STC1981-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC1981-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 23001-22-14-000-2022-00009-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de enero de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la tutela que Glor\u00eda Luc\u00eda Ball\u00e9n Parra, en representaci\u00f3n de sus hijos menores Jos\u00e9 Armando y Luis Andr\u00e9s Sep\u00falveda Ball\u00e9n, le instaur\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Chin\u00fa, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 2021-00112. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, actuando en nombre propio, exigi\u00f3 la guarda de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara al estrado convocado: (i) Dejar sin efecto los prove\u00eddos de 16 de septiembre y 7 de diciembre de 2021 y, en su lugar, \u00abdicte una providencia nueva apeg\u00e1ndose a la norma adjetiva civil y conforme a una adecuada valoraci\u00f3n objetiva del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb y, (ii) Compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00aba fin de que se investigue la conducta de prevaricato por acci\u00f3n (\u2026) del juez accionado\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Chin\u00fa, neg\u00f3 el mandamiento de pago en la demanda que interpuso contra Jorge Luis Sep\u00falveda Arias para el cobro de las mensualidades adeudadas por concepto de cuota alimentaria a favor de sus descendientes con base en acta de conciliaci\u00f3n suscrita el 1\u00ba de octubre de 2020 en la Comisar\u00eda de Familia de Chin\u00fa, al advertir que al tener el \u201ct\u00edtulo ejecutivo la calidad de complejo, (\u2026) no se alleg\u00f3 al plenario (\u2026) la correspondiente liquidaci\u00f3n o certificaci\u00f3n de la deuda que permit[iera] determinar el monto de la ejecuci\u00f3n dentro del asunto\u201d (16 sep. 2021), auto que mantuvo inc\u00f3lume (7 dic.). <\/p>\n
Sostuvo que el juzgado querellado se apoy\u00f3 en sentencia de esta Corporaci\u00f3n -STC18085-2017-, empero, dicha interpretaci\u00f3n es \u201csesgada, prevaricadora y atenta contra los derechos de [sus] hijos (\u2026), toda vez que tal precedente solo es aplicable a los casos donde se establece una obligaci\u00f3n abstracta, verbigracia, cuando se se\u00f1ala (\u2026) el suministro de medicamentos y vestuario\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en el \u201cacta de conciliaci\u00f3n de fecha 1\u00ba de octubre de 2020\u201d s\u00ed existe una \u201cobligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u201d, ya que se fij\u00f3 a cargo del demandado una \u201ccuota alimentaria\u201d por $1\u2019000.000; adem\u00e1s, la Ley 640 de 2001 no dispone que para perseguir \u201ccuotas por alimentos\u201d se requiera de una \u201ccertificaci\u00f3n adicional\u201d, m\u00e1xime cuando en las pretensiones se introdujo la suma en mora a la fecha. <\/p>\n
2.- La Procuradur\u00eda 18 Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres afirm\u00f3 que la salvaguarda es procedente, porque el despacho fustigado \u201cincurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, sustantivo y material al valorar indebidamente el acta conciliatoria, (\u2026) exigiendo que se configurase un t\u00edtulo complejo, desbordando los preceptos legales que regulan el tema\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el auxilio tras colegir, despu\u00e9s de transcribir jurisprudencia de esta Colegiatura (STC12951-2021, STC2387-2021), que \u00abla accionante (\u2026) cuestiona la decisi\u00f3n del Juez accionado respecto a la valoraci\u00f3n de los documentos que contienen el titulo base de ejecuci\u00f3n; empero, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 la gestora con los mismos argumentos del escrito primigenio y reliev\u00f3 que los veredictos citados por el Tribunal Superior de Monter\u00eda para avalar los fundamentos del despacho acusado no corresponden a los supuestos f\u00e1cticos aqu\u00ed acontecidos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con cimiento en los postulados de autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica confiere a los administradores de justicia, se ha establecido que la \u00abtutela\u00bb no es viable para discutir sus decisiones, a menos que en ellas conste \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb. De modo que, el ruego superlativo \u00fanicamente se abre paso cuando la determinaci\u00f3n combatida comporta una equivocaci\u00f3n ostensible y configurativa de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, lesiva de las garant\u00edas esenciales de los ciudadanos (STC6514-2021). <\/p>\n
