STC2021-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC2021-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a los fallos proferidos 20 y 26 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, respectivamente, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alix Esperanza Vizca\u00edno Hern\u00e1ndez como agente oficiosa de Circuncisi\u00f3n Hern\u00e1ndez de Vizca\u00edno contra el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se acumularon las acciones constitucionales promovidas por Paulina Londo\u00f1o, Gladys D\u00edaz, Carmen Julia Palacios, Rosa Elena Mu\u00f1oz, Patriciela Carvajal, Martha Eloisa Mora, Alfonso Mart\u00edn Voets, y, Bernarda Le\u00f3n, identificadas con los radicados No. 2022-00009-0, 2022-00011-00, 2022-00014-00, 2022-00015-00, 2022-00023-00, 2022-00026-00, 2022-00042-00, 2022-00043-00, y al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la vivienda, a la dignidad humana y a la salud, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la diligencia de entrega programada dentro del proceso verbal reivindicatorio que Ra\u00fal Ignacio Torrenegra Benavidez promovi\u00f3 contra Alba Priscila Parra Rinc\u00f3n, identificado con el consecutivo No. 2018-00320. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, aplazar la mentada diligencia \u00aben por lo menos 12 meses\u00bb, mientras adec\u00faan y se trasladan otro sitio, \u00abque cumpla con todas las condiciones necesarias para prestar la atenci\u00f3n en salud, estabilidad y confort que requieren las personas de la tercera edad\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aducen en compendio, que son personas de la tercera edad que requieren de cuidados especiales, los cuales son brindados por profesionales y auxiliares de la salud en el inmueble objeto de la aludida entrega, donde funciona el \u00abHogar Gerontol\u00f3gico \u2013 La Casa de mis Padres\u00bb; no obstante, el Despacho criticado program\u00f3 la entrega del bien para el 10 de diciembre de 2021, diligencia a la cual no asisti\u00f3 ning\u00fan funcionario de la Defensor\u00eda del Pueblo ni de la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social de Bogot\u00e1, por lo cual, la juez \u00abal evidenciar las condiciones del hogar plante\u00f3 un plazo no mayor al 10 de enero del a\u00f1o 2022 afirmando incluso que de no ser as\u00ed llegar\u00eda con la orden de desalojo\u00bb. <\/p>\n
Afirman que sus familias no tienen otra vivienda que cumpla las condiciones f\u00edsicas y los servicios que les proporciona ese hogar gerontol\u00f3gico, por lo que el cierre del mismo los dejar\u00eda en un estado de indefensi\u00f3n, m\u00e1s aun cuando sobre ese predio la demandada en reivindicaci\u00f3n, Alba Priscila Parra Rinc\u00f3n, adelanta un proceso de pertenencia ante el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, radicado No. 2019-00580, situaciones que, aseguran, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que dentro del litigio cuestionado el 21 de junio de 2019 se dict\u00f3 sentencia en que se accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, decisi\u00f3n que fue apelada por la demandada, pero el mecanismo fue declarado desierto el 15 de abril de 2021 por la Sala Civil de Tribunal Superior de este mismo distrito judicial, por lo cual fij\u00f3 como fecha para la entrega del inmueble el 10 de diciembre de 2021, \u00abconcedi\u00e9ndose a solicitud de los extremos procesales, un plazo para la entrega voluntaria del bien, hasta el 10 de enero de 2022, encontr\u00e1ndose el despacho pendiente de las manifestaciones de las partes frente a tal actuaci\u00f3n, a efectos de continuar con el tr\u00e1mite respectivo\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la alegada situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n expuesta por los gestores del amparo, y la existencia del proceso de pertenencia citado, \u00abson circunstancias ajenas al tr\u00e1mite que aqu\u00ed cursa, sin desconocerse por el despacho que en el momento en que las partes se pronuncien frente a la entrega del predio en menci\u00f3n, se tomar\u00e1n las decisiones que se consideren pertinentes a efectos de que los derechos fundamentales de las personas que all\u00ed se encuentran no se tornen transgredidos\u00bb. <\/p>\n
b.) Nelson Felipe Feria Herrera, quien dijo ser apoderado judicial de Priscila Parra Rinc\u00f3n, pidi\u00f3 que se acceda a la protecci\u00f3n reclamada, toda vez que el Despacho accionado no ha querido otorgar un \u00abtiempo prudencial\u00bb para la entrega del inmueble, teniendo en cuenta las condiciones especiales de los adultos mayores que all\u00ed habitan y la existencia del proceso de pertenencia citado. <\/p>\n
