STC2020-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2020-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00415-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 17 de enero de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Torres Botero contra el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia pronunciada del 21 de septiembre de 2021, mediante la cual, luego de declarar no probadas las excepciones planteadas, se orden\u00f3 seguir con la ejecuci\u00f3n por alimentos instaurada en su contra por Jenny Angelica Lemus Carmona, en representaci\u00f3n de sus menores hijos, identificada con el consecutivo 2020-00016. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto dicha determinaci\u00f3n, para que el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed emita un nuevo pronunciamiento bajo los \u00abpar\u00e1metros que jurisprudencialmente han desarrollado tanto la Sala de Casaci\u00f3n Civil d[e] [la] Corte Suprema de Justicia, como de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto aduce el gestor, en lo esencial, que el Despacho convocado con el fallo emitido al interior del citado asunto, incurri\u00f3 en los defectos f\u00e1ctico y procedimental, comoquiera que no tuvo en cuenta todos y cada uno los reparos efectuados acerca de la \u00abexistencia y validez del documento contentivo de la obligaci\u00f3n alimentaria\u00bb; desatendi\u00f3 los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia respecto a que en los litigios ejecutivos de alimentos pueden plantearse defensas distintas a las del pago de la obligaci\u00f3n; y, se realiz\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n recaudados, m\u00e1s exactamente del interrogatorio de parte que rindi\u00f3, el cual fue \u00abtergiversado\u00bb, d\u00e1ndole \u00abalcances de confesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El titular del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo inquirido, luego de poner de presente que, contrario a lo esbozado por el inconforme, s\u00ed analiz\u00f3 a fondo todos y cada uno de los reparos por \u00e9l efectuados como obligado dentro del decurso revisado constitucionalmente, siendo cosa distinta que los mismos no hubieren salido avante, pues conforme a las pruebas recaudadas se estableci\u00f3 que, en \u00faltimas, las obligaciones contra\u00eddas por el padre respecto de sus hijos fueron desatendidas, sin que en momento alguno la progenitora autorizara la falta de pago de las cuotas pactadas, situaci\u00f3n que fue corroborada por aqu\u00e9l, quien afirm\u00f3 que no mediaba orden judicial ni administrativa para abstenerse de efectuar los correspondientes pagos, aun cuando los menores debido a la pandemia generada por el covid-19, permanecieron junto a \u00e9l por varios meses. <\/p>\n
Adem\u00e1s precis\u00f3, que debe tenerse en cuenta que luego de ser proferida de la decisi\u00f3n cuestionada, el aqu\u00ed interesado procedi\u00f3 a cancelar en su totalidad lo debido, motivo por el cual, se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del litigio y el levantamiento de las cautelas decretadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de la capital antioque\u00f1a deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras advertir que \u00abel Juez Segundo de Familia de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, Antioquia, al proferir la sentencia emitida en audiencia realizada en septiembre 21 de 2021, declarando no probadas las excepciones de cobro de lo no debido y mala fe de la demanda, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en la forma all\u00ed indicada y emitiendo otros pronunciamientos consecuenciales, no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque contrariamente a lo afirmado por Juan Carlos Torres Botero en la solicitud de amparo, el funcionario accionado profiri\u00f3 su decisi\u00f3n con base en las pruebas solicitadas, practicadas e incorporadas al proceso en debida forma y su valoraci\u00f3n fue realizada conforme a la sana cr\u00edtica, no constituy\u00e9ndose en una actuaci\u00f3n subjetiva, irrazonable o arbitraria, raz\u00f3n por la cual no existe ninguna base para afirmar que en su juicio valorativo e interpretativo err\u00f3 en forma ostensible, flagrante y manifiesta y que ese error tuvo incidencia directa en la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, \u00fanica circunstancia que, permitir\u00eda que el juez de tutela se inmiscuya en la valoraci\u00f3n probatoria que realiz\u00f3 (art\u00edculos 164, 173 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un caso similar, en sentencia STC 13676 de octubre 13 de 2021, M.P. Luis Alonso Rico Puerta, sobre