STC2016-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2016-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00436-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por William Jorge Dau Chamat, como Alcalde Mayor de Cartagena, contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de esa ciudad y el Juzgado Noveno Civil del Circuito del mismo lugar, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, el que dijo vulnerado por las sedes judiciales acusadas al sancionarlo por el presunto desacato a una orden supralegal. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[r]evocar el auto sancionatorio de\u2026 6 de diciembre de 2021[,] proferido por el Juzgado [encausado]\u2026[,] y el\u2026 de\u2026 12 de enero de 2022[,] que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n en sede de consulta por el Tribunal [accionado]\u00bb; y consecuencialmente, \u00abse levante la sanci\u00f3n de multa impuesta\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia de tutela del 28 de abril de 2021 el a-quo acusado ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de Casam Inversiones S.A.S., por lo cual i) orden\u00f3 a la \u00abAlcald\u00eda\u2026 de Cartagena y a la Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de\u2026 (05) meses siguientes a la notificaci\u00f3n del\u2026 fallo procedan a adelantar conjuntamente todas las gestiones administrativas y jur\u00eddicas necesarias para hacer efectiva la reubicaci\u00f3n del Cabildo Ind\u00edgena Zen\u00fa ubicado en Membrillal\u00bb; y ii) solicit\u00f3 a la \u00abPersoner\u00eda Distrital de Cartagena, Defensor\u00eda del Pueblo, Procuradur\u00eda Regional de Bol\u00edvar, y la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, que adelanten veedur\u00eda y acompa\u00f1amiento en las acciones necesarias para que la Alcald\u00eda\u2026 y la Gobernaci\u00f3n\u2026 cumplan con el compromiso de reubicar al Cabildo\u2026 en el t\u00e9rmino se\u00f1alado[,] en las condiciones adecuadas para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de dicha Comunidad\u00bb. <\/p>\n
2.2. Esa decisi\u00f3n, el pasado 10 de junio, la modific\u00f3 el Tribunal convocado, en el sentido de \u00abordenar a la [aludida] Alcald\u00eda\u2026[,] y en el evento de que se requiera la asistencia de manera subsidiaria de [dicha] Gobernaci\u00f3n\u2026[,] se surtan todos los tr[\u00e1]mites para que en [aquel] t\u00e9rmino\u2026 procedan a adelantar las gestiones administrativas y jur\u00eddicas necesarias para hacer efectiva la reubicaci\u00f3n del Cabildo\u2026 y la Restituci\u00f3n del\u2026 inmueble identificado con la matr[\u00ed]cula inmobiliaria N\u00b0 060-78180\u00bb. <\/p>\n
2.3. Al considerar incumplida esa orden, Casam Inversiones S.A.S. promovi\u00f3 desacato, en el cual, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 6 de diciembre de 2021 el a-quo atacado sancion\u00f3 al aqu\u00ed accionante \u00abcon multa equivalente a\u2026 (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u00bb (que podr\u00eda ser conmutada en arresto, de continuar el incumplimiento); determinaci\u00f3n que el 12 de febrero \u00faltimo, en grado de consulta, modific\u00f3 el ad-quem convocado, en el sentido de reducir \u00abla multa impuesta a\u2026 (05) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u00bb. <\/p>\n
2.4. Con la demanda de amparo del ep\u00edgrafe el actor critic\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta porque, adujo, los falladores no atendieron que, como all\u00ed lo aleg\u00f3, cumpli\u00f3 el mentado fallo porque el t\u00e9rmino concedido, de cinco (5) meses, lo fue para \u00abadelantar las gestiones administrativas y jur\u00eddicas necesarias para hacer efectiva la reubicaci\u00f3n del Cabildo\u00bb, mas \u00abno para su culminaci\u00f3n\u00bb; que tal actuaci\u00f3n no ha terminado por razones ajenas al ente territorial que regenta, comoquiera que la adquisici\u00f3n del predio donde se reubicara la comunidad ind\u00edgena, demanda un tr\u00e1mite especial en el que intervienen diferentes autoridades, entre ellas, el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, quien debe realizar un aval\u00fao del inmueble, el que no se ha proporcionado a pesar de haber sido solicitado desde julio de 2021; adem\u00e1s, se omiti\u00f3 vincular al incidente al funcionario responsable de materializar la orden constitucional, aunque al dar respuesta al mismo indic\u00f3 qui\u00e9n era el llamado a ello. <\/p>\n
