STC1932-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1932-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00509-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Carlos Enrique Hoyos Molina contra la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del juicio de radicado 2017-00466-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, expuso los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 28 de marzo de 2015, suscribi\u00f3 contrato de obra civil con la Unidad Residencial La Mota N\u00facleo 4\u00ba, cuyo objeto era el \u00abcerramiento perimetral por la carrera 76 de la Unidad Residencial la Mota\u00bb, por virtud del deslizamiento del 10 de abril de 2014 \u00aben el costado norte del muro de cerramiento de la propiedad horizontal (\u2026) a causa de las fuertes lluvias, la acumulaci\u00f3n de basuras, y la deficiencia en el filtro de drenado\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 1\u00ba de abril siguiente, la propiedad horizontal firm\u00f3 contrato de interventor\u00eda de la \u00abobra de cerramiento La Mota N\u00facleo 4\u00ba\u00bb con la sociedad Ingeniar Estructuras S.A.S., de cuyas obligaciones resalt\u00f3: \u00ab8. Prestar apoyo al contratista de la obra orient\u00e1ndolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones informando sobre los temas, procedimientos y reglamentos que apliquen\u00bb y \u00ab5. Analizar con el contratista de la obra las alternativas de orden t\u00e9cnico y definir las m\u00e1s convenientes para el \u00f3ptimo desarrollo del objeto del contrato, dejando constancia de ello mediante acta firmada por las partes\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 18 de agosto posterior, habiendo el contratista entregado la obra sin que se le hubiera hecho reparo alguno, la interventor\u00eda realiz\u00f3 el \u00abInforme final\u00bb, en el que se dijo que \u00abse conoci\u00f3 que el suelo que se encuentra en la parte exterior del cerramiento es un material producto de descomposici\u00f3n de residuos s\u00f3lidos arrojados por los transe\u00fantes de la v\u00eda aleda\u00f1a y el muro de cerramiento se convirti\u00f3 en un muro de contenci\u00f3n de dicho material\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 19 de septiembre ulterior, se produjo un nuevo deslizamiento a causa de las basuras y escombros que los transe\u00fantes arrojaban en una secci\u00f3n del muro de cerramiento, ocasionando que este se derrumbara. <\/p>\n
2.5. Como consecuencia de lo anterior, la Unidad Residencial La Mora inici\u00f3 el proceso de resoluci\u00f3n contractual de radicado 2017-00466 contra el ahora tutelante, la sociedad interventora, Mar\u00eda Clara Luz Gaviria -antigua administradora del conjunto- y Seguros del Estado S.A., que fue fallado en primera instancia, el 5 de marzo de 2021, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Medell\u00edn, negando las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.6. El 19 de agosto de ese mismo a\u00f1o, la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resolvi\u00f3 la alzada interpuesta contra aquella determinaci\u00f3n, disponiendo: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de los codemandados MAR\u00cdA CLARA LUZ GAVIRIA BOTERO y de la sociedad INGENIAR ESTRUCTURAS SAS. <\/p>\n
SEGUNDO: Negar la pretensi\u00f3n principal de resoluci\u00f3n contractual y sus consecuenciales. <\/p>\n
TERCERO: Declarar INFUNDADAS las excepciones propuestas. <\/p>\n
CUARTO: Acoger parcialmente la pretensi\u00f3n subsidiaria en el sentido de declarar la responsabilidad del empresario constructor, se\u00f1or CARLOS ENRIQUE HOYOS MOLINA. <\/p>\n
QUINTO: Se reconocen como perjuicios demostrados, y actualizados a la fecha, en favor de la UNIDAD RESIDENCIAL LA MOTA N\u00daCLEO 4, la suma de $55.156.175, de los cuales, SEGUROS DEL ESTADO S.A., pagar\u00e1 la suma de $49.811.003. El excedente lo pagar\u00e1 el codemandado el codemandado CARLOS ENRIQUE HOYOS MOLINA (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
2.7. El actor censura al colegiado convocado de incurrir en una \u00abv\u00eda de hecho bajo la modalidad de defecto factico en dimensi\u00f3n negativa por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, manifest\u00f3 que \u00abno existe prueba en el expediente que acredite que la obra por mi realizada adoleciera de mala calidad de los materiales empleados (\u2026) o por t\u00e9cnicas de operaci\u00f3n defectuosas\u00bb. En este sentido, rese\u00f1\u00f3 que la prueba pertinente para demostrar una posible falencia era un peritaje, \u00abno obstante, y como ya se mencion\u00f3, si bien se alleg\u00f3 un peritaje, aquel no cumpli\u00f3 con los elementos b\u00e1sicos de rigor a efectos de ser contradicho y valorado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, afirm\u00f3 que \u00abel argumento de aducir que por haber seguido las instrucciones de la interventor\u00eda se configura ipso facto un incumplimiento por mi parte, es f\u00e1cilmente derrocado al observar lo dispuesto en el contrato de interventor\u00eda \u2013 cl\u00e1usula 9-\u00bb; adem\u00e1s, que debi\u00f3 tenerse en cuenta que \u00abla Unidad Residencial al suscribir el contrato de interventor\u00eda, en la cl\u00e1usula d\u00e9cima, manifest\u00f3 que conoc\u00eda, comprend\u00eda y aceptaba todas y cada una de las cl\u00e1usulas y apartes de dicho contrato\u00bb, por lo que \u00abera su voluntad permitirle a la interventor\u00eda tomar decisiones respecto a la ejecuci\u00f3n de la obra (\u2026) en otras palabras, se configur\u00f3 un aut\u00e9ntico mandato, donde el mandante asume por cuenta y riesgo propio lo que le obligue a consecuencia del actuar del mandatario\u00bb. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la garant\u00eda decenal, adujo que, al no existir incumplimiento alguno, no era dable la exigibilidad de esta, \u00abpuesto que el colapso del muro de cerramiento fue por causa exclusiva de la v\u00edctima, (\u2026) tal como se desprende de la interpretaci\u00f3n del contrato de interventor\u00eda, del informe final de interventor\u00eda, especialmente el folio 43 y las pruebas recopiladas en el proceso-, las modificaciones que realiz\u00f3 la interventor\u00eda como mandataria de la unidad residencial, implicaron que todo riesgo\/responsabilidad fruto de aquellas modificaciones, corriera a cargo del mandante en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil, siendo este ultimo la misma Unidad Residencial\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, resalt\u00f3 que \u00abaquellos me contrataron para realizar un muro de cerramiento y no un muro de contenci\u00f3n, existiendo entre ambas sendas diferencias t\u00e9cnicas, estructurales, funcionales y obviamente de costos\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental invocado, \u00abDeclarar La ausencia de responsabilidad por mi parte frente a lo solicitado por la demandante y conforme a las pruebas existentes en el proceso; y en consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia S.109 del 19-08-2021, emitida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn (\u2026) en lo atinente a lo que tiene que ver con mi responsabilidad y condena\u00bb y \u00abReconocer lo dem\u00e1s que llegue a ser probado dentro del procedimiento y que beneficie mis intereses\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE <\/p>\n
LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado asever\u00f3 que la decisi\u00f3n estuvo soportada en el an\u00e1lisis de las pruebas allegadas y la normativa aplicable, sin que se hubiera incurrido en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn indic\u00f3 que los hechos y pretensiones de la tutela se refieren a las actuaciones surtidas en segunda instancia, por lo que se atendr\u00e1 a lo que se decida frente a aquellas. <\/p>\n
3. Johan Echeverri Ocampo, quien dice actuar en nombre de la Unidad Residencial La Mota N\u00facleo 4, se pronunci\u00f3 frente a los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la acci\u00f3n, solicitando que fuera denegada como quiera que \u00abla decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el actor censura la sentencia dictada en segunda instancia en el proceso de radicado 2017-00466, pues considera, en s\u00edntesis, que no se realiz\u00f3 una debida valoraci\u00f3n probatoria, que no existe prueba que acredite que la obra realizada por \u00e9l adoleciera de la calidad requerida y que no se tuvieron en cuenta las facultades dadas por la parte contratante a la interventor\u00eda, por lo cual solicita que se deje sin efectos el fallo proferido el 19 de agosto de 2021 por el Colegiado accionado y se declare la ausencia de responsabilidad de su parte. <\/p>\n
2. Al respecto, en primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya discutidos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo excepcional, se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; en ese orden, la jurisprudencia constitucional ha considerado que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma ostensiblemente alejada de lo atendible, fruto de la arbitrariedad o el capricho y de manera totalmente desconectada del ordenamiento aplicable2. <\/p>\n
3. Pues bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al momento de resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado contra la providencia del 5 de marzo de 2021, el ad quem indic\u00f3 que la pretensi\u00f3n principal de la demanda, esto es, la resoluci\u00f3n contractual, no era procedente, como quiera que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dicho mecanismo legal traer\u00eda como inexorable consecuencia el que las cosas necesariamente regresaran al estado precontractual, esto es que, por quererlo as\u00ed el legislador, las partes interesadas deben quedar colocadas en la misma situaci\u00f3n en que se encontraban antes de contratar, vale decir, como si el contrato jam\u00e1s se hubiera celebrado, circunstancia que aqu\u00ed se torna materialmente imposible. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el contrato de obra se ejecut\u00f3 en su totalidad, as\u00ed se desprende del hecho octavo de la demanda, es decir, se realizaron las excavaciones necesarias; se retiraron y se botaron la basuras que bordeaban la unidad; se realiz\u00f3 la poda de vegetaci\u00f3n; se demolieron los muros existentes y se retiraron los escombros, entre otros, como tambi\u00e9n se adhiri\u00f3 al suelo el muro de cerramiento sobre el cual se instal\u00f3 una malla que no hizo parte del contrato de obra, adem\u00e1s, probado qued\u00f3, que el contrato fue objeto de modificaciones, en donde se suscribi\u00f3 otros\u00ed para realizar un muro de contenci\u00f3n al lado de la porter\u00eda de la unidad, donde se hab\u00eda presentado un deslizamiento a inicios del 2015, muro de contenci\u00f3n que no fue objeto de reclamo o inconformismo alguno o, luego entonces, volver la mayor\u00eda de las actuaciones realizadas por el contratista a su estatu quo al momento de contrataci\u00f3n, resulta materialmente imposible, am\u00e9n que ordenarse el retiro del referido muro de contenci\u00f3n y el muro de cerramiento acarrear\u00eda serias consecuencias para la integridad fisca y la seguridad de los habitantes de la unidad residencial, consecuencias que no fueron previstas por la parte actora a la hora de optar por la resoluci\u00f3n y sus consecuentes restituciones mutuas, pues \u00e9stas \u00faltimas no solo implican que deba ser devuelto lo pagado, sino tambi\u00e9n el objeto de prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora, frente a la pretensi\u00f3n subsidiaria, relativa a la aplicaci\u00f3n de la garant\u00eda decenal de que trata el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando un empresario constructor realiza una obra de construcci\u00f3n, como es el caso de autos, tiene una obligaci\u00f3n de garant\u00eda de que la obra no presentar\u00e1 ni amenazar\u00e1 ruina dentro de los 10 a\u00f1os siguientes a su entrega, por vicio de la construcci\u00f3n, o por vicio del suelo que el empresario o sus empleados hayan debido conocer en raz\u00f3n de su oficio, o por vicio de los materiales. De ah\u00ed que, al presentarse cualquiera de tales hip\u00f3tesis, de paso se est\u00e1 incumpliendo el contrato que se hubiere celebrado\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, entr\u00f3 a determinar cada uno de los elementos configuradores de este tipo de responsabilidad, as\u00ed: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, de cara a la condici\u00f3n personal del contratista constructor, se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
3.2. De otra parte, frente al da\u00f1o ocurrido, afirm\u00f3 que, conforme con el informe suscrito el 28 de enero de 2016 por la empresa Ingeniar Estructuras S.A.S. y el presentado por la Alcald\u00eda de Medell\u00edn el 29 de octubre de 2015, qued\u00f3 \u00abacreditada la ocurrencia de un hecho de derribamiento del muro acaecido los d\u00edas 19 y 20 de septiembre de 2015, adem\u00e1s que as\u00ed lo acept\u00f3 el constructor en el interrogatorio de parte, hecho que ocurri\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de la garant\u00eda decenal, si se tiene en cuenta que seg\u00fan el informe de obra que milita a folios 45 del expediente, la obra \u2013enti\u00e9ndase muro de cerramiento- se entreg\u00f3 el 15 de agosto de 2015\u00bb. <\/p>\n
3.3. En seguidas l\u00edneas, argument\u00f3 que el hecho aludido, esto es, el derrumbe parcial del muro encajaba en el supuesto establecido en el art\u00edculo 2060 ibidem, dado que en el plenario estaba acreditado que \u00e9ste \u00absufri\u00f3, en parte, un colapso o desplome en vigencia de la garant\u00eda decenal, raz\u00f3n por la cual debe prosperar la pretensi\u00f3n subsidiaria, m\u00e1xime que el vicio de la edificaci\u00f3n es atribuible al constructor, de ah\u00ed que no haya lugar a que el mismo se libere de la responsabilidad enrostrada\u00bb. <\/p>\n
Para fundamentar lo anterior, esgrimi\u00f3 que, si bien el dictamen pericial incorporado en la demanda para probar el incumplimiento en el proceso constructivo no fue objeto de valoraci\u00f3n en primera instancia, ya que no se anexaron los documentos que referenciaba el perito en su an\u00e1lisis, \u00abobserva la Sala que, en cuanto al incumplimiento del contratista, que era el hecho que pretend\u00eda acreditarse con el dictamen pericial, en el interrogatorio de parte agotado por dicho codemandado se obtuvo la confesi\u00f3n de su incumplimiento, prueba suficiente para tenerse como acreditado ese hecho\u00bb. <\/p>\n
Aunado a esto, vislumbr\u00f3 que <\/p>\n
