STC1949-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1949-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04087-03 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas A. B\u00e1rcenas, Victorino P\u00e9rez, Jorge A. Rodr\u00edguez, Pedro Luis Ruiz Caicedo, Renzo Gallego B., Nero Pe\u00f1a Salazar, Andr\u00e9s Perilla Naranjo, Rigoberto Vargas Calder\u00f3n, Juan Bernardo Zapata Ortiz, Euclides Perilla, F\u00e9lix Daniel Romero, Henry Morales, Edisson F. Parra Rinc\u00f3n, Francisco Cruz Sotelo, Esneider Talero, Camilo Cruz Tautiva, Doiver Ruiz Berrio, Jes\u00fas Buenaventura Medina, William Rodr\u00edguez Urrego y Ramiro Franco Ar\u00e9valo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Consejo Directivo de ese instituto, el director de la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad CPMS de Garagoa, Procuradur\u00eda General la Naci\u00f3n y Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Boyac\u00e1. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
El presente resguardo, inicialmente se resolvi\u00f3 mediante sentencia STC15440-2021 del 17 de noviembre de 2021, no obstante, la Hom\u00f3loga Laboral, en sede de impugnaci\u00f3n, con prove\u00eddo ATL1909-2021 del 9 de diciembre de 2021, invalid\u00f3 lo actuado y dispuso renovarlo previa vinculaci\u00f3n del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, tr\u00e1mite que se encuentra debidamente surtido. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna, igualdad y salud, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al no garantizarles su permanencia en el centro carcelario donde actualmente se encuentran recluidos. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que, en el proceso de tutela fallado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa el 8 de agosto de 2019 (rad. 2019-00062), \u00abde forma muy juiciosa se examin\u00f3 la situaci\u00f3n de hacinamiento [en la c\u00e1rcel de Garagoa] y se dictaron medidas respecto de ello, ordenando que de forma progresiva se deb\u00eda disminuir el n\u00famero de internos hasta llegar a un n\u00famero total de internos de 18 (\u2026), con ello se logr\u00f3 que las condiciones de hacinamiento desaparecieran, pues en ese momento hab\u00edan 79 internos en una c\u00e1rcel que tiene una capacidad instalada de 56 internos [y] al d\u00eda de hoy somos 23\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abse cumplen de buena forma todos [los] procesos de resocializaci\u00f3n de personas privadas de la libertad (PPL)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, \u00abnos enteramos que la direcci\u00f3n del INPEC ha tomado la mala decisi\u00f3n de cerrar la c\u00e1rcel de Garagoa y trasladar el total de internos hacia otras c\u00e1rceles [lo cual] consideramos (\u2026) vulnera nuestros derechos pues para nadie es un secreto que el hacinamiento es casi generalizado en todas las prisiones de Colombia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Precisaron que la vinculaci\u00f3n a este tr\u00e1mite del Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa, se realiz\u00f3 porque pese a haber brindado soluci\u00f3n al tema de hacinamiento, \u00abcon su decisi\u00f3n de permitir solo 18 internos, convirti\u00f3 la c\u00e1rcel de Garagoa en un centro de reclusi\u00f3n inviable, pues se hace dif\u00edcil por parte del INPEC sostener una c\u00e1rcel con 18 internos\u00bb, adem\u00e1s, cuestionan al juez de instancia por dejar de resolver asuntos relacionados con \u00abla pronta atenci\u00f3n en salud, la pronta respuesta ante cualquier tr\u00e1mite, el no pago de dinero por concepto de comida, derecho a dormir, \u00f3rdenes de redenci\u00f3n\u00bb, pese a que afirman que tales situaciones \u00aben este momento funcionan de manera correcta\u00bb. <\/p>\n
Acotaron que \u00aben el a\u00f1o 2020 se le hizo una inversi\u00f3n de aproximadamente 500 o 600 millones en adecuaciones a esta c\u00e1rcel, logrando con ello un sitio bonito, un sitio digno, y hacer una inversi\u00f3n de esas tan grande en adecuaciones de toda la planta f\u00edsica y ahora 1 a\u00f1o m\u00e1s tarde cerrarla, podr\u00eda concurrir en detrimento patrimonial\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden se ordene a los accionados que \u00abno nos obligue a vivir en otras c\u00e1rceles hacinados (\u2026), que no se nos trate como un \u201cn\u00famero\u201d sino m\u00e1s bien como seres humanos que merecen una buena resocializaci\u00f3n y vivir dignamente para ser \u00fatiles a la sociedad\u00bb, por tanto, \u00abno permitir el cierre de esta c\u00e1rcel de Garagoa, modelo a seguir por otros establecimientos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, solicit\u00f3 se declarara la \u00abimprocedencia por existir otros recursos o medios de defensa judicial (\u2026) bien sea a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho ora a trav\u00e9s de nulidad por inconstitucionalidad, incorporando la solicitud de medidas cautelares de urgencia, autorizadas por el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb, y adem\u00e1s, que \u00ablos accionantes no demuestran la ocurrencia de un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de la oficina asesora, pidi\u00f3 que se declarara \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por parte de la PGN\u00bb, ya que \u00ablas pretensiones est\u00e1n dirigidas al INPEC y otras entidades, frente a las cuales carece de competencia\u00bb. Adem\u00e1s, porque en su concepto, la acci\u00f3n no cumple el requisito de la subsidiariedad, puesto que \u00ablos accionantes no acreditaron haber radicado solicitud alguna ante esta entidad, lo cual es ratificado por las dependencias que rinden informes [Procuradur\u00eda Regional Boyac\u00e1, Procuradur\u00eda Provincial de Guateque y Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos]\u00bb, y \u00abante la existencia de otros mecanismos que resulten id\u00f3neos y eficaces para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a \u00e9stos, y no a la tutela\u00bb. