STC1924-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1924-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00457-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yeni Eugenia Nanclares Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el verbal No. 2005 01630-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados con la decisi\u00f3n adoptada en segundo grado por el Tribunal accionado el 8 de octubre de 2021, dentro del proceso verbal relacionado, que promovi\u00f3 contra \u00c1ngel Gabriel Agudelo Restrepo y Seguridad Record Colombia Ltda., y solicit\u00f3 en consecuencia, que se decrete la nulidad de la citada decisi\u00f3n, para en su lugar, disponer la continuaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido, manifest\u00f3 que ese litigio se tramit\u00f3 en el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn, en donde pidi\u00f3 el reconocimiento, as\u00ed como pago de los perjuicios materiales y extra patrimoniales, ocasionados con el homicidio de su c\u00f3nyuge H\u00e9ctor Octavio Orrego Bol\u00edvar el 18 de octubre de 2004, a manos del vigilante de la sociedad Segurcol, quien prestaba el servicio de seguridad para la Casa de la Justicia del municipio de Bello \u2013 Antioquia. <\/p>\n
En la actuaci\u00f3n el apoderado judicial del demandado, como excepci\u00f3n previa, plante\u00f3 la cosa juzgada penal, so pretexto que, seg\u00fan resoluci\u00f3n del 31 de enero de 2005 por la Fiscal\u00eda 007 Seccional Delegada ante el Juzgado Penal, se decret\u00f3 la de preclusi\u00f3n de investigaci\u00f3n penal, luego de concluir que, \u00abla actuaci\u00f3n desplegada por el vigilante o sindicato estuvo justificada dado el lugar donde tuvo ocurrencia del fatal incidente y la labor que este desplegaba dentro del mismo, habiendo procedido con justificaci\u00f3n o ausencia de responsabilidad pues cuando actu\u00f3 en tal forma vio amenazado el lugar cuyo cuidado y custodia se le hab\u00eda encomendado\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn, mediante auto de 15 de noviembre de 2005, y el Tribunal el 24 de abril de 2006, declararon no probado ese medio exceptivo, tras considerar que \u00abla decisi\u00f3n penal no se encontraba enlistada en las causales previstas en el art. 57 de la Ley 600 de 2000, es decir, que la absoluci\u00f3n del imputado no estaba inmersa en los cuatros supuestos de hecho que prev\u00e9 la norma y la prueba testimonial no daba cuenta del evento de forma directa, y dijo que la v\u00edctima era creadora de su propio riesgo\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 que el 26 de abril de 2018, el juez de conocimiento profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de culpa exclusiva de la v\u00edctima y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que apel\u00f3 con el argumento que contrario a lo resuelto el hecho da\u00f1oso se origin\u00f3 por el proceder imprudente del vigilante, y que el actuar de su esposo no represent\u00f3 ning\u00fan peligro para la seguridad de la entidad, ni la integridad f\u00edsica del vigilante que era la \u00fanica persona que se encontraba en el inmueble. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el Tribunal accionado en fallo de 8 de octubre de 2021 modific\u00f3 el de primer grado, y en su lugar declaro la cosa juzgada penal, y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, con el argumento \u00abque la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n proferida en el tr\u00e1mite con radicado No. 146089 adelantado contra \u00c1ngel Gabriel Agudelo Restrepo, impide que se juzgue nuevamente esos hechos sobre los que se cimienta ahora la pretensi\u00f3n declarativa de condena\u00bb. <\/p>\n
Estima que, como ya exist\u00eda una \u00absentencia anterior\u00bb que en ambas instancias hab\u00eda declarado la no procedencia de la excepci\u00f3n previa de \u00abcosa juzgada\u00bb, y se encontraba en firme, el juez colegiado no pod\u00eda emitir un fallo con el que cambi\u00f3 su postura sin mayores fundamentos, para reconocer a\u00f1os despu\u00e9s que la misma si proced\u00eda. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a los Juzgados de instancia, a las partes e intervinientes en el proceso verbal No. 2005 01630-00. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn manifest\u00f3, que en la sentencia de 26 de abril de 2018 se encuentran plasmados los fundamentos con los cuales adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia en el proceso referido, que fue confirmada y modificada por el superior funcional, adem\u00e1s refiri\u00f3 que con la misma no se vulner\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental a la convocante. <\/p>\n
