STC2013-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2013-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 23001-22-14-000-2021-00255-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de enero de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Ana Luc\u00eda Ram\u00edrez Villanueva contra el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se disponga \u00abdejar sin efectos la sentencia\u2026 junto con sus aclaraciones y ratificaci\u00f3n\u2026\u00bb y se le ordene a la demandante \u00abno obstruir el acceso al derecho de dominio\u2026 al terreno denominado San Cayetano\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Lily Mar\u00eda Ram\u00edrez Milane promovi\u00f3 proceso de pertenencia contra David Manuel Ram\u00edrez, Ana Luc\u00eda Ram\u00edrez Villanueva y los herederos de Alfredo Ram\u00edrez Juliao, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Lorica, el que el 19 de febrero de 2019 dict\u00f3 sentencia declarando que le pertenec\u00eda a la demandante una porci\u00f3n de terreno por haber operado la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, decisi\u00f3n corregida en autos posteriores. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la gestora que era propietaria comunera del inmueble, junto con David Manuel Ram\u00edrez, Lily Mar\u00eda Ram\u00edrez Milane y los herederos de Alfredo Ram\u00edrez Juliao; y que el 20 de abril de 2021 cuando fue a comprar el certificado de libertad para un cr\u00e9dito encontr\u00f3 que exist\u00eda un proceso de pertenencia sobre su predio. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que la demandante pretend\u00eda usucapir una parte segregada del bien; que legalmente no exist\u00eda dicha segregaci\u00f3n del terreno de mayor extensi\u00f3n, pues no hab\u00eda escritura p\u00fablica al respecto, apertura de nuevo folio de matr\u00edcula o acuerdo de comuneros; y que no se tuvo en cuenta que hubo una venta parcial de 5 hect\u00e1reas a la Corporaci\u00f3n Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge, por lo que debi\u00f3 haber sido citada dicha entidad. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que la demandante manifest\u00f3 que se desconoc\u00eda su paradero y domicilio, sin embargo, siempre hab\u00edan tenido contacto, por lo que no era cierta esa afirmaci\u00f3n; que se pidi\u00f3 el emplazamiento de las personas indeterminadas, pero la incluyeron a ella en los emplazados; y que le debieron designar un curador diferente a ella. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el decreto de pruebas fue a favor de la demandante; que no se cit\u00f3 a la Procuradur\u00eda; que la auxiliar de la justicia no rindi\u00f3 la experticia encomendada; que no se analiz\u00f3 la situaci\u00f3n comunitaria; que la porci\u00f3n del terreno a usucapir no estuvo dotada de claridad, al no existir segregaci\u00f3n alguna; y que en el tr\u00e1mite censurado se incurri\u00f3 en m\u00faltiples irregularidades. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no hab\u00eda adelantado ninguna actuaci\u00f3n en detrimento de los intereses de la accionante; y que puso en conocimiento del asunto a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, con miras a que si lo consideraba interviniera en el tr\u00e1mite criticado. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado se\u00f1al\u00f3 que los hechos expuestos no guardaban relaci\u00f3n con acci\u00f3n u omisi\u00f3n en la que hubiese incurrido, por lo que no pod\u00eda pronunciarse sobre el asunto, ni intervendr\u00eda facultativamente en virtud de las disposiciones del art\u00edculo 610 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
3. La Corporaci\u00f3n Regional de los Valles del Sin\u00fa y San Jorge refiri\u00f3 que no conoc\u00eda del proceso atacado; que en el evento de que las decisiones emitidas la afectaran, se ten\u00eda que decretar la nulidad de lo actuado; que no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno; y que no hab\u00eda sido enterada del juicio criticado. <\/p>\n
4. Lily Ram\u00edrez Villanueva se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la tutela y asever\u00f3 que si bien la gestora aparec\u00eda como propietaria de la mitad de una tercera parte del bien, nunca ejerci\u00f3 sus derechos, tuvo la posesi\u00f3n, ni se hizo parte del juicio; que no manifest\u00f3 que el inmueble estuviere segregado sino que la demanda no era sobre la totalidad del bien; que como no era de su inter\u00e9s la otra parte del terreno, no fue necesario vincular a la Corporaci\u00f3n Regional de los Valles del Sin\u00fa, pues no pretendi\u00f3 la parte que le pertenec\u00eda a dicho ente; que desconoc\u00eda el paradero de la ahora accionante, quien fue emplazada y representada por curador ad-litem; que no le correspond\u00eda a la gestora alegar nulidades en nombre de otros sujetos; que los testigos citados conoc\u00edan los fundamentos f\u00e1cticos de la demanda; que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez; que no hab\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por activa; que ella siempre fue la que estuvo atenta del inmueble, teniendo \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a por m\u00e1s de 10 a\u00f1os; que no era aceptable que alegara su derecho de propiedad 22 a\u00f1os despu\u00e9s, cuando la actora nunca se hab\u00eda interesado en el bien objeto de la acci\u00f3n; y que la promotora contaba con otros mecanismos de defensa para atacar la sentencia criticada. <\/p>\n
5. El Juzgado Civil del Circuito de Lorica realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y sostuvo que no se configuraban las causales de procedencia del resguardo; que se realizaron las notificaciones y emplazamientos de rigor, siendo la petente representada por curador ad-litem; que se inform\u00f3 de la existencia del proceso a la Procuradur\u00eda General; y que si la peticionaria consideraba que se transgredieron sus derechos pod\u00eda acudir a los recursos ordinarios o extraordinarios que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que contaba con otros mecanismos de defensa para cuestionar la supuesta indebida notificaci\u00f3n, pues pod\u00eda acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n conforme a los art\u00edculos 134 y 355 del C\u00f3digo General del Proceso; y que no document\u00f3 ni prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos del escrito inicial y aduciendo que todas las irregularidades alegadas no pod\u00edan ser resueltas de manera integral en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n; que se dio una salida tangencial para reducir las m\u00faltiples anomal\u00edas cometidas, as\u00ed como los reproches sobre el actuar del fallador acusado; y que el Tribunal Constitucional se inhibi\u00f3 de fallar de fondo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, se concluye la improcedencia del resguardo, como quiera que la accionante, cumpliendo con los requisitos previstos para el efecto, cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, contemplado en los art\u00edculos 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de ventilar sus reclamos, entre estos, los atinentes a la notificaci\u00f3n surtida dentro del proceso criticado, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, es evidente que por sustracci\u00f3n de materia, la Corte ha de abstenerse de efectuar pronunciamiento frente a las dem\u00e1s quejas de la actora, en tanto que al no haberse expuesto ante el juzgador natural la situaci\u00f3n denunciada en la demanda de tutela, espec\u00edficamente lo referente a su indebida vinculaci\u00f3n al juicio de pertenencia, no se cuenta con pronunciamiento y decisi\u00f3n definitiva por parte del fallador ordinario, destacando que, s\u00f3lo de llegarse a acreditar ante \u00e9ste que le asiste raz\u00f3n a la censora, agotadas las etapas respectivas, ello conllevar\u00e1 a retrotraer la actuaci\u00f3n que fustiga y, de esta manera, podr\u00e1 ejercer all\u00ed su derecho de defensa, efectuando los dem\u00e1s planteamientos que inapropiadamente trajo en el escrito tutelar. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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