STC1928-2022 <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1928-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00047-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 25 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Guillermo Roa Sarmiento contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad con funciones jurisdiccionales convocada, con la sentencia pronunciada del 12 de noviembre de 2022, que estim\u00f3 parcialmente las pretensiones por \u00e9l incoadas en el marco del proceso de protecci\u00f3n al consumidor que promovi\u00f3 contra Cencosud Colombia S.A., identificado bajo el radicado No. 20-449748. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado indic\u00f3, en s\u00edntesis, que la Superintendencia de Industria y Comercio vulner\u00f3 sus bienes jur\u00eddicos con lo determinado de fondo al interior del citado decurso, pues pese a estar demostrado que cancel\u00f3 en su totalidad el producto que compr\u00f3 el 15 de marzo de 2020 (nevec\u00f3n), y que el mismo nunca le fue entregado, le neg\u00f3 el reconocimiento de los \u00abintereses\u00bb que solicit\u00f3, \u00ablo que es abiertamente injusto\u00bb, as\u00ed como la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de que trata el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo de la Ley 1480 de 2011, \u00abliberando\u00bb al demandado de la condena que \u00abpor su grave incumplimiento merec\u00eda\u00bb, extremo de la litis que adem\u00e1s, de \u00abno allanarse a la demanda\u00bb desde el primer momento, indica, desconoci\u00f3 su condici\u00f3n de consumidor, razones que lo habilitan para acudir a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
a. La Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, adem\u00e1s de remitir copia del expediente digital contentivo del tr\u00e1mite objeto de examen, y de referirse a las diligencias adelantadas a la luz del juicio de protecci\u00f3n al consumidor que se analiza, solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n inquirida, en tanto que, \u00abel no pronunciamiento por parte de es[a] [autoridad] frente a los perjuicios solicitados no obedece a un actuar caprichoso (…). Para el efecto, si bien desde el escrito de demanda se proponen pretensiones encaminadas al reconocimiento de perjuicios, se hace preciso traer a colaci\u00f3n las facultades otorgadas conforme a la Ley 1480 de 2011 y sus decretos reglamentarios. M\u00edrese que, es[a] Superintendencia ha sostenido que su facultad para efectos del reconocimiento de perjuicios o da\u00f1os se limita a 3 temas: i) da\u00f1os causados a los bienes en la prestaci\u00f3n de servicios contemplados en el art\u00edculo 19 de la Ley 1480 de 2011; ii) por informaci\u00f3n enga\u00f1osa; y iii) por publicidad enga\u00f1osa. M\u00edrese para tales efectos el art\u00edculo 56 numeral 3 de la Ley 1480 del a\u00f1o 2011. <\/p>\n
Ahora, tanto el litigio planteado por la parte demandante como el decretado por esta Entidad se centr\u00f3 en la efectividad de la garant\u00eda, aspecto dentro del cual no se otorg\u00f3 la facultad para definir la existencia de da\u00f1os y perjuicios, circunstancia que resulta ser reiterada a trav\u00e9s del decreto reglamentario 735 de 2013, hoy compilado en el decreto 1074 del 2015 que en su art\u00edculo 2.2.2.32.6.4 prev\u00e9 \u201cIndemnizaci\u00f3n de perjuicios. El reconocimiento de la garant\u00eda por parte de los obligados o por decisi\u00f3n judicial no impide que el consumidor persiga la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os y perjuicios que haya sufrido por los mismos hechos, ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d. As\u00ed las cosas, las pretensiones respecto de las cuales insiste el consumidor su reconocimiento, dicha facultad se encuentra en cabeza de forma exclusiva de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, por lo que le corresponde asistir ante el juez natural en pro de buscar se reconocimiento y orden. Finalmente, lo que respecta a la no imposici\u00f3n de la multa contenida en el numeral 9 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, es de resaltar que la misma es una mera facultad del juez, y requiere del lleno de los requisitos contenidos en la misma disposici\u00f3n a fin de la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar del sentir del consumidor y del talante de la vulneraci\u00f3n, lo cierto es que el juez no lo consider\u00f3 de tal magnitud para efectos de la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, sin que puede alegar la parte la existencia de contravenci\u00f3n constitucional alguna\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, desestim\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir que \u00abla decisi\u00f3n censurada no es irrazonable, ya que, al ordenar el reembolso del dinero pagado, debidamente indexado se mantiene su valor constante real, para evitar la p\u00e9rdida del poder adquisitivo y, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral 9 del art\u00edculo 58 del Estatuto del Consumidor, el funcionario competente est\u00e1 facultado para decidir \u201csobre las pretensiones de la forma que considere m\u00e1s justa\u201d, siendo la determinaci\u00f3n reprochada acorde y coherente con ese postulado. <\/p>\n
