STC1920-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1920-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el k14 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Arbey Ortiz Almario contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso laboral a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante a trav\u00e9s de gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al m\u00ednimo vital, a la vida digna, al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco del proceso declarativo que promovi\u00f3 contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., con radicado No. 2015-00124. <\/p>\n
Solicita entonces de manera concreta, para salvaguardar sus prerrogativas, que \u00abse deje sin efectos la sentencia SL622-2021 del 23 de febrero de 2021, emitida por la Corte Suprema de Justicia \u2013Sala de Casaci\u00f3n Laboral \u2013Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 (\u2026) mediante la cual cas\u00f3 la sentencia dictada el 24 de agosto de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del [referido] proceso ordinario laboral\u00bb, y como consecuencia de ello, ordenar a Porvenir SA, \u00abreconozca y pague la pensi\u00f3n de invalidez por riesgo com\u00fan\u00bb; o subsidiariamente, que la Corporaci\u00f3n accionada \u00abprofiera una nueva sentencia en la cual observe el precedente adoptado por la Corte Suprema de Justicia, en aplicaci\u00f3n de la fecha de estructuraci\u00f3n para enfermedades cr\u00f3nicas, degenerativas, cong\u00e9nitas\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce, en lo esencial, que previo reclamo infructuoso ante la citada Administradora de Fondo de Pensiones, pretendi\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, tras haber sufrido de un \u00abACV\u00bb que le dej\u00f3 secuelas en la movilidad y funcionalidad de sus extremidades inferiores, que lo llev\u00f3 a ser calificado con p\u00e9rdida de capacidad laboral del \u00ab63.45%\u00bb con fecha de estructuraci\u00f3n del 9 de agosto de 2013, pedimento al que accedi\u00f3 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva el 25 de enero de 2016, decisi\u00f3n que aunque apel\u00f3 su contraparte, fue confirmada el 24 de agosto de 2017 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, para entonces, condenar a Porvenir SA a pagarle las mesadas retroactivas a partir del 8 de mayo de 2013, en cuant\u00eda de un (1) s.m.l.m.v., \u00aben aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa pues cumpl\u00eda con los requisitos establecidos por el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 literal a\u00bb. <\/p>\n
Afirma que la decisi\u00f3n fue atacada por Porvenir SA y casada el 23 de febrero de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tras considerar que en su caso no aplicaba la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, porque \u00abno se encontraba estructurada su invalidez dentro del periodo comprendido entre diciembre de 2003 y diciembre de 2006, es decir, bajo la temporalidad establecida por la Corte Suprema en sentencia SL2358 de 2017\u00bb; no obstante, dice, no se emiti\u00f3 consideraci\u00f3n alguna sobre la pretensi\u00f3n principal de su demanda, consistente en que \u00abse dejara sin efecto el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral en cuanto a la fecha de estructuraci\u00f3n, es decir, que se cambiara la del 9 de agosto de 2013 por la fecha de emisi\u00f3n del dictamen, \u00faltima cotizaci\u00f3n o solicitud de la prestaci\u00f3n y de manera subsidiaria se solicit\u00f3 la pensi\u00f3n con aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que en la decisi\u00f3n en comento no se tuvo en cuenta la sentencia SL1504-2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con que se acogi\u00f3 la postura de la Corte Constitucional \u00abfrente a la fecha de estructuraci\u00f3n en caso de enfermedades cong\u00e9nitas, cr\u00f3nicas y degenerativas\u00bb, y en cambio s\u00ed se aplic\u00f3 la regla de derecho de la sentencia SL2358-2017 sobre la no aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, situaciones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Directora de Acciones Constitucionales del Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. indic\u00f3, que no tiene pendiente por resolver ninguna solicitud del gestor, y que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para intervenir en el presenta tr\u00e1mite, porque el reclamo del gestor es elevado contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia; que el actor no tiene derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, por no haber cotizado 50 semanas en los 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de su invalidez (9 de agosto de 2013), conforme a la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
