STC1998-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1998-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2021-00363-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 18 de enero de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Flor Alba Rey Rey contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n n\u00b0 2013-00274. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, salud y vivienda digna, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel 20 de septiembre de 2013 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio [admiti\u00f3] la demanda de expropiaci\u00f3n judicial, instaurada por la Agencia Nacional de Infraestructura [en relaci\u00f3n con] inmueble de mi propiedad localizado en el municipio de Guayabetal, en la carrera 14 N\u00b0 4-340\u00bb, y tras contestar \u00aboponi\u00e9ndome a todas y cada una de las pretensiones (\u2026) el 11 de noviembre de 2015 [el accionado] resolvi\u00f3 (\u2026) decretar la expropiaci\u00f3n [y] designa[r] perito avaluador [de] la lista de auxiliares de la justicia\u00bb. <\/p>\n
Que dicho aval\u00fao \u00aba la fecha no se ha logrado con \u00e9xito puesto que han surgido una serie de circunstancias que han impedido que se materialice la entrega de los dineros consignados\u00bb, entre ellas, que la experticia presentada \u00abel 16 de noviembre de 2016\u00bb, fue objetada por la ANI \u00aben febrero de 2017\u00bb, conllevando la designaci\u00f3n de otro perito; que allegado el nuevo dictamen volvi\u00f3 a ser refutado, ante lo cual el 12 de mayo de 2017, el juzgado declar\u00f3 su improcedencia por ser \u00abprueba de las objeciones\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel 13 de febrero de 2018\u00bb, la autoridad judicial acusada ofici\u00f3 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y a la Oficina de Planeaci\u00f3n del municipio de Guayabetal, \u00abpara que de manera inmediata informen si el predio (\u2026), se encuentra dentro de algunas de las \u201cfajas de retiro obligatorio o \u00e1rea de reserva o de exclusi\u00f3n\u00bb, y \u00abel 16 de mayo de 2018 es rechazada la objeci\u00f3n al dictamen (\u2026) considerando que en vigencia del CGP esta prueba debe ser controvertida en audiencia (\u2026), fijando [para ello] el 30 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
Que con auto del 10 de octubre de 2018, se decret\u00f3 \u00abnuevo dictamen pericial considerando que la perito no se\u00f1al\u00f3 claramente cu\u00e1les fueron los m\u00e9todos o procedimientos empleados de conformidad con la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 expedida por el IGAC, adem\u00e1s de no acreditar su idoneidad para rendir el dictamen, pues para la fecha en que fue presentado el dictamen, no se encontraba inscrita en la lista de avaluadores conforme lo se\u00f1alado en la ley 1673 de 2013\u00bb. <\/p>\n
Que habi\u00e9ndose designado otro perito, \u00abpara el 5 de febrero de 2019 [el accionado] dispone requerir[lo] y [ordena] oficiar al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, con el fin de que informe las razones por las cuales [el experto] no ha tomado posesi\u00f3n\u00bb, y, ante la falta de respuesta, \u00abel 13 de marzo de 2019 es relevado\u00bb; posesionada la nueva perito, \u00abel 14 de junio de 2019\u00bb es requerida para que realice la labor que le fuera encomendada. <\/p>\n
Que el 2 de julio de 2019 elev\u00f3 solicitud de impulso procesal aduciendo \u00abmi dif\u00edcil y precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica [y] considerando que ya hab\u00edan transcurrido alrededor de 7 a\u00f1os desde que se inici\u00f3 el proceso de expropiaci\u00f3n (\u2026), adem\u00e1s de tener a mi cargo a mi se\u00f1ora madre y a un hermano con incapacidad f\u00edsica\u00bb, el 4 de septiembre de dicha anualidad, el juzgado ofici\u00f3 al IGAC \u00abpara que inste a la perito a presentar la experticia\u00bb, decisi\u00f3n que reiter\u00f3 \u00abcon fecha 30 de septiembre de 2019\u00bb, requiriendo a la entidad \u00abpara que nombre al perito id\u00f3neo de su lista oficial, con el fin de cumplir la experticia solicitada desde el mes de octubre de 2018\u00bb. <\/p>\n