Sumado a que la acci\u00f3n promovida y decidida fue la de protecci\u00f3n al consumidor y no la de responsabilidad civil por producto defectuoso que se adelanta ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria (numeral 2, art\u00edculo 56 Ley 1480 de 2011), como tampoco se encamin\u00f3 a obtener \u201cla reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados a los bienes en la prestaci\u00f3n de servicios contemplados en el art\u00edculo 18 de esta ley o por informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa\u201d (numeral 3 de la regla citada). <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, la Honorable Corte Suprema de Justicia, consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no luce arbitraria la sentencia que desestim\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n invocada, pues consider\u00f3 que: \u2018\u2026lo primero que debe advertir este despacho es que las pretensiones indemnizatorias no est\u00e1n llamadas a prosperar por una sencilla raz\u00f3n, al respecto, el Estatuto de Protecci\u00f3n al consumidor en su art\u00edculo 56 restringe el reconocimiento de da\u00f1os o perjuicios a tres eventos concretos, como lo son: la reparaci\u00f3n de da\u00f1os causados a los bienes en la prestaci\u00f3n de servicios contemplados en el art\u00edculo [18] de la ley, la informaci\u00f3n o la publicidad enga\u00f1osa. En ese sentido, lo primero que debe resaltar el despacho es que ninguno de estos tres eventos nos encontramos, prestaci\u00f3n de servicios que suponen la entrega de un bien, en este caso, pues no se configur\u00f3 simplemente porque la sociedad demandada se abstuvo de recibir el automotor y en cuanto a informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa tampoco nos encontramos dentro del referido marco. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, pues lo cierto es que resultar\u00eda entonces improcedente por parte de este despacho entrar a verificar la causaci\u00f3n de perjuicios, lo anterior en todo caso, fue reiterado por el numeral 2.2.2.32.6.4. del Decreto 1074 del a\u00f1o 2015\u2026 que dice lo siguiente: \u2018indemnizaci\u00f3n de perjuicios. El reconocimiento de la garant\u00eda por parte de los obligados o por decisi\u00f3n judicial no impide que el consumidor persiga la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os y perjuicios que haya sufrido por los mismos hechos, ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u2019. En ese estado de las cosas, lo primero que quiere hacer referencia el despacho es entonces la improcedencia del pronunciamiento respecto a los perjuicios que aqu\u00ed se solicita\u201d. <\/p>\n
Frente al segundo aspecto en debate, atinente a que la Superintendencia querellada, se abstuvo de imponerle a Cencosud Colombia Ltda., la multa de que trata el numeral 10 de la disposici\u00f3n 58 del Estatuto del Consumidor, es de se\u00f1alar que esa facultad est\u00e1 ligada a \u201ccircunstancias de agravaci\u00f3n debidamente probadas, tales como la gravedad del hecho, la reiteraci\u00f3n en el incumplimiento de garant\u00edas o del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, inclusive la de expedir la factura y las dem\u00e1s circunstancias\u201d, las cuales no encontr\u00f3 acreditadas, destacando que la demandada en el juicio verbal sumario, intent\u00f3 llegar a un acuerdo con el hoy tutelante, quien se neg\u00f3 a recibir el producto o la devoluci\u00f3n del dinero, como lo acept\u00f3 al absolver el interrogatorio al que fue sometido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se advierte que la sentencia cuestionada pueda ser calificada de arbitraria o irrazonable, pues corresponde a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de las normas citadas y de las pruebas recopiladas, sin que sea la tutela la v\u00eda indicada para anteponer el criterio del accionante sobre el de la entidad convocada, en ejercicio de facultades jurisdiccionales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad, que no se efectu\u00f3 un estudio acucioso de los defectos que se\u00f1al\u00f3 en la demanda de amparo, acerca de la indebida aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia efectuada por el juzgador convocado al momento de fallar, y \u00abque intentar llegar a un acuerdo luego de varios meses de incumplimiento no puede purgar el grave incumplimiento y la profunda burla a [sus] derechos de consumidor por parte de Cencosud, quien lleg\u00f3 al colmo del descaro en la contestaci\u00f3n