STC1975-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1975-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-00024-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Luis Eduardo Obando Mar\u00edn, Adriana Yasmith Ben\u00edtez Rojas, No\u00e9 Obando L\u00f3pez y Juli\u00e1n David y Sergio David Obando Ben\u00edtez le instauraron al Tribunal de Arbitramiento de la C\u00e1mara de Comercio de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, exigieron la custodia de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto el auto de 10 de diciembre de 2021. <\/p>\n
En compendio, adujeron que la autoridad querellada \u201ctuvo por contestada\u201d en tiempo la demanda de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea (n\u00ba 12341) que promovieron contra la sociedad Miner\u00eda Monte Blanco Colombia S.A. (10 dic. 2021), pronunciamiento que mantuvo inc\u00f3lume luego que recurrieron al observar que la abogada que represent\u00f3 a la empresa en menci\u00f3n ten\u00eda licencia temporal y, por ende, no estaba habilitada para actuar en ese asunto (22 dic.). <\/p>\n
Criticaron tales resoluciones porque establecieron que siendo dichos pleitos de \u201cm\u00ednima cuant\u00eda\u201d, el factor de la competencia se asignaba a los \u201cjueces civiles municipales\u201d, argumento que calificaron de \u201cburdo (\u2026) ilegal y falso\u201d, puesto que va en contrav\u00eda del numeral 8 del art\u00edculo 20 del C\u00f3digo General del Proceso y del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 31 del Decreto 196 de 1971, cometiendo un yerro sustantivo. <\/p>\n
2.- El Tribunal Arbitral de la C\u00e1mara de Comercio defendi\u00f3 la legalidad de lo rituado, debido a que \u201cla apoderada de la parte demandada pod\u00eda ejercer la defensa de esta en los t\u00e9rminos establecidos en la ley, aun siendo portadora de la Licencia Temporal expedida por el Consejo Superior de la Judicatura\u201d; de manera que no transgredi\u00f3 las prerrogativas de los quejosos. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo concedi\u00f3 el auxilio tras verificar que, \u00abel tribunal accionado, para resolver en la forma que lo hizo, aplic\u00f3 equivocadamente el precepto imperativo contenido en el art\u00edculo 31 del Decreto 196 de 1971, con una hermen\u00e9utica que no haya soporte razonable ni justificaci\u00f3n alguna; pues, abiertamente desconoce lo dispuesto en esa norma, y con tanta m\u00e1s raz\u00f3n en este caso donde se ignora lo consagrado en el canon 20 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, precis\u00f3 que \u00abla competencia para el conocimiento del asunto que tiene a su cargo (\u2026), es de competencia de los jueces civiles de circuito \u2013 y del organismo colegiado ahora convocado por disposici\u00f3n legal, que tenga esa equivalencia funcional \u2013 por la naturaleza del asunto; que no por la cuant\u00eda; pues, el asunto debatido es la impugnaci\u00f3n de actos de asamblea. Por tanto, no es jur\u00eddicamente posible avalar como razonables los criterios utilizados por el tribunal aqu\u00ed accionado. As\u00ed que su decisi\u00f3n, sin duda, constituye flagrante violaci\u00f3n del debido proceso, que no pudo ser corregida en la propia instancia de conocimiento, porque la parte afectada agot\u00f3 los recursos con los que contaba (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por Miner\u00eda Monte Blanco Colombia S.A. argumentando que, en efecto, la profesional que actu\u00f3 en su nombre, para la \u00e9poca que \u201ccontest\u00f3\u201d el litigio ten\u00eda \u201clicencia temporal n\u00ba 27873\u201d; sin embargo, aquella s\u00ed pod\u00eda adelantar la actuaci\u00f3n porque la lid no supera los 400 S.M.M.L.V. y, en ese sentido, no es de \u201cmenor cuant\u00eda\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aleg\u00f3 que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no \u201ccorri\u00f3 traslado\u201d del escrito primigenio y, por tanto, no tuvo la posibilidad de ser escuchada, controvertir los elementos de convicci\u00f3n allegados por los actores y aportar los estatutos de la sociedad que estipularon las cl\u00e1usulas compromisorias para la soluci\u00f3n de conflictos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con cimiento en los postulados de autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica confiere a los administradores de justicia en su cotidiana labor, se ha determinado que la \u00abtutela\u00bb no es viable para discutir sus providencias, a menos que en ellas conste \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb. De modo que, la guarda \u00fanicamente se abre paso cuando la resoluci\u00f3n combatida comporta una equivocaci\u00f3n ostensible y configurativa de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, lesiva de las garant\u00edas esenciales de los ciudadanos (STC6514-2021). <\/p>\n