Sostuvo que lo dicho implic\u00f3 la incursi\u00f3n en defectos f\u00e1ctico, sustantivo y de violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El abogado Emerson Jair C\u00f3rdoba Elguedo, quien dijo concurrir como \u00abapoderado judicial del se\u00f1or\u2026 Mart\u00ednez Bustillo\u2026, en su calidad de representante legal de\u2026 Casam Inversiones S.A.S.\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por el aparente mandante para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
2. La Gobernaci\u00f3n de Bol\u00edvar, a pesar de la precisi\u00f3n del auto admisorio de este tr\u00e1mite tutelar, indic\u00f3 no tener \u00abclaridad [en torno a] cu\u00e1l es la actuaci\u00f3n a notificar al Departamento de Bol\u00edvar (entidad territorial diferente del Distrito de Cartagena)\u00bb, por lo que requer\u00eda su aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena solicit\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia del ruego\u00bb porque no cumple \u00abcon los requerimientos de procedencia para su prosperidad excepcional, pues las decisiones que se adoptaron en el marco del tr\u00e1mite incidental se encuentran ajustadas a derecho\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que su \u00abdecisi\u00f3n estuvo fundamentada en que no se advirti\u00f3 que en el tr\u00e1mite surtido por el Juzgado\u2026 se hubieran omitido etapas procesales o violentado las garant\u00edas de las partes, adem\u00e1s, una vez estudiados los argumentos que la parte incedentada expuso como defensa de su cumplimiento, se constat\u00f3 que no logaron desvirtuar el reproche del\u2026 accionante en cuyo favor se dict\u00f3 la referida orden judicial\u00bb. <\/p>\n
4. Finalmente, se tiene que en el curso de esta actuaci\u00f3n el accionante alleg\u00f3 escritos por medio de los cuales indic\u00f3 adicionar su reclamo en el sentido de cuestionar, tambi\u00e9n, el auto emitido por el Juzgado convocado el 15 de febrero de 2022 (esto es, con posterioridad a la radicaci\u00f3n de esta queja constitucional -4 de febrero de 2022), en el que, adujo, injustificadamente, deneg\u00f3 la modulaci\u00f3n del fallo de tutela que reclam\u00f3 la parte incidentante e, irregularmente, lo sancion\u00f3 a \u00e9l con arrest\u00f3 por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, sin tr\u00e1mite incidental previo ni consulta ante el Superior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, ante una evidente violaci\u00f3n del debido proceso es procedente el amparo para salvaguardar el derecho infringido, particularmente por \u00abausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb; cuando la autoridad judicial incurre en un proceder arbitrario o caprichoso, es decir, \u00abla motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb; cuando el fallador omite \u00abhacer examen cr\u00edtico de las pruebas y de exponer razonadamente el m\u00e9rito que le asignada a cada una\u00bb; o cuando sin explicaci\u00f3n v\u00e1lida el funcionario se abstiene de abrir el incidente de desacato (sentencias de 21 en., rad. 02912-00; 20 mar., rad. 2013-00359-00; 15 may., rad. 2013-00172-01; y 20 jun., rad. 2013-00099-01; todas de 2013). <\/p>\n
Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Corte Constitucional, en reiterados pronunciamientos, ha precisado la necesidad de demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela, dentro del tr\u00e1mite incidental, recordando que: <\/p>\n
\u2026el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoci\u00f3 el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligaci\u00f3n de determinar a partir de la verificaci\u00f3n de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cu\u00e1l debe ser la sanci\u00f3n adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos. <\/p>\n