La Magistrada sustanciadora, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En principio, se precisa que unicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La inconformidad de la accionante, se encuentra sustentada en el hecho que el Tribunal Superior de Medell\u00edn, cuando resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n presentado contra la sentencia proferida el 26 de abril de 2018 por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn, la confirm\u00f3, pero por otros motivos, como lo fue estudiar de oficio y declarar probada \u00abla cosa juzgada penal absolutoria\u00bb. <\/p>\n
En el evento en estudio, la revisi\u00f3n del expediente del proceso de responsabilidad civil extracontractual No. 008-2005-00163-00 permite observar a la Corte que el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medell\u00edn, luego de surtir las etapas propias del litigio, profiri\u00f3 sentencia el 26 de abril de 2018, en la que resolvi\u00f3 entre otras cosas, declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u00abculpa de la v\u00edctima\u00bb, y en consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, tras considerar que de \u00ablas pruebas practicadas en el asunto, se desprende que no es cierto como lo asegura la demandante que, el vigilante \u00c1ngel Gabriel Agudelo Restrepo, hubiera actuado con descuido y falta de previsi\u00f3n, omitiendo los deberes a los cuales estaba obligado, pues no se acredit\u00f3 que la puerta de la Casa de la Justicia de Bello haya estado abierta, y que el vigilante haya omitido hacerle un llamado de advertencia a la v\u00edctima antes de disparar, en tanto que, ninguno de los testigos que declar\u00f3 en la actuaci\u00f3n y en el tr\u00e1mite penal, presenci\u00f3 directamente el hecho\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn, en providencia de 8 de octubre de 2021, al conocer en apelaci\u00f3n del referido fallo, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a la Sala le corresponde definir, si como la parte demandante pretende, la decisi\u00f3n de primera instancia debe ser revocada, por cuanto en este asunto, conforme se desprende de las pruebas obrantes en el expediente, fue la parte demandada quien actu\u00f3 de manera reprochable y dio lugar al evento da\u00f1oso que ocasion\u00f3 la muerte de H\u00e9ctor Octavio Orrego, pues la conducta desplegada por este no representaba ning\u00fan peligro y no justificaba que el vigilante \u00c1ngel Gabriel Agudelo le disparara. <\/p>\n
No obstante, previo a abordar el problema jur\u00eddico de cara al caso concreto, la Sala advierte necesario estudiar de manera oficiosa la figura de la cosa juzgada penal absolutoria en este asunto, pues si bien la misma ya hab\u00eda sido estudiada y despachada desfavorablemente por el juez de conocimiento al momento de resolver la excepci\u00f3n previa mediante auto de 15 de noviembre de 2005, lo cual fue confirmado por el superior en providencia de 24 de abril de 2006, ello no impide que ahora el Tribunal estudie nuevamente tal situaci\u00f3n para resolver de fondo el presente asunto. <\/p>\n
ha referido que las providencias interlocutorias que rechazan la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada no impiden que en la sentencia definitiva se resuelva, en un sentido o en otro, sobre ese particular, es decir, que se falle sobre esa misma excepci\u00f3n, pero ya no como previa sino como perentoria y que cambie en el sentido de la decisi\u00f3n\u201d <\/p>\n
Explic\u00f3 en qu\u00e9 consist\u00eda la figura de la \u00abcosa juzgada penal absolutoria\u00bb, e hizo menci\u00f3n de la doctrina y la jurisprudencia que frente a ese punto ha proferido esta Sala de Casaci\u00f3n, para expresar que: <\/p>\n
