STC780-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC780-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2021-01701-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 31 de agosto de 2021por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela queM\u00f3nica \u00c1lvarez Cortes le instaur\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo, con vinculaci\u00f3n de las Salas Civil y de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda, el Defensor Regional de Cundinamarca, el Director Nacional de Defensa P\u00fablica, los abogados \u00d3scar Javier Mora Bustos y Santiago Andr\u00e9s Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar, partes en los procesos ejecutivo 2018-0298 y 2020-00011-01, e intervinientes en los ruegos 2019-00981-02 y 2021-000010-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3, <\/p>\n
\u00abi). Dejar sin efectos legales toda la actuaci\u00f3n de los abogados de la Defensor\u00eda del Pueblo, Santiago Andr\u00e9s Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar y \u00d3scar Mora Bustos, en el proceso 2018-0298 que cursa tr\u00e1mite en el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda. En el periodo comprendido entre el d\u00eda 9 de agosto de 2019 y el d\u00eda 10 de mayo de 2021. <\/p>\n
ii). Declarar la nulidad de las sentencias de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n proferidas los d\u00edas 23 de agosto de 2019 y 27 de julio del 2020, en el proceso 2018-0298 que cursa tr\u00e1mite en el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda, en las cuales fungi\u00f3, como defensor de oficio, el abogado Santiago Andr\u00e9s Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar funcionario de la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
iii). Declarar la nulidad del auto extempor\u00e1neo del d\u00eda 26 de octubre de 2018, con el cual el juez de conocimiento revoc\u00f3 su propia sentencia. La cual se encuentra ejecutoriada y en firme, dado que el abogado Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar de la Defensor\u00eda del Pueblo, nunca interpuso el recurso de ley como era su obligaci\u00f3n. <\/p>\n
iv). Ordenar a la Defensor\u00eda del Pueblo realizar el pago de la multa que me fue impuesta en la Acci\u00f3n Correccional, con la participaci\u00f3n activa del abogado Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar. <\/p>\n
De los medios suasorios adosados y el escrito inaugural se extrae que ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda se adelant\u00f3en contra de la promotora el proceso ejecutivo n\u00b0 2018-0298, donde solicit\u00f3 amparo de pobreza y la designaci\u00f3n de un defensor (28 ag. 2018), raz\u00f3n por la que el 24 de septiembre siguiente le designaron al abogado Paul Andr\u00e9s Contreras Garay, quien se posesion\u00f3 (16 oct. 2018) y el juez le dio un d\u00eda para contestar la demanda, pero como no la contest\u00f3, el juzgado dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n (18 oct. 2018), determinaci\u00f3n que revoc\u00f3, en su sentir, de manera ilegal. <\/p>\n
Para rehacer la actuaci\u00f3n el juzgado le design\u00f3 un apoderado, pero estaba inhabilitado debido a una sanci\u00f3n impuesta por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (3 dic. 2018); debido a ello, acudi\u00f3 ante el Defensor del Pueblo a quien pidi\u00f3 el nombramiento de otro apoderado, pero desisti\u00f3 mediante escritos de 21 de enero y 11 de febrero de 2019, por sugerencia de un consultorio jur\u00eddico; sin embargo, el 14 de febrero siguiente el juzgado requiri\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo para que le asignara defensor, acto que a juicio de la accionante es ilegal y constitutivo de un defecto procedimental absoluto porque es al mencionado juez al que le corresponde tal designaci\u00f3n. <\/p>\n
El 15 de marzo de 2019 la defensor\u00eda del Pueblo design\u00f3 a la abogada Norma Liliana Barreto Conde como su asesora, m\u00e1s no como su defensora, la que fue reemplazada por la designaci\u00f3n, el 17 de junio siguiente, del abogado Oscar Javier Mora Bustos como defensor de oficio, pero nunca se posesion\u00f3, no asumi\u00f3 legalmente el poder, ni se le reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica;sin embargo, intempestivamente se posesion\u00f3 como su defensor el abogado Santiago Andr\u00e9s Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar, designado en amparo de pobreza por la Defensor\u00eda Regional del Pueblo (9 ag. 2019). Como \u00e9ste profesional no aport\u00f3 el acta de nombramiento, la accionante solicit\u00f3 la nulidad por indebida