STC792-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC792-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00003-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jacqueline Elizabeth Torres Mont\u00fafar, quien dijo representar a Astilleros Unidos S.A., Alambre L\u00e1mina Alhierro S.A.S., Suelos Ingenier\u00eda S.A.S. y Superefectivo S.A contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular Fiduciaria GNB S.A., Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., Pizano S.A., V\u00edctor Jos\u00e9 Saumett Reboyedo, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, la Inspecci\u00f3n 20 de Polic\u00eda Urbana y la Oficina de Inspecciones de Polic\u00eda y Comisar\u00edas de Familia, todos de Barranquilla. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, propiedad privada, legalidad, entre otros, de Astilleros Unidos S.A., Alambre L\u00e1mina Alhierro S.A.S., Suelos Ingenier\u00eda S.A.S. y Superefectivo S.A., presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2.- En apoyo de su petici\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00abPIZANO S.A. (\u2026), en calidad de propietaria del inmueble denominado \u2018Lote No. 2 Polideportivo\u2019, ubicado en la carrera 38 No. 2-132\/172, con folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 040-535992 (\u2026) CELEBR\u00d3 Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Garant\u00eda, Administraci\u00f3n y Fuente de Pago con la SOCIEDAD FIDUCIARIA ANGLO S.A. \u2013 FIDUANGLO hoy SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, el 5 de abril de 2017, Pizano S.A. -en calidad de cedente- y Alambre L\u00e1mina Hierro Alhierro S.A.S., Astilleros Unidos S.A., Superefectivo S.A. y Suelos Ingenier\u00eda S.A.S. -como cesionarios- \u00ab(\u2026) celebraron contrato de compraventa y cesi\u00f3n de la totalidad de los derechos fiduciarios en el FIDEICOMISO del cual es Vocera y Administradora ACCI\u00d3N FIDUCIARIA S.A. sobre el activo denominado \u2018Lote 2 Polideportivo\u2019\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho inmueble, V\u00edctor Jos\u00e9 Saumeth Reboyedo instaur\u00f3 demanda de pertenencia \u00absobre una franja de terreno que hace parte del predio de mayor extensi\u00f3n\u00bb, que fue fallada a su favor por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla, el 3 de julio de 2018, \u00abComo consecuencia de los falsos testimonios rendidos y la equivocada apreciaci\u00f3n de la prueba (\u2026) en una decisi\u00f3n claramente contraria a derecho, transgrediendo lo preceptuado en el art\u00edculo 2512 y subsiguientes del C\u00f3digo Civil, normas que establecen como requisito esencial que el predio solicitado en prescripci\u00f3n est\u00e9 en posesi\u00f3n del actor\u00bb. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n fue confirmada por el Tribunal accionado el 9 de agosto de 2019, con salvamento de voto de uno de los magistrados, el cual \u00abse constituye en un hecho base para instaurar la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abEl se\u00f1or VICTOR SAUMETH REBOYEDO en su prop\u00f3sito de hacerse al predio de los hoy accionantes ha utilizado todo tipo de argucias para lograr materializar la \u2018sentencia de pertenencia\u2019 a todas luces esp\u00farea\u00bb, instaurando una acci\u00f3n policiva ante la Inspecci\u00f3n 20 de Polic\u00eda Urbana de Barranquilla, que declar\u00f3 infractor a Pedro Arturo Cadena D\u00edaz -como representante de una de sus poderdantes- y orden\u00f3 la protecci\u00f3n del predio referido, decisi\u00f3n que fue apelada por \u00ablos reales propietarios del predio (\u2026) manifestando que el quejoso argument\u00f3 una perturbaci\u00f3n mendas (sic), induciendo al Despacho en error e incurriendo en un presunto delito de fraude procesal, pretendiendo que se conceda una posesi\u00f3n que no ha tenido nunca\u00bb y, en consecuencia, revocada por la Oficina de Inspecciones de Polic\u00eda y Comisar\u00edas de Familia. <\/p>\n
En escrito separado, la accionante manifest\u00f3 que, aunque present\u00f3 una tutela anterior que se neg\u00f3 por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, subsanaba dicha falencia \u00abcon la certificaci\u00f3n expedida por la fiduciaria\u00bb, sobre la cesi\u00f3n de los derechos que Pizano S.A. hizo a las empresas que representa. <\/p>\n
