STC2003-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2003-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00490-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mayra Alejandra Coronado Blanco contra la Sala de Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Personer\u00eda Municipal, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito, ambos de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los intervinientes en la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo pretende protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, m\u00ednimo vital, \u00abespecial asistencia\u00bb y \u00abprotecci\u00f3n a los menores\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i). \u00abal doctor Jhon Rusber Nore\u00f1a Betancourth, Magistrado del tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil, de Familia y Laboral, tramitar la acci\u00f3n de tutela con medida provisional y garantizar los derechos fundamentales de [sus] hijos menores afectados por el conflicto, para evitar un d[a]\u00f1o irreparable\u00bb; ii). \u00abunidad de v\u00edctimas que sin m\u00e1s dilaciones y con el fin de evitar un da\u00f1o irreversible a [sus] menores, [le] entreguen las ayudas humanitarias de emergencia\u00bb; que \u00ab[le] hagan entrega de una certificaci\u00f3n que demuestre [su] condici\u00f3n de desplazad[a] por la violencia\u00bb; y \u00abque [los] vinculen a los programas de apoyo econ\u00f3mico que permitan garantizar los alimentos de [sus] menores d\u00edas tras d\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.1. Mayra Alejandra Coronado Blanco formul\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas (2021-00355), con el fin de que se ordene \u00abayudas humanitarias\u00bb para ella y sus menores hijos, tras indicar que son v\u00edctimas de desplazamiento forzado; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Valledupar. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expone la promotora que es v\u00edctima de desplazamiento por hechos ocurridos en el municipio de Villanueva (Guajira); que a la fecha ninguna de las entidades all\u00ed accionadas ha dado respuestas a sus peticiones, ni han brindado apoyo \u00aba [su] hogar para garantizar el acceso al m\u00ednimo vital de [sus] menores dependientes\u00bb, raz\u00f3n por la que \u00abpresent[\u00f3] acci\u00f3n de tutela la cual correspondi\u00f3 al tribunal tutelado\u2026 y estos en vez de proteger los derechos de [su] familia\u2026 [le] dicen m\u00e1s bien que no siga presentando acciones de tutela porque [la] van a sancionar ya que son por los mismo hechos, siendo que no [le] han solucionado nada y [su] hogar est\u00e1 en una situaci\u00f3n de calamidad absoluta a causa de la miseria y el hambre que deja el desplazamiento el cual s[on] v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
2.3. Destac\u00f3 que ante su situaci\u00f3n de vulnerabilidad y de su familia \u00abpresent\u00f3 acci\u00f3n de tutela la cual correspondi\u00f3 al tribunal superior a la sala demandada en la cual pi[dio] protecci\u00f3n especial y medida provisional ya que no p[ueden] seguir esperando la voluntad de esta entidad ya que el hambre est\u00e1 ocasionando da\u00f1os irreversibles a la integridad de [sus] hijos menores, pero seg\u00fan este magistrado no encontr\u00f3 un da\u00f1o irremediable y por esto no concedi\u00f3 la medida provisional\u00bb <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que es \u00abobligaci\u00f3n del juez tutelar proteger a [su] familia ya que est[\u00e1n] en una situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad y adem\u00e1s son menores y los derechos de los menores deben ser protegidos de forma especial pero esto no sucedi\u00f3 as\u00ed ya que el juez tutelado a pesar que aparentemente fall\u00f3 esta demanda a [su] favor, no orden\u00f3 a la entidad a cumplir con sus obligaciones y brindar[les] asistencia urgente\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas manifest\u00f3 que verificado el registro \u00danico de V\u00edctimas, la promotora est\u00e1 incluida por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, con FUD CJ000403789; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por temeridad, comoquiera que, con id\u00e9ntica petici\u00f3n de amparo, esta Corte neg\u00f3 las pretensiones tutelares (2022-00098); que ya dio respuesta a las solicitudes de la accionante, pero insiste en radicar las mismas solicitudes ante esa entidad y por medio de la acci\u00f3n de tutela ante los diferentes despachos, \u00abgenerando desgaste ante la administraci\u00f3n judicial y ante esta entidad\u00bb; que con resoluci\u00f3n n\u00b0 0600220223435916 de 2022 reconoci\u00f3 u orden\u00f3 el pago de atenci\u00f3n humanitaria de emergencia a Mayra Alejandra Coronado Blanco, donde se estableci\u00f3 realizar tres giros a favor del hogar para el periodo de un a\u00f1o, el primer giro por $1.005.000 y el segundo y tercero giro por valor de $795.000 cada uno, con una vigencia por cuatro meses contados a partir de la fecha de cobro. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Valledupar inform\u00f3 las partes de la tutela objeto de reproche. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar relat\u00f3 las actuaciones surtidas en la primera acci\u00f3n de tutela; inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, resaltando que el tr\u00e1mite constitucional criticado ya estaba concluido, m\u00e1xime cuando no fue impugnado por la promotora. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo \u2013 Regional Cesar indic\u00f3 que le ha bridado a la gestora la asesor\u00eda pertinente; que el 14 de octubre de 2021 se tom\u00f3 la declaraci\u00f3n de los hechos victimizantes, remiti\u00e9ndolo a la UARIV; que no ha vulnerado los derechos invocados. <\/p>\n
5. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social inform\u00f3 que las peticiones radicadas por la promotora han sido contestadas en tiempo; que no ha vulnerado las prerrogativas incoadas; que sobre los hechos y pretensiones ya hubo un pronunciamiento por parte del Tribunal, que fue negado, raz\u00f3n por la que la presente acci\u00f3n es temeraria. <\/p>\n
6. La Secretar\u00eda de Gobierno de Valledupar refiri\u00f3 que la solicitud de amparo no recae sobre el Municipio, ni tampoco indica quebranto de garant\u00edas fundamentales por parte de dicho ente territorial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine advierte la Corte, de los documentos obrantes en el expediente, que el amparo incoado est\u00e1 llamado al fracaso, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2.1. La inviabilidad del resguardo dimana por cuanto la jurisdicci\u00f3n constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en el asunto del ep\u00edgrafe, con ocasi\u00f3n de una inicial acci\u00f3n de tutela que formul\u00f3 la quejosa frente al mismo asunto que aqu\u00ed cuestiona, de donde est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio de esa tem\u00e1tica a la luz de los derechos fundamentales, subsumi\u00e9ndose la presente acci\u00f3n en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo a lo extractado en el fallo de tutela proferido el 19 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n (STC079-2022), denegatorio de la preliminar salvaguarda referida, se tiene que en aquella oportunidad la petente relat\u00f3 y pretendi\u00f3: <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene \u00abal doctor Jhon Rusber Nore\u00f1a Betancourth, Magistrado del Tribunal Superior de Valledupar, Sala Civil Familia Laboral, tramitar la acci\u00f3n de tutela con medida provisional y garantizar los derechos fundamentales a [sus] hijos menores afectados por el conflicto, para evitar un da\u00f1o irreparable; ordenar a la Unidad de V\u00edctimas que sin m\u00e1s dilataciones y con el fin de evitar un da\u00f1o irreversible a [sus] menores hijos, [l]e entreguen las ayudas humanitarias de emergencia para evitar un da\u00f1o a [sus menores hijos]; [l]e hagan entrega de una certificaci\u00f3n que demuestre [su] condici\u00f3n de desplazado por la violencia; que [la] vinculen a los programas de apoyo econ\u00f3mico que [l]e permitan garantizar los alimentos de [sus] menores hijos\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que en el mes de agosto de 2021 fue v\u00edctima de desplazamiento por hechos ocurridos en el municipio de Villanueva, La Guajira, sin que a la fecha la Personer\u00eda Municipal de Valledupar, ni la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas le haya brindado apoyo a ella ni a sus menores hijos, pese a que est\u00e1n pasando por una mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Sostiene que, ante sus reclamos, el Tribunal Superior de Valledupar le indic\u00f3 que \u00abno siga presentando acciones de tutela porque [la] van a sancionar, ya que son por los mismos\u00bb; y por su parte, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de las V\u00edctimas le manifest\u00f3 \u00abde forma telef\u00f3nica que debe esperar 60 d\u00edas h\u00e1biles para que realicen la valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente afirm\u00f3 que en la acci\u00f3n de tutela que por tales hechos present\u00f3 ante el Tribunal Superior de Valledupar, se consider\u00f3 que ni ella ni sus descendientes estaban sufriendo un \u00abda\u00f1o irremediable\u00bb, y por ello, no se les concedi\u00f3 medida provisional de protecci\u00f3n, pese a que est\u00e1 en una situaci\u00f3n de \u00abextrema necesidad\u00bb y no tiene ning\u00fan tipo de ingreso, circunstancias que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
Y ante esa contingencia, esta Corporaci\u00f3n, tras admitir esa demanda de amparo contra el mismo colegiado que aqu\u00ed es cuestionado, vincul\u00f3 a los despachos judiciales y a los terceros con inter\u00e9s, y agotado el tr\u00e1mite de rigor, dict\u00f3 el fallo en comento, en el que concluy\u00f3 que: <\/p>\n