\u00abEn el caso concreto, la Sala advierte de entrada, que la decisi\u00f3n de primera instancia debe ser modificada, para en su lugar, de oficio, declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada. En tal sentido, en consonancia con lo expuesto en la parte considerativa, previo a abordar el estudio de esta figura de cara a este caso en particular, hay que se\u00f1alar que los argumentos jur\u00eddicos esgrimidos en este proceso al momento de resolver desfavorablemente la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada, no corresponden con la tesis estudiada, como a continuaci\u00f3n se expone. <\/p>\n
3.1. En este orden, el Tribunal encuentra, que la Resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal proferida el 31 de enero de 2005 por la Fiscal\u00eda 007 Seccional Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Bello, en el tr\u00e1mite radicado 146.089, adelantado en contra del aqu\u00ed demandado \u00c1ngel Gabriel Agudelo Restrepo, impide que se juzgue nuevamente esos hechos sobre los que se cimienta ahora la pretensi\u00f3n declarativa de condena \u2013Responsabilidad civil-. <\/p>\n
En efecto, la fiscal del caso, en la referida resoluci\u00f3n decidi\u00f3 precluir la investigaci\u00f3n penal \u2013providencia que por tanto est\u00e1 revestida del car\u00e1cter de cosa juzgada penal absolutoria-, en lo fundamental, bajo el argumento de que \u00abla actuaci\u00f3n desplegada por el vigilante o sindicado estuvo justificado dado el lugar donde tuvo ocurrencia el fatal incidente y la labor que este desplegaba dentro del mismo, habiendo procedido con justificaci\u00f3n o ausencia de responsabilidad pues cuando actu\u00f3 en tal forma vio amenazado el lugar cuyo cuidado o custodia se le hab\u00eda encomendado y hasta su propia vida\u00bb, es decir que en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, el suceso fatal aconteci\u00f3 bajo el obrar del agente en un estado de necesidad, que, en t\u00e9rminos de la doctrina citada, significa que el hecho se encuentra justificado en el campo civil, por el fen\u00f3meno de la cosa juzgada penal. <\/p>\n
3.2. Esta decisi\u00f3n impone a la Sala apartarse de lo sostenido al momento en que fue resuelta la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada -la cual se neg\u00f3 bajo el argumento de que la decisi\u00f3n penal no se encontraba enlistada en las causales previstas en el art\u00edculo 57 de le Ley 600 de 2000-. Ahora la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n en este asunto, sometida al rigor de la doctrina y decisiones citadas, estructura la cosa juzgada penal absolutoria que irradia al proceso civil, en tanto que, cuando el hecho se justifica -como acontece en este asunto-, dicha justificaci\u00f3n comprende no solo la parte penal sino adem\u00e1s la parte civil, situaci\u00f3n que no puede ser desconocida por el juez civil. <\/p>\n
Inclusive, en el tr\u00e1mite adelantado ante la autoridad penal, en que se examin\u00f3 con detalle las pruebas practicadas, se despej\u00f3 por completo el panorama al determinar que el vigilante \u00c1ngel Gabriel Agudelo Restrepo, actu\u00f3 justificadamente, amparado en un estado de necesidad. Concretamente, el an\u00e1lisis probatorio se sustenta en la providencia de 27 de octubre de 2004, que antecedi\u00f3 la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n, mediante la cual la fiscal\u00eda se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y determin\u00f3 que: \u00ab\u2026es claro que nos hallamos ante una causal de AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD en los t\u00e9rminos del art. 32 num. 7\u00b0, de nuestro estatuto punitivo que dice: Que hay ausencia de responsabilidad cuando\u2026 \u201cSe obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya actuado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jur\u00eddico de afrontar\u201d. – Pues bien, de acuerdo a este tenor se ha de decir que esta causal se ha conocido como estado de necesidad y para su estructuraci\u00f3n requiere de exigencias tales como Necesidad de proteger un derecho propio o ajeno, protecci\u00f3n de un derecho propio o ajeno y existencia de un peligro actual o inminente\u00bb. <\/p>\n
Revis\u00f3 el pronunciamiento, mediante el cual la Fiscal\u00eda precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n adelantada contra el sindicado, para concluir que: <\/p>\n
