STC2015-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2015-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00399-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Teniente Coronel Carlos Mauricio Pe\u00f1a Jim\u00e9nez, como \u00abOficial Gesti\u00f3n Jur\u00eddico de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional (sic)\u00bb, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Berrio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. El promotor del amparo, \u00aba favor de [la referida] Direcci\u00f3n de Sanidad [del] Ej\u00e9rcito\u00bb, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las garant\u00edas esenciales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales convocadas, al emitir fallo de tutela y sanci\u00f3n por desacato en la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 revocar \u00abla sentencia de tutela\u2026 [de] 8 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado [convocado] y confirmada\u2026 por el Tribunal [accionado]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En la acci\u00f3n de tutela que Daniela R\u00edos Moreno inco\u00f3 a favor de su madre \u00c1ngela Mar\u00eda Moreno Garc\u00eda, con fallo del 8 de octubre de 2021 el Juzgado recriminado ampar\u00f3 los derechos a la salud, vida digna y seguridad social de la agenciada, y orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional asignarle \u00abcuidador domiciliario\u2026 por turnos de\u2026 (12) horas diarias y hasta tanto sea requerida dicha atenci\u00f3n\u00bb. Fallo que el Tribunal accionado confirm\u00f3 con providencia del 9 de diciembre siguiente, al desatar la impugnaci\u00f3n propuesta por la aqu\u00ed accionante. Ese asunto no ha sido excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.2. Entre la emisi\u00f3n del fallo de tutela de primer grado y la resoluci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, al considerarse incumplida la mentada orden constitucional, se promovi\u00f3 desacato, con ocasi\u00f3n del cual el 5 de noviembre de 2021 el a-quo declar\u00f3 que el Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango -como Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional- la desatendi\u00f3 y lo sancion\u00f3 con arresto de 3 d\u00edas y multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. Decisi\u00f3n que el d\u00eda 19 posterior confirm\u00f3 el ad-quem. <\/p>\n
2.3. En esta oportunidad el Ej\u00e9rcito Nacional censur\u00f3, respecto del tr\u00e1mite de tutela, la aparente obstaculizaci\u00f3n de su derecho de defensa, derivada de su supuesta falta de enteramiento de la admisi\u00f3n y fallo del asunto; la inviabilidad de la prestaci\u00f3n m\u00e9dica concedida debido a la inexistencia de orden m\u00e9dica que la disponga y la suficiencia econ\u00f3mica de la familia de la paciente para asumir directamente el costo de la enfermera, por los turnos ordenados por el profesional de la medicina, comoquiera que ella recibe asignaci\u00f3n pensional y tiene dos hijos profesionales que devengan ingresos; y la presunta temeridad en la proposici\u00f3n del resguardo por cuanto, se adujo, con anterioridad se hab\u00eda propuesto uno id\u00e9ntico. <\/p>\n
En cuanto al incidente de desacato, critic\u00f3 la imposici\u00f3n de las sanciones, dada su inviabilidad, por las razones ya consignadas, y la no resoluci\u00f3n de las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de aqu\u00e9llas que con fundamento en \u00e9stas inco\u00f3. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar las actuaciones all\u00ed surtidas. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a discusi\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, advierte la Sala que la petici\u00f3n de amparo de que se trata es inviable, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En lo que ata\u00f1e al primero de los reclamos rese\u00f1ados, muy a pesar de las alegaciones del censor, el fracaso de este nuevo ruego constitucional deriva de su improcedencia para controvertir las sentencias proferidas en acciones de la misma estirpe, incluido su tr\u00e1mite. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional en fallo T-353\/12, reiterando lo afirmado en la SU-1219\/01, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y CC SU-1219\/01; reiteradas por esta Corte en CSJ STC178-2016, 21 en., rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Corte tambi\u00e9n ha considerado que: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; y CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo (la que efectivamente agot\u00f3 pero le fue despachada adversamente por el ad-quem) y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una decisi\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el Ej\u00e9rcito Nacional no podr\u00e1 ser atendida, pues a\u00fan goza de la instancia de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed donde debe acudir. <\/p>\n