31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerci\u00f3n que surge en virtud de las facultades disciplinarias de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, \u00e9stas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre ser\u00e1 necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunci\u00f3n de la responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento. <\/p>\n
32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuaci\u00f3n de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relaci\u00f3n de causalidad material conlleva a la utilizaci\u00f3n del concepto de responsabilidad objetiva, la cual est\u00e1 prohibida por la Constituci\u00f3n y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo.\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, la Corte ha precisado que en el momento de analizar si existi\u00f3 o no desacato deben tenerse en cuenta situaciones especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad, aclarando que no puede imponerse sanci\u00f3n cuando: \u201c(i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determin\u00f3 quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y T-368 de 2005)\u201d. <\/p>\n
Este Tribunal concluye que el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumpli\u00f3 la orden de tutela impartida y, de ser as\u00ed, tiene que determinar si el mismo fue total o parcial, identificando las razones por las cuales se produjo, con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existi\u00f3 responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si la encontrare probada deber\u00e1 imponer la sanci\u00f3n adecuada, proporcionada y razonable en relaci\u00f3n con los hechos (CC T-271\/15). <\/p>\n
3. Vistos esos precedentes, atendidas las normas que gobiernan esta herramienta constitucional, de entrada se advierte la prosperidad del ruego tutelar. <\/p>\n
3.1. En efecto, examinadas las piezas relevantes del dossier objeto de queja, se tiene que: <\/p>\n
i) En el fallo constitucional cuyo cumplimiento se demand\u00f3 a trav\u00e9s del tr\u00e1mite incidental cuestionado se orden\u00f3 \u00aba la ALCALD\u00cdA MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA[,] y en el evento de que se requiera la asistencia de manera subsidiaria de la GOBERNACI\u00d3N DE BOL\u00cdVAR[,] se surtan todos los tr[\u00e1]mites para que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (05) meses siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo procedan a adelantar las gestiones administrativas y jur\u00eddicas necesarias para hacer efectiva la reubicaci\u00f3n del CABILDO IND\u00cdGENA ZEN\u00da ubicado en MEMBRILLAL y la Restituci\u00f3n del\u2026 inmueble identificado con la matr[\u00ed]cula inmobiliaria N\u00b0 060-78180\u00bb (sentencia de tutela de 10 de junio de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Tribunal convocado modific\u00f3 la dictada el 28 de abril anterior, en primera instancia, por el Juzgado accionado). <\/p>\n
ii) El 16 de noviembre de 2021, previa solicitud de parte, el a-quo recriminado dispuso requerir al accionante para que informara sobre la satisfacci\u00f3n de la protecci\u00f3n, considerando que \u00abseg\u00fan estructura interna y funciones de la ALCALD\u00cdA MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA, [era \u00e9l] la persona encargada de dar cumplimiento al fallo de tutela\u2026[,] en su calidad de alcalde mayor\u00bb. <\/p>\n
iii) Ante ello, se alleg\u00f3 escrito por parte del mentado ente territorial, en el que se adujo informar el debido acatamiento de lo dispuesto por el juez constitucional, adelantando \u00abtodas las gestiones administrativas y jur\u00eddicas tendientes al cumplimiento\u00bb, en tanto que el t\u00e9rmino de cinco (5) meses que se otorg\u00f3 fue para ello. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se resalt\u00f3 que, \u00ab[t]eniendo en cuenta al requerimiento efectuado\u2026, [esa] Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda Mayor de Cartagena de Indias, en virtud de la delegaci\u00f3n efectuada mediante Decreto 1594 del 26 de diciembre de 2013, realiz\u00f3 traslado a los doctores David Alfonso Munera Cavadia, en su condici\u00f3n de Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana a trav\u00e9s del sistema para la GOBERNABILIDAD SIGOB y AROLDO CONEO ALVAREZ Alcalde de la Localidad Industrial y de la Bah\u00eda, por motivos de competencia funcional\u00bb; sumado a que tambi\u00e9n requiri\u00f3 al \u00faltimo \u00abpara que se pr[o]nuncie respecto a lo ordenado en auto bajo estudio por ser el competente para realizar la diligencia de restituci\u00f3n del predio que ocupan las familias del Cabildo Ind\u00edgena y con la finalidad especial de que se fije fecha y hora para tal cometido, respetando todos los derechos de todas las personas que puedan salir afectados con tal procedimiento\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