b.) La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, por intermedio de la Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada a esa autoridad, manifest\u00f3 que en la misma encontr\u00f3 que el Tribunal de segunda instancia se equivoc\u00f3 al definir que al caso del aqu\u00ed interesado aplicaba el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, porque \u00abel principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no es absoluto ni atemporal\u00bb; que al emitir sentencia de casaci\u00f3n encontr\u00f3, que si bien en la demanda inicial el actor reclam\u00f3 tambi\u00e9n del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, \u00abla declaraci\u00f3n de ineficacia del \u201cdictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral del 29 de abril de 2014, respecto de la fecha de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez del actor a partir del 9 de agosto de 2013\u201d\u00bb, frente a esa inconformidad no hubo resoluci\u00f3n en ninguna de las instancias procesales; no obstante, al resolver sobre el t\u00f3pico en sede extraordinaria, \u00abla Sala aclar\u00f3 que, en la demanda inicial el actor no adujo ninguna raz\u00f3n de tipo f\u00e1ctico o legal que fundamentara la solicitud de ineficacia del dictamen mediante el cual se determin\u00f3 el porcentaje de p\u00e9rdida de la capacidad laboral, ni despleg\u00f3 esfuerzo dirigido a demostrar el error en que hipot\u00e9ticamente habr\u00eda incurrido la respectiva instituci\u00f3n, es m\u00e1s, dicha instituci\u00f3n tampoco fue convocada a juicio a efectos de garantizar el derecho de contradicci\u00f3n y defensa respecto de aquella; y tampoco aport\u00f3 medios de prueba id\u00f3neos a este fin, siendo por ello, imposible descender al examen de la cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c.) La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en el decurso cuestionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras encontrar que \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral expuso de manera clara las razones por las cuales, en el caso del actor, no hab\u00eda lugar a aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb; de otro lado, en cuanto al segundo reparo planteado por el accionante, advirti\u00f3 que la Hom\u00f3loga Especializada en lo Laboral \u00abtambi\u00e9n explic\u00f3 de manera clara los motivos por los cuales no hab\u00eda lugar a acceder a la pensi\u00f3n de invalidez, incluso, si se ten\u00eda como fecha l\u00edmite para contabilizar las semanas requeridas por la norma, las correspondientes al dictamen o la \u00faltima cotizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, insistiendo \u00fanicamente en que la decisi\u00f3n extraordinaria cuestionada trat\u00f3 sobre la pretensi\u00f3n subsidiaria de aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pero el pedimento principal de la demanda era que se dejara parcialmente sin efecto el dictamen pericial emitido por Seguros Alfa para que se tomara como fecha de inicio del conteo de las 50 semanas exigidas para la pensi\u00f3n de invalidez, la fecha de emisi\u00f3n del dictamen (29-04-2014) o la fecha de la \u00faltima cotizaci\u00f3n realizada al sistema general de pensiones (31-05-2014), ya que de ese modo cumplir\u00eda los requisitos para acceder al derecho pensional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al motivo puntual de inconformidad expuesto en la impugnaci\u00f3n por el se\u00f1or Ortiz Almario, se observa que recae, concretamente, en la decisi\u00f3n proferida el 23 de febrero de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual, se cas\u00f3 la sentencia dictada el 24 de agosto de 2017 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, con que se mantuvo \u00edntegramente el fallo del 25 de enero de 2016 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas, no acceder a sus pretensiones dentro del proceso ordinario laboral que adelant\u00f3 frente a Porvenir SA, pues seg\u00fan su dicho, en sede del recurso extraordinario nada se dijo sobre lo que reclam\u00f3 principalmente al interior del litigio, esto es, que se dejara sin efecto la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez determinada que fue determinada mediante dictamen pericial, para establecer la misma en la data en que fue emitido el mismo, o en la de la \u00faltima cotizaci\u00f3n que realiz\u00f3 al sistema general de pensiones, para de ese modo, cumplir con el requisito las semanas necesarias para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
3. No obstante, revisados los argumentos que sustentan la inconformidad del gestor contra el fallo constitucional de primer grado, y los expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al resolver el precitado mecanismo extraordinario, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto, contrario a lo afirmado por el aqu\u00ed interesado, s\u00ed hubo pronunciamiento frente al t\u00f3pico reclamado en este escenario, el cual se dio al momento en que se emiti\u00f3 el respectivo fallo de instancia, como consecuencia de haber casado el emitido por el Tribunal Superior de Neiva, prove\u00eddo donde lo determinado sobre el particular no se observa como el resultado de un actuar desconectado de la normativa y el precedente jurisprudencial aplicable al caso concreto, por lo que no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el del impulsor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