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo de la Presidencia y el presidente de la Rep\u00fablica, pidieron su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados y las entidades que represent[a] (\u2026), en su defecto, declarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n de tutela por inexistencia de la vulneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La Direcci\u00f3n de Pol\u00edtica Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, expuso que respecto de esa cartera se presenta \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, en la medida en que \u00abno tiene poder coercitivo para exigir al INPEC que no se supriman los establecimientos penitenciarios y carcelarios [pues] si bien el INPEC se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, es una entidad con plena autonom\u00eda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, aduciendo que \u00abel Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario act\u00faa como cuerpo colegiado\u00bb, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer: (i) si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa, afectaron las prerrogativas superiores de los accionantes, como consecuencia de la decisi\u00f3n de fondo adoptada en la acci\u00f3n de tutela 2019-00062, y (ii) si los \u00f3rganos directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, amenazan o vulneran los derechos fundamentales invocados, al disponer el cierre de la C\u00e1rcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad CPMS de Garagoa donde se encuentran recluidos. <\/p>\n
2. Improcedencia del amparo contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, el precedente constitucional precis\u00f3 que al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el veredicto en estos asuntos es susceptible del recurso de impugnaci\u00f3n, y \u00aben todo caso [de] su eventual revisi\u00f3n\u00bb, respecto del cual precis\u00f3 que es: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que: <\/p>\n
\u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, citada en STC9158-2021, 22 jul. 2021, rad. 00129-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Corte denegar\u00e1 el resguardo invocado, porque: (i) en relaci\u00f3n con la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa, no se cumple el requisito gen\u00e9rico consistente en que no puede dirigirse contra una sentencia de tutela, y (ii) frente a los directivos del INPEC, la acci\u00f3n desatiende el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. Del reproche contra las autoridades judiciales. <\/p>\n
Conforme se anunci\u00f3, la presente tutela no supera una de las causales generales de improcedencia consistente en que la decisi\u00f3n criticada no sea un fallo de tutela, en tanto la queja contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, se circunscribe a los fallos emitidos el 8 de agosto de 2019 y 25 de septiembre de 2019, este \u00faltimo en sede de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que los accionantes estiman que \u00absi bien es cierto [el fallador de tutela] revis\u00f3 y solucion\u00f3 el hacinamiento en su momento, con su decisi\u00f3n de permitir solo 18 internos, convirti\u00f3 la c\u00e1rcel de Garagoa en un centro de reclusi\u00f3n inviable, pues se hace dif\u00edcil por parte del Inpec, sostener una c\u00e1rcel con 18 internos\u00bb, raz\u00f3n por la que ahora no deviene acertado que se hubiera aplicado la \u00abregla de equilibrio decreciente\u00bb frente al hacinamiento, porque ello provoc\u00f3 la resoluci\u00f3n administrativa consistente en el cierre del establecimiento carcelario y penitenciario donde se encuentran recluidos. <\/p>\n
En tales circunstancias, indudablemente el actual reproche se dirige a modificar lo resuelto en el marco del amparo radicado bajo el n\u00b0 2019-00062, al punto que incluyen en su cuestionamiento, que el juez constitucional no hubiera resuelto \u00ablos dem\u00e1s procesos como la pronta atenci\u00f3n en salud, la pronta respuesta ante cualquier tr\u00e1mite, el no pago de dinero por concepto de comida, derecho a dormir, \u00f3rdenes de redenci\u00f3n\u00bb, pese a que en esta acci\u00f3n afirman que tales situaciones \u00aben este momento funcionan de manera correcta\u00bb. <\/p>\n
