STC2025-2022<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2025-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2021-01241-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 15 de diciembre de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carmen Emilia Cardona V\u00e1squez y Luis Efr\u00e9n Correa Fonnegra, contra el Juzgado Noveno de Familia de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la familia, a la propiedad, la vivienda e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la sentencia pronunciada el 3 de noviembre del a\u00f1o pasado, en el marco del proceso de levantamiento de afectaci\u00f3n familiar que en su contra promovi\u00f3 Juan Pablo Garc\u00eda Rodr\u00edguez, radicado bajo el consecutivo 2021-00064. <\/p>\n
Por lo anterior, solicitan de manera concreta, que se revoque la referida decisi\u00f3n, para que el Juzgado Noveno de Familia de esta capital no permita levantar la medida que pesa sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 5OC-750493, \u00abteniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Ley y la jurisprudencia constitucional para el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado refiere el abogado, en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que el se\u00f1or Garc\u00eda Rodr\u00edguez, acreedor de la se\u00f1ora Carmen Emilia, aqu\u00ed accionante, present\u00f3 demanda obtener el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que pesa sobre el predio de propiedad de sus mandatarios, con fundamento en lo normado en numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 4 de la Ley 258 de 1996, tr\u00e1mite dentro del cual \u00e9stos se opusieron a la prosperidad de lo reclamado, argumentando que \u00abno era posible que la subjetiva manifestaci\u00f3n por parte [del demandante] (\u2026) en cuanto a que las medidas cautelares decretadas y practicadas dentro de un proceso judicial no son suficientes para garantizar el pago de su obligaci\u00f3n, sea \u00f3bice para pretender el levantamiento de una medida que protege el patrimonio de los c\u00f3nyuges y su lugar de habitaci\u00f3n, sabiendo que los derechos fundamentales tienen prevalencia sobre cualquier derecho de \u00edndole particular, m\u00e1xime cuando la afectaci\u00f3n se dio para cumplir el objetivo de proteger el patrimonio de la familia y su garant\u00eda a vivir en un lugar decente, digno y que no pueda ser perseguido libremente por acreedores. Carecer\u00eda de sentido totalmente que el legislador ejecute medidas tendientes a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales para que la simple existencia de un cr\u00e9dito en contra de uno de los c\u00f3nyuges, que ni siquiera de ambos, pueda si quiera desembocar en el levantamiento de tales medidas a simple capricho de los acreedores\u00bb. <\/p>\n
Alega que pese a lo anterior, mediante sentencia del 3 de noviembre de 2021, se accedi\u00f3 a levantar la medida, tras considerarse que \u00abel simple hecho de que la afectaci\u00f3n a vivienda familiar hubiera sido realizada de forma posterior a la adquisici\u00f3n del cr\u00e9dito adeudado por la se\u00f1ora CARDONA\u00bb, hac\u00eda viable las pretensiones del demandante, sin tener en cuenta, atesta, que el codemandado Correa Fonnegra, no conoc\u00eda de la deuda contra\u00edda por su esposa, y que no est\u00e1n dados todos los requisitos necesarios para procederse como se hizo, es decir, en su criterio, que se demuestre el perjuicio injustificado y la defraudaci\u00f3n al acreedor, sucesos que nunca se probaron, y, que el predio afectado no est\u00e9 destinado como vivienda del n\u00facleo familiar, adem\u00e1s de la indebida valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n recaudados, y de no haberse estudiado todas las excepciones planteadas, situaciones que, asegura, habilitan a sus representados para acudir a la presente senda residual. