STC1941-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1941-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02788-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de enero de 2022 por la Sala S\u00e9ptima de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Laura Natalia Mariscal P\u00e9rez contra el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los interesados en el proceso ejecutivo 2019-00262. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abprotecci\u00f3n patrimonial a mis bienes\u00bb y a las v\u00edctimas de desplazamiento forzado, presuntamente vulnerados por el accionado en el proceso ejecutivo 11001310304420190026200. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f3 que su padre muri\u00f3 \u00aben extra\u00f1as circunstancias\u00bb en el 2004, sus abuelos en el a\u00f1o 2007, quienes d\u00edas antes hab\u00edan denunciado \u00abel grave riesgo de muerte a que estaban expuestos. \u2013 para apropiarse de sus bienes\u00bb, y que su progenitora fue asesinada en su residencia en el 2017. <\/p>\n
Sostuvo que, como \u00fanica heredera de sus abuelos, entre los bienes que le adjudicaron estaban las acciones de Invermarshals Ltda. hoy SAS, Cerroriente Ltda. y Grupo Colombiano de Tierras y Ganados Ltda., sociedades propietarias de un globo de terreno, conformado por las fincas La Esperanza, Sin Raz\u00f3n y El Porvenir, todas con \u00abMEDIDA CAUTELAR DE ESTADO de PROTECCI\u00d3N PATRIMONIAL\u00bb e invadidas, tras el fallecimiento de sus abuelos, por el se\u00f1or Quenedi Osorio Sierra. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, pese a adelantar diferentes acciones judiciales y administrativas para recuperar sus bienes, solo ha logrado \u00abmediante acci\u00f3n de tutela que se desalojara la Finca La Esperanza (\u2026) y se la entregaran a un secuestre\u00bb. <\/p>\n
2.1. Adujo que ante el Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se adelanta el proceso ejecutivo 2019-00262-00 de Liliana Pedraza Beltr\u00e1n contra Cerroriente Ltda., en el que se embarg\u00f3 la finca El Porvenir con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 236-29304 y en el que, en la diligencia de secuestro del 5 de noviembre de 2019, se opuso a ella el se\u00f1or Quenedi Osorio Sierra, alegando que ten\u00eda una sentencia de pertenencia a su favor que hab\u00eda sido dictada 3 d\u00edas antes por el Juzgado Promiscuo Municipal de Vistahermosa, Meta. <\/p>\n
De aquella oposici\u00f3n, el Juzgado accionado corri\u00f3 traslado el 11 de marzo de 2020, t\u00e9rmino dentro del cual la ejecutante y la sociedad ejecutada solicitaron que se rechazara tal oposici\u00f3n, argumentando que se hab\u00eda inscrito la medida cautelar de protecci\u00f3n patrimonial y prohibici\u00f3n administrativa del Comit\u00e9 de Atenci\u00f3n Desplazados del Municipio de Vistahermosa en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
Por la mora en la decisi\u00f3n de la oposici\u00f3n presentada, se instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela1 y, en virtud de ella, el Juzgado de conocimiento profiri\u00f3 auto el 25 de noviembre de 2021, aceptando la misma, para que se declarara que el hecho hab\u00eda sido superado, pero no valor\u00f3 su condici\u00f3n de v\u00edctima. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con las circunstancias descritas, la accionante se\u00f1al\u00f3 que la providencia referida vulneraba sus derechos fundamentales como persona desplazada por la violencia y \u00abampara la usurpaci\u00f3n e invasi\u00f3n de mis bienes, desobedeciendo la ley y el derecho\u00bb, mientras su situaci\u00f3n econ\u00f3mica es \u00abprecaria y debo vivir en zozobra por mi seguridad\u00bb. <\/p>\n
A su vez, indic\u00f3 que la sentencia de prescripci\u00f3n dictada por el Juzgado Promiscuo de Villahermosa a favor del opositor \u00abfue anulada como consecuencia de la acci\u00f3n de tutela No. 5068931 89001 2019 00227 00\/01\/02. Confirmada por el H.T.S. Sala Civil \u2013 Sala Civil \u2013 Familia- Laboral de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abSe anule el auto de fecha 25 de noviembre de 2021, que acepta la oposici\u00f3n al secuestro de mi finca El Porvenir aqu\u00ed conocida y en los 05 d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo de tutela emita auto que corresponda con el derecho sobre la ley de v\u00edctimas\u2026\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 que no se declarara improcedente la tutela, por estar en curso el recurso de apelaci\u00f3n que se interpuso contra el auto del 25 de noviembre de 2021, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en la sentencia T-129 de 2019 y se\u00f1al\u00f3 que \u00abexisten sentencias de tutela a mi favor\u00bb, entre los cuales destac\u00f3 la T-729 del 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se remiti\u00f3 a las