3.- Inst\u00f3, conforme a lo relatado, tutelar los derechos fundamentales de Astilleros Unidos S.A., Alambre L\u00e1mina Alhierro S.A.S., Suelos Ingenier\u00eda S.A.S. y Superefectivo S.A. y, en consecuencia, ordenar \u00abla nulidad de las actuaciones surtidas en el Proceso de Pertenencia adelantado en el juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla radicado con bajo el n\u00famero 00727-2015, desde el auto admisorio de la demanda\u00bb; subsidiariamente, solicit\u00f3 disponer \u00abla anulaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n de la sentencia de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, se bloquee el mencionado folio para hasta se termine (sic) el correspondiente tr\u00e1mite legal y mis poderdantes est\u00e9n nuevamente en titularidad de su inmueble\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y PARTES INTERVINIENTES <\/p>\n
1.- El Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo deprecado, por cuanto se debe impedir \u00abque el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir asuntos de \u00edndole probatorio que dieron origen a la controversia\u00bb; adem\u00e1s, que esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ya resolvi\u00f3 el asunto al analizar la tutela de radicado 2021-03666. <\/p>\n
2.- La Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos accionantes no fueron parte dentro del proceso a que se contrae esta acci\u00f3n, sin que exista omisi\u00f3n por parte de esta Sala en vincularlos y por ende no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb y que el tema se discuti\u00f3 en una tutela anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Quien manifest\u00f3 ser apoderado judicial del se\u00f1or V\u00edctor Jos\u00e9 Saumeth Rebolledo en el proceso de origen manifest\u00f3 que su entonces poderdante falleci\u00f3 el 28 de mayo de 2021 y pidi\u00f3 denegar el amparo deprecado. <\/p>\n
4.- El apoderado judicial de la Alcald\u00eda del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, quien adujo que concurr\u00eda al proceso en representaci\u00f3n del jefe de Oficina de Inspecciones Judiciales y Comisar\u00edas de Familia del distrito, pidi\u00f3 denegar el amparo deprecado y aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la accionante manifest\u00f3 actuar en calidad de apoderada de Astilleros Unidos S.A., Alambre L\u00e1mina Alhierro S.A.S., Suelos Ingenier\u00eda S.A.S. y Superefectivo S.A., cuyos derechos fundamentales considera vulnerados por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Trece Civil del Circuito, al proferir los fallos del 9 de agosto de 2019 y 3 de julio de 2018, respectivamente, en el proceso con radicado 2015-00727 que declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva de un inmueble a favor de V\u00edctor Jos\u00e9 Saumeth Reboyedo. <\/p>\n
2.- En relaci\u00f3n con lo anterior, la Sala advierte que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, tal como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3.- La Corte Constitucional tiene decantado que las personas jur\u00eddicas tambi\u00e9n son titulares de algunos derechos fundamentales, los cuales pueden ser desconocidos por las autoridades o por particulares, lo que hace viable el escenario de la tutela para la protecci\u00f3n de esos derechos, en forma independiente de los socios que la integran y en su representaci\u00f3n. En esos t\u00e9rminos, en la SU 439 de 2017, la Corte clarific\u00f3 las pautas a seguir para la identificaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la persona jur\u00eddica en la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(i) Las personas jur\u00eddicas est\u00e1n facultadas para formular acciones de tutela en nombre propio o como agentes oficiosos de sus socios. <\/p>\n
(ii) La solicitud de amparo por parte de las personas jur\u00eddicas debe hacerse, prima facie, por medio de sus representantes legales. Tambi\u00e9n se permitir\u00eda que se actuara a trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial, y, extraordinariamente, en virtud de una agencia oficiosa. <\/p>\n
(iii) La titularidad de los derechos fundamentales de las personas jur\u00eddicas se manifiesta de manera directa e indirecta\u2026 <\/p>\n
(iv) La persona jur\u00eddica est\u00e1 en capacidad de velar por la protecci\u00f3n de sus propios derechos, es decir, se descarta que sus socios act\u00faen para la salvaguarda de sus intereses\u2026\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
3.1.- Ahora bien, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa para promover acciones de tutela, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que: \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, la Sala ha precisado que \u00abCuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-493\/07, 28 de jun. 2007, citada por CSJ STC1707-2020, 19 de feb. 2020 rad. 2020-00005-01. Se subraya). <\/p>\n