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El titular del Juzgado Noveno de Familia de de esta capital puso de presente, que en \u00abla providencia mediante la cual se desat\u00f3 el (\u2026) asunto (\u2026), se encuentra el fundamento de car\u00e1cter legal, en el cual el (\u2026) se apoy\u00f3 para tomar la decisi\u00f3n, as\u00ed como el an\u00e1lisis probatorio respectivo, para considerar que se daban los requisitos del art\u00edculo 4 numeral 7 de la ley 258 de 1996, al se\u00f1alar que dicho gravamen puede ser levantado por cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectaci\u00f3n, a solicitud de un c\u00f3nyuge, del Ministerio P\u00fablico o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s dijo, que \u00abanaliz\u00f3 todo el material probatorio adosado al expediente de manera INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO para arribar a la conclusi\u00f3n, que era necesario acceder a las pretensiones de la demanda\u00bb y, que \u00abal considerar el accionante que las pruebas aportadas al expediente debieron ser valoradas de una manera distinta, desconoce completamente los postulados constitucionales y procesales\u00bb estipulados para la procedencia de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
b.) A su turno, el se\u00f1or Juan Pablo Garc\u00eda Rodr\u00edguez, demandante dentro del pleito revisado, se\u00f1al\u00f3 que la salvaguarda instada es improcedente, porque \u00abel juez noveno no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho a la defensa, no desconoci\u00f3 las garant\u00edas previstas en la ley y en todo momento estuvo dispuesto a que no se violara el derecho a la defensa, permiti\u00f3 la participaci\u00f3n de las partes, y notific\u00f3 la providencia de conformidad con la ley, (\u2026) jam\u00e1s desbord\u00f3 el marco de acci\u00f3n que la constituci\u00f3n y la ley le reconocen, pues siempre se apoy\u00f3 en normas constitucionales y procedimentales, la ley que se presenta para alegar el levantamiento de la afectaci\u00f3n a vivienda familiar, est\u00e1 vigente y no ha sido derogada y produce como tal efecto jur\u00eddico, adem\u00e1s no ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional y se adecua a la circunstancia a la cual se solicit\u00f3 que se aplicara\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala de Familia, deneg\u00f3 el amparo invocado, luego de advertir que \u00abel juez accionado lleg\u00f3 a la convicci\u00f3n que proced\u00eda el levantamiento del gravamen, por configurarse la causal prevista en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 258 de 1996, que consagra que la afectaci\u00f3n se levantar\u00e1 \u201cPor cualquier justo motivo apreciado por el juez de familia para levantar la afectaci\u00f3n, a solicitud de un c\u00f3nyuge, del Ministerio P\u00fablico o de un tercero perjudicado o defraudado con la afectaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n precis\u00f3 el juzgador que estaba demostrado que CARMEN EMILIA CARDONA V\u00c1SQUEZ hab\u00eda adquirido en pr\u00e9stamo a JUAN PABLO GARC\u00cdA RODR\u00cdGUEZ, unas sumas de dinero que respald\u00f3 con la suscripci\u00f3n de tres letras de cambio giradas por las sumas de $14.500.000; $50.300.000 y $46.000.000, que deb\u00edan ser canceladas el 21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre de 2019, respectivamente, y ante el incumplimiento en el pago de dichas obligaciones, para obtener el pago de las sumas adeudadas, el acreedor hab\u00eda instaurado una demanda ejecutiva que correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1, despacho que dispuso el embargo del salario de la ejecutada, m\u00e1s no fue posible el embargo de la cuota parte del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 50C-750493 de propiedad de CARMEN EMILIA CARDONA V\u00c1SQUEZ, por cuanto los propietarios del predio, se\u00f1ores CARMEN EMILIA CARDONA VASQUEZ y LUIS EFREN CORREA FONNEGRA, hab\u00edan gravado el predio con la constituci\u00f3n de una afectaci\u00f3n a vivienda familiar, lo que llevaron a cabo mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 850 del 18 de marzo de 2020 de la Notar\u00eda 48 de Bogot\u00e1, esto es, con posterioridad a la exigibilidad de las tres letras de cambio, y, en el interrogatorio de parte CARMEN EMILIA CARDONA V\u00c1SQUEZ hab\u00eda afirmado que dicha obligaci\u00f3n no la cancelar\u00eda con el inmueble afectado a vivienda familiar, lo que, para el juzgador, constitu\u00eda un justo motivo para ordenar el levantamiento de la afectaci\u00f3n familiar por cuanto la constituci\u00f3n de dicho gravamen afecta los intereses econ\u00f3micos de un tercero. <\/p>\n