c.) El Procurador Judicial para Asunto Civiles se\u00f1al\u00f3, que intervino dentro del decurso cuestionado y solicit\u00f3 al estrado cognoscente que \u00abtomara las medidas necesarias para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales de especial tuici\u00f3n constitucional, por la sensibilidad de los sujetos involucrados\u00bb, ya que no se observ\u00f3 la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite de la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social del Distrito, entidad que luego de revisar el expediente el 11 de enero de los corrientes, a\u00fan no ha sido citada al tr\u00e1mite, por lo cual, el d\u00eda 12 siguiente se reiter\u00f3 la solicitud para cuando tenga lugar la reanudaci\u00f3n de la diligencia. <\/p>\n
d.) Alba Priscila Parra Rinc\u00f3n corrobor\u00f3 lo manifestado en el escrito inicial, y explic\u00f3 que el bien objeto de la reivindicaci\u00f3n lo compr\u00f3 en el a\u00f1o 2012, pero \u00abal parecer hubo acciones fraudulentas\u00bb por parte de las personas que le vendieron el bien, respecto de las cuales se abri\u00f3 investigaci\u00f3n en el a\u00f1o 2011, sin que ello figure en el respectivo certificado de tradici\u00f3n y libertad, lo que en \u00faltimas, dio lugar al inicio del referido juicio de dominio. <\/p>\n
e.) Nicol\u00e1s Alejandro Villa Calvano, quien afirm\u00f3 ser mandatario judicial de Ra\u00fal Ignacio Torrenegra Benavides y Leonidas Rom\u00e1n Olaya Casas, manifest\u00f3 que se concert\u00f3 con la demandada que el 10 de enero de 2022 se har\u00eda la entrega voluntaria del predio, donde resalt\u00f3, \u00abfunciona un establecimiento de comercio, no un hogar de caridad\u00bb. <\/p>\n
f.) La Oficina Jur\u00eddica de la Defensor\u00eda del Pueblo cit\u00f3 a la Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor de la entidad, quien afirm\u00f3 que el pasado 29 de noviembre recibi\u00f3 solicitud de intervenci\u00f3n por parte de Alba Priscila Parra Rinc\u00f3n, la cual remiti\u00f3 por competencia a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Bogot\u00e1 para que adelantara el seguimiento a la situaci\u00f3n; adem\u00e1s, elev\u00f3 solicitud al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de esta capital para que garantizara la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de los adultos mayores que se encuentran el bien objeto de reivindicaci\u00f3n, para lo cual debe citar al tr\u00e1mite a la Personer\u00eda Distrital, la Comisar\u00eda de Familia de la localidad y a la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social del Distrito, ya que es deber del juez \u00abtomar todas las previsiones a que haya lugar para lograr la garant\u00eda y el respeto de los derechos humanos de los adultos mayores residentes en el hogar geri\u00e1trico\u00bb. <\/p>\n
g.) El Director Jur\u00eddico de la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de esta ciudad indici\u00f3, que ni esa dependencia ni la Alcald\u00eda Local de Suba, han ha vulnerado garant\u00eda superior alguna de los accionantes, por lo que carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, m\u00e1xime cuando es la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social \u00abla encargada de liderar y formular las pol\u00edticas sociales del Distrito Capital para la integraci\u00f3n social de las personas, las familias y las comunidades, con especial atenci\u00f3n para aquellas que est\u00e1n en mayor situaci\u00f3n de pobreza y\/o vulnerabilidad\u00bb. <\/p>\n
h.) La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretaria Distrital de Integraci\u00f3n Social indic\u00f3, que los recursos para la atenci\u00f3n a los adultos mayores son escasos, y la vinculaci\u00f3n se hace previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el programa, sin que los mismos puedan soslayarse mediante la acci\u00f3n de tutela; que en el presente caso es deber de los familiares de los accionantes \u00abvelar por el bienestar y cuidados b\u00e1sicos de las personas mayores, tal y como lo estipula el art\u00edculo 411 de la normatividad civil colombiana y la Ley 1850 de 2017\u00bb, m\u00e1xime porque seg\u00fan se constat\u00f3, cada uno de \u00e9stos cuentan con familiares, afiliaci\u00f3n al sistema de salud en calidad de cotizantes, e incluso, varios de ellos son beneficiarios de pensi\u00f3n con el \u00abtope m\u00e1ximo\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo invocado, porque \u00aben su respuesta al pliego incoativo, el estrado judicial conminado puso de presente que, para continuar con el tr\u00e1mite, est\u00e1 a la espera de las manifestaciones de las partes en el proceso reivindicatorio sobre la entrega voluntaria del bien, seg\u00fan petici\u00f3n de los extremos del litigio, programada para el 10 de enero de 2022, sobre lo que aclar\u00f3 \u201cque en el momento en que las partes se pronuncien frente a la entrega del predio en menci\u00f3n, se tomar\u00e1n las decisiones que se consideren pertinentes a efectos de que los derechos fundamentales de las personas que all\u00ed se encuentran no se tornen transgredidos\u201d. Precisi\u00f3n