STC1999-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC1999-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00002-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 25 de enero de 2022, que neg\u00f3 la tutela de Gerardo Javier Alvarado Cubillos frente a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda n\u00ba 8 de Porf\u00eda y el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la sucesi\u00f3n n\u00ba 1990-12663. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, dentro del proceso de sucesi\u00f3n testada de Federico Erardo Dittterich Hopfen Mueller, libr\u00f3 despacho comisorio n\u00ba 25 de 6 de agosto de 2019 a la Alcald\u00eda de Villavicencio para llevar a cabo la entrega a los herederos del causante del predio denominado \u00abLa Camelia\u00bb ubicado en la vereda \u00abLa Riviera\u00bb de esa ciudad. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, la mencionada alcald\u00eda subcomision\u00f3 para dicho procedimiento a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda n\u00ba 8 de la localidad de Porf\u00eda, el mismo que se adelant\u00f3 entre los d\u00edas 2 y 5 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, por intermedio de su apoderado present\u00f3 oposici\u00f3n a la entrega aduciendo posesi\u00f3n del bien, pero fue rechazada por el inspector de polic\u00eda comisionado, quien tampoco dio tr\u00e1mite a los recursos interpuestos ni a la recusaci\u00f3n ni a la nulidad formuladas, decidiendo proseguir el desalojo de los ocupantes del inmueble a fin de materializar su entrega. <\/p>\n
El 12 de noviembre siguiente, present\u00f3 ante el juzgado de conocimiento incidente de restituci\u00f3n al tercero poseedor, el cual, seg\u00fan manifest\u00f3, a la fecha de radicaci\u00f3n de este amparo no ha sido resuelto por el despacho judicial. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 esencialmente el proceder del inspector de polic\u00eda asignado para tramitar la diligencia referida, en tanto desbord\u00f3 sus funciones al rechazar las oposiciones, los recursos y dem\u00e1s medios jur\u00eddicos de defensa propuestos por los afectados. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, su legitimaci\u00f3n para oponerse a la entrega del predio proviene de la posesi\u00f3n que comenz\u00f3 a ejercer su padre Gerardo Antonio Alvarado Parra en el a\u00f1o 1995 a partir de una promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con uno de los hoy herederos reclamantes Ernesto Ditterich Chamarravi. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, aunque interpuso contra esa actuaci\u00f3n \u00abincidente de nulidad\u00bb, dicho tr\u00e1mite no resulta eficaz para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales y no es lo suficientemente \u00e1gil, \u00abya que cualquier tr\u00e1mite incidental ante el juez comitente tiene una demora de a\u00f1os, tal y como sucedi\u00f3 con el incidente de nulidad presentado por Gerardo Antonio Alvarado Parra (qepd) frente a una diligencia de entrega que hab\u00eda sido ordenada dentro de este mismo proceso de sucesi\u00f3n, [\u2026] diligencia de entrega que se llev\u00f3 a cabo el d\u00eda 25 de marzo de 2010, incidente que fue resuelto hasta el d\u00eda 16 de diciembre de 2016, es decir, 6 a\u00f1os y 6 meses despu\u00e9s de haberse presentado [\u2026] siendo inminente el perjuicio que se est\u00e1 causando con la actuaci\u00f3n irregular y caprichosa del inspector de polic\u00eda [pues] a quienes se les entreg\u00f3 el predio [\u2026] se encuentran vendiendo este terreno, raz\u00f3n por la cual, cuando salga el incidente de nulidad ya no habr\u00e1 predio que devolver (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se declare \u00ab(\u2026) la nulidad de toda diligencia de entrega realizada los d\u00edas 2 al 5 de noviembre de 2021 comisionada por el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio con ocasi\u00f3n del despacho comisorio 25 de 2019 dentro del proceso de sucesi\u00f3n [1990-12663] (\u2026) a t\u00edtulo de restablecimiento inmediato [\u2026] ordenar al Inspector de Polic\u00eda n\u00ba 8 de Porf\u00eda y al Alcalde de Villavicencio [\u2026] realice las acciones necesarias e inmediatas para que se reestablezcan las cosas a su estado anterior garantizando que [\u2026] los bienes del se\u00f1or Gerardo Antonio Alvarado Parra (q.e.p.d.) se le restablezca su posesi\u00f3n sobre el predio que fueron despojados caprichosa e irregularmente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero de Familia de Villavicencio explic\u00f3 que el proceso en cuesti\u00f3n ha sufrido diversos inconvenientes desde su radicaci\u00f3n, sobre todo respecto del predio \u00abLa Camelia\u00bb en donde hoy se hallan asentadas varias urbanizaciones. <\/p>\n
