STC1931-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1931-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 11001-02-03-000-2022-00491-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, la Personer\u00eda Municipal de Valledupar y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El interesado reclama la protecci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por el Tribunal accionado porque no ha dado respuesta a la solicitud radicada el \u00ab13 de abril de 2020\u00bb, y solicit\u00f3 se ordene a la Magistrada ponente hacer cumplir el fallo de tutela. <\/p>\n
En sustento de lo pretendido, manifest\u00f3 que desde el 13 de abril de 2020, ha presentado infinidad de solicitudes en el \u00abrecurso de impugnaci\u00f3n\u00bb, porque no estuvo de acuerdo con la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal, pero le dijeron que esos fallos no pueden ser apelados, y que el mismo se encuentra en firme. <\/p>\n
Por ello pidi\u00f3 a dicha autoridad judicial, proferir una orden para hacer cumplir la sentencia, as\u00ed como sancionar a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, porque desde el \u00ab30 de julio de este a\u00f1o\u00bb (sic), le manifestaron que entregar\u00edan la indemnizaci\u00f3n, t\u00e9rmino que se encuentra vencido, sin que la haya consignado ning\u00fan dinero. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Personero de Valledupar indic\u00f3 que, no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al se\u00f1or Daza Mart\u00ednez y requiri\u00f3 la desvinculaci\u00f3n al presente tr\u00e1mite, porque se trata de un hecho que no est\u00e1 dentro de las competencias asignadas al Ministerio Publico. <\/p>\n
La Juez Segunda de Familia de Valledupar respondi\u00f3 que, ha resuelto todas y cada una de las solicitudes realizadas por el peticionario, exaltando que, una vez proferido el fallo en primera instancia, fue impugnado por el interesado y lo confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esa ciudad; agreg\u00f3 que posteriormente adelant\u00f3 el incidente de desacato propuesto por el actor, el que luego de recibir las respuestas por la entidad tutelada, resolvi\u00f3 abstenerse de continuar con el tr\u00e1mite ante el cumplimiento de la orden constitucional proferida. <\/p>\n
La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas manifest\u00f3 que el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n para el caso del solicitante se aplic\u00f3 el 31 de julio de 2021, habiendo obtenido un puntaje negativo, que no le permiti\u00f3 acceder a la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, y precis\u00f3 que este a\u00f1o ser\u00e1 visitado de nuevo a fin de aplicar nuevamente la encuesta. <\/p>\n
El Tribunal accionado, se limit\u00f3 a remitir el link del expediente constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que las decisiones que se adopten en virtud de una tutela, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s ese mismo mecanismo excepcional: <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar1. <\/p>\n
Ahora bien, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
2. Con todo, la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de la utilizaci\u00f3n de este mecanismo constitucional, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tute-la, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sen-tencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, advierte la Sala con las pruebas aportadas a este tr\u00e1mite, que el accionante cuenta con una sentencia en su favor proferida el 13 de abril de 2021 por el Tribunal Superior de Valledupar, en la que revoc\u00f3 el fallo de primer grado, y concedi\u00f3 el amparo a los derechos fundamentales del se\u00f1or Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez, para lo cual orden\u00f3 a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas a practicar el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n al se\u00f1or Daza Mart\u00ednez para establecer si se deb\u00eda anticipar o no el pago de la indemnizaci\u00f3n, no obstante, el solicitante intenta con este mecanismo excepcional, cambiar la orden de amparo para que se autorice el pago de la indemnizaci\u00f3n, y se conmine al Tribunal Superior de Valledupar para que imponga sanciones a la UARIV \u00abpor no consignarle la indemnizaci\u00f3n\u00bb, peticiones que se tornan improcedentes, como quiera que, no puede controvertir las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n del mismo linaje. <\/p>\n
M\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional, esto es, que la sentencia emitida por los funcionarios accionados hubiera sido producto de una situaci\u00f3n de fraude. <\/p>\n
Sin embargo, corresponde se\u00f1alar a la Sala, que la solicitud para imponer sanci\u00f3n por el incumplimiento a la orden de amparo, se tramit\u00f3 y resolvi\u00f3 en el incidente de desacato adelantado en la acci\u00f3n de tutela No. 002-2021-00029-01 promovido por Daza Mart\u00ednez contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, del que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar, quien en providencia de 12 de agosto de 2021, dispuso abstenerse de continuar con el tr\u00e1mite, porque la accionada aplic\u00f3 el \u00abM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb al se\u00f1or Daza Mart\u00ednez el 30 de Julio de ese a\u00f1o, y expidi\u00f3 la respectiva resoluci\u00f3n que fue debidamente notificada al interesado. <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Edgar Enrique Daza Mart\u00ednez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
[Ausencia justificada] <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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