STC1991-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC1991-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00507-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cl\u00ednica de Fracturas Centro de Ortopedia y Traumatolog\u00eda S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2018-00255. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos a un debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, los cuales estima trasgredidos con la sentencia de 25 de noviembre de 2021, mediante la cual la magistratura encartada, con base en una argumentaci\u00f3n que estim\u00f3 desconocedora de la normatividad pertinente, revoc\u00f3 la prosperidad parcial que, en primera instancia, se hab\u00eda dispuesto respecto de su demanda ejecutiva, y, en su lugar, desestim\u00f3 integralmente las pretensiones, las cuales estaban orientadas a recaudar el importe de las facturas de venta relativas a los servicios m\u00e9dicos que ella prest\u00f3 a las v\u00edctimas de accidentes de tr\u00e1nsito amparadas por el SOAT contratado con Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto dicho prove\u00eddo y que, en su lugar, se ordene proseguir el recaudo en los mismos t\u00e9rminos del mandamiento de pago. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura encartada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; recalc\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n ya ha denegado demandas de tutela promovidas en contra de sentencias an\u00e1logas a la que aqu\u00ed se discute; y que la actora pretende usar este subsidiario mecanismo, a manera de tercera instancia, para replantear un debate que ya fue formalmente clausurado. <\/p>\n
2. Seguros del Estado S.A. pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda, en consideraci\u00f3n a la razonabilidad que, en su criterio, respalda la decisi\u00f3n materia de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed invocadas, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal encartado desestim\u00f3 integralmente la demanda ejecutiva promovida por quien aqu\u00ed acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura precis\u00f3 inicialmente que \u00abla jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha determinado que de conformidad con el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional y los art\u00edculos 4, 11 y numeral 2 del art\u00edculo 42 del C.G.P., los operadores judiciales tienen la \u00abpotestad-deber\u00bb de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Al acometer esa labor, recalc\u00f3 que \u00abnos encontramos frente a la ejecuci\u00f3n de una instituci\u00f3n prestadora de salud (Cl\u00ednica de Fracturas Centro de Ortopedia y Traumatolog\u00eda S.A.) ante una aseguradora (Seguros del Estado S.A.), que no tienen una relaci\u00f3n contractual directa entre ellas, y la aseguradora no forma parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino que las cuentas por cobrar se derivan de las coberturas de p\u00f3lizas del seguro obligatorio de da\u00f1os corporales causados a las personas en accidentes de tr\u00e1nsito \u2013 SOAT. En ese orden de ideas, es necesario destacar que la aseguradora ejecutada; Primero, no es una Entidad prestadora de Salud \u2013 EPS, por lo que no es gen\u00e9ricamente responsable del pago de servicios de salud. Y segundo, no se trata de cualquier tipo de prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos, sino del reclamo a una aseguradora por el reembolso de los costos generados con ocasi\u00f3n a la cobertura de las p\u00f3lizas de SOAT expedidas por esta misma. Corolario de lo expuesto, no estamos en presencia de \u201caspectos formales de redacci\u00f3n\u201d de los documentos aportados como t\u00edtulos de recaudo ejecutivo, sino de un aspecto de derecho sustancial de que no pueden aplicarse para resolver la presente controversia las normas de car\u00e1cter general que se aplican a las ventas y servicios que no tengan una norma especial que los regule. As\u00ed como tampoco, las normas especiales que regulan el pago de las EPS a las IPS, de facturas por concepto de atenci\u00f3n de emergencias dentro del marco general del Sistema de Seguridad Social en Salud\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, coligi\u00f3 que \u00abno es dable para el alegado acreedor escoger el r\u00e9gimen jur\u00eddico a trav\u00e9s aspira al recaudo de esos valores, sino que debe respetar lo indicado por el C\u00f3digo de Comercio. En este punto, es preciso recordar lo estipulado en los art. 1054, 1072 y 1127 del C. Co., as\u00ed; \u201cSe denomina siniestro la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado\u201d, enti\u00e9ndase por riesgo \u201c(\u2026) el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realizaci\u00f3n da origen a la obligaci\u00f3n del asegurador (\u2026)\u201d. Ahora bien, para pretender la decisi\u00f3n judicial pertinente el alegado acreedor que se considera beneficiario del contrato de seguro tiene que cumplir con las cargas y conductas especificas al respecto, debiendo cumplir con el recaudo de las pruebas previas pertinentes en forma previa a la instauraci\u00f3n del proceso, pues tiene la carga de aport\u00e1rselas a la Compa\u00f1\u00eda de seguros y luego constituir el \u201ct\u00edtulo ejecutivo\u201d para acompa\u00f1arlo con su demanda al Juez. Correspond\u00eda entonces a la IPS, acompa\u00f1ar con su demanda el escrito de petici\u00f3n de pago con las pruebas que demostraran la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como de la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida; en consonancia con el art. 1077 C\u00f3digo de Comercio para que pudiera este ser considerado una \u201creclamaci\u00f3n\u201d y no meramente una \u201cfactura\u201d donde relaciona los servicios que dice haber prestado a diferentes personas, sin ning\u00fan respaldo probatorio de la efectiva prestaci\u00f3n a los mismos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, puntualiz\u00f3 que \u00abteniendo en cuenta las p\u00f3lizas cuyos siniestros generaron los costos que se pretender recobrar, no basta acreditar el mero hecho de que se facturaron a cargo de la aseguradora y se le remitieron esos documentos, sino que ese reclamo de pago fue extraprocesalmente respaldado ante la aseguradora en las condiciones del referido art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio. As\u00ed pues, para el pretendido recaudo ejecutivo de las indemnizaciones a que considera tener derecho la ejecutante por la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos a personas accidentadas cubiertas por esas p\u00f3lizas del SOAT expedidas por la ejecutada, le correspond\u00eda a la actora, acreditar que en forma oportuna present\u00f3 a la aseguradora la \u201creclamaci\u00f3n\u201d correspondiente, con el acompa\u00f1amiento de toda la documentaci\u00f3n requerida para acreditar la ocurrencia del suceso y su cuant\u00eda, e indicar que hab\u00edan vencido los t\u00e9rminos correspondientes para objetarlas, para as\u00ed generar un t\u00edtulo ejecutivo de acuerdo a las reglamentaciones del contrato de seguro, en lugar de pretender cubrir tal carga con las meras facturas expedidas unilateralmente por ella invocando unas normas jur\u00eddicas que no son aplicables al presente asunto\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla Cl\u00ednica de Fracturas Centro de Ortopedia y Traumatolog\u00eda S.A., pod\u00eda darle a sus \u201creclamaciones\u201d el formato de factura, empero ella no siendo un \u201ct\u00edtulo valor\u201d deb\u00eda cumplir las normas y reglas de derecho sustancial antes de indicada de ser acompa\u00f1ada con los anexos que acreditaran la existencia y valor del siniestro ante la Compa\u00f1\u00eda de Seguros. Para que con la acreditaci\u00f3n de que se trata de \u201cuna reclamaci\u00f3n completa\u201d, pudieran contarse los t\u00e9rminos correspondientes ante la Aseguradora y as\u00ed constituirse el t\u00edtulo ejecutivo complejo que resulta necesario que el Juez valore para poder ordenar la ejecuci\u00f3n solicitada. Los documentos allegados a la demanda como t\u00edtulos de recaudo ejecutivo, son unas \u201cfacturas\u201d a las que se dio el formato de Facturas de venta, y si bien en esos archivos digitales se adjuntan unos \u201csoportes\u201d, se advierte que ninguno de ellos acredita la real prestaci\u00f3n de los tratamientos o medicamentes, pues esos documentos parecen corresponder a los empleados de la entidad sin tener el respaldo del paciente o de la persona a cargo de los mismos, es m\u00e1s esas facturas a\u00fan tienen en blanco el espacio que se les dise\u00f1\u00f3 para recaudar la firma del paciente que es la persona que puede acreditar que el \u201cservicio fue prestado\u201d, aunado a esto, no fueron allegados la totalidad los documentos exigidos por el art\u00edculo 2.6.1.4.2.2.0 del Decreto 780 de 2016\u00bb. <\/p>\n
A partir de lo expuesto, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es del caso el entrar a averiguar si la aseguradora devolvi\u00f3, objet\u00f3 o glos\u00f3 las facturas dentro de los plazos establecidos por la Ley, por el contrario, no debi\u00f3 librarse mandamiento de pago, puesto que al no acompa\u00f1arse las facturas aportadas con los documentos exigidos en la normatividad antes citada, no es posible determinar los precisos par\u00e1metros de las obligaciones o su exigibilidad, motivo por el cual, estas facturas por s\u00ed solas no cumplen con las exigencias legales de \u201creclamaci\u00f3n completa\u201d para poder ser consideradas t\u00edtulos de recaudo ejecutivo; en este caso t\u00edtulo complejo. En conclusi\u00f3n, corresponde reconocer la falta de los requisitos del t\u00edtulo complejo en las facturas aportadas, por lo que, se decide no seguir adelante la ejecuci\u00f3n, absteni\u00e9ndose esta Sala de Decisi\u00f3n de pronunciarse respecto de los argumentos esgrimidos por los recurrentes, y se procede a revocar la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC1991-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC1991-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00507-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cl\u00ednica de Fracturas Centro de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61415","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61415","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61415"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61415\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}