actuaciones adelantadas en el proceso 2019-0026200, precis\u00f3 que \u00abla aqu\u00ed tutelante, quien tambi\u00e9n funge como accionista de la sociedad demandada (Cerroriente Ltda. en liquidaci\u00f3n), dentro del proceso ejecutivo, no compareci\u00f3 al mismo, ni se opuso a las suplicas de la demanda incoada\u00bb y que no se ha incurrido en alguna causal que habilite la procedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El apoderado del opositor en el proceso objeto de an\u00e1lisis, afirm\u00f3 que, en previa oportunidad, se neg\u00f3 una solicitud de amparo por los mismos hechos y que su representado \u00abha demostrado suficientemente ante los estrados judiciales y fiscal\u00eda general de la naci\u00f3n, que nunca form\u00f3 parte ni como autor, coautor o cualquier otra modalidad, de los delitos por los que fue objeto de imputaci\u00f3n por parte del se\u00f1or Monta\u00f1a, habiendo sido archivados definitivamente por los despachos investigadores de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (invasi\u00f3n de tierras, homicidio, fraude a resoluci\u00f3n judicial, etc.)\u00bb. <\/p>\n
Y argument\u00f3 que la anotaci\u00f3n de protecci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula fue realizada a todos los predios rurales del municipio de Vistahermosa, \u00abno obstante, la Resoluci\u00f3n 002 proferida por El Comit\u00e9 de Atenci\u00f3n Integral a la Poblaci\u00f3n Desplazada del municipio de Vista Hermosa \u2013 Meta, (\u2026), no incluye los predio enunciados por la accionante, por encontrase en la verdad La Espa\u00f1ola, por fuera de la cota 400, de que trata la Resoluci\u00f3n, raz\u00f3n por la que la accionante no la anexa, y a su vez por la que los diferentes estrados judiciales no han accedido a sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El abogado Jos\u00e9 de la Cruz Monta\u00f1a Perdomo, aduciendo la representaci\u00f3n legal de Cerroriente Ltda. en liquidaci\u00f3n, manifest\u00f3 que las situaciones referidas en el ac\u00e1pite de la tutela, denominado \u00abPREVIO\u00bb, eran ciertas y estaban debidamente probadas \u00abcon los documentos que all\u00ed refiere\u00bb, as\u00ed como que eran reales \u00ablos 9 hechos\u00bb posteriores, igualmente acreditados \u00abpor las pruebas que se citan en la demanda\u00bb. A su vez, indic\u00f3 que a la tutelante se le han venido vulnerando sus derechos, por lo que pidi\u00f3 que fueran protegidos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Liliana Pedraza Beltr\u00e1n, ejecutante en el proceso debatido, aduj\u00f3 que hab\u00eda participado en diferentes procesos judiciales para defender el cr\u00e9dito cobrado a Cerroriente Ltda. y que, en el caso bajo estudio, se vulner\u00f3 el derecho al debido proceso como consecuencia de la omisi\u00f3n de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n que protege a los inmuebles que tienen inscritas medidas cautelares de estado para protecci\u00f3n patrimonial. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que era \u00abAterrador (\u2026) la situaci\u00f3n que ha debido soportar la accionante, seg\u00fan da cuenta el relato que hace en los hechos de la demanda constitucional\u00bb y solicit\u00f3 que se concediera la tutela presentada por Laura Natalia Mariscal P\u00e9rez y se ordene al Juzgado accionado aplicar la normativa relacionada con la protecci\u00f3n de los bienes y persona objeto de desplazamiento forzado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo tras advertir que su interposici\u00f3n era prematura, dado que, contra el auto controvertido, que data del 25 de noviembre de 2021, se interpuso recurso de apelaci\u00f3n, del cual se corri\u00f3 traslado el 14 de diciembre de ese a\u00f1o, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 326 del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que se encontraba pendiente de decisi\u00f3n, \u00absin que pueda enrostrarse mora por del accionado en el tr\u00e1mite del susodicho recurso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LAS IMPUGNACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora de la acci\u00f3n impugn\u00f3 la sentencia del Tribunal, argumentando que en la solicitud de amparo pidi\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la sentencia T-129 de 2019, para que no se declarara improcedente por la apelaci\u00f3n en curso, ante su calidad de v\u00edctima del conflicto armado, caso en el cual no se puede decidir con los formalismos del proceso ejecutivo. A\u00f1adi\u00f3 que el predio El Porvenir no puede ser objeto de posesi\u00f3n por persona diferente a sus due\u00f1os y que el auto acusado debe declararse nulo, de conformidad con las normas de protecci\u00f3n a las v\u00edctimas de desplazamiento forzado. <\/p>\n
