STC1946-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1946-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-02824-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 17 de enero de 2022 por la Sala Primera Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Germ\u00e1n Torres Henao contra los Juzgados Promiscuo Municipal de la Calera -Cundinamarca- y Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso 2018-00019. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2.1. El actor inici\u00f3 proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de domino sobre el bien denominado El Rastrojo contra Gabriel Felipe Rinc\u00f3n, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera (Radicado 2018-00019). <\/p>\n
2.2. El accionado formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, pidiendo la reivindicaci\u00f3n del citado inmueble (Radicado 2018-00205), tr\u00e1mite que se acumul\u00f3 al principal. <\/p>\n
2.3. Luego de haber instalado en el predio respectivo la valla de que trata el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, el estrado judicial cognoscente le orden\u00f3 al demandante restaurarla; pero, al no poder hacerlo, en raz\u00f3n a su \u00abestado de invalidez y el riesgo que corr\u00eda al desplazarme en pandemia\u00bb, fue declarado el desistimiento t\u00e1cito del proceso, mediante providencia del 17 de septiembre de 2020, decisi\u00f3n que fue confirmada, el 13 de octubre de 2021, por el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.4. El tutelante considera que las autoridades judiciales atacadas vulneraron sus derechos fundamentales en el proceso de pertenencia, \u00abpor cuanto impusieron nuevos requisitos a los ordenados por el legislador, cuando yo ya hab\u00eda cumplido la normal legal, e igualmente por cuanto no otorg\u00f3 plazo prudencial en estado de pandemia estando yo en incapacidad\u00bb. <\/p>\n
A su vez, censura que, en el proceso reivindicatorio, \u00aben diligencia del art. 372 c.g.p., no se practic\u00f3 la prueba testimonial solicitada en la contestaci\u00f3n de la demanda por mi apoderado y suspendi\u00f3 la diligencia aduciendo que en nueva diligencia se ordenar\u00edan los testimonios y se practicar\u00edan; lo cual no cumpli\u00f3\u00bb; adem\u00e1s, el a quo \u00abno tuvo en cuenta las pruebas por el solicitadas a la inspecci\u00f3n de polic\u00eda sobre querella practicada en el inmueble\u00bb y, cuando interpuso recurso de apelaci\u00f3n, \u00abel despacho nunca se pronunci\u00f3 aceptado o rechazado el mismo, sino continuado a decir que quedaba en firme la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, refiri\u00f3 que ha \u00absolicitado copias de los procesos sin que hasta la fecha el Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, los haya concedido\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00ab1. (\u2026) ordenar la nulidad del fallo de primera instancia y segunda instancia del proceso de pertenencia de Germ\u00e1n Torres Henao y Yuset Bladimir G\u00f3mez Pinz\u00f3n contra Gabriel Felipe Rinc\u00f3n Hern\u00e1ndez con radicado 2018-00019 (\u2026). 2. (\u2026) ordenar la nulidad del fallo de primera instancia del proceso reivindicatorio acumulado al relacionado en el numeral anterior de pertenencia, radicado con el n\u00famero 2018-00205-00 (\u2026). 3. Los que ordene el se\u00f1or juez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la providencia proferida en segunda instancia en el proceso de pertenencia se dict\u00f3 conforme con las normas procesales y sustanciales aplicables. Adicionalmente, indic\u00f3 que la presente era una tutela temeraria, como quiera que el accionante ya hab\u00eda solicitado amparo en id\u00e9nticos t\u00e9rminos ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera, Cundinamarca, argument\u00f3 que \u00ablo tramitado en sede judicial al interior de ambos procesos, pertenencia No. 019 de 2018 y reivindicatorio No. 205 de 2018, se ha realizado con apego absoluto a la norma procesal vigente y realidad procesal militante en cada asunto\u00bb. Asimismo, afirm\u00f3 que Germ\u00e1n Torres Henao tramit\u00f3 otra acci\u00f3n constitucional igual, bajo el radicado 2021-02604, en la que se negaron sus pretensiones. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Primera Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la salvaguarda, toda vez que la discusi\u00f3n planteada por el accionante ya hab\u00eda sido \u00abdirimida, en sede constitucional, por la Sala de Restituci\u00f3n de Tierras de este Tribunal Superior en sentencia del 7 de diciembre de 2021\u00bb. En ese orden, concluy\u00f3 que, \u00abcomo los argumentos expuestos en esta nueva demanda ya fueron debatidos en sede constitucional, el Tribunal no tiene m\u00e1s opci\u00f3n que remitirse a ese fallo\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, frente a las copias del expediente, se\u00f1al\u00f3 que el promotor no acredit\u00f3 que las hubiera solicitado \u00abante los jueces accionados, por lo que no puede pretender que, por esta v\u00eda residual y subsidiaria, se les ordene suministrar dichos documentos, menos a\u00fan si se considera que los memoriales visibles en las p\u00e1ginas 4 y 5 del documento 3 no cuentan con radicaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial. Asimismo, arguy\u00f3 que \u00abel juez de conocimiento adelant\u00f3 la diligencia sin la presencia de abogado defensor y sin darle t\u00e9rmino de excusa como lo reglamenta el c\u00f3digo general del proceso\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, de cara a la terminaci\u00f3n del juicio de pertenencia, por no atender el requerimiento del Despacho relacionado con reparar el aviso de que trata el art\u00edculo 375 del C.G.P., adujo que \u00abno est\u00e1 reglamentado por la ley (\u2026) lo que ordena el art. 375 c.g.p. es a instalar el aviso, y si por el mal tiempo o accidente el aviso sufre un peque\u00f1o imperfecto; esto no es elemento suficiente para dar por terminado un proceso (\u2026); tambi\u00e9n (\u2026) se\u00f1ala que soy paral\u00edtico y por mi incapacidad para moverme y las pandemia de covic 19 me fue imposible trasladarme a cumplir el requisito del juez en el poco tiempo que me otorgo (sic)\u00bb. <\/p>\n
En escrito allegado con posterioridad, ampli\u00f3 la impugnaci\u00f3n incoada, reiterando los argumentos iniciales y esgrimiendo que no era cierto que lo solicitado en el presente amparo haya sido resuelto en tutela anterior, toda vez que en aquella se discuti\u00f3 el proceso de pertenencia acumulado mientras que en esta tambi\u00e9n se refuta la causa reivindicatoria, frente a la cual se\u00f1al\u00f3 que fue iniciada con poderes inv\u00e1lidos, lo que configura fraude procesal y prevaricato por acci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, afirm\u00f3 que la Juez Promiscuo Municipal de La Calera \u00abno acept\u00f3 la renuncia de mi apoderado quien al no estar presente en la diligencia no la suspendi\u00f3 para que \u00e9l se excusara o yo nombrara un nuevo abogado\u2026\u00bb y tampoco tramit\u00f3 la solicitud de copias del proceso. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el gestor pretende que se amparen los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las decisiones -de primera y segunda instancia- que declararon por terminado el proceso de pertenencia por \u00e9l promovido, por desistimiento t\u00e1cito, pues considera que le impusieron una carga no contemplada en la ley, as\u00ed como por la sentencia dictada en el tr\u00e1mite reivindicatorio, en raz\u00f3n a que no se valoraron ni practicaron todas las pruebas. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo anterior, advierte la Sala que el amparo no se abre paso, por cuanto el promotor, previamente, concurri\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional, alegando cuestiones id\u00e9nticas a las ahora expuestas. <\/p>\n
2.1. En efecto, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado 11001220300020210260400, interpuesta por el aqu\u00ed accionante contra las autoridades judiciales ahora convocadas, en sentencia del 7 de diciembre de 2021. <\/p>\n
En dicha oportunidad, el tutelante solicit\u00f3 que se salvaguardara su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado en los procesos de pertenencia y reivindicatorio y, en consecuencia, pidi\u00f3 que se ordenara la nulidad de la providencia del 17 de septiembre de 2020, que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, y del auto 13 de octubre de 2021 que la confirm\u00f3, as\u00ed como del prove\u00eddo del 28 de octubre del mismo a\u00f1o, que defini\u00f3 la reconvenci\u00f3n reivindicatoria1. <\/p>\n
Al decidir la tutela en menci\u00f3n, se descart\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, por la terminaci\u00f3n del proceso pertenencia por desistimiento t\u00e1cito, en raz\u00f3n a que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de acuerdo con el plenario, la primera intervenci\u00f3n del actor posterior a la exigencia del juez acaeci\u00f3 solo hasta el 22 de septiembre de 2020, oportunidad en la que apel\u00f3 la terminaci\u00f3n decretada con fundamento en que, de un lado, en el proceso ya se hab\u00eda cumplido con el deber de instalar la valla y que no est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de cambiarla por causa del deterioro natural, y, de otro, estando el pa\u00eds en Estado de Emergencia como consecuencia del Coronavirus, no pod\u00eda cumplir la carga, por su condici\u00f3n de discapacidad y el cierre de los establecimientos. <\/p>\n
En todo caso, ambos alegatos expuestos por el gestor para justificar su inactividad carecen de fundamento para el fin pretendido. <\/p>\n
