STC1977-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1977-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00518-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Esteban C\u00e1rdenas Rodr\u00edguez y Dana Yolanda Aguilar Duran le instauraron a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad y a Bancolombia S.A., extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el ejecutivo con radicado n\u00b0 68001-31-03-001-2019-00072-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los accionantes pidieron, en esencia, la revocatoria de las sentencias que en ambas instancias pusieron fin al litigio (31 ago. y 7 dic. 2021). En sustento, adujeron ser ejecutados en el pleito objeto de revisi\u00f3n donde Bancolombia S.A. persigui\u00f3 el pago de cr\u00e9ditos hipotecarios y personales. Acusaron que el Tribunal no apreciara adecuadamente las pruebas del juicio, en particular las relativas a la falta de informaci\u00f3n y restructuraci\u00f3n de las obligaciones demandadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza o irracional. Ciertamente, para tomar la decisi\u00f3n de confirmar la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, la magistratura encartada consider\u00f3 que, mediante la escritura p\u00fablica contentiva de la hipoteca cobrada a los ejecutados (23 ene. 2014), se pact\u00f3 garantizar la totalidad de las obligaciones adquiridas con ese acreedor, por lo que era dable la ejecuci\u00f3n tanto del cr\u00e9dito hipotecario como del personal. <\/p>\n
Luego, en lo referente a la responsabilidad del banco, relativa al suministro de informaci\u00f3n sobre el desarrollo de la obligaci\u00f3n demandada, precis\u00f3 que \u00ab[e]ste deber, seg\u00fan los testimonios recaudados, a funcionarias de la entidad ejecutante, se cumpli\u00f3 a cabalidad, pues estas fueron enf\u00e1ticas en se\u00f1alar que siempre se asesor\u00f3 al se\u00f1or CARDENAS, quien era la persona que se acercaba al Banco como cliente preferencial. Adem\u00e1s, como da cuenta el tr\u00e1mite de este proceso, se trata de un abogado, lo que hace presumir, como m\u00ednimo, que conoce de sobra los derechos consagrados en la ley 546 de 1.999 sobre la clase de informaci\u00f3n que debe recibir o puede pedir al banco, de suerte que dichos argumentos no son de recibo\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en lo que respecta a la ausencia de restructuraci\u00f3n invocada, la colegiatura precis\u00f3 que los ejecutados no demostraron haber solicitado ese acuerdo en los t\u00e9rminos dispuestos por el legislador; sin embargo, agreg\u00f3 que \u00abla reestructuraci\u00f3n, como negocio jur\u00eddico que es, requiere de un acuerdo de voluntades, por eso los demandados no pueden obligar unilateralmente a la ejecutante a aceptar las condiciones de un pago a 30 a\u00f1os, como pretend\u00edan, y menos si se considera, como lo manifestaron las funcionarias del banco que vinieron a declarar, que gozaban del plazo de 20 a\u00f1os, que es el m\u00e1ximo que otorga dicha entidad de acuerdo a sus pol\u00edticas internas, la reestructuraci\u00f3n solamente es obligatoria respecto de cr\u00e9ditos concedidos con anterioridad a la vigencia de la ley 546 y en los casos previstos en ella\u00bb <\/p>\n
Finalmente, luego de exponer los argumentos que lo llevaron a concluir la mora de los demandados y la operancia de la cl\u00e1usula aceleratoria pactada, se\u00f1al\u00f3 que los intereses impuestos se ajustaban a lo contemplado en el art\u00edculo 19 de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En suma, dado que la providencia cuestionada en esta queja descansa en un discernimiento razonable conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa conocida por la autoridad accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada por Esteban C\u00e1rdenas Rodr\u00edguez y Dana Yolanda Aguilar Duran. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00c1LVARO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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