STC2014-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2014-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2021-00275-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 10 de diciembre de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ecoopsos EPS SAS contra el Juzgado Civil del Circuito de Oralidad de Los Patios, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida y salud, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan se ordene al despacho accionado que aclare que \u00abla aplicaci\u00f3n y retenci\u00f3n de las medidas de embargo decretadas\u2026 no pueden recaer sobre los recursos p\u00fablicos de la salud que pertenecen al Sistema General de Seguridad Social en Salud\u00bb; que se faculte al Adres \u00abpara que se abstenga de retener o bloquear los recursos del sistema de salud por valor de\u2026 $4.100.000.000, conforme lo ordena el auto de fecha 13 de septiembre de 2021\u2026\u00bb y le reconozca \u00aba Ecoopsos EPS SAS los recursos de la UPC para el aseguramiento, prestaciones de servicios m\u00e9dicos, pago de proveedores y otros gastos del sistema operativos del sistema\u00bb; que el Adres \u00abadelante los tr\u00e1mites administrativos necesarios que le permita disponer de la suma de $4.100.0000.000 y con ello se pueda adelantar el proceso de compensaci\u00f3n y el libre flujo de los recursos p\u00fablicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud\u00bb; y que el fallador convocado se abstenga \u00abdel decreto, la aplicaci\u00f3n y la retenci\u00f3n de recursos de la salud de cualquier medida de embargo, dirigida a entidades bancarias titulares de cuentas maestras administrativas o de cualquier \u00edndole de la EPS\u2026 en atenci\u00f3n a que estos embargos no pueden recaer sobre los recursos p\u00fablicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. ESE Hospital Erazmo Meoz promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Ecoopsos EPS SAS, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, el que libr\u00f3 mandamiento de pago el 25 de febrero de 2014, dict\u00f3 sentencia el 16 de marzo de 2016 disponiendo seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; decret\u00f3 cautelas y resolvi\u00f3 distintas solicitudes de levantamiento de las mismas. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, con prove\u00eddo de 13 de septiembre de 2021 el aludido estrado ofici\u00f3 al Adres con miras a que se embargaran los recursos que le correspond\u00edan a la ejecutada, decisi\u00f3n que fue recurrida en reposici\u00f3n y subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que era una EPS que depend\u00eda de los aportes del Sistema General de Seguridad Social en salud, los que se depositaban en sus cuentas maestras a nombre del Fosyga hoy Adres; y que desde el 28 de diciembre de 2017 la Superintendencia de Salud adopt\u00f3 medida de vigilancia especial, que fue prorrogada, con la que las unidades de pago por capitaci\u00f3n que le eran reconocidas por las EPS, deb\u00edan girarse de manera directa en un 85% a los prestadores de salud, sin que ingresaran a sus cuentas, con lo que se realizaba una efectiva distribuci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que si se considera alg\u00fan embargo deber\u00eda ser sobre el 85% de la UPC que el sistema le reconoc\u00eda, pues el resto ten\u00eda destinaci\u00f3n especifica, el 7% para pago de personas naturales habilitadas para prestar salud y el 10% restante para cubrir el gasto administrativo de conformidad con la Ley 1438 de 2011. <\/p>\n
2.5. Adujo que pese a los postulados de inembargabilidad y expresa prohibici\u00f3n del art. 25 de la Ley 1751 de 2015, el estrado acusado orden\u00f3 a la Adres el embargo y retenci\u00f3n de los recursos directos que le correspond\u00edan, sin tener en cuenta que eran p\u00fablicos al no salir del presupuesto de la naci\u00f3n, lo que no pod\u00eda confundirse con los dineros que le asignaba a la EPS luego de realizarse el proceso de compensaci\u00f3n para el giro directo. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la Procuradur\u00eda ofici\u00f3 a jueces para que se abstuvieran de ordenar las medidas de embargo sobre recursos del SGSSS; y que si bien las reclamaciones de car\u00e1cter comercial de las entidades eran leg\u00edtimas, no pod\u00eda perderse de vista que se compromet\u00edan recursos p\u00fablicos que no le hab\u00edan sido asignados, por lo que se deb\u00eda realizar un juicio de proporcionalidad. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que no se pod\u00edan retener as\u00ed los dineros porque se afectaba a la EPS y a los dem\u00e1s actores del sistema; que no contaba con un mecanismo procesal que le permitiera conminar al estrado acusado a aplicar correctamente el precedente judicial; y que exist\u00eda un perjuicio irremediable. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no hab\u00eda adelantado ninguna actuaci\u00f3n en detrimento de los intereses de la accionante; y que puso en conocimiento del asunto a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, con miras a que si lo consideraba interviniera en el tr\u00e1mite criticado. <\/p>\n
2. La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3 que hab\u00eda detectado una estrategia jur\u00eddica por parte de la accionante para protegerse del pago de las obligaciones, interpelando la inembargabilidad de los recursos del SGSSS, lo que pod\u00eda consultarse en las distintas tutelas interpuestas; que se presentaba una argumentaci\u00f3n jur\u00eddica inexacta; que no advert\u00eda hechos que fueran de su resorte en el marco de sus competencias constitucionales y legales; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues no hab\u00eda transgredido derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado refiri\u00f3 que los hechos expuestos no guardaban relaci\u00f3n con acci\u00f3n u omisi\u00f3n en la que hubiese incurrido, por lo que no pod\u00eda pronunciarse sobre el asunto, ni intervendr\u00eda facultativamente en virtud de las disposiciones del art\u00edculo 610 de la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
4. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social asever\u00f3 que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna, pues era la encargada de dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la pol\u00edtica p\u00fablica en materia de salud; y que se deb\u00eda declarar procedente el resguardo, toda vez que los recursos depositados en las cuentas maestras de recaudo de la EPS ejecutada eran inembargables, por ser del SGSSS con destinaci\u00f3n espec\u00edfica, de propiedad del Adres y no de la ahora accionante. <\/p>\n
5. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -Adres sostuvo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto que no hab\u00eda desplegado ning\u00fan tipo de conducta omisiva; que no hab\u00eda violado las garant\u00edas esenciales de la accionante; y que los recursos del SGSS eran de car\u00e1cter inembargable. <\/p>\n
6. El Juzgado Civil del Circuito de Los Patios realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y adujo que si bien era v\u00e1lida la apreciaci\u00f3n de la accionante sobre el car\u00e1cter inembargable de las rentas o dineros del presupuesto nacional, era viable su decreto en los t\u00e9rminos establecidos en la ley y la jurisprudencia; no hab\u00eda conculcado ninguna prerrogativa fundamental; que hab\u00eda actuado bajo los principios de buena fe e inmediaci\u00f3n; y que se encontraban en tr\u00e1mite los recursos interpuestos frente a la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
7. ESE Hospital Erazmo Meoz indic\u00f3 que era irrespetuoso presumir que ten\u00eda injerencia en la asignaci\u00f3n del asunto a un despacho espec\u00edfico; que el sistema de seguridad social en salud del pa\u00eds consagra deberes y obligaciones; que era amenazante que la peticionaria no cancelara los servicios de salud prestados a sus afiliados; que el fallador hab\u00eda actuado en derecho; y que actualmente se le adeudaban $17.653.411.922, sin que hubiera intenci\u00f3n de acuerdos de pago o conciliaci\u00f3n del saldo de la cartera. <\/p>\n
8. La Dian solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional, pues no era la llamada a responder las pretensiones de la accionante, ni vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
9. Navarro P\u00e9rez y Asociados SAS refiri\u00f3 que la tutela no se pod\u00eda emplear para reabrir la oportunidad procesal de debatir el decreto de las medidas cautelares; que la sentencia C-354 de 1997 declar\u00f3 la constitucional condicionada del art\u00edculo 19 del Decreto 111 de 1996 sobre la inembargabilidad del presupuesto general de la Naci\u00f3n; que se deb\u00eda realizar el pago de las sentencias judiciales para garantizar la seguridad jur\u00eddica, el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y evitar la alusi\u00f3n de pago que hasta la fecha hab\u00eda venido efectuando el extremo ejecutado, \u00abteniendo siempre presente que los recursos embargados tiene[n] la misma destinaci\u00f3n espec\u00edfica para lo cual fueron destinados, pago de servicios de salud a los afiliados a Ecoopsos EPS SAS\u00bb. <\/p>\n
10. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues las inconformidades expuestas sobre la presunta inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que le correspond\u00edan de forma directa a la accionante, se encontraban pendientes de definir en virtud de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n interpuestos por la gestora frente a la decisi\u00f3n criticada; que si bien la reposici\u00f3n se resolvi\u00f3 el 3 de noviembre de 2021, a\u00fan no se hab\u00eda decidido la apelaci\u00f3n, por lo que no se pod\u00eda asumir su conocimiento; y que como no exist\u00eda decisi\u00f3n en firme, era al interior del proceso donde se deb\u00eda zanjar el asunto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que aunque quisiera pagar sus deudas no pod\u00eda hacerlo en virtud de la medida cautelar decretada por la Superintendencia de Salud; que el estrado acusado buscaba la captura de recursos cuando ni siquiera hab\u00eda entregado los que ten\u00eda; que los instrumentos de defensa perd\u00edan eficacia \u00abporque la potencial vulneraci\u00f3n se transforma en real, inminente y constante\u00bb; y que el perjuicio irremediable era evidente, pues las determinaciones emitidas generaban un desequilibrio y le impon\u00edan cargas desproporcionadas a una de las partes. <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida en que se encuentra en tr\u00e1mite el recurso de apelaci\u00f3n impetrado frente a la decisi\u00f3n criticada de 13 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Luego, se observa que como la actuaci\u00f3n referida est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Finalmente, se le recuerda a la gestora que esta Sala ha precisado que \u00ab\u2026no es dable pretender, ni a\u00fan como mecanismo transitorio, sustituir los instrumentos legales mediante esta acci\u00f3n, porque el juez de tutela no puede actuar como si lo fuera de instancia; como tampoco opera paralelamente con las actuaciones judiciales, en raz\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual\u2019 (sentencia de 29 de agosto de 2011, exp. 2001-00349-01)\u00bb (CSJ STC, 4 jun. 2012, rad. 2012-01300-00). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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