STC2004-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2004-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2022-00019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 4 de febrero de 2022, que neg\u00f3 la tutela de Sebasti\u00e1n Colorado, contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00147. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por el estrado judicial convocado. <\/p>\n
2. Expuso que en la acci\u00f3n popular radicado 2021-00147 que promovi\u00f3 (contra la Cruz Roja del municipio de Jard\u00edn), \u00abno se han cumplido los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena la ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que puso en conocimiento del Delegado de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n la se\u00f1alada mora judicial, y comoquiera que no es abogado, le informe \u00abd\u00f3nde se debe enviar a fin de que aplique por quien corresponda el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998 que ped\u00ed (sic)\u00bb. Sin embargo, adujo, \u00abni la juez, ni mucho menos el delegado de la procuradur\u00eda [\u2026] remitieron mi petici\u00f3n de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 Ley 472 de 1998 ante quien corresponda\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que \u00ab(\u2026) se ordene inmediatamente a los tutelados, remitir la solicitud de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 a quien corresponda (\u2026) se ordene remitir copia de esta tutela a la procuradora general de la naci\u00f3n a fin que conozca la actuaci\u00f3n del delegado de la Procuradur\u00eda [\u2026] en acciones populares y act\u00fae en derecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Civil del Circuito de Andes relacion\u00f3 en detalle lo acontecido en la acci\u00f3n popular en cuesti\u00f3n destac\u00e1ndose que la dirigi\u00f3 contra la Cruz Roja del municipio de Jard\u00edn, admitida el 20 de septiembre de 2021. Indic\u00f3 que, una vez cumplidas las notificaciones respectivas y vencido el t\u00e9rmino de traslado, el 4 de noviembre de 2021 fij\u00f3 fecha para audiencia de \u00abpacto de cumplimiento\u00bb el 13 de enero de 2022. <\/p>\n
Sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que, mediante escrito allegado el 10 de noviembre de 2021 el actor popular manifest\u00f3 interponer el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que program\u00f3 la referida diligencia, requiriendo que \u00abreponga y cite a pacto en el mes de noviembre amparado en art\u00edculo 84 ley 472 de 1998, art\u00edculo 8, 42 C.G.P., aplicable remisi\u00f3n art\u00edculo 44 ley 472 de 1998\u00bb; en providencia del 22 de ese mismo mes, dispuso no darle tr\u00e1mite al recurso por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, en petici\u00f3n del 1\u00ba de diciembre, el actor, adem\u00e1s de pedir que le sea compartido el link de la actuaci\u00f3n, exigi\u00f3 al juzgado imprimir celeridad al tr\u00e1mite y que se ajuste a los t\u00e9rminos de la ley 472 de 1998; el 12 de enero de 2022, adem\u00e1s de pronunciarse de manera expresa frente a esa solicitud, reprogram\u00f3 la audiencia especial de pacto de cumplimiento para el 21 de enero de 2022. <\/p>\n
El 18 de enero de 2022 el demandante Colorado L\u00f3pez reiter\u00f3 la petici\u00f3n de \u00abremitir a quien corresponda copia de la acci\u00f3n popular a fin de que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n de lo que manda art\u00edculo 84 ley 472 de 1998 como ha saciedad lo he pedido de manera infructuosa (sic)\u00bb. <\/p>\n
Cont\u00f3 que el 21 de enero de esta anualidad se instal\u00f3 la audiencia de pacto de cumplimiento a la que no asisti\u00f3 Sebasti\u00e1n Colorado, y s\u00ed lo hicieron el representante de la instituci\u00f3n accionada, el de la Defensor\u00eda del Pueblo, el apoderado del municipio de Jard\u00edn, el secretario de Planeaci\u00f3n y la personera municipal; all\u00ed, se pronunci\u00f3 en lo pertinente frente al insistente requerimiento del actor popular respecto al cumplimiento de t\u00e9rminos en la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular. Los comparecientes no intervinieron. <\/p>\n
En suma, inform\u00f3 que el actor ha presentado multitud de acciones populares, \u00absin que se advierta que a la 2021-147, se le deba dar un tr\u00e1mite preferencial en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s acciones que conoce el despacho, toda vez que no se trata de una acci\u00f3n popular preventiva, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 6 de la ley 472\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, explic\u00f3 que su despacho, adem\u00e1s de lo civil y constitucional, conoce de asuntos laborales por no existir en ese circuito judicial esa especialidad y que, se ha visto congestionado por \u00ablos numerosos memoriales alegando que se debe dar tr\u00e1mite a su parecer a las acciones populares presentadas por \u00e9l, desconociendo el derecho [\u2026] de los dem\u00e1s usuarios\u00bb. <\/p>\n
