STC2030-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2030-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 68001-22-13-000-2022-00009-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de enero de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Helga Johanna Ortiz Garc\u00eda, como persona natural y aduciendo la calidad de representante legal de Fundeco IPS, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Famisanar EPS, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- y las partes del proceso ejecutivo con radicado 2017-00599. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora demand\u00f3 la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado en el juicio ejecutivo 2017-00599. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja sostuvo que, en el referido proceso que el Laboratorio Cl\u00ednico Medical S.A.S. promovi\u00f3 contra Fundeco IPS, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, por auto del 26 de noviembre de 2019, dispuso, entre otros, el embargo de unas sumas de dinero. <\/p>\n
2.1.- Dicha determinaci\u00f3n fue revocada por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 16 de septiembre de 2020, en cuanto dispuso levantar la medida de embargo \u00ab\u00fanicamente sobre la suma $115.092.750\u00bb; no obstante, sobre los restantes \u00ab$303.066.645 millones de pesos no se ha levantado la medida de embargo\u00bb, a pesar de que Famisanar EPS certific\u00f3 que las sumas pagadas a Fundeco IPS se realizaron con los recursos de compensaci\u00f3n entregados por la ADRES. <\/p>\n
2.2.- Se\u00f1al\u00f3 que remiti\u00f3 al Juzgado una copia de la referida certificaci\u00f3n y le solicit\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar sobre la totalidad de los dineros embargados, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo aqu\u00e9l hubiere emitido un pronunciamiento. <\/p>\n
2.3.- Destac\u00f3 que tales sumas de dinero corresponden a \u00abrecursos que la ley le ha dado el car\u00e1cter de inembargables, por pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en salud, como le reza el numeral 1 del art\u00edculo 594 del c\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.4.- Advirti\u00f3 que el Juzgado se encuentra frente a una imposibilidad jur\u00eddica, por cuanto \u00abno debe decretar \u00f3rdenes de embargo cuando no se ajustan a la normatividad\u00bb, m\u00e1xime que se \u00able ha radicado a trav\u00e9s de memorial copia de la certificaci\u00f3n expedida por FAMISANAR EPS donde ratifica que la procedencia de los dineros que tiene a disposici\u00f3n [\u2026] provienen de la compensaci\u00f3n entregada por el ADRES\u00bb y, por tanto, se trata de recursos inembargables. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene a la autoridad judicial accionada decretar \u00abel levantamiento de la medida cautelar sobre la totalidad de los dineros que fueron embargados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja manifest\u00f3 que la empresa ejecutada solicit\u00f3 la entrega de los dineros embargados, petici\u00f3n que fue resuelta por auto del 24 de mayo de 2021, en la que se le indic\u00f3 que el despacho ya hab\u00eda procedido en los t\u00e9rminos dispuestos en la providencia emitida por el Tribunal; es decir, ordenando el reintegro de $115.092.750, decisi\u00f3n contra la cual no interpuso recurso alguno. De otro lado, enfatiz\u00f3 que la actora no estaba legitimada en la causa por activa, por cuanto \u00abno se encuentra como demandada en el proceso ejecutivo con radicado como persona natural\u00bb. <\/p>\n
2.- Famisanar EPS indic\u00f3 que no ha vulnerado a derecho fundamental alguno y pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar que la acci\u00f3n de tutela no cumpl\u00eda con el presupuesto de subsidiariedad, pues la parte interesada no present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra las decisiones que resolvieron las solicitudes de Fundeco IPS y que le fueron adversas. Igualmente, destac\u00f3 que no encontr\u00f3 acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la gestora pretende el amparo del derecho fundamental invocado y, por tanto, que se ordene a la autoridad judicial demandada emitir un nuevo pronunciamiento, en el que disponga \u00abel levantamiento de la medida cautelar sobre la totalidad de los dineros que fueron embargados\u00bb, pues, en su opini\u00f3n, aquellos recursos no son susceptibles de esa medida. <\/p>\n