representaci\u00f3n, pero el juez la sancion\u00f3 con multa de tres millones de pesos como acci\u00f3n correccional.Afirm\u00f3 que los abogados Mora Bustos y Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar de manera irregular hicieron una sustituci\u00f3n del poder y la allegaron al proceso, pues no ten\u00edan la facultad para hacerlo. Ante esto, el 19 de agosto de 2019, el juez de conocimiento, en criterio de la accionante, extralimitando sus funciones, le reconoci\u00f3 personer\u00eda al \u00faltimo bajo el argumento de sustituci\u00f3n del nombramiento, cuando ello no es de su competencia, porque lo que correspond\u00eda era el nombramiento de las listas de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
Cont\u00f3 que el abogado Santiago Andr\u00e9s Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar contest\u00f3 la demanda sin proponer las excepciones que ella le indic\u00f3 ni hacer oposici\u00f3n a las pretensiones de la demanda (20 ag. 2019), y el 23 de agosto siguiente el estrado profiri\u00f3 sentencia ordenando nuevamenteseguir adelante la ejecuci\u00f3n (23 ag. 2019), lo que consider\u00f3 irregular porque se dict\u00f3, cuando ya se hab\u00eda emitido una primera sentencia el 18 de octubre de 2018, reviviendo un proceso legalmente concluido, frente a esa determinaci\u00f3n el abogado Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar no present\u00f3 ning\u00fan recurso, tampoco interpuso reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago ni ejerci\u00f3 alg\u00fan medio de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el Defensor Regional del Pueblo de Cundinamarca en respuesta a un derecho de petici\u00f3n le inform\u00f3 que el reemplazo de la abogada Norma Liliana Barreto Conde fue Oscar Javier Mora Bustos y en otro documento mencion\u00f3 que lo fue Santiago Andr\u00e9s Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar, por lo cual, el 9 de septiembre de 2019, solicit\u00f3 al Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera, en escrito radicado n\u00b0 4334214, el acta de designaci\u00f3n del defensor Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar, pero se ha negado a entregar copia de ella o a dar respuesta alguna. <\/p>\n
Adujo que por los anteriores hechos el 15 de octubre de 2019 present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Defensor\u00eda del Pueblo, y, en primera instancia, el Juzgado 13 Civil Familia del Circuito de Bogot\u00e1, de manera contraria a sus pretensiones orden\u00f3 realizar de nuevo el proceso, la que impugn\u00f3 y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 y declar\u00f3 improcedente por subsidiariedad (24 mar. 2020), porque deb\u00eda agotar el recurso de revisi\u00f3n dentro del proceso n\u00b0 2018-0298. <\/p>\n
No obstante, el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda inici\u00f3 \u00abel tercer juicio en su contra\u00bb, donde el abogado Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar no ejerci\u00f3 la defensa de sus derechos, no present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago y permiti\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito a la tasa de inter\u00e9s m\u00e1s alta. Esa actuaci\u00f3n termin\u00f3 con la sentencia de 27 de julio de 2020 que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, a pesar del fallo de tutela de segunda instancia. <\/p>\n
Cont\u00f3 que el 16 de diciembre de 2020 present\u00f3 solicitud de desacatofrente al fallo de tutela dictado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, pero el Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda resolvi\u00f3 seguir adelante y el 16 de abril de 2021 orden\u00f3 rematarle la casa, ante lo cual el abogado de la Defensor\u00eda del Pueblo guard\u00f3 silencio.Manifest\u00f3 que hasta el 10 de mayo de 2021 pudo revocar el poder al abogado Santiago Andr\u00e9s Garz\u00f3n Benalc\u00e1zar. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, inform\u00f3 que el 20 de enero de 2020 solicit\u00f3 ante el Tribunal Superior de Cundinamarca amparo de pobreza y la designaci\u00f3n de un apoderado que interpusiera el recurso de revisi\u00f3n para demostrar que \u00abla providencia de 18 de octubre de 2018 del Juzgado Primero Civil Municipal de Ch\u00eda que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n est[aba] en firme porque fue ilegalmente revocada por el juez que la profiri\u00f3\u00bb, el cual fue tramitado bajo el radicado 25000221300020200001101 y decidido el 22 del mismo mes. Aunque le fueron designadas dos abogadas ninguna interpuso el mencionado recurso, por lo cual se afectaron sus derechos a la defensa y de acceso a la justicia. Por \u00faltimo, afirm\u00f3 que este tr\u00e1mite fue terminado por el mencionado tribunal el 12 de marzo de 2021, sin garantiz\u00e1rsele sus derechos. <\/p>\n