Sobre las quejas del actor inform\u00f3 que, el 9 de noviembre de 2021 recibi\u00f3 el expediente con todo lo adelantado por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Porf\u00eda en la diligencia de entrega comisionada \u00aben el que obra solicitud de nulidad y recusaci\u00f3n que formularon los intervinientes y opositores que asistieron a la diligencia\u00bb, indic\u00f3 que dichas peticiones no han ingresado a despacho dado que \u00abpreviamente arribaron distintas solicitudes que deben ser atendidas en orden de llegada y revisadas con sumo cuidado, como por ejemplo [\u2026] incidente de exclusi\u00f3n de un bien de la partici\u00f3n. De otra lado, el juzgado tiene que estudiar con minuciosidad todas las actuaciones y solicitudes que se formulan, ya que el expediente es voluminoso, tiene una antig\u00fcedad de m\u00e1s de 30 a\u00f1os de radicaci\u00f3n y cuenta actualmente con 61 cuadernos, por lo que una vez ingrese el expediente a despacho resolver\u00e1 las solicitudes relativas a la diligencia de entrega realizada por la Inspecci\u00f3n Octava de Villavicencio (sic) dando el tr\u00e1mite legal que corresponda, de acuerdo al orden consecutivo de ingreso\u00bb. <\/p>\n
2. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda n\u00ba 8 de Porf\u00eda expuso que, contra el procedimiento de entrega que cumpli\u00f3 con motivo del despacho comisorio del Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, se han presentado 3 acciones de tutela pidiendo la nulidad de la diligencia y han sido denegadas. Resalt\u00f3 que, s\u00ed se efectu\u00f3 descripci\u00f3n completa del predio, ya que \u00abest\u00e1 plenamente determinada en su matr\u00edcula inmobiliaria y c\u00e9dula catastral, junto con la ficha catastral\u00bb; adem\u00e1s, se opuso a las manifestaciones del actor en cuanto a que desbord\u00f3 sus facultades, \u00abpues cumpli\u00f3 en estricto derecho con el encargo encomendado, como puede observarse en el acta de entrega de 5 de noviembre de 20021\u00bb. <\/p>\n
3. La abogada de Gerardo Antonio Alvarado Parra, coadyuv\u00f3 las reclamaciones del accionante y lo denunciado por aqu\u00e9l relativas a que el inspector de polic\u00eda habr\u00eda extralimitado sus funciones \u00ababrog\u00e1ndose facultades jurisdiccionales\u00bb. Tambi\u00e9n, coincidi\u00f3 con que, aunque existen mecanismos dentro de la sucesi\u00f3n como el incidente de nulidad o el incidente del tercero opositor, \u00abno los estima id\u00f3neos porque el incidente de nulidad solo se podr\u00e1 interponer una vez el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio emita auto que agregue la diligencia al expediente, y han transcurrido m\u00e1s de dos meses sin que se profiera auto al respecto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. El Personero auxiliar de Villavicencio indic\u00f3 que, el ministerio p\u00fablico acompa\u00f1\u00f3 la diligencia cuestionada y observ\u00f3 que, el inspector de polic\u00eda \u00absin haber escuchado e interrogado a los ocupantes del predio, como lo se\u00f1ala el estatuto procesal, procedi\u00f3 a resolver sobre varios aspectos; entre otros desestim\u00f3 la oposici\u00f3n [\u2026] tras considerar que fue extempor\u00e1nea, y no concedi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. Ernesto Ditterich Huerta, Erardo Ditterich Chamarravi, Wender, Gunter y Oissif Ditterich Dalla Torre, herederos en la sucesi\u00f3n referida, pidieron se niegue el amparo ya que no supera el requisito de la subsidiariedad en la medida en que \u00ab(\u2026) el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa al interior del proceso para alegar sus inconformidades\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda al advertirla prematura pues, \u00ab(\u2026) que el accionante impuls\u00f3 \u201cincidente de restituci\u00f3n al tercero poseedor\u201d exigiendo su reconocimiento como poseedor, as\u00ed como la devoluci\u00f3n del predio objeto de la diligencia, tr\u00e1mite que est\u00e1 pendiente de resolver, a m\u00e1s que todav\u00eda no ha activado los otros mecanismos y medios de defensa ofrecidos por la normatividad procesal para la defensa de sus intereses, pues con relaci\u00f3n a la presunta extralimitaci\u00f3n de facultades del Inspector de Polic\u00eda sub comisionado y a la ausencia de identificaci\u00f3n del predio, puede poner tales hechos en conocimiento del Despacho Comitente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, elev\u00f3 nota exhortativa al juez accionado a fin de que disponga el pronto ingreso del expediente de la diligencia de entrega al despacho, teniendo en cuenta las m\u00faltiples solicitudes y la cantidad de personas involucradas en ella y que, active \u00abel t\u00e9rmino de contradicci\u00f3n previsto en los art\u00edculos 40 y 309 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado del quejoso reiterando las alegaciones del escrito inicial. Refut\u00f3 el fallo del tribunal a quo por no pronunciarse frente a la \u00abextralimitaci\u00f3n de funciones del inspector de polic\u00eda n\u00ba 8\u00bb. Insisti\u00f3 en que, aunque existan mecanismos dentro del proceso como lo es el incidente propuesto, \u00abaqu\u00e9l no resulta id\u00f3neo\u00bb, porque se evidencia una mora en su tr\u00e1mite, tal como acaeci\u00f3 con un incidente similar interpuesto en el a\u00f1o 2010, que solo vino a ser resuelto 6 a\u00f1os m\u00e1s tarde. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio y la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda n\u00ba 8 de Porf\u00eda transgredieron las prerrogativas invocadas por el actor al, (i) incurrir, el despacho judicial accionado, supuestamente, en mora judicial por no tramitar el incidente de restituci\u00f3n al tercero poseedor\u00bb que formul\u00f3; y (ii) en relaci\u00f3n con la autoridad policial convocada, encargada de la diligencia de entrega del inmueble \u00abLa Camelia\u00bb ordenada dentro de la sucesi\u00f3n radicado n\u00ba 1990-12663, por extralimitarse en sus facultades al rechazar la oposici\u00f3n presentada y los recursos interpuestos. <\/p>\n