2.- De entrada, se anuncia la revocatoria del pronunciamiento de primer grado, por cuanto el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Chin\u00fa al abstenerse de expedir orden de apremio porque el acta de conciliaci\u00f3n de 1\u00ba de octubre de 2020, base de recaudo, constitu\u00eda un \u00abt\u00edtulo ejecutivo complejo\u00bb, por lo que deb\u00eda acompa\u00f1arse de \u00abla correspondiente liquidaci\u00f3n o certificaci\u00f3n de la deuda\u00bb y, al no reponer dicha directriz (16 sep. 2021 y 7 dic.), incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb que transgredi\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de la impulsora, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de sus hijos menores Jos\u00e9 Armando y Luis Andr\u00e9s Sep\u00falveda Ball\u00e9n. <\/p>\n
Ello, en virtud a que, al examinar el material persuasivo se evidenci\u00f3 que en el \u00abejecutivo de alimentos\u00bb (rad. 2021-00112), Ball\u00e9n Parra en cumplimiento de los art\u00edculos 422 del C\u00f3digo General del Proceso y 129 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia, alleg\u00f3 el \u00abacta de audiencia conciliatoria de fijaci\u00f3n de alimentos\u00bb celebrada por la Comisar\u00eda de Familia de Chin\u00fa, en la que se constat\u00f3 que Jorge Luis Sep\u00falveda propuso un estipendio mensual de $1\u2019000.000 a favor de los dos infantes y en junio-diciembre se comprometi\u00f3 a suministrarles ropa y calzado (numeral 3\u00ba), ofrecimiento aceptado por Glor\u00eda Luc\u00eda con la condici\u00f3n que aquel comprara \u00ablas camas y colchones de manera independiente\u00bb (fl. 11 cdno. \u201cExpediente acci\u00f3n de tutela folio 19-2022\u201d). <\/p>\n
Ahora bien, la precursora mencion\u00f3 que Sep\u00falveda Arias se sustrajo de tales obligaciones en los \u00abmeses de julio y agosto de 2021\u00bb; de ah\u00ed que, en el ac\u00e1pite de las aspiraciones, incluy\u00f3 el rubro total de lo debido ($2\u2019000.000), cifra a partir de la cual pidi\u00f3 el \u00abmandamiento de pago\u00bb y que se sumaran los intereses corrientes y moratorios. <\/p>\n
Bajo ese derrotero y contrastada dicha informaci\u00f3n con la vertida en los interlocutorios controvertidos, resulta palmario que el Juzgado censurado valor\u00f3 indebidamente el documento \u00abbase de ejecuci\u00f3n\u00bb, al apreciar que el convenio tra\u00eddo por Glor\u00eda Luc\u00eda comprend\u00eda un \u00abt\u00edtulo compuesto\u00bb y, por ende, carec\u00eda de \u00abla correspondiente liquidaci\u00f3n o certificaci\u00f3n de la deuda (\u2026) de tal forma que el monto se encuentre expresado en una cifra num\u00e9rica precisa (\u2026) y que de certeza que la ejecuci\u00f3n solicitada contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible\u00bb. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, habida cuenta que, contrario a lo cavilado, dicho legajo, como se anot\u00f3, s\u00ed conten\u00eda un emolumento \u00abclaro, expreso\u00bb, previamente concertado y fijado en $1\u2019000.000 cada mes, cuyo valor fue reclamado por julio y agosto de 2021 para un total de $2\u2019000.000 y, en ese orden, era innecesario requerir otros elementos suasorios para integrar el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb ya que con el adjunto era suficiente. <\/p>\n
Significa entonces, it\u00e9rese, que el \u00abacta de audiencia conciliatoria de fijaci\u00f3n de alimentos\u00bb de 1\u00ba de octubre de 2020, a la fecha, presta m\u00e9rito ejecutivo por si sola, sin que sea indispensable otras misivas para reflejar una \u00abobligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u00bb. <\/p>\n
Valga aclarar que, si bien el despacho reprochado al adoptar los prove\u00eddos objetados y el Tribunal Superior de Monter\u00eda al emitir el fallo de primer grado, se apoyaron en la jurisprudencia de esta Sala -STC18085-2017, STC12951-2021, STC2387-2021-, los mismos no son aplicables al sub judice, en la medida que lo all\u00e1 estudiado fueron los presupuestos de unos cartulares en los que, si bien se establecieron a cargo del alimentante \u00abobligaciones\u00bb relacionadas con la educaci\u00f3n, salud y otros similares, no se definieron los costos exactos de dichos beneficios y, por tanto, era menester que el interesado demostrara, a fin de adelantar la ejecuci\u00f3n, los documentos que determinaran tales guarismos, como certificaciones o recibos de pago. <\/p>\n