el cumplimiento de la cuota alimentaria fijada indic\u00f3: \u201c(\u2026) si la satisfacci\u00f3n de los alimentos se determin\u00f3 mediante la entrega de una suma de dinero, no es posible admitir la \u00abalteraci\u00f3n\u00bb unilateral de su forma de pago, pues reiter\u00f3 que sobre el particular, en el plenario no hab\u00eda asentimiento de la actora que diera lugar a un entendimiento diferente de la conciliaci\u00f3n base de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En apoyo de lo anteriormente resuelto por el accionado, esta Corporaci\u00f3n ha avalado que se mantenga el cobro de alimentos pese a que se alegue que su pago se realiz\u00f3 \u00aben especie\u00bb, cuando, como en este caso, no est\u00e1 probada ni la variaci\u00f3n por las partes de la manera en que se cumplir\u00eda la tasaci\u00f3n, ni que los pagos que se aducen realizados, realmente se dirigieron a atender las obligaciones a su cargo y que seg\u00fan la demanda son objeto de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En uno de los casos examinados, la Sala concluy\u00f3 que baj\u00f3 dicha perspectiva, <\/p>\n
\u00abemerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n reclamada, en la medida en que, no est\u00e1n acreditadas las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, toda vez que la exposici\u00f3n de motivos decisorios al efecto manifestado por el querellado para \u00abno declarar probada la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb (\u2026) y ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, se guarecen en t\u00f3picos normativos y jurisprudenciales que regulan el preciso tema abordado, esto es, que luego de un juicioso an\u00e1lisis de las demostraciones arrimadas, aplicando los art\u00edculos 115, 177, 294 y 488 del Estatuto Procesal Civil, determin\u00f3 no tener en cuenta los desembolsos que efectu\u00f3 el demandado en especie, dado que en el acuerdo que sirvi\u00f3 de base para el recaudo nada se dice al respecto; es decir, que la cuota alimentaria debi\u00f3 cancelarse en la forma y t\u00e9rminos convenida\u00bb (CSJ STC3551-2015, 26 mar. 2015, rad. 00044-01). Se resalta. <\/p>\n
En otro asunto de similares contornos, sostuvo que para desestimar las defensas propuestas por el all\u00ed ejecutado, la motivaci\u00f3n expuesta por el despacho judicial accionado comprend\u00eda: \u00abapreciaci\u00f3n que concuerda con la realidad, ya que la soluci\u00f3n de los compromisos estipulados en la \u00abconciliaci\u00f3n\u00bb se convino a trav\u00e9s de la entrega peri\u00f3dica de un valor representado en dinero, y conforme a las reglas sobre el pago contempladas en el C\u00f3digo Civil, \u00e9ste \u00abes la prestaci\u00f3n de lo que se debe\u00bb (art. 1626), am\u00e9n que \u00abse har\u00e1 bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u00bb, sin que el acreedor pueda \u00abser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni a\u00fan a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida\u00bb (art. 1627 ibidem)\u00bb (CSJ STC12783-2018, 2 oct. 2018, rad. 00416-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
3.2. Conforme con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad accionada, no determina un yerro susceptible de enmendarse por esta senda, en tanto realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n normativa y probatoria que la llev\u00f3 a la decisi\u00f3n reprochada, la cual obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable. <\/p>\n
En ese orden, es inviable el amparo cuando, como en este caso, la actuaci\u00f3n del enjuiciado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso al auxilio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC11640-2021, 8 sep. 2021, rad. 00685-01). <\/p>\n
Entonces, la Corte observa que los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis sustituyendo al funcionario de conocimiento como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual (\u2026).\u201d <\/p>\n
De otro lado, debe tenerse en cuenta que no es procedente acudir a esta acci\u00f3n constitucional para revivir el debate probatorio e impugnar la sentencia vali\u00e9ndose de la solicitud de amparo, pues con ella se finiquit\u00f3 la actuaci\u00f3n en \u00fanica instancia y surgi\u00f3 para las partes el deber de acatarla, m\u00e1xime que la apoderada judicial del ejecutado una vez proferida en audiencia la providencia referida, le manifest\u00f3 al juez accionado \u201cNada que decir al respecto se\u00f1or Juez, nos atenemos a la dispuesto por el juzgado. (a los 20\u201903\u2019\u2019)\u201d y fue as\u00ed como procedi\u00f3 a pagar en octubre 1 de 2021, la obligaci\u00f3n adeudada, raz\u00f3n