de la que es f\u00e1cil colegir que la funcionaria interpelada no est\u00e1 desconociendo las prerrogativas de las accionantes, por el contrario, fue enf\u00e1tica en indicar que, de llegarse a reanudar la diligencia de marras, adoptar\u00e1 las medidas necesarias y conducentes con el fin de salvaguardar sus derechos ius fundamentales, y, en ese orden de ideas, es el Juez de cognici\u00f3n, al interior del tr\u00e1mite correspondiente, quien inicialmente debe abordar el debate aqu\u00ed planteado, comoquiera que \u201deste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, exhort\u00f3 al estrado accionado para que \u00abproceda a citar a la Delegada de Infancia, Juventud y Adulto Mayor de la Defensor\u00eda del Pueblo, al Procurador Cuarto Judicial II para Asuntos Civiles, a la Secretar\u00eda de Integraci\u00f3n Social del Distrito, Personer\u00eda Distrital de Bogot\u00e1, Alcald\u00eda Local de Suba y a la Comisar\u00eda de Familia, en el evento de que contin\u00fae con la entrega dentro de proceso 19-2018-00320-00, entidades que deber\u00e1n participar en dicha vista p\u00fablica, para que, en el \u00e1mbito de sus competencias adopten todas las medidas positivas que propenda por la protecci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales de todas aquellas personas de la tercera edad que permanezcan en el inmueble\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por los actores, haciendo \u00e9nfasis en que lo pretendido a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de amparo es que se aplace la aludida diligencia de entrega \u00abpor lo menos 12 meses\u00bb, debido a las circunstancias relatadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que lo concretamente pretendido por los gestores del amparo a trav\u00e9s de este mecanismo especial\u00edsimo, es que se suspenda al menos por un (1) a\u00f1o, la entrega material del inmueble ordenada dentro del proceso reivindicatorio que Ra\u00fal Ignacio Torrenegra Benavidez tramit\u00f3 contra Alba Priscila Parra Rinc\u00f3n, pues seg\u00fan su dicho, requieren de ese tiempo para ser reubicados en un sitio que cumpla con las necesidades especiales que tienen, por ser personas de la tercera edad. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, surge patente la improcedencia del amparo reclamado, porque de momento el Juzgado de Familia accionado no ha fijado nueva fecha para la entrega cuestionada, en raz\u00f3n a que tal y como lo inform\u00f3 a las presentes diligencias, existe la posibilidad de que la parte demandada entregue voluntariamente del bien; de ah\u00ed que, entonces, el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia, ni tampoco puede operar paralelamente con esa actuaci\u00f3n, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n, y, estando pendiente el aludido pronunciamiento, deber\u00e1n los aqu\u00ed interesados aguardar a lo que se resuelva. <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n prematura de algunas acciones de tutela, se ha dicho que \u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1775-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo estando pendiente el aludido pronunciamiento, los actores deber\u00e1n aguardar a que la autoridad judicial convocada se pronuncie nuevamente sobre la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega, pues \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
4. Ahora, aunque la agente oficiosa de la accionante Circuncisi\u00f3n Hern\u00e1ndez de Vizca\u00edno insiste en la impugnaci\u00f3n, en que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n debe ordenarse al Juzgado convocado, que en el evento de fijarse una nueva fecha para la entrega, \u00e9sta no debe ser menor a doce meses, sin duda lo pretendido resulta improcedente, pues, como lo ha expresado la Corte en casos semejantes, a trav\u00e9s de este remedio no se puede detener la ejecuci\u00f3n de diligencias judiciales, ya que \u00e9stas obedecen \u00ab a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (STC17333-2021). <\/p>\n
5. Lo anterior, bajo el entendido que no se aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, al no estar probado que la eventual realizaci\u00f3n de la entrega antes del plazo exigido por los tutelantes, suponga per se la consumaci\u00f3n del comentado detrimento, pues tal y como se demostr\u00f3 dentro del proceso, los gestores cuentan con el apoyo de su familia, todos est\u00e1n afiliados al sistema de seguridad social en salud en el r\u00e9gimen contributivo, e incluso, algunos son pensionados, sin que, valga precisar, la sola condici\u00f3n de personas de la tercera edad genere un da\u00f1o de tal naturaleza derivado de la diligencia en comento, porque como lo ha indicado la Sala, \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (STC4541-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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