Por tanto, concluye la Sala que la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2021, corresponde a una providencia indudablemente precedida de una motivaci\u00f3n suficiente y que, por no ser desmesurada o arbitraria, debe ser respetada por el juez constitucional, dado que es fruto de la labor decisoria del juez natural, en ejercicio de la discreta autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido que, valga resaltar, tambi\u00e9n es objeto de protecci\u00f3n de ese rango superior\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los actores recurrieron el anterior fallo, esgrimiendo similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, adem\u00e1s de indicar que, el a quo constitucional no valor\u00f3 en debida forma las pruebas all\u00ed relacionadas y que dan cuenta de los yerros cometidos por la autoridad jurisdiccional enjuiciada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, los se\u00f1ores Carmen Emilia y Luis Efr\u00e9n cuestionan a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la sentencia de 3 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 la pretensi\u00f3n judicial del se\u00f1or Juan Pablo Garc\u00eda Rodr\u00edguez, de levantar la afectaci\u00f3n a vivienda familiar que pesaba sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. 50C-750493, de su propiedad, pues seg\u00fan su dicho, no se tuvo en cuenta la jurisprudencia aplicable a la materia, ni se analizaron en su totalidad los medios de defensa formulados, y, tampoco se valoraron en debida forma los medios probatorios allegados al decurso. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n, y los expuestos en la determinaci\u00f3n criticada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por los motivos que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
3.1. De un lado, y en lo que refiere a la falta de aplicaci\u00f3n del supuesto precedente jurisprudencial aplicable a la materia citado por los demandados, aqu\u00ed tutelantes, al interior del proceso endilgado, y, la supuesta falta de estudio de todas las excepciones de m\u00e9rito planteadas, observa la Sala que los aqu\u00ed inconformes, en un acto constitutivo de incuria, dejaron de hacer uso de la herramienta de defensa que tuvieron a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, lo que hace improcedente la presente acci\u00f3n, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que la gobierna, pues de acuerdo con el precepto 287 del C\u00f3digo General del Proceso, han debido solicitar al juez accionado la adici\u00f3n o complementaci\u00f3n del prove\u00eddo que desat\u00f3 la controversia para que se pronunciara sobre esos aspectos, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, cerrada les qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito a trav\u00e9s de esta v\u00eda, pues, tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, no se puede acudir al amparo \u00aben pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC791-2021). <\/p>\n
3.3. De otro lado, debe decirse que la decisi\u00f3n criticada no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, conforme a las pruebas recaudadas, de manera fehaciente logr\u00f3 establecerse que la afectaci\u00f3n a vivienda familiar fue posterior a la suscripci\u00f3n de los t\u00edtulos valores con los que se respald\u00f3 la deuda de Carmen Emilia con el se\u00f1or Juan Pablo, constituyendo tal gravamen un ataque directo a los derechos del tercero acreedor, cumpli\u00e9ndose entonces el postulado del numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 4 de la Ley 258 de 1996. <\/p>\n
A la saz\u00f3n, y a diferencia de lo considerado por los gestores, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n aportados al litigio, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y, la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la autoridad judicial criticada en la decisi\u00f3n debatida, se demostr\u00f3 con suficiencia que lo que se pretend\u00eda, en \u00faltimas, con el mentado gravamen, era defraudar al acreedor. <\/p>\n
Queda claro entonces, que lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n los desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
3.4. Y acerca de la aparente vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 el Despacho accionado de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias, se precisa a los inconformes que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria realizada por la autoridad competente para tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
4. Finalmente, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que aluden los interesados, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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