STC2011-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2011-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00503-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edgar Bonilla Casta\u00f1eda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene al accionado que \u00abproceda a dictar sentencia conforme los supuestos de hecho y de derecho que debieron ser tenidos en cuenta seg\u00fan los precedentes verticales ignorados\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edgar Bonilla Casta\u00f1eda promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Germ\u00e1n Yecid Torres Atuesta, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que libr\u00f3 mandamiento de pago el 2 de febrero de 2018 y el 21 de junio de 2021 dict\u00f3 sentencia declarando probadas las excepciones propuestas, terminando el proceso y disponiendo el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, en fallo de 26 de enero de 2022 la Sala Civil del Tribunal Superior de esta ciudad la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que se libr\u00f3 mandamiento y se orden\u00f3 embargo del bien; que alleg\u00f3 constancias de entrega pero con la advertencia que exist\u00edan falencias en la informaci\u00f3n del proceso que se tramitaba; y que el estrado dispuso repetir notificaci\u00f3n, empero, el demandado ya no resid\u00eda en el mismo lugar. <\/p>\n
2.5. Adujo que se dio la suspensi\u00f3n t\u00e9rminos por la pandemia; que con posterioridad se enviaron peticiones para el registro del emplazamiento; que interpuso tutela, por lo que se public\u00f3 el registro de emplazados; y que se nombr\u00f3 curador, el que propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, aleg\u00f3 nulidad, mala fe y adulteraci\u00f3n de los t\u00edtulos valores. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que en sentencia de 21 de junio de 2021 se declar\u00f3 probada prescripci\u00f3n, decisi\u00f3n que apelada fue confirmada por el Tribunal acusado; que dicha autoridad consider\u00f3 que tard\u00f3 24,7 meses en notificar, empero, el impulso del proceso le correspond\u00eda al despacho de conocimiento; y que se incurr\u00eda en v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que \u00e9l present\u00f3 memoriales para que nombraran al curador; que no se analiz\u00f3 la actuaci\u00f3n del despacho y se computaban deliberadamente los t\u00e9rminos; que se desconoc\u00edan los precedentes; que el juzgador de primer grado se demor\u00f3 5 meses para efectuar las actuaciones a su cargo, cuando no debi\u00f3 superar el mes, lo que no se valor\u00f3; y que exist\u00eda un desequilibrio en la ponderaci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en la providencia criticada se encontraban consignadas las razones de hecho y de derecho que llevaron a confirmar el fallo emitido por el a-quo. Remiti\u00f3 copia del expediente. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad suministr\u00f3 datos requeridos del proceso criticado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia definitoria del asunto de 26 de enero de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Se confirmar\u00e1 la sentencia confutada. Los puntos de inconformidad no abren paso a revocar las \u00f3rdenes dispuestas en primera instancia\u2026 <\/p>\n
Examinada la providencia atacada, refulge que el juzgador de primer grado de conocimiento explic\u00f3 las razones en que fund\u00f3 su decisi\u00f3n, encontr\u00f3 falencias en la celeridad de la gesti\u00f3n para notificaci\u00f3n y que por cierto no se advierten alejadas de la jurisprudencia tra\u00edda a colaci\u00f3n en este juicio relacionada con la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
Para ese efecto, es importante recordar que el art\u00edculo 879 del C\u00f3digo de Comercio, establece que en materia de t\u00edtulos valores la acci\u00f3n cambiaria directa prescribe en tres a\u00f1os contados a partir del d\u00eda del vencimiento. En este caso, no es materia de discusi\u00f3n que las dos letras de cambio presentadas para el cobro tienen fecha de vencimiento el 24 de julio de 2017, tampoco que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria se cumpl\u00eda el 24 de julio de 2020\u2026 <\/p>\n