\u00abV\u00e9ase que la decisi\u00f3n de la fiscal\u00eda es clara y concreta, pues est\u00e1 fundamentada en las pruebas practicadas en la investigaci\u00f3n penal, que dan cuenta de que el accidente fatal del que fue v\u00edctima H\u00e9ctor Octavio Orrego, estuvo justificado en un estado de necesidad. Para arribar a tal conclusi\u00f3n, la fiscal, tras descartar por contradictorias la versi\u00f3n de varios testigos, se apoy\u00f3 en la versi\u00f3n del sindicado, que acredita que este actu\u00f3 bajo la necesidad de proteger \u00abel lugar cuyo cuidado o custodia se le hab\u00eda encomendado y hasta su propia vida\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por no tratarse de un pronunciamiento penal oscuro, ambiguo o contradictorio, sino que, por el contrario, se trata de una decisi\u00f3n analizada, sustentada y concluyente en relaci\u00f3n con el actuar justificado del codemandado \u00c1ngel Gabriel Agudelo, la Sala encuentra que el contenido de la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal no puede ser controvertida por este Tribunal. Por tanto, en este evento es inadmisible que el juez civil desconozca la providencia emanada de la autoridad penal, para reconocer la responsabilidad civil pretendida fundamentada en la ilicitud del hecho, pues se trata de una decisi\u00f3n que hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada y que permite colegir la presencia de un hecho justificativo que libera de responsabilidad civil\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, resolvi\u00f3 modificar lo resuelto en la sentencia del a quo para en su lugar, declarar de oficio probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, ante la existencia de la resoluci\u00f3n de preclusi\u00f3n emanada de la Fiscal\u00eda 7 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Bello y por esa raz\u00f3n, negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. En ese orden, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas por la accionante, como quiera que, el Tribunal cuestionado en su providencia de 8 de octubre de 2021 cuando confirm\u00f3 la sentencia de primer grado, luego exponer los argumentos por los cuales se apart\u00f3 de la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 en el a\u00f1o 2006, cuando se pronunci\u00f3 sobre la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada propuesta por el demandado, manifest\u00f3 que, de manera oficiosa deb\u00eda abordar el estudio de la \u00abcosa juzgada penal absolutoria\u00bb, como si se tratara de un medio exceptivo de car\u00e1cter perentorio, que le llevaba a analizar con mayor rigor el prove\u00eddo emitido en la especialidad penal. <\/p>\n
De igual manera, se observa que contrario a lo afirmado por la demandante, el Tribunal sustent\u00f3 el fallo en la ley, la doctrina y en especial en la jurisprudencia que frente al tema de \u00abcosa juzgada penal absolutoria\u00bb, ha proferido esta Sala, y luego de examinar la resoluci\u00f3n penal, consider\u00f3 que la conducta del sindicado si correspond\u00eda a una de los puntuales casos contenidos en el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, que imposibilita el inicio o proseguir \u00abla acci\u00f3n civil de responsabilidad\u00bb, precisando que el Juez civil no pod\u00eda desconocer dicho pronunciamiento para reconocer la responsabilidad civil sustentada en la ilicitud de una conducta, que, como quedo visto, se dijo que la misma estaba justificada, decisi\u00f3n que se encuentra motivada y no luce arbitraria. <\/p>\n
4. Ahora bien, corresponde indicar que la sola divergencia de criterio, no abre paso para que se concede el amparo constitucional invocado, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, cual el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador constitucional, as\u00ed lo ha se\u00f1alado la Sala al advertir, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026) \u2018el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u2019 (\u2026)\u201d2 (se subraya). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Yeni Eugenia Nanclares Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Veinte Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
[Ausencia justificada] <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC 1\u00b0 de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de 2011, exp. 02663-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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