En este orden, la Sala insiste en que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese efecto, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al veredicto de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello. Por tanto, se reitera que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido se ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
\u00abDe tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo al efecto lo definido sobre el particular por la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 del 2001, tiene decantado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades cometidas en una sentencia proferida en un proceso de igual naturaleza, habida cuenta de que tal decisi\u00f3n es susceptible de la eventual revisi\u00f3n que corresponde realizar a aqu\u00e9lla, tr\u00e1mite dentro del cual se pone fin al debate constitucional1. <\/p>\n
Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. <\/p>\n
Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u201ccomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u201d [sentencia del 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00]\u00bb (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, citada entre otras en STC7950-2021, 30 jun. 2021, rad. 00863-01). <\/p>\n
Adicionalmente, n\u00f3tese que la decisi\u00f3n proferida en primera instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa el 8 de agosto de 2019, fue impugnada y ratificada en lo pertinente por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja mediante providencia del 25 de septiembre de la misma anualidad, y la misma hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional por cuanto no fue objeto de revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Este impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad se predica del auxilio deprecado frente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC, y en particular de la pretensi\u00f3n tendiente a evitar el cierre de la CPMS de Garagoa, pues, en primer lugar, los actores no acreditaron que previo a incoar la tutela, se hubieran dirigido a la entidad accionada para poner de presente la motivaci\u00f3n tra\u00edda en esta excepcional sede. <\/p>\n
En segundo lugar, tampoco se demostr\u00f3 que antes de acudir a este mecanismo, hubieran agotado las herramientas jur\u00eddicas encaminadas a cuestionar el acto administrativo que dispuso el \u00abcierre\u00bb del establecimiento carcelario, con observancia en las disposiciones de orden legal y reglamentario que rigen tales controversias. <\/p>\n
Bajo el entendimiento anterior, la salvaguarda se torna improcedente, pues n\u00f3tese que el estudio de fondo de esta solo tendr\u00eda cabida cuando los afectado ya se dirigieron ante la autoridad competente para exponer su reclamo, y no obtuvieron respuesta o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. <\/p>\n
Sobre el particular se ha enfatizado que los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez del resguardo, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, ello, en tanto \u00abla decisi\u00f3n censurada es un acto administrativo cuya legalidad debe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados (CSJ STC, 5 jun. 2007, rad. 00186-01, citada en entre otras, en STC8803-2021, 15 jul. 2021, rad. 00156-01). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha reiterado que \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ STC5278-2015, 4 may. 2015, rad. 2014-00305-01, citada en STC6470-2021, 4 jun. 2021, rad. 00181-01). <\/p>\n
Entonces, mientras los interesados no hayan agotado todos los instrumentos ordinarios a su alcance, no es posible acudir a la tutela, ya que su car\u00e1cter subsidiario y residual no la erige como herramienta opcional para definir en sustituci\u00f3n ni de manera paralela del funcionario que est\u00e1 llamado a hacerlo. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio ordinario de defensa del que a\u00fan no se ha empleado, los solicitantes no probaron la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC8801-2021, 15 jul. 2021, rad. 00165-01). <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se desestimar\u00e1 el auxilio por improcedente, pues en relaci\u00f3n con las autoridades judiciales convocadas, desatiende la exigencia general de procedibilidad por perseguir el quebrantamiento de un fallo de similar estirpe, y respecto del INPEC, no se satisface el principio de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la protecci\u00f3n deprecada a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 17 feb. 2004, exp. 2003-00076-01 y STC, 27 ago. 2004, exp. 2004-00306-01, entre otras. <\/p>\n
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STC1949-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1949-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-04087-03 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas A. B\u00e1rcenas, Victorino […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61383","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61383","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61383"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61383\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61383"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61383"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61383"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}