n que, en \u00faltimas, repercute en su salud mental y en la posibilidad de seguir dando estudio a sus hijos, motivos suficientes para que el juez constitucional intervenga a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Consejo Nacional Electoral se opuso al \u00e9xito de las pretensiones de la demanda constitucional, tras precisar que con su actuaci\u00f3n no quebrant\u00f3 ninguna prerrogativa superior, m\u00e1xime cuando el amparo no satisface los requisitos de prontitud y subsidiariedad que lo gobiernan, pues, entre otras, el actor dej\u00f3 de emplear los mecanismos procesales con los que cuenta para cuestionar el acto administrativo censurado. <\/p>\n
b.) Carlos Enrique Medina Cabrera, vinculado, coadyuv\u00f3 la salvaguarda, bajo el argumento que \u00ablos se\u00f1alamientos realizados por el CNE, no est\u00e1n dentro de los par\u00e1metros que establece la misma norma citada por esta corporaci\u00f3n como presuntamente vulnerada, ya que respecto a lo indilgado (sic) por el por el CNE, dentro del proceso de la referencia y seg\u00fan la norma citada, la campa\u00f1a en cabeza de los hoy investigados no excedi\u00f3 el monto m\u00e1ximo de gastos, puesto que no super\u00f3 los 200 SMLMV, que para la fecha de las elecciones correspond\u00eda, a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE ($156.248.400.oo)\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, explic\u00f3 que los dineros que ingresaron a la campa\u00f1a corresponden a donaciones en especie realizadas por terceras personas, es decir, que no se manej\u00f3 dinero en efectivo, enfatizando en que no existi\u00f3 ning\u00fan tipo de dolo o actuaci\u00f3n de mala fe de parte del gestor, y menos de la candidata, raz\u00f3n por la cual, pidi\u00f3 \u00abel cierre y posterior archivo de la investigaci\u00f3n administrativa que cursa en mi contra\u00bb. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo invocado, tras extra\u00f1ar el requisito de la subsidiariedad, toda vez que el quejoso \u00abtiene a su alcance otro mecanismo de defensa. Ciertamente, contra el discutido acto administrativo puede interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. En ese proceso, adem\u00e1s, puede solicitar la suspensi\u00f3n que reclama en este asunto. En esa medida, cabe la posibilidad que plantee ante el juez natural y en el proceso previsto en la ley las discrepancias que expone aqu\u00ed. Por tanto, la tutela no puede abrirse paso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el tutelante, quien adem\u00e1s de insistir en las primigenias alegaciones, asever\u00f3 que la sanci\u00f3n impuesta en su contra constituye de forma evidente la materializaci\u00f3n de un perjuicio irremediable \u00abcomo riesgo inminente que se producir\u00eda de manera cierta y evidente sobre el derecho fundamental a la econom\u00eda y la vida en condiciones dignas para mi n\u00facleo familiar, quienes quedar\u00edamos en graves dificultades econ\u00f3micas, como consecuencia de la inminente medida cautelar de embargo sobre mi n\u00f3mina\u00bb, dinero que, dijo, constituye su \u00ab\u00fanico medio de subsistencia\u00bb; adem\u00e1s, insisti\u00f3 en que la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe es el medio de defensa id\u00f3neo y exclusivo con el que cuenta para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, por lo que pidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n del a quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que la censura formulada por el ciudadano Londo\u00f1o Ospina, en lo fundamental, se dirige contra la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 2127 del 2 de julio de 2021 del Consejo Nacional Electoral, a trav\u00e9s de la cual se decidi\u00f3 \u00absancionar[lo] (\u2026) por la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 25 de la Ley 1475 de 2011, con multa equivalente a la suma de trece novecientos cuarenta y dos mil novecientos catorce pesos ($13.942.914) como consecuencia de la no administraci\u00f3n de los recursos a trav\u00e9s de la cuenta \u00fanica bancaria, en su calidad de ex gerente a la C\u00e1mara de Representantes del Departamento del Tolima, avalado por el Partido Opci\u00f3n Ciudadana, para las elecciones del 11 de marzo de 2018\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n y los informes allegados al presente tr\u00e1mite, deviene con claridad que la misma es improcedente, si se tienen en cuenta que el gestor del amparo tiene a su disposici\u00f3n el medio de control de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de dicha determinaci\u00f3n, por lo que no resulta pertinente convertir la tutela en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, pues tal y como la Sala lo ha manifestado en casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, \u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (reiterada entre otras, en CSJ STC2254-2021). <\/p>\n
4. Conviene destacar, adem\u00e1s, que la protecci\u00f3n reclamada tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad como mecanismo transitorio, pues los actos administrativos suponen de suyo una presunci\u00f3n de legalidad que s\u00f3lo puede ser desvirtuada ante la jurisdicci\u00f3n mencionada, y como se dijo, en aqu\u00e9lla est\u00e1 prevista la facultad de solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia\u00bb, dentro de las que se cuenta la posibilidad de suspensi\u00f3n provisional del acto cuestionado a fin de mitigar el supuesto da\u00f1o que se le est\u00e1 causando con lo resuelto, esto de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 229 y ss. del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013Ley 1437 de 2011, lo que desvirt\u00faa, en consecuencia, la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime si \u00abs\u00f3lo tiene [esa] calidad (\u2026) aqu\u00e9l da\u00f1o que revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (ib\u00eddem), presupuestos que no fueron acreditados por el inconforme. <\/p>\n
5. En reciente pronunciamiento, esta Sala se\u00f1al\u00f3 en punto al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad en casos como el que se estudia, lo siguiente: \u00abes claro, entonces, que las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, ya sean generales, impersonales y abstractos ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, como lo son, las acciones de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho (Arts. 137 y 138, CPACA), es deber del inconforme acudir a esas herramientas para debatir las resoluciones de las que aqu\u00ed se duele, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a \u00e9stas, m\u00e1xime cuando ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo pudo o puede pedir en el proceso correspondiente, seg\u00fan corresponda, la suspensi\u00f3n provisional de la actuaci\u00f3n criticada o cualquier otra medida cautelar permitida por la ley, y allegar elementos demostrativos para acreditar las razones por las cuales su petici\u00f3n debe ser atendida, entre ellas, la imposibilidad de conocer la publicaci\u00f3n de las opciones de sede\u00bb <\/p>\n
Al respecto, es conveniente recordar, como se ha dicho en casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, que la acci\u00f3n de tutela \u00abfue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (STC971-2022). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1913-2022 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC1913-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00002-01 Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61362","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61362","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61362"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61362\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61362"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61362"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61362"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}