iv) Luego, sin efectuar ning\u00fan pronunciamiento en torno a las personas relacionadas por el incidentado como responsables de cumplir la orden surpalegal, el 23 de noviembre \u00faltimo el Juzgado convocado resolvi\u00f3 abrir el incidente de desacato, solamente, en contra de aqu\u00e9l. <\/p>\n
v) Frente a ese nuevo prove\u00eddo la Alcald\u00eda alleg\u00f3 otro escrito en el que reiter\u00f3 sus descargos y enfatiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026al mirar la trazabilidad de cada una de las actuaciones adelantadas, por el Distrito de Cartagena de Indias, se observa que ha obrado de manera diligente, por lo tanto\u2026, en el caso concreto, no es procedente sancionar al se\u00f1or Alcalde Mayor de Cartagena, quien, realiz\u00f3 traslado al Dr. David Alfonso M\u00fanera Cavadia, en su condici\u00f3n de Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, a trav\u00e9s del sistema para la GOBERNABILIDAD – SIGOB, por motivos de competencia funcional, como responsable de la materializaci\u00f3n del fallo objeto del presente desacato. De igual forma mediante Oficio AMC-ADT- 007428-2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, fue requerido para que informe las gestiones adelantas para el cumplimiento de la orden judicial (se destac\u00f3). <\/p>\n
vi) Posteriormente, el 1\u00ba de diciembre el Juez abri\u00f3 a pruebas esa actuaci\u00f3n y el d\u00eda 6 siguiente sancion\u00f3 por desacato a William Jorge Dau Chamat, como Alcalde de Cartagena, imponi\u00e9ndole multa de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Para lo cual consider\u00f3, acertadamente, contrario a las alegaciones del aqu\u00ed accionante, que el t\u00e9rmino otorgado en el fallo de tutela, de cinco (5) meses, lo fue para iniciar y culminar los tr\u00e1mites respectivos para la reubicaci\u00f3n de la comunidad ind\u00edgena, la restituci\u00f3n del predio a la sociedad comercial y la efectiva materializaci\u00f3n de esas dos actuaciones; sin embargo, una vez m\u00e1s guard\u00f3 silencio en torno a las exculpaciones soportadas en que el sancionado no era o, por lo menos, no era el \u00fanico, llamado a satisfacer la mentada orden del juez de tutela. <\/p>\n
vii) Debido a ello, la Alcald\u00eda solicit\u00f3 al ad-quem la revocatoria de la decisi\u00f3n sancionatoria, reiterando las referidas exculpaciones y enfatizando que el Alcalde Mayor de Cartagena no es \u00abel funcionario responsable de la materializaci\u00f3n\u00bb del fallo constitucional en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
viii) Finalmente, a pesar de lo anterior, incurriendo en id\u00e9nticas falencias, el pasado 12 de enero la Colegiatura encausada confirm\u00f3 lo determinado por el a-quo, aunque redujo a cinco (5) salarios la multa impuesta. <\/p>\n
N\u00f3tese que el referido Tribunal, para resolver en la forma en que lo hizo, tras se\u00f1alar algunas generalidades en torno a la figura del incidente de desacato, en lo que aqu\u00ed interesa, se limit\u00f3 a indicar: <\/p>\n
1. Teniendo claro el tr\u00e1mite que debe seguirse desde el fallo de tutela hasta el grado jurisdiccional de consulta, estima [e]sta Sala que es preciso confirmar la sanci\u00f3n interpuesta por v\u00eda desacato dado que, <\/p>\n
i) Se verific\u00f3 que el doctor WILLIAM DAU CHAMAT en calidad de ALCALDE DEL DISTRITO DE CARTAGENA, es el destinatario de la orden de la tutela de 28 de abril de 2021, modificada por sentencia del 10 de junio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
ii) Una vez individualizado, dicho funcionario fue requerido por el A quo, para obtener el cumplimiento al fallo de tutela; <\/p>\n
