STC2032-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2032-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-03-000-2022-00002-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de enero de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Felipe Guillermo Raymond Beltr\u00e1n contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, mediante apoderado, procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y a \u00abLA APLICACI\u00d3N DE LA DEBIDA JUSTICIA\u00bb, presuntamente vulneradas por el Juzgado accionado en el proceso ejecutivo de radicado 76001310300220010052200. <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas al plenario se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado accionado cursa la ejecuci\u00f3n del mencionado juicio, inicialmente promovido por Conavi -hoy Bancolombia, en contra de Felipe Guillermo Raymond y Gabriela Madri\u00f1\u00e1n Daza, con fundamento en un pagar\u00e9 otorgado en UPAC en 19951, en el que, el 11 de julio de 2002, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n2. <\/p>\n
2.2. En mayo de 20153, el demandado formul\u00f3 solicitud de terminaci\u00f3n del proceso, por falta del requisito de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual fue resuelta favorablemente por el Juzgado de conocimiento el 24 de agosto de 20154; no obstante, esa decisi\u00f3n fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito de Cali, por auto del 5 de mayo de 20165, al considerar, entre otros, que la ausencia \u00abde reestructuraci\u00f3n no implica autom\u00e1ticamente la terminaci\u00f3n del proceso ante la existencia de circunstancias que la except\u00faan\u00bb, como las contempladas en la SU787 de 2012, esto es, la falta de capacidad del deudor para asumir el pago, pues exist\u00eda un embargo de remanentes del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali y tres solicitudes m\u00e1s de esa medida cautelar que \u00abno se tuvieron en cuenta por la existencia del (\u2026) anterior\u00bb, m\u00e1s un embargo por un proceso coactivo, lo cual evidenciaba la poca solvencia econ\u00f3mica del ejecutado para cubrir sus obligaciones. <\/p>\n
2.3. El 17 de abril de 20186, el Despacho accionado acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito de Reintegrar S.A.S. al Grupo Consultor de Occidente y C\u00eda. Ltda. y, el 17 de mayo siguiente7, se aval\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos efectuada por dicho Grupo a favor de Staling Guillermo Pallares Escorcia. <\/p>\n
2.4. El 7 de noviembre de 20188, el Despacho accionado neg\u00f3 nuevamente una solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, ante la falta de capacidad de pago del deudor, al existir 3 embargos de remanentes por otros juicios y un coactivo, m\u00e1s unas obligaciones con la DIAN. <\/p>\n
2.5. El 29 de marzo de 20199 se aprob\u00f3 la adjudicaci\u00f3n de los inmuebles embargados al cesionario ejecutante, determinaci\u00f3n confirmada en reposici\u00f3n el 7 de octubre posterior. <\/p>\n
2.6. El 21 de abril de 2021, el ejecutado present\u00f3 \u00abINCIDENTE DE NULIDAD a la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que se hizo a favor del SR. STALING GUILLERMO PAYARES ESCORCIA\u00bb, argumentando que \u00ablos cr\u00e9ditos de vivienda deben hallarse sometidos al control y vigilancia del estado, y que, bajo cualquier otra interpretaci\u00f3n, se declara inexequible, lo que significa que la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito de vivienda a favor de una persona natural, no puede estar por encima de los arts. 4, 228, 230, 241 y 246 la constituci\u00f3n pol\u00edtica\u00bb, como ocurr\u00eda en ese asunto con el actual cesionario. Del anterior escrito se corri\u00f3 traslado por auto del 23 de julio de 202110. <\/p>\n
2.7. El 11 de octubre de esa misma anualidad, el ejecutado solicit\u00f3 que \u00abse decrete la terminaci\u00f3n del proceso por ausencia del requisito de restructuraci\u00f3n, como quiera que se est\u00e1 bajo la presencia irrefutable de una v\u00eda de hecho al evacuarse el proceso hipotecario de la referencia\u00bb11. <\/p>\n
2.8. El 16 de diciembre de 2021 se corri\u00f3 traslado del escrito de terminaci\u00f3n anormal del proceso12 y se rechaz\u00f3 de plano la nulidad contra la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, mediante providencias notificadas en estado electr\u00f3nico del 18 de enero de 202213. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con los hechos descritos, el tutelante asegur\u00f3 que present\u00f3 petici\u00f3n en octubre de 2021, para que se diera por terminado el juicio ejecutivo, por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, con base en lo definido por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC351-2021; sin embargo, el Juzgado fij\u00f3 fecha para la entrega de los inmuebles sin haberse pronunciado sobre lo requerido. <\/p>\n
Censur\u00f3 que, ante la falta de decisi\u00f3n y con la programaci\u00f3n de la diligencia de entrega, se vulneraban sus derechos, \u00abpor desconocerse que los cr\u00e9ditos hipotecarios de obligaciones adquiridas en UPACS, no son susceptibles de ser cedidas a personas naturales\u00bb. <\/p>\n
3.1. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abordenar al juzgado de conocimiento darle tr\u00e1mite prontamente a la solicitud presentada en d\u00eda 11 de octubre de 2021, por haberse incurrido en v\u00edas de hecho al no haberse hecho la respectiva restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y por haberse cedido el cr\u00e9dito a persona natural estando vetada para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali narr\u00f3 el discurrir procesal del asunto estudiado y afirm\u00f3 que \u00abel accionante pretende revivir t\u00e9rminos precluidos en cuanto a la transferencia del t\u00edtulo valor por medio diferente al endoso a favor del se\u00f1or Staling Guillermo Pallares Escorcia; adem\u00e1s, reiter\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por falta de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual fue decidida negativamente en sede de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. El se\u00f1or Staling Guillermo Pallares Escorcia, mediante apoderado especial, sostuvo que, luego de adquirir los inmuebles en cuesti\u00f3n, \u00abasistido de la confianza que de suyo genera la venta que se realiza a trav\u00e9s de un Juez, en donde obtuvo que le fueran adjudicados los bienes; tras la diligencia de remate\u00bb, celebr\u00f3 contrato de compraventa con un tercero, que adquiri\u00f3 el bien de buena fe, acuerdo que se elev\u00f3 a escritura p\u00fablica registrada el 6 de agosto de 2021 ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali; frente a ello adujo que ignorar ese contrato conculcar\u00eda los derechos legalmente adquiridos. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la actuaci\u00f3n del accionante era temeraria, pues insist\u00eda, con nuevas peticiones y esta tutela, sobre un tema que ya hab\u00eda sido discutido y decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, al considerar que \u00abeste particular tema tuvo suficiente discusi\u00f3n y fue decidido desfavorablemente al interesado\u00bb el 5 de mayo de 2016 y el 7 de noviembre de 2018, oportunidades en las que \u00abse verific\u00f3 que [en] el proceso ejecutivo que dio origen a la acci\u00f3n no es procedente la terminaci\u00f3n por ausencia de reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, estableci\u00f3 que la tutela no cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, dado que la decisi\u00f3n de 2018 no fue recurrida y la petici\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso, presentada en octubre de 2021, estaba pendiente de resoluci\u00f3n. En cuanto a la nulidad de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito se\u00f1al\u00f3 que el accionado \u00abla rechaz\u00f3 en prove\u00eddo del 16 de diciembre de 2021, por lo cual, tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas invocadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien reiter\u00f3 el \u00abyerro\u00bb al haberse cedido el cr\u00e9dito hipotecario a una persona natural y la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho ante la falta de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, por lo cual se abre paso el resguardo, pues lo pretendido \u00abno es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos por la ley\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se amparen sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados por el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo hipotecario 2001-00522-00, al aceptar la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito a favor de una persona natural y continuar con el curso del juicio con ausencia de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pese a que radic\u00f3 una solicitud de terminaci\u00f3n desde octubre de 2021. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n impugnada, en cuanto neg\u00f3 el amparo, habr\u00e1 de confirmarse por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, se observa que la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito de la Sociedad Grupo Consultor de Occidente a favor del se\u00f1or Staling Guillermo Pallares Escorcia fue aceptada el 17 de mayo de 2018, por lo que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -12 de enero de 2022-, el cual supera el t\u00e9rmino previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela, circunstancia que, en ese aspecto, torna improcedente la salvaguarda invocada. <\/p>\n
En ese sentido, esta Colegiatura ha definido que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026) En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (Reiterada, entre otras, en STC7721-2020). <\/p>\n
Aunado a ello, se destaca que, con posterioridad, se present\u00f3 una solicitud de nulidad de dicha cesi\u00f3n, que fue rechazada mediante auto del 16 de diciembre de 2021, notificado por estado electr\u00f3nico el 18 de enero de 2022, decisi\u00f3n contra la cual el interesado no interpuso recurso alguno. Tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias, pues \u00abcuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
2.2. De otro lado, en cuanto a la v\u00eda de hecho alegada por el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo sin la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y la falta de decisi\u00f3n de la petici\u00f3n radicada en torno a ese tema, se observa que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali dio tr\u00e1mite a dicho requerimiento, corriendo traslado, por auto del 16 de diciembre de 2021, cuyo t\u00e9rmino venci\u00f3 el 21 de enero del presente a\u00f1o. <\/p>\n
En ese orden, la tutela promovida por el actor es prematura, en la medida en que fue interpuesta antes de que el competente resolviera la solicitud formulada en el curso del proceso primigenio, pues se recuerda que a los jueces naturales es a quienes corresponde decidir, en primer t\u00e9rmino, lo concerniente a los procesos a su cargo y, por lo mismo, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos sometidos a la valoraci\u00f3n del juzgador de la causa, as\u00ed como indicarle a los operadores judiciales la forma c\u00f3mo deben resolver las cuestiones sometidas a su conocimiento o definir, previamente, los efectos que las decisiones que se adopten puedan tener en el respectivo tr\u00e1mite o en las diligencias en curso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ver recientemente en STC11209-2020, 9 dic. 2020, rad. 2020-00472-01, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha considerado que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela \u00absin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb (Se subraya, ver cita en STC5325-2019). <\/p>\n
3. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado, en tanto neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 5, Carpeta 18. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 35, Carpeta 19. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 4, Carpeta 4. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 14, Carpeta 4. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 7, carpeta 15. <\/p>\n
6\u0002 Folio 3, carpeta 5. <\/p>\n
7\u0002 Folio 18, Ibidem. Auto notificado por estado del 23 de mayo de 2018. <\/p>\n
8\u0002 P\u00e1gina 16, carpeta 6. <\/p>\n
El 7 de abril de 2015, se hab\u00eda aceptado la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito de Bancolombia a favor de Reintegra S.A.S. Cuaderno 4, folio 1. <\/p>\n
9\u0002 P\u00e1gina 81, carpeta 6. <\/p>\n
10\u0002 Documentos 19 y 20, Carpeta \u00ab1.Cuaderno Principal\u00bb <\/p>\n
11\u0002 Documento 23 Ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Documentos 25, 29 y 31 Ibidem. <\/p>\n
13\u0002 Documento 26 Ibidem. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2032-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2032-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 76001-22-03-000-2022-00002-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de febrero de dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61453","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61453","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61453"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61453\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61453"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61453"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61453"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}