Como es sabido, la prescripci\u00f3n se interrumpe de manera natural o civil, una modalidad de esta \u00faltima est\u00e1 reglada en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 En este caso, la demanda se present\u00f3 el 14 de diciembre de 2017, el mandamiento de pago se notific\u00f3 al demandante el 5 de febrero de 2018, de manera que s\u00ed quer\u00eda interrumpir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la demanda, debi\u00f3 notificar al demandado del mandamiento de pago a m\u00e1s tardar el 5 de febrero de 2019, cosa que como es sabido no ocurri\u00f3 en la medida que el curador ad litem se notific\u00f3 el 20 de abril de 2021. <\/p>\n
Analizada la gesti\u00f3n adelantada por la parte actora para notificar al demandado del mandamiento de pago, no puede entenderse que hubiese desplegado toda su diligencia para cumplir con esa carga procesal, tesis que es el cimiento de la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Lo anterior por virtud de los largos periodos que el actor tardaba en informar de su gesti\u00f3n al despacho, sabiendo que la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria ocurrir\u00eda el 24 de julio de 2020, sino cumpl\u00eda con la carga establecida en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, veamos. <\/p>\n
El mandamiento de pago fue notificado al demandante en estados del 5 de febrero de 2018\u2026 Hasta el 27 de julio de ese a\u00f1o, se incorpor\u00f3 al Despacho el primer memorial mediante el cual acredit\u00f3 gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n y solicit\u00f3 ordenar emplazamiento (fls 40, 5 meses a cargo del actor). <\/p>\n
Revisados los soportes allegados en esa oportunidad, se advierte que en ese interregno procedi\u00f3 el 25 de junio de 2018, a enviar citaci\u00f3n para diligencia de notificaci\u00f3n personal (fls. 42, Rdo. 700019545199, 4 meses y 20 d\u00edas). De igual modo, se entiende que envi\u00f3 comunicaci\u00f3n para la notificaci\u00f3n por aviso el 11 de julio de 2018, con nota de devoluci\u00f3n del 16 de julio de la misma anualidad por destinatario desconocido\u2026 <\/p>\n
Pasados 16 d\u00edas (a cargo del juez y parte) a la incorporaci\u00f3n de la mentada gesti\u00f3n (27-07-2018), se profiri\u00f3 auto notificado en estados del 13 de agosto de 2018, mediante el cual se orden\u00f3 que se adelantara la notificaci\u00f3n en el inmueble objeto de cautela dentro de este juicio, sin que se hubiese interpuesto ning\u00fan recurso (fls. 48). <\/p>\n
En memorial del 24 de enero de 2019, la parte actora alleg\u00f3 nuevamente gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n y solicit\u00f3 nuevamente emplazamiento del demandado (fls. 54, 5 meses a cargo del demandante). Durante este t\u00e9rmino se advierte que el 19 de septiembre de 2019, se inici\u00f3 gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n a la \u00faltima direcci\u00f3n ordenada, esto es cuando hab\u00eda pasado aproximadamente 1 mes y 16 d\u00edas desde el auto que orden\u00f3 esa gesti\u00f3n (13-08-2019) (fls. 49, 53). Pasado 1 mes y 19 d\u00edas contados desde el 24 de enero de 2019 (a cargo del Juez y parte), esto es, el 13 de febrero de 2019, se profiri\u00f3 auto mediante el cual se orden\u00f3 adelantar nuevamente la anterior gesti\u00f3n porque las constancias no se ajustaban a lo dispuesto en el art\u00edculo 291 y 292 del C. G. P., sin que se interpusieran recursos (fls. 55). <\/p>\n
En memorial del 17 de junio de 2019, 4 meses y 3 d\u00edas despu\u00e9s del auto del 13 de febrero de 2019 (a cargo del demandante), la parte actora solicit\u00f3 tener por notificado al demandado, y en subsidio que se ordenara su emplazamiento (fls. 54). De igual modo, incorpor\u00f3 constancias de gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n de m\u00e1s de un a\u00f1o atr\u00e1s que no hab\u00eda remitido al expediente. Tambi\u00e9n entreg\u00f3 constancia de la gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n ordenada desde el 13 de febrero de 2019, y efectuada el 15 de mayo de la misma anualidad (fls. 60, 3 meses y 2 d\u00edas). <\/p>\n
Mediante auto notificado el 8 de julio del 2019, esto es 28 d\u00edas despu\u00e9s a la anterior solicitud (a cargo del juez y la parte interesada), se deneg\u00f3 la solicitud de emplazamiento para que se intentara notificar al demandado en la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico suministrada en la demanda, sin que el interesado planteara recursos. <\/p>\n