Al respecto esa Corporaci\u00f3n ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10, reiterada por esta Corporaci\u00f3n en CSJ STC178, 21 en. 2016). <\/p>\n
N\u00f3tese, en todo caso, que aqu\u00ed no se dan los supuestos de la sentencia SU-627\/15 del m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional para que se abra paso la salvaguarda, pues sumado a que el asunto no ha sido excluido de revisi\u00f3n, no se present\u00f3, incluso, ni siquiera se aleg\u00f3, \u00abuna situaci\u00f3n de fraude\u00bb, siendo evidente que lo atacado es el fondo de los fallos que las autoridades judiciales emitieron, mas no que, con el fin de generarle un agravio al inconforme, existieran maniobras dolosas en el tr\u00e1mite y la elaboraci\u00f3n de las providencias. <\/p>\n
2.2. Ahora, respecto de la segunda de las quejas del tutelante, tocante con la afectaci\u00f3n de los derechos del Brigadier General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, al sancion\u00e1rsele por desacato y supuestamente no atenderse las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de ese castigo, este ruego supralegal no prospera porque el aqu\u00ed peticionario, a saber, el Ej\u00e9rcito Nacional, a trav\u00e9s del Teniente Coronel Carlos Mauricio Pe\u00f1a Jim\u00e9nez -como \u00abOficial Gesti\u00f3n Jur\u00eddico de la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional\u00bb-, carece de legitimaci\u00f3n para criticar por esta v\u00eda las actuaciones relacionadas con Rinc\u00f3n Arango, por no ser el directamente afectado con ellas. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por providencias judiciales o actuaciones derivadas de \u00e9stas, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Ahora, no desconoce la Corte que la referida instituci\u00f3n castrense fungi\u00f3 como accionada en el tr\u00e1mite g\u00e9nesis de la orden de tutela que dio lugar al incidente de desacato en cuesti\u00f3n, en el cual se sancion\u00f3 a Rinc\u00f3n Arango; sin embargo, la imposici\u00f3n de dicho correctivo, del cual se duele el accionante, afecta exclusivamente al aludido sancionado, como persona natural, siendo \u00e9l el \u00fanico y directo perjudicado con esa actuaci\u00f3n que se predica irregular, por lo que es el llamado a acudir a esta v\u00eda excepcional si estima amenazadas o vulneradas sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto con alguna simetr\u00eda, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, en punto a que el legitimado para acudir al tr\u00e1mite constitucional es el afectado con la sanci\u00f3n, la Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
En el caso objeto de estudio, desde el inicio, advierte la Sala, que el amparo no puede ser acogido, toda vez que el accionante carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar las decisiones proferidas en el incidente de desacato, por cuanto no es parte en el mismo, y tampoco fue reconocido como tercero interesado, pues a pesar de que a partir del 9 de abril de 2015, fue designado como Director Territorial de la EPS\u2026 del Valle del Cauca, \u00e9l no fue vinculado al incidente, ni tampoco fue sujeto de sanci\u00f3n alguna por el incumplimiento de la tutela. <\/p>\n
En efecto, el mencionado tr\u00e1mite incidental se inici\u00f3 el 21 de enero de 2014, contra\u2026, quien para dicha fecha y para cuando se profiri\u00f3 la sentencia que concedi\u00f3 el amparo era la representante legal de la mencionada regional, y fue a \u00e9sta a quien se castig\u00f3 tanto con el arresto y a la multa, teniendo en cuenta la desatenci\u00f3n en que ella incurri\u00f3 de manera consciente y voluntaria cuando estaba obligada a dar cumplimiento a la tutela, es decir, debido a la culpa con la que actu\u00f3 tal funcionaria. <\/p>\n
De manera, que en el asunto sub-lite s\u00f3lo la sancionada, podr\u00eda debatir sobre las determinaciones en las que se impuso la multa y el arresto o aquellas providencias en las que se deneg\u00f3 el levantamiento de la mismas, pero no a la entidad o al actor, quien ahora tiene la calidad de director de la regional de la EPS, pues a ninguno de ellos les ocasiona perjuicio\u2026 (CSJ STC13222-2015; reiterada en CSJ STC2234-2016). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen el despacho adverso del amparo rogado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el resguardo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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