STC1953-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1953-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00453-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Servicios M\u00e9dicos Olimpus IPS S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del distrito judicial de Barranquilla; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2019-00011. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos \u2013de primera y segunda instancia- de 14 de julio de 2021 y 13 de enero de 2022, mediante los cuales los juzgadores encartados desestimaron el incidente de nulidad que invoc\u00f3. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, manifest\u00f3 que dicha petici\u00f3n de invalidez se finc\u00f3 en que, a trav\u00e9s de la sentencia de primer grado, de 21 de septiembre de 2020, el juez a quo dispuso la terminaci\u00f3n del cobro por ella promovido \u2013por estimar la falta de m\u00e9rito ejecutivo de los documentos aportados-, pese a que esas mismas consideraciones (que justificaron en un comienzo la denegaci\u00f3n del mandamiento de pago) ya hab\u00edan sido desestimadas en \u00e9poca anterior por el tribunal en sede de apelaci\u00f3n, de manera que, al esgrimirlas nuevamente, se incurri\u00f3 en la causal de anulaci\u00f3n prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en los autos objeto de censura, se desestim\u00f3 el incidente con apoyo en una argumentaci\u00f3n que, en su criterio, desconoce las pautas legales establecidas en materia de nulidades procesales. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto dichos prove\u00eddos y que, en su lugar, se invalide el juicio desde la audiencia de instrucci\u00f3n y fallo y se ordene resolver nuevamente el asunto. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Macsa S.A. pidi\u00f3 desestimar la pretendida salvaguarda en consideraci\u00f3n a que la misma se est\u00e1 utilizando a manera de instancia adicional para revivir un debate formalmente definido. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla se opuso a la prosperidad del amparo por considerar inexistente la v\u00eda de hecho denunciada por el inconforme y por estimar que la v\u00eda id\u00f3nea para combatir los fundamentos de la sentencia de primer grado era el recurso de apelaci\u00f3n, el cual desperdici\u00f3 el accionante al haberlo formulado de manera extempor\u00e1nea. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas superiores de la gestora, al confirmar la desestimaci\u00f3n del incidente de nulidad que promovi\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal encartado refrend\u00f3 el fracaso de la solicitud de invalidez elevada por el hoy accionante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura expuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ablas disposiciones relativas que regulan lo concerniente a las nulidades dentro del procedimiento civil, ajustando y centrando nuestra mirada hac\u00eda el objeto a debatir que trae la literalidad del numeral segundo del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso: \u201cCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia \u201d, que es la causal alegada en el presente solicitud de invalidez procesal.- El problema a considerar en este incidente o solicitud de nulidad se concreta en establecer si efectivamente la sentencia dictada en el proceso, preside contra la decisi\u00f3n del superior. <\/p>\n
Teniendo como inicio, la providencia que desat\u00f3 por esta superioridad el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el peticionario contra el mandamiento de pago; donde se limit\u00f3 el estudio de los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo. Tales disposiciones no se encontraron en aquella oportunidad y por esos aspectos espec\u00edficos fueron evaluados de manera deficiente para su respectivo cobro. Adicional a lo anterior, fue en esa misma providencia donde se estableci\u00f3 sobre aspectos diferentes a los requisitos formales del t\u00edtulo que deb\u00edan estudiarse mediante excepciones alegadas. Am\u00e9n de que el funcionario p\u00fablico en la sentencia, estar\u00eda inmerso en la obligaci\u00f3n de reestudiar el t\u00edtulo y los hechos modificativos impedidos y extintivos que se configura en contra de la obligaci\u00f3n que se pretende cobrar en el proceso. Tal asunto se efectu\u00f3 en la sentencia, donde se tom\u00f3 la decisi\u00f3n de encontrar probada una excepci\u00f3n, la cual se declar\u00f3 pr\u00f3spera. Establecido lo anterior, contra tal decisi\u00f3n la parte demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que, al haberlo hecho de manera extempor\u00e1nea, se declar\u00f3 desierto. Luego entonces, el mecanismo procesal para discutir el fundamento de la sentencia de primera instancia deb\u00eda ser el recurso de apelaci\u00f3n y no el incidente de nulidad planteado por el accionante, pues no se configura la causal alegada sostenida por el funcionario de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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