Bajo este par\u00e1metro, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab\u2026en lo que tiene que ver con el apoderamiento judicial en materia de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que i) es un acto jur\u00eddico formal, por lo cual debe realizarse por escrito; ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico; iii) debe ser un poder especial; iv) el poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido para instaurar procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; v) el destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, en aquellos eventos en los cuales la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, pero el abogado no contaba con poder especial, la jurisprudencia constitucional se\u00f1al\u00f3, como consecuencia jur\u00eddica, la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb (CC T-024\/19, 28 de ene. 2019). <\/p>\n
De manera que para acudir a la acci\u00f3n de amparo en nombre de otra se debe contar con el apoderamiento especial, que debe ser otorgado por la persona facultada para el efecto. <\/p>\n
3.2.- Aplicadas las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que la abogada Jacqueline Elizabeth Torres Mont\u00fafar no est\u00e1 legitimada para acudir a la presente salvaguarda, por cuanto no alleg\u00f3 los poderes especiales de Alambre L\u00e1mina Alhierro S.A.S. y Suelos Ingenier\u00eda S.A.S. y, aunque aport\u00f3 poderes especiales presuntamente otorgados por los representantes legales de Superefectivo S.A. y Astilleros Unidos S.A., los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de estas sociedades adjuntados datan del 2017, lo cual impide tener certeza de que quienes otorgaron los poderes en representaci\u00f3n de estas empresas est\u00e9n facultados para ello. Por tanto, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado. <\/p>\n
Al respecto, en asuntos de iguales contornos, la Sala ha establecido la inviabilidad de la salvaguarda: <\/p>\n
\u00ab\u2026por la falta de legitimaci\u00f3n del abogado (\u2026), al no haber aportado el certificado vigente de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar, para acreditar que la persona que otorg\u00f3 el poder estaba facultada para tal efecto. <\/p>\n
Ciertamente, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que quien dice representar a otro acompa\u00f1e a la demanda poder especial otorgado por el titular del derecho, por medio del cual act\u00faa o alegue su calidad de agente oficioso, lo que en el presente asunto no se hizo en forma debida\u2026 <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, en un caso similar, la Sala sostuvo: <\/p>\n
\u2018\u2026no obra en el plenario prueba de la existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica de que trata el presente asunto, ni tampoco se pueden verificar las facultades y limitaciones de la persona que otorga el poder especial, por cuanto la autorizaci\u00f3n dada mediante la escritrua p\u00fablica referida no fue allegada con la tutela, lo cual evidencia una falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2026 <\/p>\n
\u2026trat\u00e1ndose de poderes especiales otorgados en nombre de una persona jur\u00eddica, resulta necesario acreditar que quien lo suscribe est\u00e1 debidamente facultado para tal fin. <\/p>\n
Respecto de la necesidad de probar la existencia y representacion de las personas jur\u00eddicas para el otorgamiento de poderes, la Corte Constitucional ha expresado: <\/p>\n
\u2018es razonable exigir prueba de que quien otorga el poder al nuevo abogado es quien la persona jur\u00eddica invisti\u00f3 de poder general para representar sus inereses. Por tanto el certificado legal que inicialmente se aport\u00f3 al proceso pierde validez para probar que quien dice ser representante legal, realmente lo es. <\/p>\n
De otra manera, se correr\u00eda el riesgo de reconocer como apoderado de una entidad a quien alguien que no es el representante legal de la parte en el proceso otorg\u00f3 poder, quebrantando as\u00ed las garant\u00edas procesales de esa parte\u2019 (Sentencia T-328-02)\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que no se vislumbra constancia de la representaci\u00f3n del accionante respecto de la empresa titular de los derechos que se reclaman, es inviable estudiar de fondo el ruego impetrado\u2019 (CST STC2039-2021, expediente 2020-00525-01)\u00bb (STC13279-2021, expediente 2021-03483-00) (Se destaca). <\/p>\n