Adicionalmente, solicit\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado en primera instancia, por i) indebida integraci\u00f3n del contradictorio al no vincularse en debida forma a Liliana Pedraza Beltr\u00e1n (ejecutante), al representante legal Cerroriente Ltda. (sociedad ejecutada), la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, por ser la autoridad que tiene inscrita una medida de protecci\u00f3n patrimonial en el folio del bien en disputa y a los abogados de las partes del proceso ejecutivo 2019-00262-00, toda vez que s\u00f3lo se les remiti\u00f3 el auto de admisi\u00f3n de la demanda y, por tanto, no conocen el escrito de tutela ni las pruebas allegadas y b) por falta de motivaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Liliana Pedraza Beltr\u00e1n, ejecutante en el proceso cuestionado, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal, en raz\u00f3n a que, al negar el amparo reclamado por Laura Natalia Mariscal P\u00e9rez, se pone en riesgo la recuperaci\u00f3n del dinero objeto de cobro. Arguy\u00f3 que la decisi\u00f3n del a quo constitucional \u00abno se compadece con los graves hechos que rodean los bienes heredados\u00bb por la tutelante e inst\u00f3 que se concediera la protecci\u00f3n pretendida por aquella. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La sociedad Cerroriente Ltda., a trav\u00e9s de quien ha actuado como su representante legal en el juicio ejecutivo, aleg\u00f3 que no se estudiaron los derechos fundamentales vulnerados a la accionante, que \u00absin lugar a dudas es v\u00edctima del desplazamiento forzado\u00bb y destac\u00f3 que el auto dictado por el Juzgado y atacado en la tutela era ilegal, porque el inmueble embargado y secuestrado \u00abno puede ser objeto de venta por sus propietarios, mucho menos de posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, porque las partes y terceros con inter\u00e9s no fueron notificadas en debida forma, poniendo de presente que, en su caso, tan solo le remiti\u00f3 el auto admisorio de la tutela, pero no as\u00ed el escrito inicial y los anexos. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por su parte, el apoderado del opositor en el proceso ejecutivo dijo estar de acuerdo con la decisi\u00f3n de primera instancia y aleg\u00f3 que el ruego no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiaridad. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende la gestora que sean amparadas sus garant\u00edas fundamentales, que considera vulneradas con ocasi\u00f3n del auto del 25 de noviembre de 2021, proferido en el proceso ejecutivo 2019-00262-00 por el Juzgado accionado, mediante el cual accedi\u00f3 a la oposici\u00f3n presentada en la diligencia de secuestro del inmueble El Porvenir, argumentando que sobre \u00e9ste recae una medida de protecci\u00f3n administrativa que imposibilita que la posesi\u00f3n sea ejercida por un tercero y, adem\u00e1s, que se deben salvaguardar sus derechos como persona v\u00edctima del conflicto armado. <\/p>\n
2. En primer lugar, sobre la nulidad del tr\u00e1mite constitucional surtido en primera instancia reclamada por la tutelante y por quien act\u00faa en el juicio ejecutivo como representante legal de Cerroriente Ltda., en tanto no se habr\u00edan surtido en debida forma las notificaciones a las partes y otros interesados, debe se\u00f1alarse que aquella solo puede ser formulada por la persona afectada, de conformidad con lo previsto en el inciso 3 del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso2, norma aplicable en virtud de la remisi\u00f3n del art\u00edculo 4 del Decreto 306 de 19923, raz\u00f3n por la que no puede acogerse. <\/p>\n
Ahora bien, sobre lo aludido por Jos\u00e9 de la Cruz Monta\u00f1a Perdomo, en el sentido que no estuvo bien notificado del auto admisorio de la tutela, pues no le enviaron la demanda y sus anexos, advierte la Sala que en el documento allegado ante el Tribunal4 se refiri\u00f3 expresamente a los hechos y pruebas se\u00f1alados en el escrito inicial y no mencion\u00f3 tal nulidad; adem\u00e1s, impugn\u00f3 el fallo de primera instancia, por lo que no se advierte irregularidad al respecto. <\/p>\n
3. De otro lado, en relaci\u00f3n con lo pretendido por la tutelante y la impugnaci\u00f3n por ella interpuesta, la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en raz\u00f3n a que no se encuentra legitimada para atacar las decisiones adoptadas en el juicio ejecutivo, toda vez que ella no es parte en el proceso5, pues la ejecutante es Liliana Pedraza Beltr\u00e1n y el ejecutado la sociedad Cerroriente Ltda. <\/p>\n
