STC2009-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2009-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 25 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Blanca Isabel Roa Carballo contra el Juzgado 23 Civil del circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, defensa, vivienda digna, honra y buen nombre, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3: (i) \u00abse ordene la suspensi\u00f3n del proceso [criticado] y en especial la orden de remate\u00bb; (ii) \u00abdar nulidad de todo lo actuado desde la fecha que orden\u00f3 la\u2026 Corte Suprema de Justicia dejar sin efectos el memorial de febrero de 2019\u00bb; y (iii) \u00abque se investigue al [abogado] Nicol\u00e1s Prieto por su sistem\u00e1tica vulneraci\u00f3n a [sus] derechos fundamentales, por fraude procesal y por ocultamiento de informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Patricia Ram\u00edrez Camelo formul\u00f3 demanda divisoria contra Blanca Isabel Roa Carballo, respecto de los inmuebles identificados con folios inmobiliarios Nos. 50C-1408121 y 50C-1408089, que fue admitida con providencia del 18 de diciembre de 2017. <\/p>\n
2.2. Notificada la demandada de la admisi\u00f3n del proceso, interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio, a trav\u00e9s del cual formul\u00f3 la excepci\u00f3n previa de \u00abpleito pendiente\u00bb, al existir un proceso de pertenencia que impuls\u00f3 la all\u00ed enjuiciada sobre los referidos predios, medio de impugnaci\u00f3n que fue desestimado con auto del 26 de junio de 2018. <\/p>\n
2.3. De otro lado, la demandada contest\u00f3 el libelo, se opuso a la divisi\u00f3n y solicit\u00f3 el reconocimiento de mejoras. <\/p>\n
2.4. Mediante prove\u00eddo del 30 de octubre de 2018, el juzgado atacado accedi\u00f3 a la divisi\u00f3n que se suplic\u00f3, por lo que orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta de los bienes objeto del litigio y, adicionalmente, neg\u00f3 las mejoras que reclam\u00f3 la enjuiciada, decisi\u00f3n que aquella apel\u00f3, alzada que se declar\u00f3 desierta con determinaci\u00f3n del 13 de marzo de 2019. <\/p>\n
2.5. Cumplido lo anterior, la demandada pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso, solicitud que fue negada con auto del 23 de enero de 2019, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en apelaci\u00f3n la peticionaria, recurso que, tramitado como reposici\u00f3n, se declar\u00f3 extempor\u00e1neo con prove\u00eddo del 31 de mayo de 2019. <\/p>\n
2.6. Posteriormente, la enjuiciada reclam\u00f3 la ilegalidad del auto que declar\u00f3 desierta la alzada que interpuso contra el auto que accedi\u00f3 a la divisi\u00f3n (del 30 de octubre de 2018), pedimento que fue desestimado con providencia del 6 de agosto de 2019. <\/p>\n
2.7. Seguidamente, la demandada solicit\u00f3, nuevamente, la suspensi\u00f3n del juicio, que fue negada con determinaci\u00f3n del 6 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.8. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que ha \u00abpedido en m\u00faltiples ocasiones [a la sede judicial acusada] que suspendiera el proceso, porque existen otras demandas que afectan su decisi\u00f3n\u00bb, pero que \u00abha hecho caso omiso y ha continuado con el proceso\u00bb, al punto que se secuestraron los predios, as\u00ed como tambi\u00e9n se orden\u00f3 su remate, a pesar de que, sobre dichos bienes, en esos otros tr\u00e1mites, se orden\u00f3 la cautela de inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que el estrado acusado \u00abno ha tenido en cuenta las mejoras, el pago de la administraci\u00f3n, pago de impuestos, pago de cuotas extraordinarias etc., favoreciendo a un enriquecimiento il\u00edcito de\u2026 Patricia Ram\u00edrez\u00bb; y que le \u00abimpidi\u00f3 llevar a cabo un recurso de apelaci\u00f3n [que formul\u00f3 contra el auto que orden\u00f3 la divisi\u00f3n], porque envi\u00f3 el expediente a los tribunales, pero ese mismo d\u00eda ordeno pagar unas copias y no permiti\u00f3 que [su] apoderada\u2026 pudiera ver el memorial\u00bb. <\/p>\n
2.10. Finalmente, afirm\u00f3 que el juzgado accionado desconoci\u00f3 la orden de tutela que profiri\u00f3 la Corte con sentencia de 28 de marzo de 2019 (STC3853-2019). <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tras rendir informe de las actuaciones adelantadas en el juicio criticado, destac\u00f3 que \u00abha garantizado el debido proceso y los principios aplicables al desarrollo de la funci\u00f3n\u2026 de administrar justicia\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por cuanto \u00abla censura se dirige contra decisiones judiciales, que no lucen arbitrar\u00edas, y adem\u00e1s porque la queja carece del presupuesto de subsidiaridad\u00bb, toda vez que la quejosa \u00abpermiti\u00f3 la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto de 30 de octubre de 2018\u2026, luego, la convocante omiti\u00f3 hacer uso de las herramientas procesales que ten\u00eda a su alcance para ventilar las inconformidades alegadas