Que en atenci\u00f3n a lo anterior, el IGAC asign\u00f3 como nuevo perito \u00aba la ingeniera FRANCY LEONOR CHITIVIA QUINTERO\u00bb y fij\u00f3 \u00abun valor de $2.553.000 para la realizaci\u00f3n del aval\u00fao\u00bb, pero \u00aben diciembre de 2019 la ingeniera (\u2026) radica oficio manifestando las razones por las cuales no realizar\u00e1 la experticia encomendada\u00bb; frente a ello, el 22 de enero de 2020, el juzgado requiri\u00f3 a la parte actora para que \u00abrealice el pago por concepto de honorarios (\u2026), el cual es allegado el 27 de enero\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abel 16 de marzo de 2020 el Juzgado oficia a la ingeniera para que presente el aval\u00fao solicitado, considerando que ya se efectu\u00f3 el pago correspondiente a los gastos fijados por el IGAC\u00bb. <\/p>\n
Que luego de reanudarse los t\u00e9rminos suspendidos en raz\u00f3n a la pandemia \u00abel 14 de julio de [2020] el proceso ingresa al despacho [y] el 18 de septiembre [del mismo a\u00f1o] se profiere auto requiriendo nuevamente al IGAC para que releve y se designe otro perito\u00bb. Finalmente, que \u00abel 9 de abril de 2021\u00bb, el querellado neg\u00f3 la designaci\u00f3n del auxiliar de la justicia para \u00abcontinuar con el curso normal del proceso\u00bb, con lo cual persiste la afectaci\u00f3n a sus derechos fundamentales pues su situaci\u00f3n econ\u00f3mica \u00abes insostenible\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a los accionados \u00abentregar a mi favor el valor indexado del inmueble que me fuera expropiado, del cual fui despojada desde hace tantos a\u00f1os\u00bb; se disponga \u00aben forma provisional el pago inmediato de los dineros que se encuentran constituidos en el dep\u00f3sito judicial que obra dentro del proceso por valor de $51.233.025\u00bb; y \u00abse ordene al juzgado se d\u00e9 celeridad al proceso (\u2026) prescindiendo del aval\u00fao del IGAC o adoptando la medida de sustituci\u00f3n de esta prueba\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Villavicencio, inform\u00f3 que al proceso expropiatorio \u00abse le ha venido dando el tr\u00e1mite procesal correspondiente, [y] que si bien le asiste raz\u00f3n a la petente, referente a la no entrega de dineros correspondientes a la indemnizaci\u00f3n (\u2026), ello deviene a que no se cumplen los presupuestos tanto del art. 458 del C.P.C., ni de los numerales 4 y 12 del art. 399 del C.G. del P., puesto que el aval\u00fao del inmueble expropiado, ordenado en sentencia del 11 de febrero de 2015, no se ha materializado, toda vez que a la fecha, y a pesar de los m\u00faltiples requerimientos realizados por el despacho, el IGAC Territorial Cundinamarca [competente por la ubicaci\u00f3n del predio] no ha designado un perito que rinda el aval\u00fao ordenado (\u2026), siendo imposible prescindir de la pr\u00e1ctica del mismo para ordenar la entrega de la indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, manifest\u00f3 que \u00aba\u00fan no se cuenta con un dictamen pericial en firme donde se fije el valor del predio objeto de expropiaci\u00f3n [porque] dentro del proceso se han presentado m\u00faltiples circunstancias con los peritos designados que han impedido que dicha labor se culmine. Por su parte se le ha solicitado en varias ocasiones al Juzgado dar celeridad al proceso, actuaci\u00f3n que est\u00e1 dentro de sus posibilidades como parte del proceso\u00bb; as\u00ed mismo, que \u00abel art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, establece las reglas por las cuales debe regirse el proceso de expropiaci\u00f3n (\u2026), su numeral 12 se\u00f1ala el momento en el cual el juez debe entregar el valor del inmueble expropiado a su propietario\u00bb. Refiri\u00f3 que la acci\u00f3n no cumple el requisito de la subsidiariedad, porque los reclamos debe resolverlos el juez ordinario, y concluy\u00f3 que \u00abla transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales invocados de ninguna manera puede imput\u00e1rsele a la ANI\u00bb, por lo que se configurar\u00eda \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