2.- De entrada, se anuncia la viabilidad de la ayuda invocada y, por ende, la ratificaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que el Tribunal Arbitral de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, en los prove\u00eddos expedidos el 10 y 22 de diciembre de 2021, incurri\u00f3 en \u00abdefecto sustantivo\u00bb que quebrant\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de los impulsores. <\/p>\n
Ello, porque al examinar el material persuasivo que reposa en el cartapacio, se evidenci\u00f3 que en el juicio de \u00abimpugnaci\u00f3n de actas de asamblea\u00bb (rad. 12341), el 10 de diciembre de 2021 dio por \u00abcontestada en t\u00e9rmino la demanda\u00bb y, enseguida, reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica a la abogada que acudi\u00f3 en defensa de los intereses del extremo pasivo. <\/p>\n
Luego, no repuso la anterior directriz, tras advertir que, contrario a lo reprochado por los tutelantes, la demandada s\u00ed acredit\u00f3 el \u00abderecho de postulaci\u00f3n\u00bb extra\u00f1ado, como quiera que la profesional encargada, si bien contaba con \u00ablicencia temporal\u00bb emitida por el Consejo Superior de la Judicatura, seg\u00fan los art\u00edculos 31 del Decreto 196 de 1971 y 25 del C\u00f3digo General del Proceso, estaba facultada para emprender la gesti\u00f3n en atenci\u00f3n a la \u00abcuant\u00eda\u00bb del tr\u00e1mite, cuyo valor no exced\u00eda la m\u00ednima y, por tanto, para \u00absu competencia hubiera sido de los jueces municipales en primera instancia\u00bb (22 dic.). <\/p>\n
De ese recuento despunta sin duda que las actuaciones confutadas traducen un desatino, pues la entidad censurada interpret\u00f3 y\/o aplic\u00f3 indebidamente la normatividad -art\u00edculos 31 del Decreto 196 de 1971 y 25 del C\u00f3digo General del Proceso- al momento de definir la etapa de integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
En efecto, el canon 31 del Decreto 196 de 1971, reza: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podr\u00e1 ejercer la profesi\u00f3n de abogado sin haber obtenido el t\u00edtulo respectivo, hasta por dos a\u00f1os improrrogables, a partir de la fecha de terminaci\u00f3n de sus estudios, en los siguientes asuntos: (\u2026) En la instrucci\u00f3n criminal y en los procesos penales, civiles y laborales de que conozcan en primera o \u00fanica instancia los jueces municipales o laborales, en segunda, los de circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanero (\u2026)\u00bb Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En consonancia con tal precepto, el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 20 del estatuto procesal civil, prev\u00e9: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) COMPETENCIA DE LOS JUECES CIVILES DEL CIRCUITO EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: (\u2026) 8. De la impugnaci\u00f3n de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas sometidas al derecho privado, sin perjuicio de la competencia atribuida a las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales (\u2026)\u00bb Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En s\u00edntesis, como en el sub judice la \u00abimpugnaci\u00f3n de actas de asamblea\u00bb (rad. 12341) iniciada por Luis Eduardo Obando Mar\u00edn, Adriana Yasmith Ben\u00edtez Rojas, Juli\u00e1n David y Sergio David Obando Ben\u00edtez y No\u00e9 Obando L\u00f3pez contra Miner\u00eda Monte Blanco Colombia S.A., ubica al fallador arbitral en la esfera de los \u00abjueces civiles del circuito\u00bb en virtud del \u00abfactor objetivo-naturaleza del asunto\u00bb, el cual, rec\u00e1lquese, prevalece por encima del \u00abfactor objetivo-cuant\u00eda\u00bb, por cuanto a tal elemento solo se asiste de manera residual o complementaria, la apoderada de la demandada no estaba facultada legalmente para ejercer su representaci\u00f3n, al contar con licencia temporal. <\/p>\n
As\u00ed lo asever\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El Factor Objetivo, que a su vez se subdivide en naturaleza y cuant\u00eda. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 15 y 25 del estatuto procesal civil\u2026\u00bb (CSJ AC399, rad. 2020-00327-00). <\/p>\n
Situaci\u00f3n que, se destaca, no var\u00eda al estar sometido el pleito cuestionado a la justicia arbitral, habida cuenta que el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 2 de la Ley 1563 de 2012, se\u00f1ala que, en esos asuntos, deben atenderse los factores \u00abobjetivo-naturaleza\u00bb y \u00abobjetivo-cuant\u00eda\u00bb, al igual como se examina en los ordinarios. <\/p>\n
