STC1985-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1985-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00504-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Ruiz Madrid contra la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Cali; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2017-00338. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 31 de enero de 2022, mediante el cual la magistratura encartada confirm\u00f3 la prosperidad del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que promovi\u00f3 en su contra quien hab\u00eda fungido como su mandatario judicial en el coactivo precedente. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, censur\u00f3 que el fustigado prove\u00eddo hubiera sido emitido por el mismo Magistrado Ponente al que, desde un comienzo, le correspondi\u00f3 el asunto, pese a que, para ese entonces, su juicio ya estaba comprometido en virtud de la demanda de tutela que el hoy recurrente hab\u00eda formulado \u2013sin \u00e9xito- en su contra (por haber declarado desierto su recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado) y tambi\u00e9n por haber fungido como magistrado sustanciador del otro tr\u00e1mite constitucional que inco\u00f3 en contra del fallador a quo por la manera apresurada en que resolvi\u00f3 inicialmente el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto la providencia atacada y que, en su lugar, \u00abse surta el recurso de alzada ante otro colegiado que no est\u00e9 CONTAMINADO\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Magistrado accionado manifest\u00f3 que no es cierto que su criterio hubiera quedado comprometido en virtud de las providencias que emiti\u00f3 con relaci\u00f3n al proceso sobre el que aqu\u00ed se discute, a lo que agreg\u00f3 que los hechos invocados en el libelo introductor no evidencian la existencia de alg\u00fan impedimento que le hubiera impuesto apartarse del conocimiento del controvertido incidente de honorarios. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Aunque la demanda de tutela se orient\u00f3 a que se deje sin efectos el auto con el cual se resolvi\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios que se promovi\u00f3 en contra del aqu\u00ed accionante, en realidad el querellante no combati\u00f3 los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de ese prove\u00eddo, sino \u2013puntualmente- la imparcialidad del funcionario que lo dict\u00f3. <\/p>\n
En ese escenario, corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo \u2013en esos t\u00e9rminos formulado- satisface el presupuesto de subsidiariedad que lo informa y, de superarse lo anterior, si el tribunal convocado lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada en el libelo introductor, al confirmar la prosperidad del tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u2019 (sentencia de 3 de agosto de 2011, exp. No. 11001-22-03-000-2011-00741-01)\u201d\u00bb (STC de 18 de marzo de 2013, exp. 2012-00176-02). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, se ha recalcado que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la parte actora desaprovech\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer ante el fallador cognoscente de segundo grado \u2013e incluso ante el magistrado que sigue en turno- los argumentos que aqu\u00ed plante\u00f3, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC5331-2014 y STC5341-2014). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el resguardo, por cuanto la parte querellante no hizo uso de los medios de control judicial pertinentes para plantear ante la autoridad judicial encartada las irregularidades que aqu\u00ed esgrimi\u00f3 como fundamento de las pretensiones, omisi\u00f3n que torna inviable la protecci\u00f3n, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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