La gesti\u00f3n de citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico a la direcci\u00f3n del demandado se efectu\u00f3 inicialmente el 17 de julio de 2019, esto es 9 d\u00edas despu\u00e9s de haberse ordenado (fls. 66, a cargo del demandante), y se repiti\u00f3 el 22 de julio de 2019, pasados 14 d\u00edas de la orden dispuesta (fls. 69, a cargo del demandante). <\/p>\n
La gesti\u00f3n de la notificaci\u00f3n por aviso al correo electr\u00f3nico se remiti\u00f3 el 9 de agosto de 2019, cuando los cinco d\u00edas siguientes a la remisi\u00f3n de la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n (22-07-2019), se cumplieron el 29 de julio de la misma anualidad, es decir pasaron 9 d\u00edas para que se procediera en ese sentido (fls. 71, a cargo del demandante). El 4 de septiembre de 2019, es decir, 23 d\u00edas despu\u00e9s de haberse intentado la notificaci\u00f3n por aviso y por correo electr\u00f3nico (a cargo del demandante), se incorpor\u00f3 las anteriores constancias, y se procedi\u00f3 a solicitar que se tuviera por notificado el demandado o en subsidio que se ordena el emplazamiento (fls. 78). <\/p>\n
En providencia notificada en estados del 25 de septiembre de 2019, 21 d\u00edas despu\u00e9s de la anterior solicitud (a cargo del juzgado y demandante), con base en que no se alleg\u00f3 el acuse de recibo del correo electr\u00f3nico, se orden\u00f3 intentar nuevamente la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago tanto a la direcci\u00f3n f\u00edsica como electr\u00f3nica en cumplimiento de los requisitos legales, sin que se plantearan recursos (79). <\/p>\n
El 15 de octubre de 2019, pasados 20 d\u00edas despu\u00e9s de la anterior orden (a cargo del demandante), la parte interesada incorpor\u00f3 gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n, con constancia de que el demandado no reside o labora en la direcci\u00f3n denunciada en la demanda, cuya gesti\u00f3n se adelant\u00f3 el 8 de octubre de 2019, esto es, 13 d\u00edas despu\u00e9s de haberse ordenado (fls. 80). <\/p>\n
De igual manera, avis\u00f3 que no era procedente realizar la notificaci\u00f3n dado que el correo electr\u00f3nico informado en la demanda no correspond\u00eda al demandado, y que desde el email que se adelant\u00f3 la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica, \u201cno posee servicio de notificaci\u00f3n o acuse de recibido autom\u00e1tico\u201d (fls. 83), conductas atribuibles al demandante porque es sabido que el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso, impone incorporar acuse de recibido, sumado a que existen empresas de servicio postal que ofrecen ese servicio. <\/p>\n
En prove\u00eddo del 31 de octubre de 2019, pasados 16 d\u00edas despu\u00e9s de la \u00faltima solicitud, se orden\u00f3 el emplazamiento del demandado en un medio escrito de amplia circulaci\u00f3n (fls. 85, a cargo del juez). El 12 de diciembre de 2019, 1 mes y 12 d\u00edas (a cargo del demandante), se incorpor\u00f3 constancia de publicaci\u00f3n, y se solicit\u00f3 que se hiciera la inclusi\u00f3n en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, en acatamiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 108 del C. G. P. (fls. 86). <\/p>\n
El 11 de febrero de 2020, 4 meses despu\u00e9s de ordenado (a cargo del demandante), se anex\u00f3 nuevamente constancia de emplazamiento del 26 de enero de 2020, y se solicit\u00f3 una vez m\u00e1s que se hiciera la inclusi\u00f3n en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. El 12 de marzo de 2020, 29 d\u00edas despu\u00e9s de la anterior solicitud (a cargo del Juez), se pidi\u00f3 celeridad en la mentada inclusi\u00f3n (fls. 92), tr\u00e1mite que se hizo el 24 de agosto de 2020, y que al 24 de julio de 2020, suman 26 d\u00edas (a cargo del juez), por virtud de la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos decretada por razones de p\u00fablico conocimiento. <\/p>\n
Puntualizando que: <\/p>\n
Si se suma el tiempo en que la parte actora se tom\u00f3 para informar al despacho de las gestiones de notificaci\u00f3n y se compara con el que este \u00faltimo demor\u00f3 para adelantar los diferentes tr\u00e1mites, desde el d\u00eda de la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, hasta el momento en que se sab\u00eda desde el inicio que operaba la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria (24-07-2020), se tiene que es el primero quien m\u00e1s tardanza represent\u00f3 para el proceso en lograr integrar la litis. <\/p>\n