En un caso an\u00e1logo al analizado, esta Sala cavil\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3. Ahora, analizada la providencia mediante la cual el despacho accionado ratific\u00f3 su decisi\u00f3n de no reconocer personer\u00eda al aqu\u00ed quejoso para actuar como apoderado de una de las partes dentro del litigio subex\u00e1mine, no se observa ninguna irregularidad para tildar ese prove\u00eddo como absurdo o antojadizo (\u2026). <\/p>\n
4. El recuento anterior pone de presente que el juzgado no err\u00f3 al emitir su decisi\u00f3n, pues en ella evidenci\u00f3 que el asunto en el cual el petente pretend\u00eda ser reconocido como apoderado mediante una licencia temporal de abogado, era de conocimiento de los jueces del circuito en primera instancia, por tanto, el actor no pod\u00eda actuar como mandatario, por t\u00e1cita prohibici\u00f3n del art\u00edculo 31 del Decreto 196 de 1971\u2026\u00bb (STC2110-2018). <\/p>\n
Y, m\u00e1s recientemente, replic\u00f3 dicha postura as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.- En el sub judice, la promotora del resguardo, Laboratorio de Ortesis y Protesis Gilete y C\u00eda Ltda, le confiri\u00f3 poder amplio y suficiente a Camilo Andr\u00e9s Le\u00f3n Wilches, \u00abportador de la L.T. 19.177 del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, para que en su nombre y representaci\u00f3n formulara tutela contra el juzgado accionado (fl. 1 PDF \u00ab01Tutela\u00bb). <\/p>\n
5.- Atendiendo a las normas anteriormente transcritas, es claro que el mandatario no est\u00e1 legitimado para impetrar la acci\u00f3n constitucional en pro de las garant\u00edas fundamentales de la gestora, por no ostentar la calidad de abogado titulado con tarjeta profesional vigente. <\/p>\n
Si bien la licencia que ostenta lo faculta para el ejercicio de la profesi\u00f3n, esta autorizaci\u00f3n se encuentra limitada a los especiales casos dispuestos en el art\u00edculo 31 del Decreto 196 de 1971, no siendo uno de ellos la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u00abla licencia temporal \u00fanicamente le permite ejercer la profesi\u00f3n de abogado con respecto a los asuntos se\u00f1alados en el art. 31 del Decreto 196 de 1971, dentro de los cuales obviamente no se encuentra la acci\u00f3n de tutela. Tal situaci\u00f3n impone concluir, que aqu\u00e9lla carece de legitimaci\u00f3n para promover la presente acci\u00f3n, habida cuenta que quien ejerza como apoderado judicial en las acciones de tutela tiene que tener la condici\u00f3n de abogado (sentencia del 23 de agosto de 2001, exp. 00032) (CSJ STC, 31 ag. 2005, Rad. 00483-01, reiterada en STC, 15 ag. 2013, rad. 00217-01 y STC 17 mar. 2014, rad. 2014-00009-01) \u2026\u00bb (STC7347-2020) Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
3.- Finalmente, frente a los reproches que Miner\u00eda Monte Blanco Colombia S.A. hizo en la impugnaci\u00f3n a la labor adelantada por el a quo constitucional, porque, seg\u00fan su afirmaci\u00f3n, \u00abno corri\u00f3 traslado del escrito primigenio y, por tanto, no tuvo la posibilidad de ser escuchada, controvertir los elementos de convicci\u00f3n allegados por los actores y aportar los estatutos de la sociedad que estipularon las cl\u00e1usulas compromisorias para la soluci\u00f3n de conflictos\u00bb, se observa, al revisar las probanzas agregadas al infolio, que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 avoc\u00f3 conocimiento de la salvaguarda y dispuso vincular a todos los intervinientes en el proceso objeto de la s\u00faplica para que ejercieran su defensa y se pronunciaran al respecto (13 en. 2022). <\/p>\n
Adicionalmente, remiti\u00f3 para tal fin las notificaciones a los e-mails, entre estos, al monteblanco2019@hotmail.com, el cual pertenece a Miner\u00eda Monte Blanco Colombia S.A.; de manera que, se surti\u00f3 el enteramiento en debida forma ya que de conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 las providencias se \u00abnotificar\u00e1n (\u2026) por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, sin que se requiera \u00abcorrer traslado\u00bb de la misiva tutelar, puesto que tal exigencia no se encuentra contemplada en la norma. <\/p>\n
Ahora, cosa distinta es que Miner\u00eda Monte Blanco Colombia S.A. hubiera desaprovechado la oportunidad con que cont\u00f3, esto es, el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda para ventilar el descontento que trae, sin que este sea el escenario para rescatar etapas precluidas o tiempos fenecidos. <\/p>\n
4.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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