2. El alcalde del municipio de Jard\u00edn, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n e indic\u00f3 que no ha vulnerado derecho alguno del actor popular. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al no observar vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno dado que \u00ab(\u2026) el tr\u00e1mite impartido al asunto en cuesti\u00f3n ha sido oportuno y acucioso, teniendo en cuenta por supuesto, las particularidades del caso y las cargas laborales propias del estrado judicial\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, reiterando la queja expuesta en el escrito introductor. Adicionalmente, refut\u00f3 lo indicado por el tribunal a quo al negarle el amparo, y cuestion\u00f3 que \u00ab(\u2026) lo que pretende es imponer que no puedo tutelar porque seg\u00fan el criterio del juzgador mi tutela perturba a los despachos judiciales\u2026 se lee en sentencia que la tutelada es oportuna y acuciosa, y si es as\u00ed, [\u00bf] por qu\u00e9 no existe sentencia y no se cumplen los t\u00e9rminos de tiempo perentorios que ordena la ley[?]\u00bb A\u00f1adi\u00f3 que, lo \u00fanico que pide es que se remita la acci\u00f3n a quien corresponda, a fin de que d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, pero que no hubo pronunciamiento al respecto en el fallo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Civil del Circuito de Andes, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el accionante en la acci\u00f3n popular radicado 2021-00147 que promovi\u00f3 contra la Cruz Roja del municipio de Jard\u00edn por el presunto incumplimiento de los t\u00e9rminos establecidos en la ley 472 de 1998 para la tramitaci\u00f3n de la referida acci\u00f3n constitucional, incurriendo, supuestamente, en mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u2026\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC598-2015, 3, feb. 2015, rad. 02398-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01, reiterado en STC15576-2018, 28 nov. 2018, rad. 2018-03612-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con el reproche por la presunta mora judicial que le atribuye el querellante al despacho convocado, desde ya anticipa la Corte que ratificar\u00e1 la negativa del resguardo por lo siguiente. <\/p>\n
3.1. Conforme pudo verificarse y seg\u00fan lo inform\u00f3 la titular de la agencia judicial acusada en estas diligencias, desde que fue admitida la demanda popular en cuesti\u00f3n, el 20 de septiembre de 2021 hasta la formulaci\u00f3n de la presente salvaguarda, no advierte la Corte que el lapso transcurrido luzca desproporcionado como para predicar una patente vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores del peticionario. <\/p>\n
Por el contrario, con suficiencia la funcionaria accionada explic\u00f3 las incidencias de aqu\u00e9l juicio constitucional y el tr\u00e1mite dado a cada una de las reiteradas solicitudes y requerimientos elevados por el actor desde el 10 de noviembre de 2021 una vez le fue notificada la fecha en que se llevar\u00eda a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, que en principio ser\u00eda el 13 de enero de 2022. <\/p>\n
En ese sentido, precis\u00f3 que el proceso se ha desarrollado con normalidad, se han acatado los t\u00e9rminos previstos en la ley especial 472 y resuelto oportunamente los recursos formulados por el actor; adicionalmente, puso de presente que, al margen de lo anterior, el despacho conoce tambi\u00e9n de asuntos laborales, que se suman a los civiles y constitucionales que por su categor\u00eda y especialidad le corresponden. <\/p>\n
En cuanto a los asuntos constitucionales, indic\u00f3 que el actor ha presentado innumerables acciones populares, por ejemplo, la estad\u00edstica del juzgado revel\u00f3 que a diciembre de 2021 se encontraban activas 27 de ellas y en lo que va del 2022 fueron radicadas 30 m\u00e1s \u00aba las que ya se les hizo el correspondiente estudio de admisibilidad\u00bb. Asimismo, puntualiz\u00f3 que la acci\u00f3n popular que cuestiona el gestor del amparo, no es de las denominadas preventivas, que de acuerdo al art\u00edculo 6 ejusdem ameritar\u00eda prelaci\u00f3n frente a otras acciones (excepto habeas corpus, tutelas y de cumplimiento). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, debe recordarse que este instrumento excepcional \u2013 la acci\u00f3n de tutela \u2013 se viabiliza ante una queja por mora judicial siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n o celeridad ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
En lo atinente, la Sala ha explicitado que, en este tipo de situaciones solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En decir, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime si hasta aqu\u00ed, como se dijo, el tiempo denunciado no podr\u00eda calificarse como desmedido o atentatorio de los plazos razonables, o producto de una evidente dejadez del responsable. <\/p>\n
En todo caso, la Corte ha indicado que el juez constitucional carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de otros funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el operador judicial a cuyo cargo est\u00e1 la direcci\u00f3n del proceso, es el encargado de organizar sus labores y de la gesti\u00f3n de los asuntos que le son asignados, de tal suerte que resultar\u00eda extra\u00f1o que el juez de tutela dispusiera la expedici\u00f3n de una determinada decisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de alguna diligencia, sin advertir previamente las incidencias procesales particulares que eventualmente pudieron afectar el curso normal del litigio \u2013 que no es del caso \u2013, o de otro lado, la carga laboral (la cantidad de expedientes repartidos y su orden de llegada) que repercutieron en la mora. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige de lo expuesto, que no hay lugar a otorgar salvaguarda, bajo el supuesto de una tardanza injustificada o incumplimiento de los t\u00e9rminos establecidos en la ley 472 de 1998 del Juzgado Civil del Circuito de Andes, teniendo en cuenta que el accionante no acredit\u00f3 los componentes que fueron previamente indicados y que, en forma excepcional, permiten al juez constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando \u00e9stos dilatan \u00absin raz\u00f3n v\u00e1lida\u00bb la tramitaci\u00f3n de una causa judicial. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone confirmar el fallo constitucional objeto de censura, en el sentido de negar el resguardo porque, no es posible endilgarle al juzgado convocado una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial en la acci\u00f3n popular radicado n\u00ba 2021-00147. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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