N\u00f3tese, el demandante tard\u00f3 24.76 meses durante ese periodo de tiempo en adelantar de manera incompleta la gesti\u00f3n para la cual el legislador tiene previsto un a\u00f1o, mientras que el juzgador se tom\u00f3 5.06 meses, de manera que no es cierto que el primero hubiese cumplido a cabalidad todas sus cargas procesales, dado que en m\u00e1s del doble de tiempo no alcanz\u00f3 a surtir la vinculaci\u00f3n del demandado. <\/p>\n
Ahora bien, durante dicho t\u00e9rmino el juzgado orden\u00f3 adelantar la gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n en varias direcciones, sin que la parte interesada hubiese interpuesto alg\u00fan recurso, acontecer que impide aseverar que cualquier irregularidad o reproche en alguna orden fuera imputable de manera exclusiva a quien la dispuso, en la medida que el actor asinti\u00f3 con su conducta pasiva. <\/p>\n
Es importante resaltar que como la prescripci\u00f3n en este juicio qued\u00f3 demarcada para el 24 de julio de 2020, y para esta fecha los t\u00e9rminos estaban suspendidos, la \u00fanica conducta pendiente que se puede constatar entre el 16 de marzo de 2020 y el 24 de julio de 2020, es en cabeza del juzgado, puntualmente el ingreso del demandado en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, cosa que ocurri\u00f3 el 24 de agosto de 2020 y que suman durante ese periodo 26 d\u00edas a cargo del Despacho. <\/p>\n
Lo visto, no traduce vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el demandante tuvo la oportunidad de gestionar la vinculaci\u00f3n del demandado durante el a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, y hasta el 24 de julio de 2020, y se tom\u00f3 en adelantar esa gesti\u00f3n un t\u00e9rmino de 24.6 meses, que no van de la mano con la diligencia que quiere hacer ver. <\/p>\n
Concluyendo as\u00ed que: <\/p>\n
El anterior an\u00e1lisis se cimienta en que el vencimiento del t\u00e9rmino de un a\u00f1o para notificar al demandado con efectos interruptores de la prescripci\u00f3n, ciertamente no debe computarse de manera objetiva, sino que debe verificarse si esa situaci\u00f3n acaeci\u00f3 por situaciones imputables a la parte actora, como ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
Sobre el tema la Corte Suprema de Justicia, ha explicado: \u201cla jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, ha interpretado las normas que regulan el aludido t\u00e9rmino extintivo, desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero tambi\u00e9n la extinci\u00f3n de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien leg\u00edtimamente los reclama\u201d. Por eso la Alta Corporaci\u00f3n, ense\u00f1a: \u201csi a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de \u00e9stos o por demoras de la administraci\u00f3n de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la demanda, tiene la virtud de impedir que opere la caducidad\u201d\u2026 <\/p>\n
Una vez perdidos los efectos interruptores que contempla el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, por no haberse notificado al demandado antes del 5 de febrero de 2019, la conducta de la parte continu\u00f3 en el tiempo, la gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n que pon\u00eda en conocimiento del Despacho sigui\u00f3 siendo entregado con tardanza, y situaci\u00f3n que incremento de manera trascendente la configuraci\u00f3n del fat\u00eddico hecho. <\/p>\n
Lo discurrido es suficiente para advertir que los puntos de apelaci\u00f3n resultan est\u00e9riles, y relevan a la Sala de examinar los dem\u00e1s, sino es materia de discusi\u00f3n que en este asunto se ejerci\u00f3 la acci\u00f3n cambiaria, y la misma prescribi\u00f3 por falta de notificaci\u00f3n oportuna al demandado, el resultado de cualquier discusi\u00f3n sobre la legalidad de los t\u00edtulos presentado para el cobro se torna inocua, situaci\u00f3n que impone confirmar la sentencia apelada… <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2011-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2011-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00503-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Edgar Bonilla Casta\u00f1eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}