por la cual, el despacho judicial referido en prove\u00eddo del d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares; lo que significa que aquel estuvo de acuerdo con lo que resolvi\u00f3 el fallador, cerrando as\u00ed toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, por lo que ahora el accionante so pretexto de vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales no puede alegar inconformidades frente al fallo emitido en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo de alimentos, desconociendo las manifestaciones que en su nombre realiz\u00f3 la abogada que lo represent\u00f3 en dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, refieriendo similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, a m\u00e1s de indicar que los pronunciamientos constitucionales en los cuales el a quo constitucional bas\u00f3 la decisi\u00f3n atacada, no se acompasan con el caso sub examine. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Juan Carlos Torres Botero cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la sentencia emitida el 21 de septiembre de 2021, por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, a trav\u00e9s de la cual, luego de declararse no probados los medios exceptivos por \u00e9l planteados, se orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo, a la luz del juicio que para tal efecto sigui\u00f3 en su contra Jenny Ang\u00e9lica Lemus Cardona en representaci\u00f3n de sus hijos, pues en su criterio, no se analizaron todos los reparos que efectu\u00f3 en la oportunidad correspondiente, se desconocieron los recientes pronunciamientos que ha efectuado esta Corte frente acerca de la posibilidad de proponer medios exceptivos distintos al de pago en esta especie de litigios, y, se valoraron indebidamente las probanzas allegadas. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n, el informe presentado por la autoridad judicial criticada, y el expediente digital allegado, no cabe duda para la Sala el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada, teniendo en cuenta lo siguiente, a saber: <\/p>\n
3.1. De manera preliminar, y acerca de las dos primeras quejas del tutelante relacionadas con no haberse analizado todas las excepciones planteadas, ni aplicarse los recientes precedentes jurisprudenciales acerca de la procedencia de otras defensas a la del pago de la obligaci\u00f3n en los procesos ejecutivos de alimentos, se advierte la improcedencia del amparo en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario, al estar demostrado que el gestor, en un acto constitutivo de incuria, no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si en cuenta se tiene que de acuerdo con lo previsto por el legislador en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, ha podido solicitar al juez criticado la adici\u00f3n y complementaci\u00f3n de la sentencia que desat\u00f3 la controversia en tales aspectos, por lo que no puede ahora acudir al amparo \u00aben pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, advierte la Sala que la decisi\u00f3n criticada no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud de lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, en raz\u00f3n a que el Juez de Familia criticado logr\u00f3 establecer de manera fehaciente, que no existi\u00f3 alg\u00fan tipo de cambio en lo acordado entre las partes respecto de los alimentos de sus descendientes, ni en las condiciones en el mismo documento plasmadas, por lo que no era viable que el padre, sin autorizaci\u00f3n de la madre, unilateralmente planteara unas nuevas condiciones acerca de las sumas y los conceptos sobre los cuales sufragar\u00eda la cuota alimentaria a favor de \u00e9stos, con independencia de las circunstancias de hecho en las que el ejecutado ciment\u00f3 la falta de pago, m\u00e1xime cuando \u00e9l mismo reconoci\u00f3 en el decurso que no existi\u00f3 ning\u00fan acuerdo con la ejecutante con el fin de variar los par\u00e1metros inicialmente pactados. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, y a diferencia de lo considerado por el promotor de la salvaguarda, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo la simple discrepancia con lo decidido raz\u00f3n suficiente para que se conceda el amparo, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
3.3. Y acerca de la supuesta vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 el juzgador de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias, basta con precisar que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el Director del proceso para tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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