En el presente asunto se observa, que lo pretendido por la ciudadana Mayra Alejandra a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, es que se ordene al Tribunal Superior de Valledupar, \u00abtramitar\u00bb la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de las V\u00edctimas, y, que la mentada Unidad le entregue unas ayudas humanitarias de emergencia, una certificaci\u00f3n que acredite su condici\u00f3n de desplazada por la violencia, y, que la vincule a los programas de apoyo econ\u00f3mico. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Visto lo anterior, se aprecia sin asomo de duda, que el resguardo constitucional reclamado es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es, en \u00faltimas, atacar el tr\u00e1mite y la decisi\u00f3n de fondo de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente donde el juez constitucional el 9 de diciembre pasado emiti\u00f3 decisi\u00f3n frente a las declaraciones y \u00f3rdenes reclamadas en este escenario, la cual fue conocida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, radicado No. 2021-00345, donde se neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque lo all\u00ed pretendido ya hab\u00eda sido objeto de estudio y decisi\u00f3n en otro tr\u00e1mite de tutela que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar; as\u00ed mismo, ante la repetici\u00f3n del mismo reclamo por parte de la aqu\u00ed inconforme, la mencionada Colegiatura decidi\u00f3 el pasado 9 de diciembre \u00abrechazar de plano\u00bb otra acci\u00f3n de tutela, identificada con el consecutivo No. 2021-0355, y conmin\u00f3 a \u00e9sta para que \u00abse abstenga de continuar presentando acciones ante diferentes despachos judiciales, haciendo un uso indebido de la acci\u00f3n constitucional y del acceso a la justicia, acudiendo mediante acciones con identidad de partes, hechos y pretensiones, so pena de hacerse acreedora a las sanciones previstas que la Ley dispone para este tipo de actuaciones, puesto que podr\u00eda estar incursa en temeridad\u00bb. <\/p>\n
5. Lo antelado implica que la protecci\u00f3n reclamada desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto. <\/p>\n
6. Ahora, se advierte que el expediente contentivo de las acciones tuitivas en comento pueden ser objeto de eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, conforme lo establece el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, mecanismo a trav\u00e9s del cual el Defensor del Pueblo o cualquier Magistrado de dicha Corporaci\u00f3n podr\u00e1 pedir a \u00e9sta su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
7. Finalmente, frente al reclamo de la gestora para que a trav\u00e9s de este medio se ordene a la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas -UARIV, le entregue una certificaci\u00f3n que demuestre su condici\u00f3n de persona desplazada por la violencia, ayudas humanitarias de emergencia, y, la vincule a los programas de apoyo econ\u00f3mico que brinda el Estado, basta con se\u00f1alar, que resulta improcedente en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de la acci\u00f3n de tutela, comoquiera que no obra prueba en el expediente constitucional que la interesada haya acudido directamente a dicha entidad para solicitar lo que por esta v\u00eda peticiona, situaci\u00f3n que impide la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez constitucional, quien no puede desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver situaciones particulares. (CSJ, STC079-2022; 19 en.; rad. 2021-04662-00). <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que, seg\u00fan lo verificado en el sistema de gesti\u00f3n judicial, no fue impugnada por la actora. <\/p>\n
Sobre destacar que, con petici\u00f3n de amparo posterior, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 sobre id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica formulada por la promotora, donde tambi\u00e9n se indic\u00f3 que, la acci\u00f3n de tutela no es procedente contra decisiones del mismo linaje, adem\u00e1s que \u00absi existieron equivocaciones o desafueros de los falladores constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo\u00bb; asimismo, reliev\u00f3 que \u00abcontrario a lo afirmado por la peticionaria, y como lo inform\u00f3 la Unidad de V\u00edctimas, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 0600220223435916 de 22 de enero 2022 por medio de la cual resolvi\u00f3 \u00abPRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de Atenci\u00f3n Humanitaria de Emergencia al (la) se\u00f1or(a) MAYRA ALEJANDRA CORONADO BLANCO, identificado(a) con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1.065.841.132, en nombre del hogar, pago que ser\u00e1 efectuado de acuerdo a lo indicado en parte motiva de la presente resoluci\u00f3n\u00bb; respecto a la atenci\u00f3n humanitaria, le manifest\u00f3 que dispuso la entrega de tres giros a favor del hogar, el primero por $1\u2019005.000,oo cobrado por la interesada el 24 de diciembre de 2021, el segundo y tercer giro por valor de $795.000.oo, cada uno\u00bb; (CSJ, STC1170-2022; 9 feb.; rad. 2022-00298); determinaci\u00f3n que, seg\u00fan lo visto en el sistema de gesti\u00f3n judicial, no fue impugnada. <\/p>\n
2.2. Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias que puedan llegar a existir entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan la norma citada l\u00edneas atr\u00e1s, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la presente solicitud de la gestora. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, el presente reclamo se torna improcedente, por lo que se negar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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STC2003-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2003-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00490-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mayra Alejandra Coronado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61426","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61426\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}