STC1996-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC1996-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02155-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de noviembre de 20211, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mar\u00eda Mercedes Naranjo Mart\u00ednez contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, favorabilidad y \u00ablibertad de selecci\u00f3n de r\u00e9gimen pensional\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL2850-2021, rad. 82383). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que, en 1995, se afili\u00f3 a la AFP Colpatria \u2013hoy Porvenir S.A.\u2013, sin recibir informaci\u00f3n clara y suficiente sobre las consecuencias de esa vinculaci\u00f3n, por lo que, \u00abal momento de percatarme de la abismal diferencia entre el r\u00e9gimen p\u00fablico de pensiones y los fondos privado\u00bb trat\u00f3 de ingresar al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, pero Colpensiones rechaz\u00f3 su solicitud. <\/p>\n
Por lo anterior, present\u00f3 demanda en procura obtener el citado traslado, pero el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Medell\u00edn desestim\u00f3 su ruego, porque \u00abel precedente emanado de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no resultaba aplicable a mi caso, pues lo que yo efectu\u00e9 en junio de 1995 no fue un traslado de r\u00e9gimen pensional, sino una afiliaci\u00f3n inicial a un fondo privado\u00bb, decisi\u00f3n ratificada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa localidad. <\/p>\n
Inconforme, recurri\u00f3 en sede extraordinaria formulando dos cargos, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 mantuvo en firme el fallo desfavorable del ad quem, porque \u00aben primer lugar, la imposibilidad de hacer un estudio de legalidad de la misma, dado que dentro del ataque desplegado mediante el recurso extraordinario no se hizo menci\u00f3n del par\u00e1grafo 2, del art\u00edculo 2, del decreto 1068 de 1995, y en segundo lugar, explic\u00f3 que aun estudiando de fondo la causa, pod\u00eda concluirse que el fallador de segunda instancia no cometi\u00f3 los errores censurados puesto que la demandante nunca estuvo en un r\u00e9gimen diferente al de ahorro individual (RAIS) en el cual se afili\u00f3 inicialmente sin contar con vinculaci\u00f3n previa al ISS o a alguna caja previsional del Sector P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en compendio, que \u00absean dejadas sin efectos las siguientes sentencias: la SL2850-2021 del 30 de junio de 2021 emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 3, la providencia emitida por la Sala Primera de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el d\u00eda 12 de julio de 2018 en el marco del proceso con radicado 05001310500720170075601 y la proferida el d\u00eda 22 de febrero de 2018 por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Medell\u00edn para que, a continuaci\u00f3n, se EMITA NUEVA SENTENCIA acorde con las normas, principios, directrices constitucionales, jurisprudenciales y legales previamente expuestas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada manifest\u00f3 que \u00abno pudo haberse desconocido lo adoctrinado en sentencia CSJ SL3719- 2021, como quiera que este pronunciamiento fue emitido el 11 de agosto del presente a\u00f1o; es decir, 2 meses despu\u00e9s de la decisi\u00f3n cuestionada, que data del 30 de junio de 2021. Lo m\u00e1s importante de destacar es que en la decisi\u00f3n que el accionante pretende convertir el precedente, los supuestos f\u00e1cticos son diferentes a los que salieron a flote en el caso controvertido. En este, no hubo propiamente un traslado de r\u00e9gimen, sino que de cara a la posibilidad de elegir entre los 2 reg\u00edmenes, en la oportunidad que el legislador de 1993 previ\u00f3, la demandante seleccion\u00f3 el RAIS. Por ello, en t\u00e9rminos de l\u00f3gica y tambi\u00e9n jur\u00eddicos, no pod\u00eda pretender retronar a un modelo pensional al que jam\u00e1s perteneci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que \u00abdesde su inscripci\u00f3n al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en junio de 1995, la actora decidi\u00f3 pertenecer al R\u00e9gimen de Ahorro Individual a trav\u00e9s de la AFP Colpatria, hoy Porvenir, y desech\u00f3 la oportunidad de trasladarse al R\u00e9gimen de Prima Media, a la luz del literal e) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993. As\u00ed pues, la petici\u00f3n de declaratoria de \u00abineficacia del traslado de r\u00e9gimen\u00bb era imposible, en la medida en que su finalidad es dejar sin valor y efecto la inscripci\u00f3n de los afiliados que hayan decidido cambiarse del esquema de prima media administrado por el ISS, hoy Colpensiones, al de ahorro individual pues, se reitera, esta hip\u00f3tesis no se present\u00f3 en el caso de marras, donde desde el inicio, la demandante se inscribi\u00f3 al RAIS en junio de 1995\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reliev\u00f3 que admitir la posibilidad de declarar la ineficacia de la afiliaci\u00f3n inicial e incorporar a la gestora en el r\u00e9gimen de prima media, sin una afiliaci\u00f3n previa, \u00abcontradice el marco normativo y jurisprudencial aplicable y afecta la sostenibilidad financiera del sistema\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones solicit\u00f3 declarar la inviabilidad del amparo, porque no se advierte la configuraci\u00f3n de ninguna causal de procedencia en este caso. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales \u2013en liquidaci\u00f3n afirm\u00f3 que \u00abde conformidad con lo dispuesto en los Decretos 2011, 2012 y 2013 de fecha 28 de septiembre de 2012, se reglament\u00f3 la entrada en operaci\u00f3n de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES \u201cCOLPENSIONES\u201d, creada mediante Ley 1151 de 2007, quien asumi\u00f3 la competencia para administrar el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida y dem\u00e1s actividades afines\u00bb. <\/p>\n
4. Colfondos adujo que \u00abno existen peticiones ni solicitudes pendientes por resolver de Colfondos S.A. al accionante, resultando claro ausencia de requisitos legales para procedencia de nulidad de afiliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. Porvenir S.A. requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, comoquiera que \u00ab[la] accionante no allega una sola prueba tendiente a demostrar que se encuentra ad-portas de sufrir un perjuicio de naturaleza irremediable; pues tal como se expresa en la jurisprudencia en cita, deben aportarse los elementos f\u00e1cticos que indiquen el cumplimiento de cada uno de los requisitos se\u00f1alados, por cuya raz\u00f3n la acci\u00f3n debe ser desestimada ya que la entidad a responder la acci\u00f3n legal es SALA DE DESCONGESTI\u00d3N LABORAL NO. 3 DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (\u2026) y NO PORVENIR S.A.\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo, porque \u00abresulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio de la parte accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales dentro del proceso ordinario laboral, para que se impartan unos tr\u00e1mites sobre asuntos donde las autoridades judiciales actuaron dentro del marco de autonom\u00eda e independencia que les han sido otorgadas por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00ablas decisiones atacadas no guardan correspondencia con el precedente emanado de la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral, pues el argumento medular empleado por el juez de primera instancia, por el Tribunal Superior de Medell\u00edn y por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral N\u00b03 para denegar las suplicas de la demanda, consisti\u00f3 b\u00e1sicamente en que antes de vincularme al fondo privado de pensiones en mi calidad de empleada p\u00fablica mi seguridad social estaba a cargo del Hospital empleador, de manera que yo no contaba con afiliaci\u00f3n previa al Seguro Social o a alguna Caja Previsional del Sector P\u00fablico a la cual regresar en caso de que se declare la ineficacia prevista en el art\u00edculo 271 de la Ley 100 de 1993, situaci\u00f3n esta que adem\u00e1s de contrariar el tenor literal de la norma en menci\u00f3n cuyos verbos rectores son \u201cafiliaci\u00f3n\u201d y \u201cselecci\u00f3n\u201d mas no traslado; atenta contra la funci\u00f3n de unificaci\u00f3n de jurisprudencia inherente a la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral, pues la Sala Matriz en un caso anterior, espec\u00edficamente en la Sentencia SL2372-2018 al verificar la inexistencia del consentimiento informado tambi\u00e9n declar\u00f3 la ineficacia de la afiliaci\u00f3n realizada a Colfondos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL2850-2021, rad. 