a la orden de remate que recae sobre los predios objeto de divisi\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora expres\u00f3 que \u00abs\u00ed [hizo] uso de [su] derecho a la defensa, diferente fue que de manera cautelosa y \u00e1gil, sacaron el auto\u2026 admitiendo el recurso de apelaci\u00f3n a las 6:38 P.M. y al siguiente d\u00eda enviaron el expediente al tribunal\u00bb; y, por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a predicar el incumplimiento de la sentencia de tutela del 28 de marzo de 2019 (STC3853-2019); la falta de reconocimiento de las mejoras que plant\u00f3 en los predios objeto de divisi\u00f3n; y la necesidad de decretar la suspensi\u00f3n del litigio cuestionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que la promotora cuestion\u00f3: (i) que no se hubiese accedido a la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite acusado; (ii) la falta de reconocimiento de las mejoras que reclam\u00f3; (iii) que se hubiese declarado desierta la alzada que interpuso contra el prove\u00eddo de 30 de octubre de 2018, que decret\u00f3 la divisi\u00f3n ad valorem de los predio en litigio; y (iv) el supuesto incumplimiento de la sentencia de tutela dictada por esta Corporaci\u00f3n el 28 de marzo de 2019 (STC3853-2019). <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, la quejosa formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que fue negada, en sede de impugnaci\u00f3n, por esta Corporaci\u00f3n, con sentencia del 22 de septiembre de 2021 (CSJ STC12563-2021), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado 23\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se surte el descrito paginario, por demanda de Patricia Ram\u00edrez Camelo contra la titular del resguardo, de cuyo cauce provino auto que, grosso modo, decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta y el secuestro de los predios materia de controversia, el 30 de octubre de 2018. El recurso de apelaci\u00f3n intentado por el extremo enjuiciado frente a tal prove\u00eddo, fue declarado desierto1 por el despacho cognoscente, dada una falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Despu\u00e9s de algunas situaciones acaecidas en el proceso, con interlocutorio de 6 de agosto pasado se desestim\u00f3 una petici\u00f3n de \u00abprejudicialidad\u00bb impetrada por la demandada (aqu\u00ed accionante), como hab\u00eda sucedido tiempo atr\u00e1s. <\/p>\n
2.3. La tutelante critic\u00f3, en s\u00edntesis, que se quiera continuar con el litigio divisorio y consolidar una diligencia de secuestro sobre los fundos disputados, pese a que hay diversos pleitos pendientes entre las partes, de \u00edndole civil y penal, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que no se la puede desalojar pues vive con su padre, de avanzada edad y, con un hermano que sufre de una seria enfermedad. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
2. Se tiene, de un lado, que, la promotora dej\u00f3 de rebatir en reposici\u00f3n el auto de 6 de agosto postrero, en cuanto dispuso desestimar su \u00faltimo pedimento de prejudicialidad; circunstancia que se traduce como un repudio de la oportunidad para ventilar ante el fallador natural los embistes tra\u00eddos en esta especial\u00edsima senda. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando no se emplean los mecanismos usuales de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, los contendientes quedan atados a las consecuencias de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 la tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
4. En lo que ata\u00f1e a las quejas que elev\u00f3 la actora contra el prove\u00eddo de 30 de octubre de 2018, que decret\u00f3 la divisi\u00f3n ad valorem que se reclam\u00f3 en el proceso criticado y neg\u00f3 el reconocimiento de mejoras que deprec\u00f3 la all\u00ed demandada, as\u00ed como tambi\u00e9n frente al auto de 13 de marzo de 2019, a trav\u00e9s del cual se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 la enjuiciada contra la citada decisi\u00f3n de 30 de octubre; se advierte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Ello en la medida en que, desde la fecha de proferimiento de esa \u00faltima providencia (13 de marzo de 2019) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 11 de enero de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
5. Respecto a la \u00faltima de las quejas que elev\u00f3 la accionante, se concluye la improcedencia del resguardo, comoquiera que ella tiene a su alcance otro mecanismo de defensa, como lo es promover el incidente de desacato que contempla el art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, a fin de ventilar las circunstancias que alega a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, relacionadas con el supuesto incumplimiento de la sentencia de tutela de 28 de marzo de 2019. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la promotora, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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