3. El director del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 Territorial Meta, inform\u00f3 que \u00absi bien el aval\u00fao solicitado debe ser realizado por el IGAC, la territorial competente es la DT Cundinamarca, esto teniendo en cuenta dos factores determinantes, en primer lugar el predio objeto del peritazgo se encuentra ubicado en el municipio de Guayabetal, (\u2026), en segundo lugar se puede apreciar que en cumplimiento de la orden proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, el 27\/01\/2020 COVIANDES realiz\u00f3 el pago del valor de los honorarios correspondientes al mencionado aval\u00fao, dicho pago se efectu\u00f3 en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al estimar que \u00abque si bien es cierto el punto aqu\u00ed debatido a\u00fan no ha sido concretado por el juez de la causa, tambi\u00e9n lo es que la tardanza no obedece al actuar negligente del convocado, ni se puede interpretar como mora judicial injustificada, ya que adem\u00e1s de la coexistencia de m\u00faltiples solicitudes sometidas a [su] an\u00e1lisis y la presencia de situaciones especiales y particulares acaecidas en el a\u00f1o anterior y el a\u00f1o en curso, debido a la propagaci\u00f3n del virus Covid\u201319 no debe inadvertirse que (\u2026), el funcionario judicial accionado, de manera oficiosa ha impulsado las gestiones necesarias para lograr materializar el aval\u00fao del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n y la consecuente entrega del dinero recaudado como indemnizaci\u00f3n, y que el estatuto procesal exige aquellas actuaciones previas al desembolso, y no ha obtenido colaboraci\u00f3n del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la querellante para insistir en que \u00abfui despojada de mi casa sin que a la fecha se resuelva mi situaci\u00f3n ni que exista una indemnizaci\u00f3n por la expropiaci\u00f3n de la cual fui objeto (\u2026) desde hace m\u00e1s de 8 a\u00f1os\u00bb, por lo que, \u00abno encuentro ninguna justificaci\u00f3n [para que] el juzgado espere y espere sin que sustituya la prueba de aval\u00fao o prescinda de esta [y] no me pueden seguir sometiendo eternamente a un tr\u00e1mite (\u2026)\u00bb, pues \u00absoy una persona de la tercera edad, desempleada, sin pensi\u00f3n, sin apoyo familiar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante, porque, en su sentir, no ha impulsado el pago de la indemnizaci\u00f3n que le corresponde como consecuencia de lo resuelto en el proceso de expropiaci\u00f3n n\u00b0 2013-00274. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC534-2022, 26 ene. 2022, rad. 00722-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del examen realizado a los argumentos de la queja constitucional y su cotejo con la informaci\u00f3n que se extracta del informe y las piezas procesales allegadas, la Sala respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada, por cuanto no se avizora que el funcionario encartado hubiera incurrido en mora judicial que habilite la intervenci\u00f3n del fallador excepcional, con el prop\u00f3sito de remediar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
En efecto, aunado a las explicaciones rendidas por el titular del estrado accionado, al revisar el respectivo expediente digital, se establece que la tardanza para finiquitar el proceso expropiatorio -fallado en segunda instancia el 22 de junio de 2016-, no se deriva de acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad judicial, sino de las sendas dificultades surgidas en relaci\u00f3n con los auxiliares de la justicia designados, y por los problemas de organizaci\u00f3n y log\u00edstica de la entidad encargada de asignar los expertos id\u00f3neos y habilitados para ello. <\/p>\n
Ciertamente, tras debatirse el inicial dictamen pericial realizado por la auxiliar de la justicia designada en el fallo de primer grado, el cual posteriormente fue desestimado habida cuenta las objeciones planteadas por la actora, se dispuso que el aval\u00fao fuera practicado por perito de la lista oficial remitida por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 IGAC, y luego de sortearse objeci\u00f3n a los honorarios y sendas inconformidades, el 13 de febrero de 2018 el juzgado ajust\u00f3 la actuaci\u00f3n a los lineamientos del actual estatuto adjetivo, y decret\u00f3 pruebas de oficio para proseguir el tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