iii) Se comunic\u00f3 a la entidad incidentada, adem\u00e1s del respectivo requerimiento, la apertura del presente tr\u00e1mite y se le permiti\u00f3 el ejercicio de los derechos de contradicci\u00f3n y defensa; <\/p>\n
iv) Se le dio apertura para la presentaci\u00f3n pruebas frente a la presente actuaci\u00f3n, y no figur\u00e1ndose ninguna por practicar, se encontr\u00f3 superado el debate probatorio, cumpliendo de tal forma el requisito legal. <\/p>\n
v) As\u00ed mismo, observa la Sala que se notific\u00f3 al funcionario sancionado en la providencia que desat\u00f3 el incidente de desacato, y adicionalmente se orden\u00f3 consultar al Superior la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Por su parte, en lo que respecta a los argumentos que decanta el A-quo para la declaratoria en desacato del se\u00f1or Alcalde de Cartagena, considera esta Sala de decisi\u00f3n que le asiste m\u00e9rito, por cuanto, el fundamento del defensa contenido en los informes presentados por parte de la entidad encargada de cumplir el fallo se\u00f1alan que el verbo que rige la orden se circunscribe a \u201cadelantar gestiones\u201d e indica que el t\u00e9rmino de cinco meses contenido en dicha orden es para tal efecto, no obstante, se debe advertir al incidentado que, aceptar esa interpretaci\u00f3n segmentada de la orden que se le impuso, es desnaturalizar la tutela efectiva del derecho fundamental que se protegi\u00f3 en\u2026 la sentencia de tutela, puesto que, entender que el l\u00edmite temporal de cinco meses para la materializaci\u00f3n de la orden, es solo para procurar la ejecuci\u00f3n de la reubicaci\u00f3n del CABILDO INDIGENA ZEN\u00da, es perpetuar en el tiempo de manera indefinida el goce efectivo de los derechos que han sido reconocidos en sede constitucional. <\/p>\n
Bajo ese entendido, siendo que el fallo de tutela en segunda instancia fue notificado el 11 de junio de 2021\u2026 <\/p>\n
Y siendo que el t\u00e9rmino m\u00e1ximo concedido fue de cinco (05) meses, contados a partir de la notificaci\u00f3n del fallo, para dar cumplimiento debido y no habi\u00e9ndose acreditado, dentro de ese t\u00e9rmino ni en el transcurso de este tr\u00e1mite incidental, la reubicaci\u00f3n efectiva del CABILDO IND\u00cdGENA ZEN\u00da ubicado en MEMBRILLAL y la Restituci\u00f3n del\u2026 inmueble identificado con la matr[\u00ed]cula inmobiliaria N\u00b0 060-78180\u2026[,] tal como se especific\u00f3 en la orden, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de declarar en desacato al incidentado. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, surge evidente que las autoridades judiciales convocadas incurrieron en un desafuero que amerita la injerencia de este juez de tutela, toda vez que en procura de despachar el incidente en comento resolvieron sancionar al aqu\u00ed accionante, como Alcalde Mayor de Cartagena, sin pronunciarse acerca de las alegaciones tra\u00eddas por el ente territorial desde el momento mismo en que se enter\u00f3 de la iniciaci\u00f3n de esa actuaci\u00f3n, respecto a que aqu\u00e9l no era el encargado de hacer cumplir la orden de tutela, sumado a que hab\u00eda efectuado los requerimientos respectivos, para obtener su satisfacci\u00f3n, a quienes dentro de esa entidad eran los llamados a acatarla. <\/p>\n
Refulge palpable, pues, la indebida fundamentaci\u00f3n del tr\u00e1mite incidental, en tanto que los juzgadores convocados se privaron de vincular a las personas se\u00f1aladas por el previamente requerido y, surtido ello, de analizar a fondo sus reparos, rehus\u00e1ndose a examinar esa particular circunstancia, la cual, por cierto, de estar plenamente justificada, ser\u00eda suficiente para librar de responsabilidad subjetiva, total o parcialmente, al incriminado; de donde, en verdad, se omiti\u00f3 establecer la verdadera responsabilidad subjetiva en el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
No en vano, sobre el deber en menci\u00f3n, esta Corte ha doctrinado que \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada, entre muchas otras, en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
