STC1982-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1982-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00485-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Antonio Rinc\u00f3n Beltr\u00e1n contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en la tutela 2022-00002. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude a este mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abde petici\u00f3n\u2026 a la igualdad, especial asistencia y protecci\u00f3n a los menores y a las personas desplazadas, m\u00ednimo vital, entre otros\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que formul\u00f3 demanda de tutela \u00abdesde el a\u00f1o pasado [sic]\u00bb, contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, que correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de ese distrito judicial, pero que \u00abpese a haber pasado mas de 15 d\u00edas h\u00e1biles hasta la fecha no me han dado respuesta\u2026 y mi situaci\u00f3n no da espera ya que estoy en una situaci\u00f3n de calamidad absoluta y requiero una soluci\u00f3n inmediata\u00bb. <\/p>\n
Concluye se\u00f1alando que su grupo familiar \u00abno puede seguir esperando las ayudas por parte de la unidad de victimas ya que no estamos en condiciones de generar ingresos y nos urge una soluci\u00f3n adem\u00e1s ninguna de estas entidades nos han entregado una ayuda o alojamiento temporal para mitigar en parte nuestras situaci\u00f3n de calamidad\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita \u00abordenar al Tribunal Superior de Valledupar resolver de forma urgente la demanda presentada contra el juez tercero civil del circuito\u00bb, adicionalmente pide que se ordene \u00aba la Unidad para las V\u00edctimas entregarme sin mas dilataciones las ayudas humanitarias de emergencia\u00bb y que se conmine al Juez Tercero Civil del Circuito de Valledupar a \u00abgarantizar la protecci\u00f3n de nuestros derechos fundamentales y expedirme copia del fallo de la tutela que correspondi\u00f3 a ese despacho\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional del Cesar, por conducto de apoderado, pidi\u00f3 \u00abrechazar\u00bb el resguardo en lo que a esa entidad concierne dado que \u00abno tiene competencia para resolver la situaci\u00f3n planteada por el actor, puesto que la entrega de asistencia y ayuda humanitaria a las v\u00edctimas es funci\u00f3n exclusiva de la Unidad para la atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas\u00bb al tiempo que no existe solicitud alguna del ac\u00e1 quejoso que se encuentre pendiente por resolver; sin embargo, no realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n en torno a la presunta mora por parte del Tribunal Superior de Valledupar, sustento del presente resguardo. <\/p>\n
2. En similares t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 el Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales, para quien esta Sala \u00aben sede de impugnaci\u00f3n [es la que debe] evaluar si la decisi\u00f3n denegatoria del amparo constitucional es consecuente o no con la \u00edndole de derechos superiores que se acusan como trasgredidos\u00bb; no obstante, tampoco se refiri\u00f3 a la omisi\u00f3n atribuida a la colegiatura demandada. <\/p>\n
3. El jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la UARIV hizo alusi\u00f3n a otras acciones de tutela promovidas por el ac\u00e1 gestor relacionadas con la entrega de ayudas humanitarias; empero, no emiti\u00f3 pronunciamiento alguno frente al objeto del presente amparo consistente en la supuesta demora por parte del Tribunal Superior de Valledupar para resolver la salvaguarda 2022-00002 interpuesta por Rinc\u00f3n Beltr\u00e1n contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
4. El secretario de Gobierno del municipio de Valledupar solicit\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda respecto de ese ente territorial habida consideraci\u00f3n que \u00abla entidad responsable que se encarga de hacer entrega de la ayuda humanitaria a la poblaci\u00f3n desplazada es la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
5. El magistrado del Tribunal Superior de Valledupar, a quien le correspondi\u00f3 la sustanciaci\u00f3n del amparo tantas veces referido indic\u00f3 que emiti\u00f3 el respectivo fallo el pasado 27 de enero, es decir dentro del t\u00e9rmino que establece el Decreto 2591 de 1991, el cual fue impugnado y confirmado por esta Corporaci\u00f3n el 16 de febrero siguiente con sentencia STC1531-2022, por lo que solicit\u00f3 desestimar las s\u00faplicas de la demanda pues no existe la vulneraci\u00f3n atribuida. <\/p>\n
6. El Defensor del Pueblo, Regional Cesar, sin referirse a los hechos en que Rinc\u00f3n Beltr\u00e1n sustenta la queja constitucional, valga decir la presunta mora en que habr\u00eda incurrido el Tribunal Superior de Valledupar en resolver la acci\u00f3n de tutela 2022-00002, se opuso a la prosperidad del resguardo -en lo que a esa entidad respecta- dado que \u00abno ha incurrido en ninguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n que permita endilgar[le] vulneraci\u00f3n\u00bb pues el gestor no ha formulado petici\u00f3n alguna que se encuentre pendiente de ser atendida, siendo que la atenci\u00f3n a la poblaci\u00f3n en condici\u00f3n de desplazamiento, corresponde a las autoridades descritas en la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si dentro de la acci\u00f3n de tutela distinguida con radicaci\u00f3n 2022-00002 la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de Manuel Antonio Rinc\u00f3n Beltr\u00e1n, por la supuesta dilaci\u00f3n en que ha incurrido para emitir el correspondiente fallo. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se indic\u00f3, la queja de Manuel Antonio Rinc\u00f3n Beltr\u00e1n se contrae a que, seg\u00fan dice, el Tribunal Superior de Valledupar desconoci\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso, por no resolver, en el t\u00e9rmino consagrado en el ordenamiento jur\u00eddico, la acci\u00f3n de tutela por \u00e9l promovida contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, distinguida con radicaci\u00f3n 2022-00002; sin embargo, de conformidad con el material probatorio recaudado en este tr\u00e1mite, es preciso resaltar que no existe situaci\u00f3n alguna susceptible de ser corregida a trav\u00e9s de este instrumento supralegal. <\/p>\n
Asimismo, el funcionario cognoscente, luego de avocar su conocimiento, notificar las partes involucradas en la presunta trasgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales y evacuar el tr\u00e1mite respectivo, profiri\u00f3 fallo desestimatorio el 24 del mismo mes y a\u00f1o, es decir, dentro del t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 29 del Decreto 2591 de 1991, el cual fue impugnado por Rinc\u00f3n Beltr\u00e1n en su condici\u00f3n de accionante, por lo que se remiti\u00f3 el expediente a esta Corte mediante oficio 214 de 3 de febrero siguiente, siendo confirmado el 16 del mismo mes, a trav\u00e9s de la sentencia STC1531-2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no existe pues la vulneraci\u00f3n alegada por Rinc\u00f3n Beltr\u00e1n, habida consideraci\u00f3n que la colegiatura cognoscente realiz\u00f3 la actividad echada de menos al impartir el tr\u00e1mite pertinente a la acci\u00f3n constitucional, profiriendo el fallo respectivo, incluso antes de la interposici\u00f3n del presente amparo (9 de febrero de 2022), situaci\u00f3n que no era desconocida por el ac\u00e1 gestor pues contra el mismo formul\u00f3 impugnaci\u00f3n por lo que no puede hablarse de negligencia u omisi\u00f3n de la autoridad judicial, de all\u00ed que deba desestimarse el resguardo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No se acceder\u00e1 al amparo reclamado por cuanto los hechos expuestos por el actor en esta sede excepcional no constituyen, por s\u00ed mismos, una vulneraci\u00f3n que deba ser enmendada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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