82383), por mantener en firme la sentencia desfavorable del tribunal ad quem, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de esta Corporaci\u00f3n mantuvo inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, en tanto \u00abla accionante consolid\u00f3 el derecho a la prestaci\u00f3n por vejez bajo los par\u00e1metros del r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, sin que exista la posibilidad de variar dicha condici\u00f3n, pues no hizo uso de la posibilidad legal que ten\u00eda a su alcance para moverse dentro del sistema, a fin de salvaguardar los derechos que hoy reclama\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los reproches formulados por la libelista, encaminados por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 52 y 128 de la Ley 100 de 1993 y aplicaci\u00f3n indebida de los c\u00e1nones \u00ab1604, 1610, 1740 a 1743 y 1750 del C\u00f3digo Civil, 174, 177 y 197 del C\u00f3digo Procesal de la misma materia, 145 del estatuto procesal laboral, 4, 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, 1 a 3, 9 a 13, 33, 36, 50, 76, 90, 97, 141 de la Ley 100 de 1993, 9 de la Ley 797 de 2003, 11 del Decreto de 694 de 1994 y 3 de la Ley 1382 de 2009\u00bb, dada la consideraci\u00f3n del colegiado de segundo grado, respecto de la imposibilidad de declarar la ineficacia del traslado por la falta de afiliaci\u00f3n a Colpensiones, la Sala enjuiciada arguy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDada la senda seleccionada para el ataque, no es controversial que la afiliaci\u00f3n de Mar\u00eda Mercedes Naranjo Mart\u00ednez al sistema general de pensiones se produjo el 1 de septiembre de 1995 a trav\u00e9s de la AFP Colpatria; se traslad\u00f3 en varias oportunidades de administradora de fondos de pensiones pertenecientes al RAIS; no estuvo inscrita al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por manera que reporta 0 semanas cotizadas a Colpensiones. <\/p>\n
[\u2026] para determinar si por el hecho de que La Secretar\u00eda Seccional de Salud de Antioquia fuera la encargada del periodo del 30 de mayo de 1989 al 31 de agosto de 1995 se puede decir que, la demandante estaba afiliada al R\u00e9gimen de Prima Media por ser una funcionaria p\u00fablica y porqu\u00e9 el pago de las contingencias de la demandante anteriores a la Ley 100 estuvieron a cargo de la entidad con dineros p\u00fablicos que es lo que se apela. <\/p>\n
De la lectura del Decreto 1068 de 1995 se encuentra lo siguiente: <\/p>\n
Art\u00edculo 3\u00ba.- Situaciones especiales de afiliaci\u00f3n. Los servidores p\u00fablicos que al momento de entrar a regir el Sistema General de Pensiones se encuentren afiliados al Instituto de Seguros Sociales, ISS, pueden continuar en dicho Instituto, (\u2026), que no es el caso. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 1. Los servidores p\u00fablicos que elijan el r\u00e9gimen solidario de prima media con prestaci\u00f3n definida que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad de previsi\u00f3n social del sector p\u00fablico del nivel territorial declarada solvente, (\u2026) tampoco es el caso porque no estaba en ninguna de estas entidades. <\/p>\n
Par\u00e1grafo 2. Los servidores p\u00fablicos que elijan el r\u00e9gimen solidario de prima media con prestaci\u00f3n definida que se encuentren afiliados a una caja, fondo o entidad de previsi\u00f3n (\u2026), tampoco es el caso. <\/p>\n
Entonces, con esta norma se puede concluir que no es aplicable al caso objeto de estudio, en tanto la norma exige en el p\u00e1rrafo primero que al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones estuviera afiliada al ISS, en los p\u00e1rrafos 2 y 3 que estuviera afiliada a una caja, fondo o entidad de previsi\u00f3n del sector p\u00fablico, lo cual no es cierto. Entonces, si seguimos la lectura de la norma en menci\u00f3n, nos encontramos que el art\u00edculo segundo se\u00f1ala: <\/p>\n
Selecci\u00f3n de r\u00e9gimen pensional. Una vez entre a regir el sistema general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los servidores p\u00fablicos deber\u00e1n seleccionar entre el r\u00e9gimen solidario de prima media con prestaci\u00f3n definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, ISS, y el r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, (\u2026). <\/p>\n