3.3. En adici\u00f3n, aunque lo anterior implica al decaimiento de todo el tr\u00e1mite incidental atacado, el cual deber\u00e1 reencausar el a-quo accionado, quedando superada, por sustracci\u00f3n de materia, la adici\u00f3n de la demanda de tutela que tard\u00edamente propuso el reclamante; necesario es recordar y advertir que el obtener el cumplimiento de los fallos de tutela es un deber del juez constitucional, para lo cual, contrario a lo considerado por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena en su prove\u00eddo de 15 de febrero de 2022, cuenta con m\u00faltiples facultades, incluso la de modular su orden en los casos que se muestre necesario para garantizar los derechos esenciales de los beneficiarios de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
a) En cuanto a la obligaci\u00f3n que radica en el fallador supralegal de cara a la materializaci\u00f3n de las sentencias de amparo, esta Corte ha expuesto: <\/p>\n
\u2026el cumplimiento de los fallos de tutela es un deber oficioso del juez, no una facultad y, aun cuando el incidente de desacato es un medio accesorio para lograr ese cometido, ello no implica que el obedecimiento de las providencias est\u00e1 sometido a su inicio; contrario sensu, su observancia es una obligaci\u00f3n ineludible en los t\u00e9rminos se\u00f1alados; incluso, si la determinaci\u00f3n se honra tard\u00edamente, tal circunstancia no exonera de responsabilidad al destinatario de la orden. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026)[I]ncumplir las providencias judiciales desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realizaci\u00f3n de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza leg\u00edtima, de buena fe, de seguridad jur\u00eddica y de cosa juzgada, porque da al traste con la convicci\u00f3n leg\u00edtima y justificada de una persona que, al acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, espera una decisi\u00f3n conforme al derecho que sea acatada por las autoridades o por los particulares a quienes les corresponda hacerlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, el juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no puede ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad de la persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener consecuencias en diversos \u00e1mbitos. Y puede comprometerla, porque si bien el incumplimiento obedece a una situaci\u00f3n objetiva, dada por los hechos y s\u00f3lo por los hechos, la conducta de incumplir obedece a una situaci\u00f3n subjetiva, en la cual es relevante la culpabilidad de su autor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una situaci\u00f3n de imposibilidad f\u00edsica y jur\u00eddica. No se trata de una imposibilidad formal o enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la satisfacci\u00f3n material del derecho involucrado \u201ces procedente acudir a otros medios que permitan equiparar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia o que mitiguen los da\u00f1os causados a la persona afectada\u201d, valga decir, se puede prever formas alternas de cumplimiento del fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si se trata de hacer cumplir un fallo de tutela el instrumento principal es el del cumplimiento, que se funda en una situaci\u00f3n objetiva y brinda medios adecuados al juez para hacer efectiva su decisi\u00f3n. El desacato es un instrumento accesorio para este prop\u00f3sito, que si bien puede propiciar que el fallo de tutela se cumpla, no garantiza de manera necesaria que ello ocurra y que, adem\u00e1s, se funda en una responsabilidad subjetiva, pues para imponer la sanci\u00f3n se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que debe cumplir la sentencia (\u2026)\u201d1 (CSJ STC4556-2021, 28 abr., rad. 2021-00337-01). <\/p>\n
b) De otro lado, respecto a la posibilidad de modular la orden constitucional para la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales en juego, se ha considerado: <\/p>\n