4.- En todo caso, a\u00fan si se flexibilizaran los requisitos de representaci\u00f3n referidos, la Sala debe abstenerse de resolver de fondo este asunto, tambi\u00e9n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, en la medida en que las sociedades que se dice apoderar no fueron parte en el proceso de marras y, por tanto, no est\u00e1n facultadas para promover esta salvaguarda, cuesti\u00f3n que ya fue objeto de an\u00e1lisis en la sentencia STC13908-2021, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab\u2026la Sala en STC2076-2020, STC5643-2021 entre otras, ha reiterado que \u2018cuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u2019. <\/p>\n
En el sub lite, se itera, las quejosas no ostentan ninguna de las condiciones anteriores, porque la \u00fanica cesi\u00f3n efectuada en el plenario (25 jul. 2017.), es la formalizada en Escritura P\u00fablica n\u00b0 1.000 de 5 de abril de 2017 de la Notar\u00eda Quinta Del C\u00edrculo de Barranquilla, por medio de la cual, Servitrust GNB Sudameris S.A. inform\u00f3 el \u2018cambio en la parte demandada\u2019 por cesi\u00f3n de \u2018sus derechos en el FIDEICOMISO PIZANO FIDUANGLO S.A., a la Sociedad ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., NIT.(\u2026) con autorizaci\u00f3n del fideicomitente, sociedad PIZANO S.A.\u2019. <\/p>\n
Sumado a que, lo all\u00ed contenido respecto a que las gestoras \u2018conocen y aceptan esta escritura p\u00fablica y las declaraciones en ella contenidas, por cuanto celebran con PIZANO S.A., en documento separado al presente instrumento p\u00fablico, la transferencia de los derechos fiduciarios que como fideicomitentes tiene en el FIDEICOMISO denominado FIDEICOMISO PIZANO FIDUANGLO hoy FIDEICOMISO LOTE 2 POLIDEPORTIVO\u2019, no es suficiente para superar la \u2018legitimaci\u00f3n\u2019, porque son circunstancias extraprocesales que no pueden ser valoradas en sede superlativa. <\/p>\n
Debate que fue zanjado en el escenario natural, en el que, el juez plural advirti\u00f3, <\/p>\n
\u2018En relaci\u00f3n con la petici\u00f3n presentada por el apoderado judicial de la parte demandada, de tenerse a las sociedades ALHIERRO S.A.S., SUPEREFECTIVO, ASTILLEROS UNIDOS S.A., SUELOS INGENIERIAS S.A.S., como aut\u00f3nomas para participar por derecho propio ante la cesi\u00f3n de FIDEICOMITENTE de PIZANO S.A., al respecto, es de volver a reiterar que nos encontramos frente a un proceso de declaraci\u00f3n de pertenencia, dentro del cual, se debe dirigir la demanda, contra las personas titulares de derechos reales principales, sujetos a registro QUE APAREZCAN en el certificado de instrumentos p\u00fablicos, correspondiente al inmueble a prescribir, y aplicado lo anterior se tiene que de los folios (\u2026) no aparecen las se\u00f1aladas sociedades como titulares de derecho real principal, sujeto a registro, raz\u00f3n suficiente para no acceder a lo solicitado. <\/p>\n
En este punto, tambi\u00e9n es de recordar que no es del resorte de este proceso, entrar a estudiar y decidir acerca de las negociaciones celebradas entre la demandada PIZANO S.A. y las sociedades ALHIERRO S.A.S., SUPEREFECTIVO, ASTILLEROS UNIDOS S.A., SUELOS INGENIERIAS S.A.S.\u2019 (9 may. 2018). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, esto es, si se violaron las garant\u00edas de los \u2018sujetos procesales\u2019 con las decisiones proferidas por los jueces de instancia y lo concerniente a la anulaci\u00f3n o bloque\u00f3 de un \u2018folio de matr\u00edcula mobiliaria\u2019\u00bb (Se destaca). <\/p>\n
De manera que, aunque la tutelante afirma que las sociedades referidas s\u00ed tienen inter\u00e9s para actuar en este escenario, en virtud del negocio que celebraron el 5 de abril de 2017 -seg\u00fan certificaci\u00f3n de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. allegada al plenario con el fin de demostrar su legitimaci\u00f3n1-, advierte la Sala que, como se indic\u00f3 en la providencia en cita, solo est\u00e1n facultados para atacar las decisiones judiciales referidas las partes reconocidas en el proceso, sin que los negocios particulares que est\u00e1s hubieren celebrado con terceros les otorgue a aquellos la legitimaci\u00f3n para acudir a la acci\u00f3n constitucional, en tanto no fueron reconocidos como sujetos procesales en la respectiva causa. <\/p>\n
5.- Con base en estas consideraciones, la Sala denegar\u00e1 el amparo solicitado por improcedente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Del 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
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STC792-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC792-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00003-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Jacqueline Elizabeth Torres Mont\u00fafar, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-61476","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61476\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}