As\u00ed, en la STC11406-2015, replicada en la STC18085-2017, se razon\u00f3, con sujeci\u00f3n a la T-979 de 1999 de la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201cAhora bien, frente a los gastos educativos deprecados en la demanda ejecutiva, cabe se\u00f1alar que, en virtud al inter\u00e9s superior de la menor y la garant\u00eda de que sus derechos alimentarios sean amparados en debida forma, el examen de los requisitos del t\u00edtulo ejecutivo comprende no s\u00f3lo aqu\u00e9l documento que sirve de g\u00e9nesis a las prestaciones, sino tambi\u00e9n los dem\u00e1s elementos de juicio que lo apoyan para deducir la presencia de un t\u00edtulo complejo y que de ambos aflore una deuda clara, expresa y exigible\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, el acusado deber\u00e1 tener presente el criterio sentado por la Corte Constitucional frente a un asunto semejante, cuando expuso que (\u2026) una providencia judicial en la que conste una obligaci\u00f3n alimentaria, como lo es el auto que aprueba una liquidaci\u00f3n, presta m\u00e9rito ejecutivo y puede ser demandada por esta v\u00eda, aun en el caso de obligaciones fijadas en abstracto, que para ser liquidadas requieran documentos complementarios que junto con la providencia judicial integren un t\u00edtulo ejecutivo complejo (\u2026). En efecto, resulta usual que, dentro de los procesos adelantados para demandar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria, \u00e9sta sea fijada en forma indeterminada pero determinable, acudiendo a f\u00f3rmulas como la utilizada en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en donde el padre responsable resulta gravado con la obligaci\u00f3n de cubrir los gastos de educaci\u00f3n de su hijo menor, o los gastos de salud, o similares. El cobro ejecutivo de las obligaciones as\u00ed fijadas, exige la integraci\u00f3n de un t\u00edtulo ejecutivo complejo, compuesto por la providencia judicial respectiva, sea la sentencia o el auto que aprueba la conciliaci\u00f3n, y los recibos de pago que demuestran que dichos gastos se han efectivamente causado y la cuant\u00eda de los mismos. Esta circunstancia no impide el cobro ejecutivo respectivo, pues hoy es com\u00fanmente admitido que la unidad del t\u00edtulo complejo no consiste en que la obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible conste en un \u00fanico documento, sino que se acepta que dicho t\u00edtulo puede estar constituido por varios que en conjunto demuestren la existencia de una obligaci\u00f3n que se reviste de esas caracter\u00edsticas. As\u00ed pues, la unidad del referido t\u00edtulo es jur\u00eddica, mas no f\u00edsica\u201d. (Resaltos fuera de texto). <\/p>\n
Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho esta Corte que: <\/p>\n
(\u2026) ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC9780-2021). <\/p>\n
3.- Finalmente, la plegaria encaminada a compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00aba fin de que se investigue la conducta de prevaricato por acci\u00f3n (\u2026) del juez accionado\u00bb, escapa a la \u00f3rbita constitucional, siendo a Glor\u00eda Luc\u00eda a quien incumbe elevarla directamente ante los organismos competentes, para que en el marco de sus funciones analicen y emprendan, de ser viables, las respectivas gestiones. <\/p>\n
4.- Ergo, se impone abolir el desenlace impugnado para, en su lugar, acoger la rogativa tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida para, en su lugar, CONCEDER la tutela instada por Glor\u00eda Luc\u00eda Ball\u00e9n Parra, en representaci\u00f3n de sus hijos menores Jos\u00e9 Armando y Luis Andr\u00e9s Sep\u00falveda Arias. <\/p>\n
Por consiguiente, SE ORDENA al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Chin\u00fa que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificaci\u00f3n, deje sin efectos el auto expedido el 7 de diciembre de 2021 y, en su lugar, se pronuncie de nuevo respecto del recurso de reposici\u00f3n entablado por la peticionaria contra el auto de 16 de septiembre de 2021 en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 2021-00112, conforme a los par\u00e1metros aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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