STC1980-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1980-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-01703-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon Olga Luc\u00eda Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, Daniela y Juliana Sierra Mart\u00ednez frente al fallo de 9 de septiembre de 20211, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por las recurrentes contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de las autoridades, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 2017 00129-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.-Las convocantes solicitaron dejar sin efecto la sentencia SL290-2021, de 9 de febrero de 2021, para que, en consecuencia, se dicte una nueva donde se aplique el precedente constitucional. <\/p>\n
De los medios suasorios y el escrito inicial se extrae que Carlos Mario Sierra Ospina, esposo y padre respectivamente de las promotoras, desapareci\u00f3 el 1\u00b0 de mayo de 2010 y se declar\u00f3 la muerte presunta de \u00e9l el 30 de abril de 2012, ante lo cual instaron a Colpensiones el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, pero fue negado porque \u00abal momento del fallecimiento no contaba con 50 semanas cotizadas en los \u00faltimos tres a\u00f1os\u00bb, raz\u00f3n por la que acudieron a la jurisdicci\u00f3n y el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medell\u00edn accedi\u00f3 a las pretensiones (10 dic. 2018), pero el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed decidido (14 sep. 2019). Postularon casaci\u00f3n y la Corte no cas\u00f3 el veredicto de segunda instancia (CSJ SL290-2021, 9 feb.). <\/p>\n
En sentir de las promotoras su asunto debi\u00f3 ser analizado y desatado \u00aben los t\u00e9rminos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018 (\u2026)\u00bb, pues a pesar de que la hom\u00f3loga en lo laboral \u00abpermite la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, no lo hace para la aplicaci\u00f3n teniendo en cuenta el salto normativo de [la] ley 797 del a\u00f1o 2003 al Decreto 758 del a\u00f1o 1990\u00bb, y en ese sentido incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2.-Los convocados se opusieron a las pretensiones. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el amparo, tras advertir la razonabilidad de la decisi\u00f3n y porque \u00abel precedente fijado por la Corte Constitucional en sentencias de tutela le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de transparencia y argumentaci\u00f3n suficiente (CC SU-611-2017), como efectivamente sucedi\u00f3 en este caso, en que se expusieron ampliamente los fundamentos que llevaron a adoptar la determinaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurrieron las impulsoras e insistieron en que se desconoci\u00f3 el precedente constitucional pues cumpl\u00edan el test de procedencia fijado por ese \u00f3rgano l\u00edmite. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos de las gestoras como pasa a explicarse. <\/p>\n
Revisada la providencia SL290-2021 de 9 de febrero de 2021, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de escrutinio, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar los cargos formulados por las aqu\u00ed accionantes, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral tuvo en cuenta el marco normativo, las pruebas y la jurisprudencia que regulaban la materia, y por ello concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
(\u2026) en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 16 de del CST, la norma vigente al momento del fallecimiento del causante era el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 46 de la 100 de 1993, presupuesto que exige como requisito para dejar causado el derecho pensional, haber cotizado por lo menos de 50 semanas en los 3 a\u00f1os anteriores a su fallecimiento, raz\u00f3n por la cual en aplicaci\u00f3n de tal precepto normativo quedar\u00eda vedada de plano la posibilidad de analizar el derecho pretendido, al ser un hecho no discutido que el causante ten\u00eda cotizadas 683 semanas y su \u00faltima cotizaci\u00f3n data del 31 de marzo del 2000. <\/p>\n
Por otra parte, ha quedado establecido jurisprudencialmente que, ante la ausencia normativa de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado para la pensi\u00f3n de sobrevivientes, se ha permitido el reconocimiento, en aplicaci\u00f3n de las exigencias descritas en la norma inmediatamente anterior a la ley vigente, con el fin de garantizar las expectativas de quienes se vieron afectados por el tr\u00e1nsito legislativo, sin que sea dable acudir de manera hist\u00f3rica a cualquier otra norma del elenco normativo. <\/p>\n
Y en ese sentido, con fundamento en anteriores pronunciamientos del mismo \u00f3rgano de cierre infiri\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) no se demuestra que la interpretaci\u00f3n dada por el Tribunal trasgreda la doctrina de esta Corte, al estar decantado que no puede hacerse un rastreo hist\u00f3rico para hallar la norma que m\u00e1s se adec\u00fae a los intereses de los beneficiarios, por ejemplo, como ocurre en este caso, saltando de la Ley 797 de 2003, vigente al momento del fallecimiento, al Decreto 758 de 1990, toda vez que la norma anterior aplicable por condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, corresponder\u00eda a la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Ahora, en lo atinente al supuesto apartamiento de los lineamientos fijados en SU-005 de 2018 rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
Esa posici\u00f3n fue confirmada en providencia CSJ SL1938-2020, que de paso expone la posici\u00f3n frente a las sentencias dictadas en sede de tutela, emitidas por la Corte Constitucional, mismas que exigen el cumplimiento de exigencias ya establecidas por esa corporaci\u00f3n y no operan para todos los casos, como err\u00f3neamente lo pretende la recurrente. <\/p>\n