\u00absi se analiza el contrato de obra, dentro de las obligaciones del contratista se encontraba, entre otras: \u20184. A ejecutar la obra de acuerdo con la descripci\u00f3n y cotizaci\u00f3n previamente aprobada\u2019, encontr\u00e1ndose que seg\u00fan lo dicho por el se\u00f1or Carlos Enrique Hoyos Molina en su interrogatorio (Anexo 20; minuto 22:46) al final de la obra, en donde est\u00e1 el parque infantil y donde se present\u00f3 el evento, se calific\u00f3 como parte cr\u00edtica por lo cual estaba contemplado realizar un muro en bolsacreto (costales en tierra armada), pero el mismo no se hizo conforme a las indicaciones entregadas por el contratante, seg\u00fan el contratista, porque la empresa interventora aludi\u00f3 de manera verbal que no exist\u00eda presupuesto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, obs\u00e9rvese que seg\u00fan lo dicho por el se\u00f1or Carlos Enrique, los estudios t\u00e9cnicos entregados por la Unidad Residencial indicaban que en el sector del siniestro deb\u00eda realizarse un muro con caracter\u00edsticas definidas por quien encarg\u00f3 la obra, y las cuales no fueron acatadas por el constructor. <\/p>\n
Significa lo anterior, que el contratista deshonr\u00f3 sus obligaciones y no puede excusarse en que cambi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la obra de acuerdo con la descripci\u00f3n entregada por el contratante, bajo el pretexto de que as\u00ed se lo orden\u00f3 la empresa interventora, pues no sea otea dentro del contrato de obra que el contratista debiera ce\u00f1irse a las indicaciones de la empresa interventora, por el contrario, es claro el contrato a la hora de establecer que el contratista ejecutar\u00eda la obra de cerramiento perimetral de la unidad residencial \u2018seg\u00fan las condiciones y especificaciones t\u00e9cnicas entregadas por el contratante\u2019\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo expuesto, concluy\u00f3 que, \u00abcomo en efecto aqu\u00ed se demostr\u00f3 que se activ\u00f3 la garant\u00eda decenal debido al desplome de parte del muro, hecho que ocurri\u00f3 dentro de la d\u00e9cada siguiente a la construcci\u00f3n de obra, y adem\u00e1s por vicio de la construcci\u00f3n, habr\u00e1 de revocarse la sentencia en ese aspecto y como consecuencia se acceder\u00e1 a reconocer la pretensi\u00f3n subsidiaria, razones suficientes para tambi\u00e9n concluir que las excepciones propuestas por la aseguradora demandada y que denomin\u00f3: Ausencia de obligaci\u00f3n de indemnizar, hecho exclusivo de la v\u00edctima, gen\u00e9rica y, cobro de lo no debido, est\u00e1n llamadas al fracaso por las razones ya expuestas\u00bb. <\/p>\n
4. De lo referido se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, dado que fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de los aspectos en disputa, las probanzas allegadas y la normativa aplicable, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues el Colegiado accionado sustent\u00f3 su decisi\u00f3n en las obligaciones contractuales pactadas entre las partes, las especificaciones t\u00e9cnicas del contrato, el conocimiento del contratista frente a aquellas y el da\u00f1o evidenciado, destacando que el v\u00ednculo contractual del tutelante reca\u00eda \u00fanicamente con la Unidad Residencial La Mota N\u00facleo 4\u00ba y, por ende, no pod\u00eda excusarse de su responsabilidad se\u00f1alando que cambi\u00f3 la obra por las instrucciones de la interventor\u00eda, dado que \u00abno sea otea dentro del contrato (\u2026) que el contratista debiera ce\u00f1irse a las indicaciones\u00bb de aquella, por el contrario, \u00e9ste se oblig\u00f3 a ejecutar la obra seg\u00fan las condiciones entregadas por el contratante. <\/p>\n
4.1. En este orden, se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el Tribunal accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte actora, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterado en CSJ STC2462-2021 mar. 2021, Rad. 2020-001724-01). <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, en cuanto ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no da p\u00e1bulo para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso. En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (\u2026)\u2019\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
<\/p>\n
En el sub examine, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente, con base en las pruebas consideradas. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se debe negar el amparo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-42, archivo \u201c05. Sentencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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STC1932-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC1932-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00509-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Carlos Enrique Hoyos Molina […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61374","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61374","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61374"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61374\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61374"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61374"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61374"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}