As\u00ed, al retomar el aval\u00fao primigenio, con auto del 16 de mayo de 2018 rechaz\u00f3 la \u00abobjeci\u00f3n por error grave\u00bb, y advirtiendo que \u00abla demandada ni ha aportado otro dictamen ni ha solicitado que se cite a la perito para interrogarla\u00bb, y cit\u00f3 a \u00abaudiencia de contradicci\u00f3n\u00bb, diligencia en la que la interrog\u00f3 de oficio; no obstante, el 10 de octubre de 2018, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno qued\u00f3 dilucidado de d\u00f3nde provienen o como obtuvo las sumas que inform\u00f3 como correspondiente al valor del terreno objeto de expropiaci\u00f3n, el precio de las mejoras implantadas en el mismo y el monto de los perjuicios causados (\u2026), sumado a que la auxiliar no acredit\u00f3 su idoneidad para rendir el mencionado dictamen, pues ni siquiera se encontraba inscrita para la fecha en que rindi\u00f3 la experticia ni en la actualidad en el Registro Abierto de Avaluadores -Ley 1673\/13-\u00bb, y ante ello, nombr\u00f3 perito de \u00abla lista de auxiliares de la justicia del IGAC para la territorial Meta\u00bb. <\/p>\n
Recibida la comunicaci\u00f3n de la anterior providencia, el 31 de octubre de 2018, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi dio traslado a la \u00abTerritorial Cundinamarca\u00bb, y ante el silencio del nombrado y la solicitud de impulso procesal elevada por la ANI, con prove\u00eddo el 5 de febrero de requiri\u00f3 tanto al perito para que tomara posesi\u00f3n del encargo \u00abso pena de ser relevado e imponerle las sanciones pertinentes\u00bb, como al IGAC a fin de que \u00abinforme las razones de por qu\u00e9 el perito perteneciente a la lista de dicha instituci\u00f3n no se ha posesionado\u00bb. <\/p>\n
El expediente da cuenta que luego de pronunciarse el perito, en el sentido de que ya no pertenece a la planta de personal del IGAC, el despacho accionado, con auto del 13 de marzo de 2019, dispuso su reemplazo, concediendo a la ingeniera designada \u00ab10 d\u00edas para rendir el aval\u00fao\u00bb a partir de su posesi\u00f3n el 4 de abril; empero, ante la renuencia de dicha perito, el 14 de junio de 2019 el juzgado dispuso su requerimiento con los apremios de ley, extendi\u00e9ndolo \u00abal Director del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi Bogot\u00e1\u00bb seg\u00fan auto del 4 de septiembre de 2019. <\/p>\n
Ahora, tambi\u00e9n obra manifestaci\u00f3n de la requerida, seg\u00fan la cual ella es \u00abcontratista mediante orden de prestaci\u00f3n de servicios por algunos meses del a\u00f1o\u00bb, por lo que sugiere que \u00ablos aval\u00faos sean solicitados directamente al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi\u00bb; de lo anterior el querellado puso en conocimiento de la entidad, obteniendo respuesta del director Territorial Meta el 25 de noviembre de 2019, en el sentido de que \u00abel costo de la realizaci\u00f3n de este aval\u00fao es de $2\u00b4533.000 [y que] una vez recibidos los respectivos comprobantes de la consignaci\u00f3n o de la transferencia, esta entidad proceder\u00e1 a realizar dicho aval\u00fao\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo antedicho y en respuesta tambi\u00e9n a solicitud de la parte demandante para dar impulso al proceso, mediante auto del 22 de enero de 2020, el funcionario acusado requiere la consignaci\u00f3n de la suma de dinero indicada como honorarios periciales, orden que seguidamente es atendida por la ANI. Empero, en ese estado procesal sobrevino la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos en virtud a la declaraci\u00f3n de emergencia sanitaria por el Covid-19. <\/p>\n
Reanudado el proceso, el 18 de septiembre de 2020, se orden\u00f3 requerir al precitado instituto, \u00abpara que proceda a relevar [a quien estando posesionada no rindi\u00f3 la experticia], y en su lugar nombre a quien haga parte del estado vigente del IGAC, debiendo remitir el dictamen de forma \u00e1gil y oportuna\u00bb, disposici\u00f3n que reiter\u00f3 el 4 de diciembre del mismo a\u00f1o, poniendo en conocimiento que seg\u00fan informaci\u00f3n de la perito \u00abnuevamente no ten\u00eda contrato vigente con el IGAC\u00bb. En respuesta a ello, en abril de 2021, el Director Territorial Meta manifest\u00f3 que el aval\u00fao solicitado \u00abdebe ser realizado por la Territorial Cundinamarca\u00bb, en raz\u00f3n a la ubicaci\u00f3n del predio expropiado, y para su tr\u00e1mite dijo que correr\u00eda traslado a dicha dependencia oficial. <\/p>\n