de la demanda de mentir y fal[tar] a la verdad, desconociendo [su] condici\u00f3n, diciendo que [\u00e9l] no ten\u00eda la calidad de consumidor y, sin embargo y ante tal patra\u00f1a, la SIC en un actuar arbitrario, irrazonable, contra ley y tozudo, lo liber\u00f3 de la sanci\u00f3n que la tutela reclama para la debida y leg\u00edtima protecci\u00f3n de [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Jos\u00e9 Guillermo cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la sentencia emitida el 12 de noviembre de 2021, por la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, donde se accedi\u00f3 parcialmente a lo por \u00e9l reclamado dentro del proceso verbal de protecci\u00f3n al consumidor que adelant\u00f3 frente a Cencosud SA, orden\u00e1ndole a \u00e9sta reembolsarle la totalidad del dinero que pag\u00f3 por el nevec\u00f3n marca Samsung, esto es, la suma de $3.999.015, debidamente indexada, pues en su criterio, la tutelada err\u00f3 al no conceder \u00abning\u00fan tipo de inter\u00e9s\u00bb sobre la suma devuelta, y dejar de sancionar a la demandada con fundamento en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por las razones que a continuaci\u00f3n se esbozan: <\/p>\n
3.1. En un primer plano, y acerca de la queja del accionante relativa a que la Superintendencia convocada ha debido liquidar intereses frente a la suma que orden\u00f3 reembolsar, debe decirse que conforme al ac\u00e1pite de pretensiones que milita en la demanda de protecci\u00f3n al consumidor obrante en el expediente digital remitido por tal entidad, se puede establecer, sin lugar a equ\u00edvocos, que el gestor del amparo no solicit\u00f3 el reconocimiento de ning\u00fan tipo redito, sino el pago de perjuicios materiales y morales, pedimentos que no pueden acompasarse; y de todos modos, aun haciendo abstracci\u00f3n de lo anterior, se advierte que lo que s\u00ed se orden\u00f3 fue la indexaci\u00f3n del valor que debe devolv\u00e9rsele, garantiz\u00e1ndose as\u00ed que se mantenga constante en el tiempo el valor de compra. <\/p>\n
3.2. De otro lado, y acerca de la falta de aplicaci\u00f3n de la plurimencionada sanci\u00f3n que contempla el art\u00edculo 58 del Estatuto del Consumidor1, se advierte que lo considerado en la sentencia del 12 de noviembre pasado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del aqu\u00ed inconforme, pues el estrado accionado explic\u00f3 con claridad, que por virtud de lo normado en tal disposici\u00f3n, es facultad del Juez, una vez verificados los presupuestos establecidos para su procedencia, estos son, i) la gravedad del hecho, ii) la reiteraci\u00f3n en el incumplimiento de garant\u00edas o del contrato, iii) la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, inclusive la de expedir la factura y las dem\u00e1s circunstancias, que los mismos en el caso concreto, no se hallaban materializados, en raz\u00f3n a que \u00abuna vez estudiado el material probatorio y la conducta del extremo pasivo, (\u2026) se abstiene de imponer sanciones a la parte demandada, teniendo en cuenta que no se advierten circunstancias de agravaci\u00f3n que justifiquen la imposici\u00f3n de una multa; esto \u00bfpor qu\u00e9?, porque en el Despacho se acredit\u00f3 que antes de la presentaci\u00f3n de la demanda, la sociedad accionada, trat\u00f3 de tener acercamientos con el demandante y procedi\u00f3 a ofrecerle, fuera la entrega del producto o la devoluci\u00f3n del dinero, situaci\u00f3n que no fue aceptada por el demandante, y as\u00ed lo reconoci\u00f3 \u00e9ste en la diligencia, por ende entonces pues para el despacho no se configuran los presupuestos para imponer alguna multa o sanci\u00f3n a la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
5. Por otra parte, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab10. Si la decisi\u00f3n final es favorable al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio y los Jueces podr\u00e1n imponer al productor o proveedor que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales o legales, adem\u00e1s de la condena que corresponda, una multa de hasta ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos legajes mensuales vigentes a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se fijar\u00e1 teniendo en cuenta circunstancias de agravaci\u00f3n debidamente probadas, tales como la gravedad del hecho, la reiteraci\u00f3n en el incumplimiento de garant\u00edas o del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, inclusive la de expedir la factura y las dem\u00e1s circunstancias. No proceder\u00e1 esta multa si el proceso termina por conciliaci\u00f3n, transacci\u00f3n, desistimiento o cuando el demandado se allana a los hechos en la contestaci\u00f3n de la demanda. La misma multa podr\u00e1 imponerse al consumidor que act\u00fae en forma temeraria\u00bb. <\/p>\n
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