Par\u00e1grafo 2\u00ba.- Los funcionarios p\u00fablicos cuyas pensiones eran reconocidas y pagadas por las entidades empleadoras, deber\u00e1n afiliarse a cualquiera de los dos reg\u00edmenes previstos en la Ley 100 de 1993 a m\u00e1s tardar el 30 de junio de 1995. <\/p>\n
Norma en la que se resalta que este par\u00e1grafo, el segundo, es aplicable a la se\u00f1ora Mar\u00eda Mercedes, en tanto que era la Secretar\u00eda Seccional de Salud de Antioquia en calidad de empleadora la entidad encargada de pagar la pensi\u00f3n y conforme a ello es que la accionante deb\u00eda afiliarse por primera vez al R\u00e9gimen de Prima Media o al R\u00e9gimen de Ahorro Individual y con el formulario del 21 de junio de 1995 visible a folio 167, se acredita que la accionante opt\u00f3 por el RAIS administrado por el Fondo de Pensiones Colpatria. <\/p>\n
Revisado el escrito de acusaci\u00f3n, se observa que la censura no atac\u00f3 la premisa jur\u00eddica del fallo gravado, en punto a que la norma llamada a producir efectos en la contenci\u00f3n bajo examen es el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 2 del Decreto 1068 de 1995. Como la decisi\u00f3n se tom\u00f3 bajo los par\u00e1metros de dicha normativa, que fue el soporte jur\u00eddico de la sentencia gravada, deviene claro que la Sala queda desprovista de un insumo esencial para ejercer el control de legalidad que se reclama\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
En ese orden, a\u00f1adi\u00f3 que la recurrente no demostr\u00f3 en qu\u00e9 consistieron los supuestos errores jur\u00eddicos del fallador de segunda instancia en la causa laboral, sino que encamin\u00f3 su discurso a \u00abacreditar la posibilidad de extender la sanci\u00f3n de ineficacia a las afiliaciones iniciales al sistema\u00bb, siendo que \u00abcomo la finalidad de la ineficacia del traslado de r\u00e9gimen pensional, es volver la situaci\u00f3n al estado en que se hallar\u00edan de no haber existido el acto de traslado (statu quo ante), el ad quem no pudo haber cometido el yerro jur\u00eddico enrostrado, toda vez que al estar acreditado que la demandante nunca perteneci\u00f3 a un r\u00e9gimen distinto al de Ahorro Individual, no est\u00e1 llamado a operar el mecanismo reclamado por simple sustracci\u00f3n de materia (CSJ SL1688-2019 y CSJ SL3464-2019)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, precis\u00f3 que si lo pretendido era el traslado del r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestaci\u00f3n definida por ser m\u00e1s favorable a su situaci\u00f3n particular, debi\u00f3 hacer uso del mecanismo previsto en el literal e) del art\u00edculo 13 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con el cual \u00abuna vez elegido el r\u00e9gimen pensional, para que fuera procedente el traslado, deb\u00eda transcurrir un tiempo de permanencia m\u00ednimo de 3 a\u00f1os, que fue incrementado por la Ley 797 de 2003 a 5 a\u00f1os\u00bb. No obstante, como eso no sucedi\u00f3, \u00abla accionante consolid\u00f3 el derecho a la prestaci\u00f3n por vejez bajo los par\u00e1metros del r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad, sin que exista la posibilidad de variar dicha condici\u00f3n, pues no hizo uso de la posibilidad legal que ten\u00eda a su alcance para moverse dentro del sistema, a fin de salvaguardar los derechos que hoy reclama\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. Por \u00faltimo, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los precedentes enunciados en el libelo inicial, esta Sala colige que la eventual diferencia, por s\u00ed misma, no tiene la entidad de enervar la juridicidad de la sentencia de casaci\u00f3n, aunado a que en la misma providencia se hizo alusi\u00f3n a los criterios jurisprudenciales del \u00f3rgano de cierre laboral en lo concerniente a la problem\u00e1tica estudiada \u2013entre otros, se apoy\u00f3 en los fallos CSJ SL1688-2019, 8 may., rad. 68839 y SL3464-2019, 14 ago., rad. 76284\u2013, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue ingresado a este despacho el 10 de febrero de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
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STC1996-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC1996-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02155-01 (Aprobado en Sala de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 23 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}