\u2026esta Sala ha avalado la facultad del juez de tutela de modificar su orden2, dentro de los siguientes raseros: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (1) (\u2026) aspectos accidentales, bien porque: (a) la orden original nunca garantiz\u00f3 el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre ser\u00e1 imposible de cumplir. (2) (\u2026) las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisi\u00f3n y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducci\u00f3n posible de la protecci\u00f3n concedida y compensar dicha reducci\u00f3n de manera inmediata y eficaz (\u2026)\u201d3 (CSJ STC2825-2020, 13 mar., rad. 2020-00051-01). <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, el decurso incidental surtido y cuestionado carece de una debida motivaci\u00f3n, por cuanto en \u00e9l las autoridades convocadas, aunque acertadamente y contrario a lo expuesto por el quejoso, hallaron que el t\u00e9rmino de cinco (5) meses que se concedi\u00f3 en el fallo de tutela, lo fue para iniciar y culminar los tr\u00e1mites respectivos para la reubicaci\u00f3n de la comunidad ind\u00edgena, la restituci\u00f3n del predio a la sociedad comercial y la efectiva materializaci\u00f3n de esas dos actuaciones; omitieron dirimir la alegaci\u00f3n tra\u00edda desde sus inicios por el extremo incidentado, tendiente a dilucidar que no es el responsable de materializar la orden de amparo. <\/p>\n
5. Lo dicho impone conceder el resguardo reclamado, con alcance parcial, retrotrayendo el tr\u00e1mite incidental, desde su apertura y no desde la decisi\u00f3n del ad-quem, con el fin de evitar conculcar derechos esenciales a terceros que tambi\u00e9n estar\u00edan llamados a formar parte del mismo; y ordenando renovar la actuaci\u00f3n observando todo lo consignado en precedencia, en especial, lo referente a la necesaria determinaci\u00f3n del o los llamados a atender la orden supralegal, con el fin de establecer la verdadera responsabilidad subjetiva, as\u00ed como la viabilidad de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos esenciales inicialmente salvaguardados y obtener el cumplimiento del fallo de tutela, incluso, su modulaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Finalmente, como lo dispuesto impone que los convocados efect\u00faen un nuevo pronunciamiento de fondo en cuanto al incumplimiento de la orden constitucional y la adopci\u00f3n de medidas de fondo para su materializaci\u00f3n, por sustracci\u00f3n de materia, esta Corporaci\u00f3n se abstiene de conceptuar frente a las dem\u00e1s alegaciones del quejoso, en tanto que no le es dable anticiparse al veredicto que por ley le corresponde emitir al fallador natural. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de William Jorge Dau Chamat, como Alcalde Mayor de Cartagena. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Dejar sin valor ni efecto el tr\u00e1mite incidental seguido a continuaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela incoada por Casam Inversiones S.A.S. (adelantada bajo el radicado 13001-31-03-009-2021-00084), a partir, inclusive, del prove\u00eddo dictado el 23 de noviembre de 2021, por medio el cual el Juzgado accionado le dio apertura. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a adoptar las determinaciones que encuentre adecuadas para renovar el tr\u00e1mite incidental aludido, atendiendo \u00edntegramente las consideraciones aqu\u00ed vertidas, en especial, las referentes a establecer la verdadera responsabilidad subjetiva, as\u00ed como a la posibilidad de tomar todas las medidas que resulten necesarias para proteger los derechos esenciales inicialmente salvaguardados y obtener el cumplimiento del fallo de tutela, incluso, su modulaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se declara improcedente la salvaguarda rogada. <\/p>\n
Cuarto. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CC C-367\/14. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, 19 dic. 2013, rad. 2013-02945-00. <\/p>\n
3\u0002 CC T-086\/03, reiterada, entre otros, en los fallos T-171\/09 y T-512\/11. <\/p>\n
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STC2016-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2016-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00436-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por William Jorge Dau […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61438","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61438"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61438\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}