2. La subsidiariedad y el car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad. <\/p>\n
En virtud de \u00e9se presupuesto, se ha dicho en precedencia que la acci\u00f3n de tutela no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
De lo anterior se extrae que ese car\u00e1cter residual que detenta se incumple cuando se procura con esta la protecci\u00f3n constitucional frente a asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite cuestionado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al margen del problema jur\u00eddico planteado, la improcedencia de la protecci\u00f3n deriva del incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, le corresponder\u00e1 al Juzgado Primero de Familia de Villavicencio ocuparse de la tramitaci\u00f3n del incidente de restituci\u00f3n al tercero poseedor que propuso el querellante el 12 de noviembre de 2021 respecto del inmueble \u00abLa Camelia\u00bb el cual tiene una relaci\u00f3n directa con las presuntas irregularidades que se habr\u00edan presentado en la diligencia de entrega cumplida el 5 de noviembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
Por tanto, hasta que no se emita un pronunciamiento en ese sentido no puede admitirse que la queja constitucional sustraiga la competencia del despacho accionado y provea la soluci\u00f3n a una problem\u00e1tica que a\u00fan le concierne dirimir; de ah\u00ed que, no es viable que esta justicia excepcional interfiera prematuramente en la controversia propiciada por el gestor o se adelante a la postura que el tutelado pueda adoptar respecto de lo alegado y del contexto procesal discutido. <\/p>\n
En lo atinente, la Sala ha sostenido que no resulta de recibo que los interesados \u00ab(\u2026) en apresurado actuar, haya[n] instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, (\u2026) dado que el juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01, reiterado el 10 feb. 2012 y 22 nov. 2012, rads. 2011-0526 y 00537 y, 6 mar. y 10 abr. 2013, rads. 00011 y 00251, respectivamente). <\/p>\n
En suma, bajo la \u00f3ptica trazada, el que se encuentre pendiente de resoluci\u00f3n la solicitud del actor, no solo convierte en anticipada la s\u00faplica, sino que, tampoco podr\u00e1 operar como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, ya que, en estos casos, el peticionario debe esperar la conclusi\u00f3n del asunto puesto a consideraci\u00f3n del operador judicial. <\/p>\n
4. De la mora judicial. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto al reclamo por la presunta mora judicial que atribuy\u00f3 el gestor al juzgado accionado, respecto a que han transcurrido \u00abm\u00e1s de dos meses\u00bb desde que se impetr\u00f3 el incidente de restituci\u00f3n a tercero poseedor, debe recordarse que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esa naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n de un determinado asunto ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
En lo atinente, la Sala ha puntualizado que, en \u00e9ste tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
Es decir, no toda dilaci\u00f3n dentro de un proceso judicial es vulneradora de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte del funcionario atacado y para que se acceda a la salvaguarda debe quedar demostrada la falta de diligencia. <\/p>\n
Al respecto, el titular del estrado judicial acusado, al intervenir en esta actuaci\u00f3n puntualiz\u00f3 y aclar\u00f3 que, adem\u00e1s de existir multitud de solicitudes y requerimientos previos al incidente formulado que deben resolverse conforme el orden de llegada y que igualmente tienen que ver con el proceso en cuesti\u00f3n, se trata de un juicio que se ha prolongado por m\u00e1s de 30 a\u00f1os, cuyo expediente consta de m\u00e1s de 61 cuadernos, \u00abpor lo que cada ingreso debe revisarse con sumo cuidado\u00bb, seg\u00fan arguy\u00f3. <\/p>\n
La Sala y concretamente en lo que tiene que ver con el asunto cuya definici\u00f3n se demanda, no observa un comportamiento omisivo o negligente del funcionario judicial, ni que el tiempo transcurrido desde la interposici\u00f3n del incidente \u2013 12 de noviembre de 2021 \u2013 y la formulaci\u00f3n de la tutela \u2013 14 de enero de 2022 – se pueda considerar desproporcionado o irracional, si se tiene en cuenta la explicaci\u00f3n brindada por el accionado. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se advierte improcedente la s\u00faplica pues, mientras la autoridad competente no profiera un expreso pronunciamiento sobre el debate planteado, la actuaci\u00f3n del juez de tutela se aprecia claramente anticipada. <\/p>\n
5.2. No es posible endilgarle al despacho acusado una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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