2.- En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala debe destacar que, si bien la se\u00f1ora Helga Johanna Ortiz Garc\u00eda acude al proceso en nombre propio y en representaci\u00f3n de Fundeco IPS, no se encuentra legitimada para actuar en esta causa, pues, de un lado, no es parte en el proceso ejecutivo como persona natural1, dado que este se dirigi\u00f3 contra Fundeco IPS y, de otro lado, porque no alleg\u00f3 con la tutela radicada un certificado de existencia y representaci\u00f3n actualizado que acredite la calidad en la que act\u00faa. <\/p>\n
Sobre el particular, ha reiterado la jurisprudencia que \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC9278-2020, 28 oct. 2020, rad. 2020-00011 y STC14371-2021. Se resalta), de manera que solo los sujetos procesales del respectivo juicio pueden acudir a la tutela, para cuestionar las decisiones que all\u00ed se adoptan. <\/p>\n
En este caso, como se indic\u00f3, la parte ejecutada era la empresa Fundeco IPS, de quien la tutelante dice ser la representante, no obstante, no aport\u00f3 con la tutela un certificado actualizado que as\u00ed lo acredite. <\/p>\n
En un asunto de contorno similar al ac\u00e1 debatido, la Sala consider\u00f3: <\/p>\n
3.2.- \u2026se observa que Miguel Arturo Rinc\u00f3n Artunduaga [tutelante] no est\u00e1 legitimado para acudir a la presente salvaguarda, por cuanto no acredit\u00f3 ser el administrador y, por ende, el representante legal del Condominio Terralonga, accionado en el proceso cuestionado, toda vez que no alleg\u00f3 documento id\u00f3neo que as\u00ed lo demostrara\u2026- <\/p>\n
Por tanto, al no haberse acreditado la legitimaci\u00f3n para promover la acci\u00f3n de tutela en nombre de la persona que se dice representar, resulta improcedente estudiar de fondo el ruego impetrado. Al respecto (\u2026) la Sala estableci\u00f3 la inviabilidad de la salvaguarda, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
\u2018\u2026por la falta de legitimaci\u00f3n del abogado (\u2026) al no haber aportado el certificado vigente de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar, para acreditar que la persona que otorg\u00f3 el poder estaba facultada para tal efecto\u2026 <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos (\u2026) la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u2018\u2026no obra en el plenario prueba de la existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica de que trata el presente asunto, ni tampoco se pueden verificar las facultades y limitaciones de la persona que otorga el poder especial, por cuanto la autorizaci\u00f3n dada mediante la escritrua p\u00fablica referida no fue allegada con la tutela, lo cual evidencia una falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que no se vislumbra constancia de la representaci\u00f3n del accionante respecto de la empresa titular de los derechos que se reclaman, es inviable estudiar de fondo el ruego impetrado\u2019 (CST STC2039-2021, expediente 2020-00525-01)\u2019 (STC13279-2021, expediente 2021-03483-00) (Se destaca)\u00bb (STC1545-2022 del 17 de febrero de 2022). <\/p>\n
3.- No obstante, incluso si el aludido requisito de legitimaci\u00f3n se flexibilizara, la acci\u00f3n de tutela ser\u00eda igualmente improcedente, en virtud del car\u00e1cter subsidiario de este mecanismo excepcional. En efecto, consta en el expediente que, en el curso del proceso ejecutivo, Fundeco IPS radic\u00f3 2 solicitudes ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja -en abril y noviembre de 2021-, cuyo prop\u00f3sito fue obtener la devoluci\u00f3n de los dineros objeto de la medida cautelar, por cuanto, seg\u00fan certificaci\u00f3n expedida por Famisanar EPS, correspond\u00edan a recursos de compensaci\u00f3n entregados por la ADRES. <\/p>\n
El 24 de mayo de 2021 y el 12 de noviembre siguiente, el Juzgado demandado neg\u00f3 tales requerimientos, en consideraci\u00f3n a que el Tribunal Superior de Bucaramanga, por auto del 16 de septiembre de 2020, ya hab\u00eda decretado el levantamiento de la medida de embargo \u00fanicamente sobre la suma de $115.092.750, la cual fue reintegrada a una cuenta de ahorros del Banco Av Villas, cuyo titular era Fundeco IPS. <\/p>\n
Dichas providencias no fueron objeto de recurso de reposici\u00f3n, como acertadamente lo asegur\u00f3 el a quo constitucional y, por consiguiente, la ejecutada dej\u00f3 pasar la oportunidad de exponer ante la autoridad judicial accionada las razones de su inconformidad. Esta omisi\u00f3n torna inviable la protecci\u00f3n pretendida, si se tiene en cuenta que este es un instrumento subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia cnstitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda invocada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En ese sentido, ver informe rendido por el Juzgado accionado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
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