2. Los convocados se opusieron a las pretensiones. <\/p>\n
3.El a quodesestim\u00f3 el amparo porquehall\u00f3 acreditada la temeridad. <\/p>\n
4.Recurri\u00f3 la impulsorae insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace dictado por la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n penal debe ser ratificado, pero por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
1.- En lo atinente a \u00abdejar sin efectos legales toda la actuaci\u00f3n de los abogados de la Defensor\u00eda del Pueblo (\u2026) en el proceso 2018-0298 (\u2026) en el periodo comprendido entre el 9 de agosto de 2019 y el d\u00eda 10 de mayo de 2021\u00bb, la Sala no vislumbra el quebrantamiento de los derechos invocados, pues contrario a lo esgrimido por la inconforme, no se advierte que haya sufrido la ausencia de defensores p\u00fablicos que le prestaran sus servicios de asistencia y representaci\u00f3n judicial en el interregno alegado o, que de alguna manera, le impidiera el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese que la Defensor\u00eda del Pueblo le design\u00f3 4 profesionales defensores p\u00fablicos que la asistieron en el proceso ejecutivo y contrario a lo aducido por la accionante, la actuaci\u00f3n criticada se desarroll\u00f3 con respeto a su \u00abderecho al debido proceso\u00bb, en el componente de \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
Ahora, que dicha representaci\u00f3n se haya realizado en sentir de la querellante de manera defectuosa, porque, seg\u00fan lo aduce, no desplegaron una estrategia de defensa que derrumbara las pretensiones del ejecutante y con ello salir victoriosa en el pleito, tal situaci\u00f3n es ajena a la esencia de este mecanismo excepcional, ya que el juez del amparo no es el llamado para calificar la labor de los referidos intermediarios judiciales. De manera que <\/p>\n
(\u2026) la negligencia de los abogados no permite estructurar un mecanismo como el presente, pues\u201c(\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad (\u2026) en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, ‘(\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)’, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u201d (CSJ STC959-2020, entre otras, STC 10 jun. 2020, rad. 2020-00072-01, STC6241-2020, STC-959-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si la promotora considera que la gesti\u00f3n de los procuradores judiciales gener\u00f3 alg\u00fan tipo de responsabilidad, deber\u00e1 emprender los mecanismos ordinarios que la ley contempla para esclarecer dicho aspecto, sin que la tutela sea uno de ellos. <\/p>\n
2.- Ahora, en cuanto a que se decretela i)\u00abnulidad de las sentencias de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n proferidas los d\u00edas 23 de agosto de 2019 y 27 de julio de 2020, en el proceso 2018-0298 (\u2026)\u00bb; ii) la de \u00abla nulidad del auto extempor\u00e1neo del d\u00eda 26 de octubre de 2018 (\u2026)\u00bb, tales aspiraciones no cumplen con el requisito de inmediatez por cuanto desde la data del pronunciamiento m\u00e1s cercano que se aspira nulitar, esto es, la decisi\u00f3n del 27 de julio de 2020, y la radicaci\u00f3n del ruego (13 ag. 2021), han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb(CSJ STC3236-2021, memorado en STC130-2022). <\/p>\n
3.- En lo atinente a que \u00abse ordene a la Defensor\u00eda del Pueblo realizar el pago de la multa que [le] fue impuesta [el 16 de septiembre de 2019) como medida correccional (\u2026)\u00bb, se encuentra que no se cumple el presupuesto de subsidiariedad que impone a quien se crea lesionado en sus derechos fundamentales agotar previamente los instrumentos ordinarios contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico. Se afirma lo anterior por cuanto de los anexos aportados con la demanda de tutela no se extrae que la quejosa haya acudido ante la convocada a pedir lo que por esta v\u00eda superlativa exige. Recu\u00e9rdese que este mecanismo es \u00abeminentemente excepcional, secundario y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los recursos ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su inconformidad\u00bb (CSJ STC3761-2018, reiterado en CSJ STC8962-2019, CSJ STC12049-2020, CSJ STC8438-2021). <\/p>\n
4.- Consecuente con lo discernido, ser\u00e1 refrendado el prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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