3.1. Sobre el particular, ha reiterado la jurisprudencia que \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb6; de manera que, en el sub judice, pese a que la gestora es accionista de la sociedad ejecutada Cerroriente Ltda., es esa persona jur\u00eddica la titular de los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados con el auto que accedi\u00f3 a la oposici\u00f3n de un tercero en dicho tr\u00e1mite y, por ende, la que est\u00e1 habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio prev\u00e9 que \u00ab[p]or el contrato de sociedad dos o m\u00e1s personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre s\u00ed las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb; en ese orden, los socios que no han sido reconocidos como parte en el juicio debatido no est\u00e1n legitimados para acudir a la tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la se\u00f1ora Laura Natalia Mariscal P\u00e9rez carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para atacar la actuaci\u00f3n judicial ya rese\u00f1ada. <\/p>\n
3.2. Y, aunque al presente tr\u00e1mite tambi\u00e9n concurrieron la ejecutante y la sociedad ejecutada, lo hicieron como intervinientes y no como accionantes, de manera que para que la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos sea objeto de debate y decisi\u00f3n en sede constitucional deben instaurar la tutela correspondiente. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido, en asuntos con alguna similitud, que \u00abLa coadyuvancia y\/o la participaci\u00f3n de terceros est\u00e1 encaminada a prestar ayuda o apoyo a la postura planteada ya sea por el demandante o demandado, no obstante, no puede llegar a ser parte de los extremos y, mucho menos, pretender formular sus propias pretensiones en la impugnaci\u00f3n del fallo, como en el presente caso ocurri\u00f3. As\u00ed las cosas, si los intervinientes consideran que se han vulnerado sus garant\u00edas fundamentales deber\u00e1n presentar una solicitud de amparo directa, en la que funjan como actores principales y reclamen sus propios derechos, a fin de permitir que los convocados ejerzan su defensa respecto de los mismos\u00bb (STC9558-20207). <\/p>\n
Con base en ello, la Sala ha resaltado que la intervenci\u00f3n de terceros \u00aben pro de soportar lo arg\u00fcido por sujetos que no ten\u00edan legitimaci\u00f3n en la causa (\u2026) [impide] pronunciarse sobre las alegaciones presentadas para cuestionar la decisi\u00f3n que los actores ped\u00edan anular ni atender las pretensiones propias del tercero vinculado a la acci\u00f3n constitucional, puesto que ese no es el fin de esa intervenci\u00f3n\u00bb (ATC1148-2020). <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, frente a la especial situaci\u00f3n que expone la actora, en cuanto aduce su condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado, se reitera que es la persona jur\u00eddica que act\u00faa como parte en el proceso la titular de los derechos presuntamente afectados con el auto del 25 de noviembre de 2021, raz\u00f3n por la cual no es posible analizar el fondo del asunto ante la falta de legitimaci\u00f3n de la promotora. <\/p>\n
Aunado a ello, se destaca que no es este el escenario o mecanismo para solicitar la restituci\u00f3n de tierras bajo las condiciones planteadas. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche deber\u00e1 ser confirmado, en tanto declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conocida bajo radicado 11001220300020210254900. <\/p>\n
2\u0002 \u00abLa nulidad por indebida representaci\u00f3n o por falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento s\u00f3lo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Integrado en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
Al respecto, ver STC14903-2021, STC6880-2021, STC2202-2021 y STC5044-2021, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 36 (2022-01-12). <\/p>\n
5\u0002 T\u00e9ngase en cuenta el informe rendido por el Juzgado accionado, en el cual precis\u00f3 que la tutelante no es parte ni ha comparecido al proceso ejecutivo. De conformidad con el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, los informes se consideran rendidos bajo la gravedad de juramento. <\/p>\n
6\u0002 CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC9278-2020, 28 oct. 2020, rad. 2020-00011 y STC14371-2021. Se resalta. <\/p>\n
7\u0002 En esos t\u00e9rminos ver tambi\u00e9n STC14770-2021. <\/p>\n
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STC1941-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC1941-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-02788-01 Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de enero de 2022 por la Sala S\u00e9ptima de Decisi\u00f3n Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61377","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61377","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61377"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61377\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61377"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61377"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61377"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}