En cuanto al primero, basta con afirmar que el fin del requerimiento fue garantizar el mandato de que la valla permaneciese instalada hasta la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento con la totalidad del lleno de los requisitos contenidos en los literales a al g del art\u00edculo 375; todo porque, en efecto, la colocada se encontraba destruida parcialmente y ya no ofrec\u00eda la identificaci\u00f3n del predio; lo que, de cualquier modo, impedir\u00eda concluir que dicha decisi\u00f3n fue antojadiza o estuvo guiada por el excesivo ritual manifiesto. <\/p>\n
Y, en todo caso, como no fue cuestionada, cualquier reproche directo sobre esta, est\u00e1 llamado a ser negado por falta de subsidiariedad\u2026 <\/p>\n
En cuanto al segundo, (\u2026) levantados los t\u00e9rminos el 1 de julio de 2020 (Acuerdo PCSJA20-11567), el interesado cont\u00f3 un mes adicional; suficiente tiempo para el cumplimiento de la carga, sin que sea admisible su condici\u00f3n de discapacidad, por dem\u00e1s no probada, pues, cuenta con un apoderado judicial. <\/p>\n
En ese orden, no se observa proceder arbitrario o caprichoso por parte del juzgado convocado, que justifique la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues, frente a la apat\u00eda del actor en cumplir las gestiones para la cuales fue requerido, se daban los presupuestos para dar aplicaci\u00f3n a la norma tantas veces citada\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, frente a la presunta conculcaci\u00f3n de los derechos por la sentencia proferida en el proceso reivindicatorio, se\u00f1al\u00f3 el juez constitucional que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad, debido a que \u00abla misma no fue apelada, pese a ser susceptible de tal cuestionamiento de conformidad con el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, agregando que \u00absi bien el se\u00f1or Germ\u00e1n Torres Henao en la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, desarrollada el 28 de octubre de 2021, intervino manifestando que apelaba \u2018por no ten\u00e9rsele en cuenta las pruebas\u2019, lo cierto es que no contaba con derecho de postulaci\u00f3n-necesario por tratarse de un proceso de menor cuant\u00eda-, y no se encontraba acompa\u00f1ado de su apoderado judicial; quien pese a contar con mandato vigente, opt\u00f3 por no asistir a la convocatoria, por tanto, lo que correspond\u00eda era no darle tr\u00e1mite, como se hizo. Dest\u00e1quese tambi\u00e9n que, en gracia de cualquier discusi\u00f3n, la negligencia del apoderado tampoco sirve como \u2018elemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional\u2026\u2019\u00bb. <\/p>\n
2.2. Sobre el particular, debe recordarse que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (Se subraya) (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020- 00038-01). <\/p>\n
2.3. Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones, de manera que, aunque se pretenda reabrir el debate con algunos argumentos adicionales, no es posible volver a analizar el asunto, dado que ya fue objeto de decisi\u00f3n, previamente, en sede constitucional, por lo que se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
3. Por otro lado, trat\u00e1ndose de la queja relacionada con que no le fueron expedidas las copias de los expedientes, es imperioso indicar que no se demostr\u00f3 por el tutelante que se hubiera elevado la solicitud ante los jueces naturales, m\u00e1xime que los memoriales anexados con el escrito inicial2 no cuentan con radicado alguno. En ese sentido, se destaca que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Calera inform\u00f3 que \u00abNo obra al interior del proceso solicitud de copias presentada por el accionante GERM\u00c1N TORRES HENAO\u00bb3. <\/p>\n
4. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Antecedentes fallo del 7 de diciembre de 2021 emitido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1: <\/p>\n
\u00abEn sustento del resguardo refiri\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
iv.- Recurri\u00f3 tal determinaci\u00f3n, porque el incumplimiento no fue producto de su desidia, sino de las restricciones derivadas de la Pandemia por Covid-19 y su estado de invalidez. Sin embargo, en segunda instancia, el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 la confirm\u00f3. <\/p>\n
v.- En el juicio reivindicatorio, el Despacho profiri\u00f3 sentencia adversa a sus intereses, sin practicar la totalidad de las pruebas testimoniales solicitadas y sin valorar adecuadamente los documentos aportados. Y, muy a pesar de apelar, no hubo manifestaci\u00f3n del juzgado \u2018aceptando o rechazando\u2019 el recurso\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 4 y 5, archivo \u201c03EscritoTutela_Anexos\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Informes rendidos en sede de tutela se entienden rendidos bajo la gravedad de juramento, seg\u00fan el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
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