Finalmente, con auto del 14 de diciembre de 2021 el accionado resolvi\u00f3 \u00abrequerir con car\u00e1cter urgente, al Director Territorial Cundinamarca del IGAC, a efectos que se sirva rendir informe de las actuaciones desplegadas a la fecha por esa entidad conforme a la orden impartida por este Despacho, adem\u00e1s de acompa\u00f1ar el resultado del dictamen pericial requerido; advirtiendo al ente que dispone del t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas para dar tr\u00e1mite al mismo, so pena de incurrir en falta disciplinaria por incumplir con los t\u00e9rminos otorgados para dar respuesta a las solicitudes de este Despacho. La inobservancia de esta advertencia, habilitar\u00e1 a este operador judicial a compulsar copias inmediatamente con destino a los organismos de control\u00bb. <\/p>\n
En este orden, la Corte no observa que frente al proferimiento de las providencias dirigidas a impulsar el asunto en cuesti\u00f3n, particularmente en lo que ata\u00f1e a la actividad para consolidar el aval\u00fao y consecuente pago de la indemnizaci\u00f3n, el juzgador de instancia muestre una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el litigio bajo su conocimiento, sino una justificada tardanza surgida de las circunstancias excepcionales antes esbozadas, lo que descarta una situaci\u00f3n de mora judicial, y por ello habr\u00e1 de ratificarse la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, encuentra la Sala que ante los infructuosos requerimientos judiciales al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -Territorial Cundinamarca- en relaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica de la prueba pericial, se hace necesario exhortar al director del proceso para que con observancia en los \u00abdeberes y poderes\u00bb previstos en los art\u00edculos 42 a 44 del estatuto adjetivo, en caso de que lo considere necesario y procedente, adopte las medidas pertinentes para obtener el cumplimiento de las \u00f3rdenes por \u00e9l emitidas, de manera que culmine prontamente con el tr\u00e1mite de tasaci\u00f3n y pago de la indemnizaci\u00f3n reclamada dentro de la actuaci\u00f3n objeto de revisi\u00f3n en esta excepcional sede jur\u00eddica. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, frente a la pretensi\u00f3n de que se prescinda del aval\u00fao en los t\u00e9rminos fijados por el juzgado, recu\u00e9rdese a la impugnante que acorde con el ordenamiento legal, la decantada jurisprudencia ha sostenido que como el proceso de expropiaci\u00f3n involucra recursos p\u00fablicos, a los jueces se les exige \u00abser din\u00e1micos y proactivos en la averiguaci\u00f3n de la verdad\u00bb (STC8027-2014, 24 jun 2014, rad. 00831-01), y por ello, \u00abes deber del juzgador examinar -con especial rigor- las pruebas periciales, para evitar el riesgo de ocasionar un detrimento al erario, labor\u00edo en que deber\u00e1 tener en cuenta, entre otros aspectos, la solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad de los fundamentos que les den sustento\u00bb (STC3717-2020, 11 jun 2020, rad. 00057-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se impone ratificar el fallo desestimatorio de primer grado, pero exhortando a la autoridad judicial convocada para que proceda de conformidad con lo anotado en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado por las razones indicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: EXHORTAR al Juez Primero Civil del Circuito de Villavicencio, para que, de no haberlo hecho al momento en que reciba notificaci\u00f3n de la presente sentencia, con observancia en lo se\u00f1alado en la parte motiva, proceda a analizar la posibilidad de aplicar las medidas correctivas a fin de que el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013 Territorial Cundinamarca, o la dependencia que corresponda, gestione lo pertinente para asignar perito id\u00f3neo y habilitado para la consecuci\u00f3n del dictamen pericial que permita culminar el proceso expropiatorio n\u00b0 2013-00274. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC1998-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC1998-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2021-00363-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}