Frente a este aspecto en la referida sentencia CSJ SL1938-2020 la Corte indic\u00f3: <\/p>\n
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver, y que por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de dictar sentencia. <\/p>\n
Asimismo, ha precisado que su precedente tiene fuerza vinculante, puesto que no existe duda que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgar comprensiones a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones jur\u00eddicas y a desarrollar principios b\u00e1sicos del Estado Constitucional, como el de seguridad jur\u00eddica; adem\u00e1s, permite materializar el respeto de los principios de la igualdad, la supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, el debido proceso y la confianza leg\u00edtima (C-539-2011). <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad, es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior, y el precedente en vigor, esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela. <\/p>\n
El primero tiene una fuerza vinculante especial y obligatoria en raz\u00f3n de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresi\u00f3n a las disposiciones de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque tambi\u00e9n tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017). <\/p>\n
En este contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional \u2013a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-953-2014 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno se\u00f1alar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a trav\u00e9s de la sentencia SU-05-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casaci\u00f3n de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017), por las razones que expone a continuaci\u00f3n (deber de argumentaci\u00f3n suficiente): <\/p>\n
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableci\u00f3 que es posible la aplicaci\u00f3n plus ultraactiva de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003; (ii) no acredite 50 semanas de aportes en los 3 a\u00f1os anteriores al deceso para dejar causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, y (iii) re\u00fane el n\u00famero m\u00ednimo de semanas exigidas en el r\u00e9gimen anterior. <\/p>\n
Igualmente, asent\u00f3 que es procedente la acci\u00f3n de tutela para reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes cuando se cumplan con las siguientes condiciones del test de procedencia: (i) pertenecer a un grupo de especial de protecci\u00f3n constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo, tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) tener afectaci\u00f3n directa de la satisfacci\u00f3n de necesidades b\u00e1sicas, esto es, su m\u00ednimo vital; (iii) depender econ\u00f3micamente del causante antes de su fallecimiento, de modo que la pensi\u00f3n de sobrevivientes constituye el ingreso; (iv) al afiliado no le fue posible seguir cotizando las semanas previstas en el sistema general de pensiones para dejar causada la pensi\u00f3n de sobrevivientes, y (v) la persona reclamante tuvo una actuaci\u00f3n diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de tal prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019). <\/p>\n
Por otra parte, debe advertirse que la financiaci\u00f3n de todo sistema pensional depende de variables demogr\u00e1ficas, fiscales o actuariales que deben ajustarse en diferentes momentos, de modo que las reformas en determinados contextos pueden privilegiar aspectos que antes no contemplaban o, potenciar algunos de ellos, como por ejemplo darle mayor peso a la permanencia en la afiliaci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de un derecho pensional que a la sola acreditaci\u00f3n de un n\u00famero espec\u00edfico de semanas. <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
Por ello, se reitera, esta Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que, respecto de las exigencias para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el juez no puede realizar un examen hist\u00f3rico de las leyes anteriores a fin de determinar una aplicable al caso particular. <\/p>\n
Y en ese orden de ideas concluy\u00f3 que no existi\u00f3 la infracci\u00f3n endilgada, frente a la interpretaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para resaltar que la misma opera \u00ab\u00fanicamente en relaci\u00f3n con la norma inmediatamente anterior a aquella que regula el caso particular, por lo cual, dado que el deceso ocurri\u00f3 en vigencia del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, la \u00fanica posibilidad v\u00e1lida de acudir a una norma anterior remitir\u00eda, al texto original del art\u00edculo 46 d ele Ley 100 de 1993, no resultando admisible el estudio del derecho pensional a la luz del Decreto 758 de 1990\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el veredicto en cita no luce caprichoso o arbitrario, en tanto se advirtieron con suficiencia las razones por las cuales no era posible acceder a los pedimentos prestacionales, habida cuenta que, seg\u00fan los precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para el momento de la declaratoria del deceso de Carlos Mario Sierra Ospina (30 abr. 2012), la disposici\u00f3n legal que reg\u00eda la materia era la Ley 797 de 2003 y no del Decreto 758 de 1990 como se pretendi\u00f3. <\/p>\n
En suma, la protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida por las promotoras, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00c1LVARO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el pasado 29 de noviembre, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 14 de febrero del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
<\/p>\n
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