En la mentada decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, comenz\u00f3 por establecer que \u00abconforme se consider\u00f3 en sede extraordinaria, el actor no satisfizo los requisitos establecidos en la norma aplicable a su situaci\u00f3n particular, esto es el art\u00edculo 1\u00b0, Ley 860 de 2003 -la cual se encontraba vigente a la fecha de estructuraci\u00f3n de le p\u00e9rdida de capacidad laboral-, y que tampoco resulta viable acudir a la norma anterior, esto es, al art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, por cuanto la p\u00e9rdida de su capacidad laboral se estructur\u00f3 por fuera del espectro temporal definido como requisito para acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, esto es, entre el 26 de diciembre de 2003 y la misma data de 2006, siendo imposible la adjudicaci\u00f3n del derecho pretendido\u00bb. <\/p>\n
En seguida observ\u00f3 que \u00aben la demanda inicial, adem\u00e1s del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, el actor reclam\u00f3 la declaraci\u00f3n de ineficacia del \u00abdictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral del 29 de abril de 2014, respecto de la fecha de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez del actor a partir del 09 de agosto de 2013 \u00bb, para en su lugar declarar que aquella corresponde, bien al 8 de mayo de 2013 (fecha de emisi\u00f3n del dictamen), o bien al 31 de mayo de 2014 (fecha en que se efectu\u00f3 el \u00faltimo aporte al Sistema General de Pensiones), pretensi\u00f3n frente a la cual no hubo resoluci\u00f3n, ni por parte del a quo ni del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u00abconforme a la regla que establece el art\u00edculo 328 del CGP, y a los criterios de aplicaci\u00f3n que sobre el particular ya ha fijado esta corporaci\u00f3n (CSJ SL, 29 jul. 1997, rad. 8978; CSJ SL, 30 ag. 2000, rad. 13818; CSJ SL, 28 jul. 2004, rad. 23289) \u2013 los cuales siguen siendo aplicables mutatis mutandi, dado que el cambio de estatuto no implic\u00f3 una modificaci\u00f3n sustancial en el t\u00f3pico- corresponde a la Sala la resoluci\u00f3n de tal petici\u00f3n, en la medida que, en sede de instancia, se concluy\u00f3 en la improsperidad del derecho pensional solicitado\u00bb. <\/p>\n
Hecha la anotada precisi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n accionada abord\u00f3 el estudio de la pretensi\u00f3n, para lo cual se\u00f1al\u00f3: \u00abbasta se\u00f1alar que en la demanda inicial el actor no adujo ninguna raz\u00f3n de tipo f\u00e1ctico o legal que fundamentaran la solicitud de ineficacia del dictamen pericial, ni despleg\u00f3 un debate dirigido a la demostraci\u00f3n del error en que hipot\u00e9ticamente habr\u00eda incurrido la instituci\u00f3n que efectu\u00f3 la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral (que en todo caso tampoco fue convocada a juicio), menos aport\u00f3 medios de prueba id\u00f3neos a este fin, siendo por ello, imposible descender al examen de la cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, aun admitiendo el criterio que se expone como fundamento de la solicitud de declaraci\u00f3n de invalidez del dictamen, que en \u00faltimas persigue el computo de las semanas para acceder al derecho, bien desde la fecha de emisi\u00f3n del mismo, o bien desde aquella en que se efectu\u00f3 el \u00faltimo aporte al sistema (29 de abril de 2014), de todas formas, resulta imposible acceder al reconocimiento, pues en ning\u00fan caso se cumple con la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n exigida por la normativa aplicable (50 semanas en los \u00faltimos tres a\u00f1os a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez). <\/p>\n
En consecuencias se impone concluir en la inexistencia del derecho reclamado. Como el juez de primera instancia lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n distinta, habr\u00e1 de revocarse su decisi\u00f3n, y en su lugar absolver a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por el se\u00f1or Arbey, la decisi\u00f3n emitida por Sala de Descongesti\u00f3n endilgada se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento de \u00e9ste con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como qued\u00f3 visto, para arribar a lo determinado dicha autoridad no encontr\u00f3 motivo alguno para dejar sin efecto el dictamen pericial con que se estableci\u00f3 la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez del gestor, y en todo caso, de tenerse en cuenta cualquiera de las fechas de estructuraci\u00f3n pretendidas por aqu\u00e9l, tampoco se cumplir\u00eda la cantidad de semanas necesarias para reconocer el citado beneficio pensional. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, por m\u00e1s discutible que pudiera ser la postura asumida por la autoridad jurisdiccional convocada, como la sola divergencia conceptual expuesta por el aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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